Al menos 8 de las 60 preguntas que Ordóñez dirigió a Santos tienen respuesta en documentos oficiales.
- El procurador Alejandro Ordóñez. Foto: Procuraduría
Este domingo, fiel a su postura crítica con la negociación entre el Gobierno y las Farc, el procurador Alejandro Ordóñez le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos cuestionando el acuerdo parcial sobre el fin del conflicto al que llegaron las partes el pasado 23 de junio. La misiva incluye 60 preguntas sobre lo acordado en materia de cese al fuego, dejación de armas y garantías de seguridad, respecto de las cuales el Procurador pide respuesta “a la mayor brevedad”.
En cuanto al cese bilateral del fuego y la dejación de armas, Ordóñez preguntó por la manera como se recolectarán los datos de los guerrilleros que se concentren en las Zonas Veredales, la suerte que correrán los integrantes del Movimiento Bolivariano y del Partido Comunista Clandestino Colombiano, cómo podrá garantizar la misión política de la ONU que la guerrilla entregará todas sus armas y si los guerrilleros que saldrán de los campamentos podrán hacer campaña para ganar el plebiscito.
Frente a las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales, el Procurador le preguntó al Gobierno si el ELN es una organización criminal y si las Farc ayudarán a combatir a esa guerrilla. Además, si habrá guardias campesinas cuidando a los militantes del nuevo partido político que crearán las Farc, si los servidores públicos que tuvieron relaciones con el paramilitarismo deberán someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, si se realizarán “purgas” o reformas en las Fuerzas Armadas y por qué el acuerdo no contempla sanciones para los políticos que apoyaron a las Farc o al ELN.
Otras preguntas que formuló Ordóñez ya tienen respuesta en los acuerdos y en algunas comunicaciones posteriores que ha emitido el Gobierno. Mientras Santos le responde el cuestionario al Procurador, nos atrevimos a resolver algunos de los interrogantes con base en las comunicaciones oficiales de la mesa de conversaciones y de la Presidencia:
¿La misión de la ONU deberá cumplir su función de registro, identificación, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final exclusivamente sobre las armas que voluntariamente entreguen las Farc?
Según se desprende del acuerdo, los procedimientos por los que pregunta el Procurador se realizarán sobre las armas que, voluntariamente, las Farc le entreguen a la misión política de la ONU, que se supone son todas las que esa organización insurgente tiene en su poder.
Cinco días después de la firma del acuerdo final, la guerrilla debe suministrarle a la misión la información necesaria “para el transporte, registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final” de las armas.
Además de las hostilidades y las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las Farc, ¿cuáles son, puntualmente, las conductas que no deben ser ejecutadas en el marco de la ejecución del acuerdo?, ¿comprenden la extorsión, el abigeato, el secuestro, el asesinato, las amenazas y el desplazamiento, entre otras acciones que las Farc desarrollan contra la población civil?
Según el acuerdo, el objetivo del cese al fuego y la dejación de armas es “la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las Farc, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el cese al fuego y de hostildades bilateral y definitivo (cfhbd), incluyendo la afectación a la población”.
En el texto se lee que las partes dejarán consignadas todas las conductas que ni las Farc ni el Ejército pueden realizar durante el cese al fuego en un anexo que se denominará “Reglas que rigen el cfhbd” y que se dará a conocer con la firma del acuerdo final.
¿En qué consisten los preparativos para el proceso de reincorporación económica, política y social de las Farc a la vida civil que se adelantarán en las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y ocho campamentos?
En el acuerdo parcial quedó consignado que las Farc, en coordinación con el Gobierno, “pueden realizar dentro de las ZVTN (Zonas Veredales Transitorias de Normalización) todo tipo de capacitación en labores productivas, de nivelación en educación básica primaria, secundaria o técnica, de acuerdo con sus propios intereses”.
Asimismo, que dentro de las ZVTN el Gobierno, en acuerdo con las Farc, pondrá en marcha “medidas y actividades preparatorias para la reincorporación y otras actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad de las Farc y para garantizar el bienestar en las ZVTN, que pueden incluir, entre otras, atención en salud, jornadas de cedulación y demás actividades de preparación para la reincorporación”.
- El pasado 23 de junio el Gobierno y las Farc anunciaron el acuerdo parcial sobre cese bilateral del fuego. Foto: Archivo
¿Quién garantizará la seguridad de los 290 integrantes de las Farc que pueden movilizarse a nivel nacional y a nivel municipal y departamental?, ¿los esquemas o equipos de seguridad de los que dispongan estas personas estarán conformados por miembros de las Farc?
El acuerdo dice que los guerrilleros de las Farc que se movilizarán a nivel nacional, departamental y municipal lo harán “en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz”. Según el documento, la seguridad de esas personas estará a cargo de los equipos de protección para desplazamientos que se ubicarán en cada una de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, a razón de dos por Zona.
En un texto sobre preguntas y respuestas, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz asegura que los equipos de protección estarán “a cargo del Gobierno” y que los guerrilleros que salgan de los campamentos serán monitoreados por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación a través de los esquemas de seguridad.
Además, que las Farc sólo podrán participar en esquemas de ese tipo una vez dejen las armas, integrando un cuerpo de protección de naturaleza mixta para garantizar la vida de sus integrantes “previa capacitación y entrenamiento”.
¿Cómo garantizará el Gobierno la seguridad y la preservación de los derechos de los colombianos que habiten en los territorios donde se crearán zonas de ubicación de guerrilleros (…)?, ¿queda la seguridad de esos ciudadanos en manos de los miembros de las Farc concentrados en la zona?
En el acuerdo parcial dice que la concentración y la dejación de armas se realizará “sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos, así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios”.
Además, que los combatientes de las Farc, por su parte, sólo podrán portar armas individuales dentro de los campamentos durante el tiempo que dure la concentración y las entregarán por fases durante ese mismo periodo.
En el texto se lee que “el Gobierno Nacional a través de la Fuerza Pública continúa garantizando las condiciones de convivencia y seguridad de la población civil durante este proceso” y que las comunidades serán el eje central de los protocolos de seguridad acordados.
Teniendo en cuenta que son “autoridades civiles no armadas”, ¿los organismos del Ministerio Público: Procuraduría General, Defensoría del Pueblo y personerías, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, podrán ingresar a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización sin límite alguno, incluidos los campamentos?
El acuerdo dice expresamente que las autoridades civiles pueden entrar a las Zonas, pero no a los campamentos donde estarán los guerrilleros. La población civil tampoco puede ingresar a los campamentos ni portar o tener armas dentro de las Zonas.
¿Pueden la Fiscalía General y los organismos de policía judicial ingresar a Zonas Veredales Transitorias de Normalización, incluidos los campamentos, para cumplir con su obligación constitucional respecto a delitos que se hayan perpetrado a partir del momento en que los miembros de las Farc se concentraron en tales zonas?
El documento sobre preguntas y respuestas que elaboró la Oficina del Alto Comisionado para la Paz dice que “delitos comunes que puedan cometerse dentro de las zonas, como por ejemplo, hurto y homicidios, serán atendidos por las autoridades competentes”. Además, que la Fuerza Pública implementará “dispositivos especiales y robustos” en las Zonas para proteger a los civiles.
¿En cumplimento de las normas internacionales de protección de los Derechos Humanos, el Gobierno realizará consultas previas en aquellas regiones donde se pretendan establecer Zonas Veredales Transitorias de Normalización que coincidan con territorios ancestrales de pueblos indígenas?
Un día después de que el Gobierno y las Farc anunciaran el acuerdo parcial sobre el fin del conflicto, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que dio a conocer los municipios donde se ubicarán las 23 Zonas Veredales y los ocho Puntos Transitorios de Normalización en los que se concentrarán las Farc.
Allí dice que esas áreas fueron definidas por una subcomisión técnica del Ministerio teniendo en cuenta varios criterios, entre ellos que no pertenecieran a “grupos étnicos y resguardos indígenas”. Además, quedó claro que la definición de estos territorios es una potestad del gobierno central.
