Hoy serán entregados a la JEP dos informes acerca del crimen de persecución contra personas LGBT en Antioquia y Tumaco.
Por primera vez en la historia mundial, el crimen de persecución contra personas LGBT llega a un tribunal de justicia transicional. Hoy serán entregados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dos informes acerca de la violencia diferenciada en contra de esta población en las regiones de Antioquia y Tumaco, que fueron establecidas como casos priorizados por dicho tribunal (casos 002 y 004, respectivamente).
La persecución es considerada un crimen de lesa humanidad que data de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis fueron acusados ante el tribunal de Núremberg de perseguir al pueblo judío. Este crimen consiste en el despliegue de violencia sistemática en contra de un grupo determinado de la población, que en el caso de la Alemania Nazi era por motivos religiosos. Sin embargo, la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género nunca habían sido tenidos en cuenta como un carácter diferencial en el crimen de persecución.
Los informes presentados dan cuenta de la violencia sistemática ejercida en contra de la población LGBT por parte de las Farc y los paramilitares durante el conflicto armado. Esta población sufrió crímenes del orden de violencia sexual, homicidios/feminicidios, amenazas, desplazamientos, trabajo forzado, tratos crueles, degradantes e inhumanos, y tortura.
La alianza Voces LGBT, constituida por Caribe Afirmativo y Colombia Diversa, presentó un informe en el que afirman que, dentro del Registro Único de Víctimas, hasta el 13 de marzo de 2019, en Antioquía 801 personas se identifican a sí mismas como lesbianas, gais, bisexuales o trans, mientras que en Tumaco son 78. Esto da un total de 879 personas que esperan ser escuchados por la JEP dentro del marco del crimen de persecución.
Dentro de este panorama, son ocho los casos que serán llevados hoy ante la JEP por el municipio de Tumaco, de los cuales 6 son de violencia sexual, y 5 de esos 6 casos resultaron en el desplazamiento forzado de la víctima. En cuanto a Antioquia, se presentarán 19 casos, de los cuales 17 son por violencia sexual.
Estas cifras, sin embargo, no logran reflejar la realidad de los crímenes cometidos en contra de esta población, dadas las altas tasas de subregistro que son tenidas en cuenta en el informe de Voces LGBT. Por un lado, muchos de los casos de asesinato y desaparición forzada no tienen en cuenta la orientación sexual y la identidad de género de la víctima, pues estas pueden ser desconocidas para sus familiares. Del mismo modo, otros crímenes pueden no ser reportados por las víctimas, o pueden ser reportados sin hacer mención de la orientación sexual y la identidad de género por vergüenza o por no querer caer en el trato discriminatorio que suelen recibir por parte de las entidades estatales.
Además de esto, es difícil concluir cuándo un crimen –dentro del contexto del conflicto armado– pudo haber sido motivado por un prejuicio en contra de la orientación sexual de la víctima, o su identidad o expresión de género. Por este motivo, muchos de los crímenes cometidos en contra de personas pertenecientes a esta población pueden no haber sido tenidos en cuenta como tales.
La llegada de estos dos informes es en definitiva un paso histórico para la JEP y para la historia de la justicia transicional, así como lo es para la población LGBT. Es una victoria, además, para las víctimas que contaron sus historias y para las organizaciones que ayudaron en la elaboración del informe, como la Red Popular Trans de Medellín, la Red Tejiendo Vida y la Fundación Afrocolombiana Arco Íris, que trabajaron en conjunto con Voces LGBT.
