Por Lina Gabriela Cortés. “Cada semilla que uno tira a la tierra, nace. Acá la tierra nos provee y el río nos da de comer”, dice Alberta y su mirada sigue la ruta de los pescadores en lanchas que vuelven a la tierra.
Por Lina Gabriela Cortés.
“Cada semilla que uno tira a la tierra, nace. Acá la tierra nos provee y el río nos da de comer”, dice Alberta y su mirada sigue la ruta de los pescadores en lanchas que vuelven a la tierra.
Mural en Puerto Wilches. Foto: Joan Daniel Rojas.
La ciénaga Yarirí está ahí, desbordada en el patio de su casa. Los cultivos de maíz, yuca, cítricos, frutales, se asoman por debajo del agua; esta vez en su parcela se dañó todo. El río se desborda desde hace sesenta años y cada vez es peor, la población sigue en alerta continua de emergencia. Al inicio de este año se rompieron los jarillones que contenían el río Magdalena, más de 450 familias resultaron damnificadas en el municipio Puerto Wilches, en Santander.
Alberta —que para cuidar su seguridad he decidido llamar así— hace parte de la Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches (Afrowilches), entidad que interpuso una acción de tutela que fue representada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Corporación Podion y la Alianza Colombia Libre de Fracking, el pasado 31 de marzo. En la tutela se solicita la suspensión de la licencia ambiental que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le había otorgado al proyecto de fracking de Ecopetrol, Kalé, y la suspensión del trámite de la licencia ambiental del proyecto Platero, hasta que no se realice la consulta previa a las comunidades campesinas y afro directamente afectadas. Esta tutela, respaldada por 40 congresistas de la República por medio de una carta emitida el 6 de abril, fue adoptada el 21 de abril por la Juez Primero Administrativa Oral del Circuito de Barrancabermeja, Blanca Judith Martínez, quién ordenó la suspensión del proyecto piloto de fracking hasta que no se realicé el debido proceso de consulta popular.
Alberta, me aclara que es una victoria parcial, ya que se trata de la suspensión de los proyectos piloto de fracking, no de su anulación. Además, este fallo se emite en medio de un mes en el que incrementó la violencia en la población de Puerto Wilches, así lo demuestra el asesinato de Robinson Jiménez Bautista, líder social de la región, y otros hechos recientes de seguridad y asesinatos en el municipio. Según el Banco de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP/PPP), en el año 2021 Santander fue el departamento que mayor número de violaciones a los derechos humanos registró en el país: 321 hechos victimizantes.
(Foto por Alberta. Ciénaga del Yarirí)
El posible regreso de pruebas piloto de fracking a Colombia, gracias a la licencia ambiental que la (ANLA) le había otorgado al proyecto “Kalé”, revivió el debate sobre la cuestionada idea de que los hidrocarburos, el agronegocio o las fumigaciones ayudan a que las economías de los países prosperen, y puso en evidencia el afán del gobierno del presidente Iván Duque —quien aseguró que no implementaría el fracking, al tiempo que recibía para su campaña grandes inversiones de multinacionales mineras, petroleras y de diversos actores extractivistas— por otorgar la concesión de la licencia ambiental a Ecopetrol y a la ExxonMobil, las empresas a cargo del proyecto.
Alberta me cuenta que, en más de 70 años de extracción convencional de hidrocarburos en Puerto Wilches, la población que habita allí prácticamente no ha recibido nada de las regalías de la empresa petrolera. De hecho, el municipio no cuenta con agua potable, sedes universitarias, hospitales, vías pavimentadas, redes de internet, entre otras cosas necesarias. Esto —sumado a la violencia sistemática contra la población civil— cuestiona el argumento del “progreso social”, tan usado por los empresarios y el gobierno nacional que pretenden que se aprueben los proyectos de fracking.
El proyecto piloto de fracking de Puerto Wilches se sitúa en el continente más rico en recursos naturales y el más desigual en repartición de tierras: América Latina, que experimenta ahora más que nunca y como consecuencia de los lastres de dependencia y extractivismo históricos, grandes concentraciones de tierra en pocas manos.
Según datos de Oxfam, la riqueza de las personas de América Latina con fortunas superiores a mil millones tuvo un incremento del 21% entre 2002 y 2015, seis veces superior al PBI de la región, que fue de 3.5%. Todo esto sucedió en los años del boom de las commodities —productos de fabricación, disponibilidad y demanda mundial, que tienen un rango de precios internacional y no requieren tecnología avanzada para su fabricación y procesamiento—, en el que se incrementaron los acuerdos entre los gobiernos nacionales y las multinacionales extractivistas en la región, como lo asegura la socióloga argentina Maristella Svampa.
La situación actual no es muy distinta y la pandemia engrosó los bolsillos de las personas más ricas. En Colombia, por ejemplo, en el año 2020 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) confirmó que la población por debajo de la línea de la pobreza en el país era del 42,5%; es decir, aumentó respecto a los años anteriores. Estas décadas de explotación de hidrocarburos y destrucción ambiental en nombre del desarrollo económico del país no han servido para construir una sociedad “económicamente próspera” o equitativa.
Alberta y la mayoría de los más de 40.000 habitantes de Puerto Wilches están por debajo de la línea de pobreza, pero gracias, por ahora, al fallo de la corte que logró la suspensión de los proyectos piloto hasta que no se realicé la consulta previa, la población deja de estar más cerca de quedar enterrada entre las enfermedades que llegan como consecuencias de las excavaciones que buscan encontrar petróleo en el fondo de las rocas. Sin embargo, sigue aumentado el riesgo de seguridad como consecuencia de la crisis social que implica: violencia, desplazamiento y amenazas contra la población civil. Lo cual podría demostrar la existencia de una estrecha relación entre la violencia, el despojo y los proyectos extractivistas o supuesto desarrollo.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 611 líderes y lideresas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas desde la firma del acuerdo de paz. “Ser un líder social y ambiental en Santander ya representa un riesgo, somos por segundo año consecutivo el país más peligroso para el activismo ambiental, matan a diario líderes ambientales por estar defendiendo el agua y estar oponiéndose a estos proyectos extractivistas”, denuncia Mayerly López, lideresa ambiental de Santander e integrante del Comité defensor del Páramo de Santurbán, a propósito de la violencia en la región.
Mural pintado por jóvenes del Comtié Aguawil y población civil. Foto por: Joan Daniel Rojas.
Alberta cuenta que hace varios años pasaba un señor en carro con un letrero que decía “No al fracking”. Ella, como varias personas en la comunidad, pensaban que estaba loco: “¿Cómo van a hacer un proyecto de franklin en la región?”, dice que mucha gente no conocía la palabra fracking, que la pronunciaban mal, pero que ahora se están enterando gracias a los líderes y lideresas juveniles que activaron la lucha ambiental en Puerto Wilches y que crearon el Comité para la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio Aguawil.
El 18 de diciembre del 2020 se dio la noticia del fracking en Puerto Wilches. Joan y otros 20 jóvenes, hombres y mujeres, algunos que estudiaban en Bucaramanga y que regresaron a Puerto Wilches por las medidas de la pandemia y la virtualidad, otros que vivieron siempre en el municipio, se alertaron por el proyecto que estaban anunciando y decidieron reunirse. Y gracias a su encuentro presencial y al acompañamiento virtual que desde la primera reunión les brindó la Alianza Colombia Libre de Fracking, decidieron crear el Comité Aguawil que, en el mes de abril, celebró la decisión de la suspensión de los proyectos piloto.
Las primeras acciones del Comité se organizaron en el 2021: un mural, un plantón, un cacerolazo. Estas actividades tuvieron en común dos cosas: la participación masiva de la comunidad y la intimidación, hostigamiento y amenaza a los líderes y lideresas juveniles horas posteriores a cada acción que realizaban.
Joan cuenta que el Comité se caracteriza porque las voces femeninas sean las más destacadas —en un territorio históricamente machista en la lucha sindical y social— y como consecuencia de esos liderazgos de mujeres jóvenes, el Comité pudo identificar un patrón significativo: las amenazas estaban dirigidas principalmente contra las mujeres, tanto así, que algunas de sus compañeras tuvieron que salir del país.
Como consecuencia de las amenazas, el Comité Aguawil, decidió denunciar la persecución que estaban viviendo —todo esto antes de que fuera aprobada la licencia ambiental de los proyectos piloto de fracking— y recibieron apoyo regional, nacional e internacional. Y, tal vez, está visibilización ha impedido que se atente contra sus vidas en estos meses, a pesar del incremento de la violencia en la región.
El 13 de diciembre del 2021, las acciones del Comité se reactivaron con la marcha carnaval. Después de posicionarse en la región como líderes sociales, más allá de su edad y su género —razones por la que otros grupos organizativos los veían con incredulidad—, las organizaciones campesinas, palmiagricultoras, afro, de mujeres y de pescadores comenzaron a trabajar en conjunto con el Comité y crearon este año la Mesa Ambiental de Puerto Wilches.
Ciénaga Yarirí. Foto por: Alberta
Hace poco, cuando el río se desbordó y la ciénaga lo contuvo, las murallas de sacos de arena se derrumbaron y un hombre, de un “medio amarillista pro alcaldía”, dice Joan, grabó un video preguntando: “¿Dónde están los ambientalistas? ¿Por qué no están aquí llenando sacos?”. Ante esto, Joan agrega: “Ahora sí existimos. Ahora, la lucha ambiental es una agenda común para todas las organizaciones de Puerto Wilches y en eso las redes sociales han ayudado mucho”.
Aunque el Comité Aguawil es una organización reciente, el trabajo que ha adelantado en materia de organización y socialización de los proyectos de fracking es vital para que la comunidad haya tenido una respuesta negativa de forma masiva frente a estos proyectos en la zona, y permite identificar nuevas formas de activismos en la región donde el papel de las redes sociales es evidente y donde los feminismos populares se toman las agendas rurales del país, de la mano de las luchas ambientales, que son el epicentro del debate político, económico, social, actual.
(Foto por Joan Daniel Rojas)
Hay que mencionar que, además del llamativo afán de conceder la licencia ambiental sin consulta previa ni debida socialización, el gobierno nacional, que tiene una participación muy importante dentro de la Junta Directiva de Ecopetrol —el Estado es el dueño del 88.49% de la empresa—, decidió en los mismos días de discusión sobre si aprobar o no la licencia ambiental para el proyecto piloto, extender el periodo de administración de la misma Junta —de los nueve miembros de la junta, siete fueron elegidos por el presidente — por dos años más de lo que tradicionalmente se hacía; es decir, quedó ratificada para el periodo de 2022 a 2025. Esto aseguraría que los próximos gobiernos estén atados a las decisiones que tome Ecopetrol en ese período.
La prisa del gobierno nacional por dejar pactados tratos que luego serán complicados de revertir; la falta de rigor técnico que se concedió a este proyecto en particular; la socialización hermética-virtual sin consulta popular a las comunidades afro, indígenas, campesinas directamente afectadas; y la acelerada concesión de la licencia ambiental para comenzar las pruebas piloto fueron los motivos de la tutela que interpuso Afrowilches y de la inconformidad generalizada entre diversos sectores sociales del país. El fallo de la tutela que suspendió los proyectos demostró lo perjudicial que pueden ser las políticas extractivistas para la vida —a nivel social, cultural, político, económico, ambiental — y los territorios.
“La tutela se origina porque las comunidades no fuimos partícipes del proceso de socialización ni de la consulta previa”, asegura Alberta, quien comenta que una de las socialización se realizó a puerta cerrada en la casa de la hermana del exalcalde de Puerto Wilches, Jose Elías Muñoz, y otra socialización se hizo en un auditorio de un colegio que construyó Ecopetrol donde había algunos estudiantes y cinco personas de la comunidad que no estaban relacionados con el tema ambiental, ni el fracking.
Joan, que celebra la suspensión del proyecto, afirma que la supuesta socialización virtual de Ecopetrol tampoco se realizó, dice que el internet de Puerto Wilches es muy malo, y el estudio de impacto ambiental de la ANLA es un archivo de 500 gigas, imposible de descargar. En palabras de Joan, “se cometió un atropello digital y de socialización”. Ahora, Ecopetrol tendrá que buscar otras formas de socializar el proyecto a una comunidad que en este punto —gracias a la socialización popular de las juventudes— ya tiene la posibilidad de conocer sobre el fracking y los impactos negativos para sus comunidades y sus vidas.
Ante la falta de difusión de la información, varios jóvenes, entre ellos Joan, decidieron hacer murales: “Las paredes no tienen internet y ahí se quedan los mensajes de la comunidad, mientras no las tapen, queda el mensaje para toda la población, se puede hacer pedagogía con los murales”. Esto involucró a la comunidad (niñxs, jóvenes, adultxs) no solo del casco urbano, sino también rural, y concretó procesos pedagógicos de lucha ambiental en el territorio.
Foto archivo: Joan Daniel Rojas.
Para Joan, el medio de comunicar, generar conciencia y sensibilizar a las personas sobre los temas ambientales es el arte, en este caso los murales, más adelante Joan y otros jóvenes de la región sueñan hacer un festival grande que acompañe la lucha ambiental. Por ahora, los jóvenes socializan la información a partir de la lectura y la asesoría de otros grupos ambientales.
Según varias organizaciones que han accedido al documento solo hay dos páginas entre dos mil, dedicadas a los pescadores, el principal actor económico de la región. Al igual que Afrowilches, el Comité Aguawil y otras organizaciones interpusieron tres recursos de reposición.
La falta de socialización del proyecto no es el único motivo por el que la comunidad está molesta, también lo son: la presencia del Esmad —enviado por el alcalde de Puerto Wilches, Jairo Toquica— en las manifestaciones que se dieron recientemente en el casco urbano; las reiteradas amenazas a los líderes y lideresas sociales jóvenes; la presencia del ejército que prohíbe el paso en la zona del proyecto, en esta fase experimental que aún no había sido aprobada y que viola los derechos fundamentales de los habitantes; y, por supuesto, los daños ambientales que trae un proyecto de este tamaño.
Los pilotos “Platero” y “Kalé” tenían presupuestado recibir una financiación superior a la de otros proyectos similares en el mundo, el presupuesto que se esperaba destinar era de 76 millones de dólares. De hecho, líderesas como Alberta aseguran que el proyecto solo va a ofrecer 300 trabajos en 4 meses, una cifra inferior frente a otros proyectos que realmente contribuyen al desarrollo socioeconómico de la región.
Las comunidades, los movimientos ambientalistas y los expertos —no contratados por Ecopetrol— hacen advertencias que resultan pertinentes para entender que con proyectos piloto de fracking no es posible realmente conocer los daños ecológicos, pues en el plan piloto se abren dos pozos por cada proyecto. Mientras que, en el proyecto real, en los pozos de fracking después de 3 años se pierde el 80% de su extracción; en otras palabras, son proyectos que requieren la continua apertura de pozos para extraer hidrocarburos. Para este proyecto se tenía prevista la apertura de 19.000 pozos en total.
Joan cuenta que en otras regiones del Magdalena Medio ha hecho presencia Ecopetrol para revisar el suelo, el agua y otros recursos, no sé sabe si para otros proyectos piloto de fracking, por lo que la victoria continúa siendo parcial.
Según Agua Piloto el Sabor del Futuro, para sacar los hidrocarburos de un solo pozo se usa el agua que consumen diariamente más de 360.000 personas, son necesarios 2300 carrotanques con capacidad de 20.000 litros que transportan cada uno. Hoy en día la mayor contaminación de Diesel en Colombia, el 90%, lo gastan los transportes de carga.
Alberta, que sigue viendo la ciénaga mientras conversa, habla del agua y varias cosas se pueden entender con su lenguaje corporal, que luego confirma con sus palabras: el agua de Puerto Wilches es para Alberta la vida entera, igual que para los pescadores artesanales, el agua, la pesca, el cuidado del manatí antillano es el paisaje en el que crecieron y donde aprendieron a existir.
Joan también creció en Puerto Wilches, pero fue en la Universidad Industrial de Santander (UIS) donde conoció con sus compañerxs del Comité de Santurbán la importancia de la lucha ambiental en su región: “Uno se da cuenta, esto es nuestro, tenemos que defenderlo, nuestra tierra, nuestros recursos. Por ejemplo, Puerto Wilches es el segundo complejo cenagoso más importante de Santander, de las 56 ciénagas acá en Wilches hay 44, entonces es donde uno entiende la importancia de la región para esos proyectos”.
La ciénaga que observa Alberta, y la que tiene a sus espaldas Joan, es parte de la fuente hídrica más importante del país: el Río Magdalena, que recorre de sur a norte todo el territorio nacional, 22 de los 32 departamentos son irrigados por el río y conecta casi todos los recursos acuíferos del país. Según los estudios presentados en su trabajo académico, el profesor Jaime Ordoñez explica que el Magdalena no solo es uno de los ríos más caudalosos del mundo, sino que además es la fuente principal de agua potable del país, el 85% de la población colombiana depende del agua potable del Río Magdalena, sea de forma directa (50%) o sea por medio de otros ríos como el Río Cauca.
La actividad económica de pescadores que luchan contra el trasmallo, promulgando la pesca artesanal y sostenible, y diversas actividades de agricultura familiar que luchan contra los cultivos extensivos de palma de cera, refuerzan lo que el Ministerio de Agricultura sostiene: que la agricultura campesina, familiar y comunitaria produce más del 70% de los alimentos del país y es la actividad que más empleos rurales genera.
El daño ecológico transformaría aún más el paisaje de la región de forma irreversible y afectaría la vida del suelo, de los animales y de una gran cantidad de población en Colombia si se llegaran a aprobar.
Joan, como Alberta, sigue en Puerto Wilches, porque con la pandemia la vida se ha encarecido mucho y es necesario trabajar más tiempo en la zona para regresar a Bucaramanga a continuar sus estudios universitarios. Sin embargo, ahora siente mayor responsabilidad, no solo con la población de Puerto Wilches, sino con las personas de otras regiones que necesitarán a futuro el apoyo de la Mesa Ambiental del Comité, tal como ellos la tuvieron al inicio, porque, dice: “La lucha no es solo contra el fracking, sino contra todo lo que dañe la tierra para intereses de unos pocos”.
Alberta y Joan saben que las luchas ambientales amenazan grandes sumas de dineros de las multinacionales y empresas extractivistas, pues ponen en riesgo sus proyectos de destrucción. Sin embargo, luchan, aprenden y explican la experiencia de sus tactos acuíferos, de sus conocimientos heredados sobre cómo cultivar, conservar, pescar, organizarse, pintar en territorios históricamente difíciles para las organizaciones sociales que defienden la vida la tierra el agua de todas y todos los habitantes del país. Y gracias a sus acciones artísticas, culturales, populares, políticas, legales lograron suspender los proyectos pilotos de fracking y esperan, por fin, anularlos.
(Foto de Joan Daniel Rojas)
Puedes encontrar a Lina Gabriela en Instagram -> @gabitoelrey
Ilustración: Tobías Arboleda @lalineaerrante
Agradecimientos: @comiteaguawil @identidadafrosantander
