Las mujeres opinan sobre el enfoque de género que se pactó en La Habana

Les preguntamos a cuatro lideresas qué piensan de las innovaciones que el Gobierno y las Farc introdujeron en los acuerdos de paz.

En julio pasado, el Gobierno y las Farc anunciaron que la Subcomisión de Género concluyó la revisión de los acuerdos sobre desarrollo rural, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas y víctimas. El trabajo de la Subcomisión, que no tiene antecedentes en en el mundo, incluyó el análisis de los aportes de las cinco delegaciones de víctimas que viajaron a Cuba, compuestas en un 60% por mujeres, y de la casi veintena de organizaciones de mujeres y de sectores Lgbti que visitaron la mesa de conversaciones.

Fueron ellos los que convencieron a las partes de incorporar un enfoque de género en los acuerdos para contribuir a la superación de la desigualdad y a la satisfacción de los derechos de las víctimas. Por eso, les preguntamos a cuatro lideresas cómo recibieron las conclusiones de la Subcomisión.

Adriana Benjumea es la directora de la corporación Humanas, una de las tres organizaciones que hacen parte de la plataforma Cinco Claves. La entidad hizo incidencia política ante la mesa de conversaciones para que incluyera un enfoque diferencial para las víctimas de violencia sexual en el acuerdo sobre el punto cinco de la agenda, que acaba de ser reforzado por la Subcomisión de Género.

Al respecto, Adriana dice que “es fundamental que se hubieran recogido algunas de nuestras propuestas, como que las violencias contra las mujeres no son amnistiables ni indultables y que la Jurisdicción Especial para la Paz debe contar con una comisión de investigación que indague todos los temas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado”.

Para ella, “ese es un avance muy importante, porque se entendieron los argumentos que habíamos planteado y que partían de los aprendizajes de la Ley de Justicia y Paz, en la que se demostró que la violencia sexual no se denuncia y no se confiesa”. Y agrega que “es fundamental que se haya incluido un enfoque de género en todos los puntos, porque siempre se ha pensado que las mujeres sólo deben acudir a los procesos de paz en calidad de víctimas”.

Marina Gallego, coordinadora nacional de la Ruta Pacífica de las Mujeres, también opina que con lo acordado “se avanza y se incluye nuestro interés en que los acuerdos tengan una perspectiva de los derechos de las mujeres”. Ella valora las innovaciones que incluyó la Subcomisión, pero llama la atención sobre dos temas en particular en los que ha trabajado la Ruta.

El primero de ellos es el de la protección de las mujeres, que el Gobierno y las Farc incluyeron en el punto sobre participación política. Las partes acordaron que se garantizará de manera especial la seguridad de las lideresas, defensoras de derechos humanos y mujeres que ocupen cargos de elección popular, así como la protección de sus núcleos familiares. Sin embargo, Marina asegura que “esa protección no puede ser de carros blindados u hombres-arma, sino de políticas que le pongan alto a la situación de las mujeres en el contexto del conflicto y que desmilitaricen la vida civil en los territorios”.

El otro asunto está relacionado con el funcionamiento de la Comisión de la Verdad, a la que la Subcomisión le adicionó un grupo de trabajo de género. Marina dice que, además de ese organismo, “se debe evaluar la posibilidad de que un equipo pueda proponer metodologías y procedimientos que coadyuven a que las mujeres tengan una mejor participación tanto en el número de comisionados como en el del personal que va a recoger testimonios, encargarse de las audiencias y contactar a las víctimas”.

En cuanto al punto de desarrollo rural, el Gobierno y las Farc pactaron reformas en materia de acceso a la tierra para las mujeres, créditos, becas y promoción de la autonomía económica. Sonia Fontalvo, representante de Mujeres de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), dice que “si estas cosas realmente se dan (en la fase de implementación) el proceso va a terminar siendo muy favorable para las campesinas, porque vamos a conseguir el empoderamiento económico y a ser más visibles en las políticas públicas”.

Sonia también destaca que las partes acordaran suministrar formación jurídica para las mujeres del campo y que tomaran medidas para garantizar la titulación de tierras en igualdad de condiciones, porque “en la distribución siempre se ha privilegiado a los hombres cabeza de familia”.

Otra cosa piensa Edilia Mendoza, integrante de la Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales Colombianas. Según ella, en La Habana se excluyeron buena parte de los temas clave para su organización, tales como la titulación paritaria, la seguridad alimentaria, la conservación de los suelos y la protección de la producción nacional. Por eso, asegura que en la mesa de conversaciones “no escucharon a las mujeres que luchamos por la tierra desde hace décadas, que conocemos el lenguaje y el contenido de los temas, y que tenemos la precisión técnica, por lo que sigue habiendo una deuda histórica y de desarrollo con las campesinas”.

Edilia asegura que tampoco se escucharon las demandas de las mujeres del campo frente a la reparación de otras violencias de género distintas a la sexual y que no se tuvo en cuenta el hecho de que buena parte de las cinco millones de campesinas que hay en el país son “viudas, separadas o abandonadas”.

Frente a las adiciones al punto de drogas, que incluyeron el fortalecimiento de proyectos de investigación para comprender la relación entre las mujeres y los cultivos de uso ilícito, Edilia opina que “se debe tener en cuenta que en las regiones cocaleras la mano de obra compuesta por mujeres se utiliza para tareas como la preparación de alimentos y el arreglo de ropa, pero no tanto para raspar o procesar coca, por lo que debe ponerse el foco sobre las capacidades que pueden tener las mujeres para transformar esos cultivos en otros productos y para rehabilitar los suelos”.

Otras organizaciones, como la Unión de Ciudadanas de Colombia, valoraron el trabajo de la Subcomisión y declararon que promoverán el “sí” en la campaña por el plebiscito como parte de su agenda política.