Por Jennifer Giraldo.
A las 8 de la noche del 27 de abril de 2022, Alejandro Alfaro fue capturado a dos cuadras de su casa en Barbosa, un municipio al norte del Valle de Aburrá, cuando recogía unas tapas de botella, pues las recicla para su emprendimiento: “Eterno Retorno”, una apuesta ambientalista de transformación del vidrio. Alejandro tiene 21 años, estudia Licenciatura en Sociales en el Politécnico Gran Colombiano y es reconocido en Barbosa como un joven comprometido con el trabajo social, el empoderamiento de las juventudes y por ser crítico frente a la desigualdad y la injusticia.
Los municipios Barbosa y Bello tuvieron relevancia dentro de las manifestaciones del paro nacional por el rechazo a los peajes de la zona norte del Valle de Aburrá. En consecuencia, el peaje de Niquía fue quemado el 30 de abril de 2021 por algunos manifestantes y posteriormente fue retirado de manera definitiva del lugar. A Alejandro lo culpan por el incendio de este peaje. Allanaron su vivienda, se llevaron su celular, su computador y, según el vídeo que publicó su familia del momento del allanamiento, los funcionarios encontraron nada; no había algo en su casa que lo pudiera comprometer con los señalamientos que le hicieron.
Alejandro no fue el único capturado de esa noche. En el Valle de Aburrá, durante la noche del 27 y la madrugada del 28 de abril de 2022, justo antes de la movilización en conmemoración del año del estallido social colombiano, fueron capturadas 13 personas.
El Proceso Social de Garantías denunció que las personas capturadas fueron trasladadas en carros particulares por personal de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía, la Sijín, violándoles así el debido proceso. El 2 y 3 de mayo todas recibieron medida de aseguramiento intramural por terrorismo, financiación del terrorismo, delincuencia organizada, concierto para delinquir agravado, fabricación y porte de explosivos, todo supuestamente en medio de la protesta.
Pero no sólo fue en Medellín, en la mañana del 28 de abril fueron capturadas en Neiva ocho personas: Andrés Yara, Pablo Vargas, Angie Cuellar, Edwin Herrera, Ignacio Zambrano, Vanessa Cabrera, Cristian Reyes y Kevin García, quienes fueron señalados de pertenecer a la Primera Línea de esa ciudad y de cometer los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, terrorismo, secuestro y perturbación del transporte público por hechos ocurridos del 12 de mayo al 28 de junio de 2021, según informó Cuestión Pública.
Andrés Yara, conocido como Retazos Clown, es un reconocido payaso de Neiva que transmitió en vivo las acciones de protesta y la represión policial. En la orden de captura que le leyeron lo comprometen con la incineración de un vehículo público, de un CAI, de una estación de servicio ganadero y con hurto de arma de fuego. A lo que Yara, entre la angustia de la captura, dice: “Ay, dios mío, ¿lo que grabé con mi celular?”, preguntando si haber grabado la situación en vivo lo convertía en quien había cometido los delitos por los que hoy lo culpan.
El caso de Andrés es similar al de Karo Cepeda y Jonathan Cortés, a quienes señalaron como presuntos líderes de la Primera Línea en la localidad de Suba, Bogotá, a pesar de que evidenciaron que su rol fue de prensa para Z11Suba, un medio alternativo que grabó en vivo las manifestaciones en la capital. El 27 de octubre de 2021, la Fiscalía los capturó y les imputó delitos de terrorismo, daño en bien ajeno, tentativa de homicidio, perturbación al transporte público y concierto para delinquir. Hoy se encuentran en casa por cárcel esperando el juicio para demostrar su inocencia.
Otro caso similar sucede en Medellín, el de Juan Fernando Torres, un pedagogo que hace parte de la barra del Atlético Nacional y es reconocido por su trabajo barrial. Fue conocido como “El narrador del paro” por grabar en vivo en Facebook los enfrentamientos de Primera Línea Medellín. A Torres le allanaron su casa en el barrio Manrique, el 15 de julio de 2021. Actualmente lleva diez meses en la URI de la Fiscalía de Medellín, esperando la audiencia de juzgamiento, donde la Fiscalía pretende demostrar que es culpable de terrorismo e instigación a delinquir con fines terroristas.
Mauricio Urquijo, abogado de Juan Fernando y otros jóvenes imputados, dice que la Fiscalía viene sosteniendo que el Código Penal describe el “terrorismo” como causación de “pánico y zozobra”, y que los actos de ‘vandalismo’ caben allí. Y agrega: “Lo irracional de esto consiste en que el concepto de terrorismo tiene origen y está referido a contextos de confrontación militar y de organizaciones criminales sofisticadas y, de aplicarse indiscriminadamente, conduciría a igualar a una banda de raponeros con Al Qaeda”.
Según los abogados, la Primera Línea surgió como resistencia frente al abuso policial, por tanto, los delitos que se cometieran en ese contexto no cabrían en la lógica de organización criminal, ya que se trataría de violencia política, incluso sin vocación de permanencia, pues es coyuntural. Por eso Urquijo y Óscar Sierra, vocero de los abogados que defienden a los detenidos de Neiva, dicen que no puede compararse a la Primera Línea, como lo está queriendo hacer la fiscalía, con grupos criminales como el Clan del Golfo. Explican que es una forma de criminalizar la protesta social, generar miedo y zozobra entre quienes se manifestaron el año pasado y continuaron con procesos de movilización, trabajo social y político, porque, como se ha evidenciado, los capturados son reconocidos líderes juveniles y sociales que participaron activamente en el paro nacional.
El SPOA, sistema de información de la Fiscalía, registra 1927 personas capturadas por hechos delictivos ocurridos en el contexto del Paro Nacional. De igual forma, tiene registro de 181 órdenes de captura.
De acuerdo con la Delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, hay registro de tres policías capturados por homicidio con ocasión del Paro Nacional. Mientras que, en los casos de abuso de autoridad, no se registran capturas de integrantes de la Policía Nacional. La ONG Temblores registró un total de 5808 casos de violencia policial, de los cuales 5048 ocurrieron en el paro, también registró que en 47, de los 80 homicidios que ocurrieron en el contexto de la protesta social, tendría presunta responsabilidad la Policía Nacional. Para la Fiscalía son solo 10.
La otra cara de la justicia.
Santiago Murillo, de 19 años, fue asesinado el 1 de mayo de 2021 en Ibagué por el Policía Jorge Mario Molano, en medio de las manifestaciones del paro nacional, y sin que estuviera protestando. Colombia sintió y sufrió con el llanto de su madre, Sandra Meneses. Ella denuncia que cada vez dilatan más el caso, que hay corrupción y tráfico de influencias y que, incluso, a pesar de que una juez había enviado a la cárcel de Picaleña de Ibagué a Molano, el 15 de junio de 2021, ocho días después apareció en la cárcel de policía en Facatativá. En la última audiencia, el Ministerio Público fue tajante en solicitarle al juez que enviara un oficio para que respondieran quién había autorizado que Molano estuviera en un centro de policía, a pesar de que ya habían negado la posibilidad de ese traslado. Hasta la publicación de este artículo no ha habido respuesta para el Ministerio Público.
Ya van ocho meses de dilatación, Molano ha tenido seis abogados, entre los que estaba Antonio París, quien tuvo una suspensión disciplinaria de cinco meses por el Consejo Nacional de la Judicatura de Ibagué, y argumentaba que no había pruebas para condenar al mayor, a pesar de que la defensa ha presentado vídeos, reportajes de prensa y 39 testigos que lo confirman. A la familia de Santiago le preocupa que con el tiempo se pierdan las pruebas y los testigos. La próxima audiencia quedó para el 12 de mayo.
Pero el caso de Santiago Murillo no es el único. Desde diciembre de 2021 iniciaron las audiencias por el asesinato de Miguel Angel Pinto, Kevin Agudelo, Harold Ródriguez, asesiandos en Cali. Estos casos han avanzado más, pero no por voluntad de la Fiscalía. Los padres han reconstruido los hechos con los abogados y, al parecer, no han dejado cabida a la duda frente al responsable del asesinato de sus hijos. Incluso, uno de los padres tuvo que irse del país, salió con Amnistía Internacional, debido a las amenazas que recibió por exigir justicia.
Solo hasta el 4 de abril la Fiscalía presentó escrito de acusación. El 23 de mayo intervendrán los defensores de los policías y luego el juez decidirá si otorga medida de aseguramiento al Teniente Néstor Fabio Mancilla (y a otro teniente y un patrullero), del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (GOES), quien habría fallado en el deber de dirigir y controlar a los efectivos de su unidad y en no tomar medidas necesarias para evitar más víctimas. El escrito indica que sería el posible responsable de los delitos de homicidio agravado y lesiones personales. Sin embargo, ya hay voces escépticas, por ejemplo, el periodista José Marulanda de Cuestión Pública, quien ha hecho seguimiento a las audiencias, cree que los uniformados no serán enviados a la cárcel por sus rangos.
Otras familias, como la de Nicolás Guerrero, de 27 años, asesinado el 3 de mayo de 2021 en el Paso del Comercio, Cali, luego de una velatón que se hacía en la calle, siguen a la espera de justicia. Este caso tiene más vacíos porque no se identifica un responsable y el fiscal a cargo, Juan Carlos Oliveros, fue amenazado. Según cuenta Laura Guerrero, madre de Nicolás, el fiscal estaba a cargo de varios procesos sobre la violencia que se vivió en Cali durante el paro nacional, incluido el de Andrés Escobar, el joven que disparó contra los manifestantes.
Y tambien está el caso de Lucas Villa, asesinado el 5 de mayo de 2021, en el viaducto César Gaviria Trujillo, de Pereira, mientras realizaba un plantón pacífico junto a otras personas. Su hermana, Sidssy Vásquez, con indignación, habla de los pocos avances que ha tenido la investigación.
“Consideramos que debería haber mayor avance debido a las pruebas que se les ha proporcionado, todo el material balístico que se les facilitó, testimonios de testigos, diferentes aportes que ha dado la familia para que puedan avanzar en la investigación. Hace poco resolvieron en menos de dos meses un caso de un homicidio, que fue un gran logro de la fiscalía y se declaran muy hábiles en esto del desarrollo de los casos, pero ya va un año del caso de Lucas, uno de los más visibles, no el único, y no se sabe nada”, dice.
Añade que debido a la negligencia de la Fiscalía la familia ha desarrollado investigaciones independientes. Y, asegura, con “testigos protegidos” determinaron que el criminal que accionó el arma contra su hermano fue sacado del país hace más de cinco meses. “Desconocemos los motivos. Esperamos que la fiscalía se pueda manifestar con algún tipo de audiencia, sobre todo a la Policía Nacional, porque esa noche hubo una clara omisión de protección al ciudadano y por las declaraciones del alcalde de Pereira, Carlos Maya, cuando determinó que debería armarse la población civil contras las personas que estaban marchando”.
¿A qué obedece la selectividad de la justicia evidenciada en estos casos?
Si bien la Fiscalía no puede resolver de inmediato todos los casos que se presentan en el país, sí es notorio que esta y el gobierno movilizan todos sus esfuerzos institucionales para priorizar las investigaciones en contra de personas que hayan tenido participación, violenta o no, en las jornadas de protesta, diferente a los esfuerzos que hace cuando las investigaciones involucran a integrantes de la fuerza pública, en estos casos, como mencionó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hay falta de interés estatal por investigarlos, pasan a la justicia penal militar y la procuraduría guarda silencio.
Para el abogado Urquijo, Juan Fernando Torres y quienes grabaron la violencia de la policía, donde quedaron en evidencia las vulneraciones de derechos humanos que hizo la fuerza pública, se volvieron un objetivo judicial. Torres fue de los primeros capturados y casi que lo único que hay contra él es que grababa. “A él le exageraron la imputación diciendo que también participó de los daños sin ninguna prueba, simplemente con supuestos informantes cuya información resulta incoherente”, afirma el abogado.
Personas que ganaron visibilidad con el activismo dentro del paro nacional o que ridiculizaron a la policía, como lo hicieron Torres y el payaso Yara, o que tuvieron una connotación destacada como Alfaro y el medio Z11Suba, son los casos que la Fiscalía utiliza, al parecer, para desincentivar a líderes sociales, comunitarios o estudiantiles que organizaron las protestas. Para Urquijo esto es una política criminal que viene direccionada desde la Fiscalía, orientada por el gobierno, porque la idea esencial era bajarle fuerza al descontento social. Y también dice que intentan utilizar a estas personas como supuestos informantes en contra de otros, para lograr más capturas y generar mayor intimidación.
Y mientras todo esto pasa, la mayoría de los casos de manifestantes asesinados o a los que le fueron vulnerados sus derechos humanos por integrantes de la Policía Nacional, en medio del paro, están engavetados en la Fiscalía, o aplazados y olvidados.
“Es una decisión política. Una especie de declaratoria de enemigos de los opositores, en medio de la cual el gobierno ha decidido que el fin justifica los medios y si eso implica ‘demonizarlos’ a ellos y garantizar impunidad para quienes los persigan, los resultados son suficientemente coherentes con esa premisa”, concluye el abogado.
