El pacto para levantar el paro no incluyó ninguna medida para reducir la contaminación en el puerto, acosado por la minería ilegal y las basuras.
Veintiún días protestaron los habitantes de Buenaventura, el principal puerto del país, antes de firmar un acuerdo con el gobierno. En la mañana de este martes, después de casi dos días ininterrumpidos de negociación, el Comité del Paro Cívico de esa ciudad y el gobierno firmaron un documento de dos páginas para levantar el paro que arrancó el 16 de mayo y que paralizó el transporte marítimo y terrestre en esa parte del Pacífico. En el pacto, suscrito por los ministros del Interior y de Ambiente, el Ejecutivo se comprometió a construir junto al Comité un proyecto de ley que permita “alcanzar la satisfacción plena de los derechos económicos, sociales y culturales” de la gente del puerto.
Sin embargo, el pacto escrito, aunque contempla las necesidades más urgentes de Buenaventura, no incluyó una de las exigencias del Comité. En el comunicado con el que declaró el paro, emitido a comienzos de mayo, la organización pidió abordar ocho temas fundamentales, entre los que se encontraban “la recuperación y conservación de cuencas y otros ecosistemas estratégicos degradados”. El comunicado también alegaba que “un gran porcentaje de las cuencas hidrográficas están contaminadas con mercurio u otros metales por minería y otras actividades”, por lo que le pedía al gobierno declarar una emergencia ecológica en la ciudad. No obstante, el acuerdo no incluyó expresamente ninguna medida para solucionar los temas ambientales de Buenaventura.
Según el acuerdo firmado, el proyecto de ley incluirá sí medidas para garantizar los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda y al agua potable, además de la “reactivación de las actividades económicas ancestrales” para disminuir el desempleo. El proyecto, además, contemplará la creación de un patrimonio autónomo para la ciudad, cuyos dineros se destinarán a la construcción de una ciudadela hospitalaria, una red de alcantarillado urbano, una unidad de cuidados intensivos, un muelle y varios acueductos rurales, así como un megaparque industrial. El plan de desarrollo completo tomaría diez años en ejecutarse y se financiaría, de acuerdo con el documento, con el impuesto a la renta y un crédito externo de 76 millones de dólares. Pero el cuidado del medio ambiente pareció no estar entre las prioridades.
El lío de la contaminación
La contaminación en la ciudad no es un tema menor. Solo en mayo pasado, la Armada, la Policía y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) detuvieron a cuatro personas que extraían oro ilegalmente del río Dagua, a la altura del corregimiento San Cipriano. De acuerdo con la Armada, en el área se extraían hasta 500 gramos de oro a la semana con siete mini dragas y 13 motobombas. La red, según la entidad, “estaba causando un daño irreversible al medio ambiente, contaminando los ríos de manera directa y devastando la fauna y la flora”.
En marzo pasado, la Fiscalía, la Armada y la Policía también desarticularon una red que extraía oro ilegalmente de la quebrada Cacolí y el río Raposo, en el corregimiento Aguas Claras de Buenaventura. La organización contaba con tres retroexcavadoras y cuatro dragas para extraer un kilo de oro a la semana, con ganancias que, según las autoridades, superan “las obtenidas por el narcotráfico y el secuestro”. Entonces, la Armada reportó que los ilegales le estaban “causando un daño irreversible al medio ambiente, contaminando los bosques y los afluentes de la región”. El reporte se repite con frecuencia, y a menudo incluye capturas e incautaciones en la vía Buenaventura-Buga, acosada por decenas de túneles de los que se extrae oro ilegalmente.
En diálogo con este portal, José Ancizar Arenas, director de la CVC en Buenaventura, reconoció que el río Dagua sí tiene mercurio, pero no “a niveles perjudiciales para la salud humana”. Arenas, que tiene a su cargo el monitoreo de la calidad de las aguas del municipio, dice que el principal problema del puerto es la contaminación por basuras: “Tenemos una alta contaminación por residuos sólidos domiciliarios que son arrojados al mar y a los ríos, porque la alcaldía no tiene un programa de recolección de esos residuos”. Playas como Bazán Bocana, Piangua, Juanchaco y Ladrilleros sufren de una “contaminación muy fuerte”, según Arenas, mientras otras como El Tigre están erosionadas por culpa de la destrucción de manglares.
En 2016, el ministro de Ambiente, Luis Alberto Murillo, reconoció ambos fenómenos. A mediados de ese año, dijo que en Buenaventura “hay problemas con la minería ilegal, el incremento de los focos de basura en las diferentes calles, el mar lleno de desechos, entre otros aspectos que ensucian la imagen del puerto”. Sin embargo, Murillo, que hizo parte de la comisión negociadora del gobierno, concentró sus intervenciones durante el paro en temas relacionados con la infraestructura, el transporte, la educación y la seguridad.
Hernán Valencia, coordinador ambiental del Comité del Paro, le dijo a ¡Pacifista! que la submesa ambiental que negocia con el gobierno llegó a algunos acuerdos que no fueron incluidos en el documento que se hizo público esta mañana y que deberán ejecutarse este 2017. Entre ellos, un estudio sobre los impactos ambientales del almacenaje de carbón en el perímetro urbano de Buenaventura, la realización de un plan de gestión ambiental, la recuperación del río Dagua, el dragado de la bahía y el tratamiento de las aguas residuales. Para 2018, de acuerdo con Valencia, las partes acordaron realizar senderos ecológicos en zonas rurales y urbanas.
Las partes se volverán a encontrar en julio para avanzar en la ejecución de los acuerdos. Habrá que ver de dónde salen los recursos para cumplir con los compromisos que mencionó el vocero Valencia, que no quedaron incluidos en el documento de acuerdo ni amarrados al nuevo fondo para Buenaventura.
