La entidad pide al CNE que regule la publicidad, financiación, divulgación y participación de funcionarios.

La Misión de Observación Electoral (MOE) acaba de presentar sus interrogantes sobre las garantías de transparencia en las campañas de cara al plebiscito por la paz.

Las preguntas de esa organización se dan al margen de su designación, en la mesa de conversaciones de La Habana, para conformar la Misión Electoral Especial, que tendrá la tarea de formular recomendaciones para ajustar la organización y las leyes electorales con el objetivo de modernizar el sistema y aumentar las garantías en materia de participación política.

A principios de julio, al aceptar esa designación, la MOE aclaró que continuaría con sus tareas de observación del mecanismo de refrendación definido para los acuerdos de paz.

Ahora, en el marco de esa observación, la organización destaca cuatro aspectos que deben quedar establecidos en las reglas de juego del proceso que aún no ha sido reglamentado por el Consejo Nacional Electoral.

1. Publicidad

La MOE pide que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aclare quiénes podrán hacer publicidad y por cuáles medios o canales podrá difundirse (propaganda en espacio público o medios de comunicación privados).

También, que se precisen los tiempos en los cuales podrá hacerse publicidad a favor de una u otra opción, y que se establezcan límites que permitan diferenciar la publicidad de las actividades pedagógicas para la comprensión de los acuerdos de paz.

Igualmente, pide que se defina con claridad cuantos comités promotores por el SÍ o por el NO podrán existir. En ese mismo sentido, la organización se pregunta por los alcances territoriales de esos comités. Es decir, si serán grupos nacionales, departamentales o incluso por distritos o municipios.

Finalmente, la MOE se pregunta por la forma como se regularán las encuestas. Ese aspecto ya cuenta con unas reglas y unos tiempos definidos para el caso de los procesos electorales regulares, pero no cuando se trata de la aplicación de mecanismos de participación ciudadana, como es el caso del plebiscito.

2. Financiación

El segundo interrogante que plantea la MOE tiene que ver con la financiación de las campañas. En este punto, la organización pide que se aclare quiénes podrán aportar recursos para promover una u otra postura.

Se pregunta si los recursos para esa financiación podrán provenir de fuentes privadas o de partidos políticos. De ser así, la MOE solicita que se precise si las colectividades políticas podrán utilizar para ese proceso los recursos destinados por su funcionamiento.

En el mismo punto, la MOE pide al CNE que defina cuáles serán los topes de inversión para las campañas y cómo funcionarán los mecanismos para la rendición de cuentas.

3. Divulgación

El tercer punto que destaca la MOE tiene que ver con la divulgación de los acuerdos de paz. Una primera inquietud tiene que ver con la posibilidad de que los partidos políticos utilicen sus espacios en medios de comunicación para hacer campaña por el SÍ o por el NO.

Esa organización también se pregunta por lo que pasaría en caso de que los acuerdos parciales divulgados antes de la firma de un acuerdo definitivo no coincidan plenamente con los textos que salgan de la mesa de conversaciones, en el momento final del proceso de negociación.

La MOE también le pide al CNE que especifique quién controlará los espacios de divulgación que podrán ser utilizados por el Gobierno Nacional. Igualmente, interroga si existirán unos topes desde el punto de vista económico para la divulgación y si se definirán fechas y alcances para ese proceso.

4. Participación Política

En este último punto la MOE pide que se defina con claridad cuáles funcionarios públicos podrán participar y cuáles no estarán autorizados para promover una u otra postura en el plebiscito.

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También, se pregunta quién asumirá la responsabilidad de delimitar la participación de los funcionarios que estén interesados en participar en las campañas. Además, todavía no es claro si el Estado aportará recursos para las campañas en caso de que se permita la participación de funcionarios públicos.