Ayer el Gobierno Duque enfrentó su primer debate de control político sobre el tema de drogas. Estas son las siete preguntas con que lo corchó el congresista caqueteño Harry González.
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Ayer el Gobierno Duque enfrentó su primer debate de control político sobre el tema de drogas. Durante una hora, el representante a la Cámara liberal Harry González les hizo al menos cinco difíciles preguntas sobre el plan de retomar la aspersión aérea con glifosato anunciado por el Gobierno y su ambivalencia sobre la continuidad de los programas de sustitución mano a mano con las comunidades, que ninguno de los tres ministros y dos viceministros presentes respondió con claridad.
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González conoce el problema de los cultivos de coca de cerca: en los años noventa su departamento, Caquetá, fue el epicentro del negocio de la cocaína y, también, de las FARC y los grupos paramilitares que lo controlaban.
De hecho, su primer recuerdo de la coca es de infancia: recuerda que, a sus 16 años, estaba acompañando a su padre Jesús Ángel González –que entonces era candidato a la Gobernación- en correrías por las zonas rurales de Cartagena del Chairá cuando vio la mata por primera vez. Luego recuerda las multitudinarias marchas cocaleras de 1996, que incomunicaron a Florencia y que se dieron apenas un mes después de que las FARC asesinaron a su padre gobernador, quien había ido a persuadir a la guerrilla de que liberara al congresista secuestrado Rodrigo Turbay Cote. Eran los años en que la coca en Caquetá estaba en su curva de crecimiento.
“Yo vi que el Caquetá estaba cooptado por ese negocio en toda la cadena. Hoy el Caquetá ya no vive de la coca, sino de economías legales como la ganadería, el queso y la acuicultura. Pero yo sé, de esa época, que la gente que vive de la coca lo hace porque no tiene otra forma de ingreso”, le contó a Proyecto Coca. Testimonio de esos cambios es que hace menos de un año, a finales de 2017, pudo volver a cruzar el río Caguán que había visto en campaña con su padre. 23 años después, gracias al acuerdo de paz que vio salir a las FARC de esas zonas y dejar sus armas.
“Mi motivación en dar este debate es mi papá, que siempre promovió la alternatividad a la coca”, dice González, que llegó al Congreso por primera vez hace cuatro años.
En medio de un debate altamente histriónico -en el que Harry González trajo a una persona vestida con traje protector para fumigar, ofreció un frasco de glifosato y repartió queso caqueteño de sustitución- estas fueron sus siete preguntas sobre política de drogas para las que los altos funcionarios de Duque ofrecieron respuestas vagas y genéricas.
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1. ¿Por qué no invertir en generar oportunidades en el campo y seguir sustituyendo con la gente?
“Los que cultivan coca lo hacen porque les toca, no porque quieren. No hay ningún campesino en Colombia que en sus cinco sentidos quiera sembrar coca. Lo hace porque necesita un sustento, quiere sacar adelante a su familia, no quiere que vivan la misma pobreza que ellos han vivido”, dijo González.
Con esa intervención, el congresista abogó planteó una de las preguntas que más se le han hecho a los programas de fumigación: ¿por qué no se invierte en transformar las condiciones en los territorios afectados por la coca, para garantizar que hay oportunidades distintas y ayudar a los campesinos a cambiar de actividad, como al queso o la acuicultura?
Además de abogar porque el Gobierno Duque aproveche las 90 mil familias que han suscrito acuerdos de sustitución voluntaria con el Estado, comprometiéndose por escrito a no volver a sembrar coca, para acompañarlos en un tránsito hacia economías legales. De hecho, como contó Proyecto Coca, muchísimos de ellos están muy preocupados de que el Gobierno no continúe acompañándolos en ese proceso de sustitución (aunque el alto consejero del posconflicto, Emilio José Archila, ya enviado mensajes de tranquilidad en ese frente).
“La política pública hay que revisarla, pero cuando está funcionando no la borremos de una. El programa de sustitución: critíquenlo todo lo que sea, pero es menos conflictivo, no daña el medio ambiente, no genera peleas entre policías y campesinos, y está dando resultados según las Naciones Unidas”, dice.
“Diferenciemos al narcotraficante del campesino, pero si la política pública del Gobierno no logra hacer esa diferencia va a seguir fallando como en los últimos 30 o 40 años”.
De manera más amplia, tanto la Ministra de Justicia Gloria María Borrero como su viceministro Juan Francisco Espinosa reiteraron que están ultimando los detalles de una política integral de drogas que se hará pública en dos semanas.
2. ¿Por qué no hay aún estudios científicos sobre los efectos del glifosato sobre la salud y el ambiente?
Una de las principales críticas contra la fumigación de coca con glifosato gira en torno a sus posibles efectos secundarios sobre la salud y el ambiente.
“Debe demostrarse que hay ausencia de daño total para la salud y para el medio ambiente. En ninguno de los documentos que me acercaron a mí para este debate se demuestra eso. No hay ningún estudio”, dijo González en la Cámara.
El debate más duro sobre esos efectos se abrió en 2015, cuando la Organización Mundial de la Salud –la agencia de Naciones Unidas para temas de salud– decidió reclasificar el glifosato como una sustancia “probablemente cancerígena”. Lo hizo después de una investigación de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), que es su brazo científico, que despertó un duro debate político en decenas de países que se ha saldado con algunos prohibiéndolo y otros manteniéndolo como el herbicida más común para el campo.
Fue justamente en ese contexto que el pasado ministro de Salud Alejandro Gaviria pidió al Gobierno reconsiderar su uso –por su potencial riesgo– y que, finalmente, el gobierno Santos resolvió suspenderlo unos meses después.
Luego, en 2017, la Corte Constitucional ordenó la suspensión de su uso en un fallo para proteger a una comunidad indígena del Guaviare, explicando que debería primar el principio de precaución en temas de salud y ambiente. “La decisión que se tome deberá fundarse en evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente”, advirtió en su sentencia, añadiendo que “la investigación científica sobre el riesgo planteado por la actividad de erradicación, que se tenga en cuenta para tomar decisiones, deberá contar con condiciones de rigor, calidad e imparcialidad”.
Esa, sin embargo, es apenas una parte de los efectos del glifosato, que varios académicos colombianos ya venían estudiando.
Hay indicios, por ejemplo, de que afecta la salud de las comunidades locales. Los economistas Daniel Mejía y Adriana Camacho, tras cruzar los datos de aspersiones y citas en el sistema de salud, probaron que aumentan las consultas médicas en épocas de fumigación y que hay evidencia de un alza en los trastornos de la piel y en los abortos. También caen los indicadores de calidad de vida.
Otra economista, Sandra Rozo, comprobó que en municipios fuertemente asperjados aumentan las tasas de trabajo infantil y de mortalidad infantil. La causa no sería el glifosato mismo, sino el aumento de los niveles de pobreza en las comunidades fumigadas y el hecho de que, ante la pérdida de cosechas, las familias empujan a sus hijos menores de edad a trabajar.
A eso se suma que en las regiones fumigadas aumenta –según ha medido el politólogo Miguel García– la desconfianza de las comunidades hacia la Fuerza Pública y hacia todo el Estado, haciendo mucho más difícil una intervención duradera en esos territorios.
La conclusión de Harry González es que ni el gobierno Duque (que quiere revivir la fumigación) ni el de Santos (que inició un piloto con drones) ha hecho esos estudios.
“No hay ninguna investigación científica después de la sentencia de la Corte Constitucional, ni tampoco una regulación a cargo de las entidades del Estado independientes a las que hacen parte del Consejo Nacional de Estupefacientes. No es cualquier regulación, ni cualquier investigación”, dijo, citando el aparte de la sentencia de la Corte Constitucional que explica que cualquier regulación para volver a fumigar “debe derivarse de una evaluación del riesgo a la salud y otros riesgos, como el riesgo al medio ambiente, en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado”.
“¿Quién garantiza que fumigar con drones no le hace daño a la salud de las personas que participan en la fumigación? ¿Quién garantiza que no le hace daño a los campesinos dueños o tenedores de esas fincas donde hay cultivos de coca? ¿Quién garantiza que no le hacemos daños a las aguas, a los acueductos, a los humedales, a los cananguchales que hay en el territorio?”
3. ¿Por qué la fumigación con drones es considerada terrestre y no aérea?
Dado que la sentencia de la Corte Constitucional ordenó detener el programa de aspersión aérea con glifosato, el gobierno Santos comenzó pruebas con otros métodos (como ‘cacorros’ normales de fumigación terrestre y drones) y otras moléculas (distintas al glifosato).
De todas, pareció decantarse –al igual que ahora el de Duque- por los drones que fumigan a baja altura y operan a control remoto. Eso, sin embargo, despertó la pregunta de qué es un dron.
“Un dron es un vehículo aéreo no tripulado. Eso significa que la fumigación es aérea. Están haciendo pilotos con drones con la regulación para fumigación terrestre, con la excusa válida de no exponer a los policías y soldados de caer en una mina antipersonal”, dice González. “Ojo porque son dos regulaciones distintas: si es un vehículo aéreo, debe tener la regulación que exige la Corte Constitucional para aspersiones aéreas con glifosato”.
La única respuesta a este tema la dio, sin mayor detalle, la viceministra de defensa Diana Abaúnza, quien subrayó que la aspersión con drones no es aérea ni terrestre, sino unas categoría llamada ‘doselada’, para la cual Proyecto Coca no encontró ningún documento de política pública.
4. ¿Cuáles serán los protocolos de fumigación en áreas pobladas?
Algunos de los intercambios más jocosos vinieron cuando González usó argumentos que no se habían oído con frecuencia en debates sobre drogas, pero que apuntaban todos a un mismo tema: cómo fumigar en áreas pobladas sin afectar a la gente que vive ahí.
Para probar su punto, González tomó un frasco de herbicida y comenzó a leer la letra menuda de sus contraindicaciones y advertencias. Este diálogo, que despertó carcajadas en casi todos sus colegas y algunos ceños fruncidos entre los congresistas del Centro Democrático, deja entrever sus preguntas sensatas.
– “No se debe usar el glifosato si se cree que va a llover en las siguientes seis horas. ¿Quién sabe cuándo llueve en Colombia? Colombia es el país lluvioso del mundo: lo dice Naciones Unidas, lo dice la FAO, 3240 milímetros de lluvia y hay temporadas anuales donde no tenemos idea. ¿Cierto, ministro? (Ricardo Lozano, el ministro de Ambiente y ex director del Ideam meteorológico, asiente)”
– “No debe usarse cerca de cuerpos de agua. Pero miren este mapa: coinciden las regiones de Colombia donde hay coca con las regiones donde más llueve. Y si el glifosato solo se puede usar seis horas después de la lluvia, ¿cómo se organiza ese aparato estructural para fumigar? Nos tocará llamar chamanes o prenderle una velita a San Pedro cada vez que salga el operativo. Eso tiene sentido: porque cuando llueve, no logra el objetivo el químico en las plantas. ¿Y si está lloviendo a toda hora? ¿Adónde termina el glifosato? ¿Entra por el subsuelo a nuestras aguas subterráneas, a los humedales, a nuestro río Caquetá, al Orteguaza, al Caguán, al Cauca y al Magdalena?”.
– “Los humanos y las mascotas deben permanecer completamente alejados de la zona fumigada. No solo Príncipe, la mascota de mi hija que vive en Bogotá, sino las de los campesinos que no son de una raza fina y que también tienen derecho a vivir.
– “O las vacas, nuestro ganado caqueteño que es del mejor ganado del Colombia, de campesinos que ya no viven de la coca sino de la ganadería, de producir 1,7 millones de litros de leche al día y del queso que ya es denominación de origen”.
– “Los humanos y los animales que pastan deben ser alejados del área al menos dos semanas. ¿Entonces vamos a mandar a mis policías y soldados a decirles a los campesinos: ‘en dos semanas vamos a venir a fumigar. Por favor, se me retiran del área para que vengan los drones’”.
– “Los frutos de las plantas que han sido rociadas no pueden ser consumidos antes de 21 días. ¿Y entonces, si le cae una gota a una yuca en Caquetá o a un plátano en Putumayo, vamos a poner a aguantar hambre a nuestros campesinos?”
5. ¿Por qué fumigar con drones si el costo del programa sería altísimo?
El Gobierno Duque no ha revelado cuánto costaría un programa de aspersión (de hecho, todavía insiste en que apenas está en estudio esa posibilidad). Y de hecho ni siquiera es posible entender qué tan efectiva es porque la mayor parte de la información sobre el programa de aspersión –presupuesto, metas– no ha sido pública nunca (el último público fue el de 2010).
De ahí que González calculó los costos usando las cifras que aparecieron en reportes de prensa. Según El Espectador, explicó, el piloto con drones de Santos duró 40 días y usó 10 drones, a un costo de 618 mil pesos la hectárea fumigada. Esa cifra, multiplicada por las 171 mil hectáreas que hay sembradas en el país según el censo anual de Naciones Unidas, le darían 105 mil millones de pesos.
“¿Serán que esos 105 mil millones de pesos no los podemos invertir en otras cosas? ¿Y qué nos garantiza que la fumigación drones sea 100% efectiva?”, argumentó. “Si la fumigación con glifosato hubiera sido tan buena, pues no habría coca en Colombia. Sencillo: pero no fue buena, porque sigue habiendo coca. Ha existido desde que yo nací y tengo 40 años”.
“12 mil millones se han advertido en programas de asistencia técnica: eso es una bicoca, si lo compara con los costos del programa de fumigar con drones”.
6. ¿Por qué insistir en fumigar cuando la relación costo eficiencia de esta estrategia es bajísima?
Más allá del costo, González abrió otra pregunta importante sobre los programas de aspersión: ¿cómo nos ha ido fumigando? La respuesta corta es ni muy mal, ni muy bien.
La realidad es que la aspersión ha sido una estrategia supremamente costosa que tiene resultados muy agridulces: ha sido históricamente la principal herramienta del país contra los cultivos de coca, que bajaron mucho durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe y el primero de Juan Manuel Santos, pero nunca desaparecieron del todo. De hecho, nunca bajaron de 42.000 hectáreas (una cuarta parte de lo que hay hoy), que sigue siendo una cifra alta comparada con Perú y Bolivia, los otros dos países productores.
No hay evidencia de que fumigar haya sido la principal razón por la que bajaron cuando bajaron, ni de que no fumigar haya causado que subieran. Por ejemplo, 2013 –el año en que tuvimos la cifra históricamente más baja de coca– también fue hasta ese momento aquel en que menos se fumigó. Al mismo tiempo, el descenso en los cultivos de coca que arrancó fuertemente en 2007 coincide con el momento en que Colombia empezó a cambiar –o al menos combinar– estrategias: no solo se concentró en los cultivos, sino que reforzó las incautaciones de cargamentos de cocaína saliendo del país y la destrucción de laboratorios donde se procesaba. Es decir, menos coca es el resultado de una serie de acciones y no de una sola.
A eso se suma uno de los grandes problemas: tras el paso de los aviones fumigando, hay un porcentaje muy alto de resiembra. Por ejemplo, entre 2011 y 2012 Naciones Unidas estimó que el 50 por ciento de la coca asperjada se había vuelto a cultivar en la siguiente temporada de lluvia. ¿Por qué? Por razones que van desde la falta de alternativas económicas para los campesinos en esas regiones alejadas de los mercados, hasta el hecho de que –con las fumigaciones– pierden toda confianza en el Estado.
Pero sí es una realidad que la fumigación sirve para disuadir a los campesinos de sembrarla, como le cuentan a uno en zonas cocaleras. La realidad de que en los últimos años la coca se fue concentrando en los parques nacionales, resguardos indígenas y consejos comunitarios afro –el 32 por ciento de la coca hoy– tiene que ver con que ahí no se puede legalmente fumigar, por el impacto ambiental y social.
Al final, el problema no es que no sirve, sino que cuesta muchísimo pero logra relativamente poco.
Sin embargo, hay estudios serios que han intentado calcular el costo real, teniendo en cuenta los índices tan altos de resiembra. El economista Daniel Mejía –ex secretario de seguridad de Bogotá y hoy director de política criminal de la Fiscalía– calculó que erradicar una hectárea de coca de manera definitiva implica fumigar 30 hectáreas. Dicho en otras palabras, si fumigar una sola hectárea cuesta aproximadamente 2.600 dólares, eliminarla para siempre no bajaría de 72.000 dólares.
7. ¿Qué pasa si asperjar le trae demandas al Estado colombiano?
Más allá de los costos de operarlo, González se preguntó si revivir en esas condiciones el programa de fumigación no expondría a Colombia a otros compromisos económicos incluyendo posibles demandas por enfermos de cáncer y, sobre todo, por fumigar en zonas prohibidas como la frontera con Ecuador donde se concentra un porcentaje alto de la coca.
Esto porque en 2013 Colombia firmó un acuerdo con Ecuador sobre las aspersiones en la frontera, que logró que el vecino país retirara una demanda que había presentado contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Como parte de ese acuerdo, Colombia indemnizó a Ecuador con 15 millones de dólares y se comprometió a no fumigar en una franja de 10 kilómetros de la frontera.
Aunque ese acuerdo es muy cuidadoso en evitar que Colombia acepte que la fumigación ocasionó daños en del otro lado de la frontera, reconoce que los herbicidas llegaron a Ecuador y que “hubieran podido generar un efecto nocivo”.
“Esta decisión es un reversazo costosísimo para el Estado colombiano. El Estado es uno solo: los gobiernos cambian, pero sigue siendo un solo Estado y asumió unos compromisos. ¿Vamos a violar el acuerdo? ¿Y las demandas actualmente contra el Estado colombiano qué?”, dijo González, aludiendo al caso del jardinero estadounidense que acaba de ganar una demanda millonaria contra Monsanto, el fabricante del herbicida a base de glifosato más usado (y usado en Colombia contra la coca).
“Hay 273 acciones en curso de reparación directa en tribunales contencioso administrativos, que suman –en cuantía de riesgo jurídico- 130 mil millones de pesos. Súmele a las cuentas que llevamos. Se pueden ganar o perder, pero 2008 –según el Ministerio de Defensa en el documento que me enviaron- son más las demandas que se pierden que las que se ganan”.
