La violencia y la estigmatización en contra de las lideresas ha aumentado durante la pandemia. El ejercicio de sus liderazgos se ve afectado por ataques y amenazas por parte de grupos armados.
Con amenazas, atentados y homicidios los actores del conflicto han tratado de detener el trabajo de las defensoras de derechos humanos y lideresas en el país durante la pandemia. En promedio, “cada 19 horas se presenta una agresión contra mujeres defensoras de derechos humanos”, así lo explica el informe ‘Lideresas y defensoras durante la pandemia: entre la violencia sociopolítica de género y el Covid-19’, presentado por la Corporación Sisma Mujer en el marco de este 29 de noviembre, Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos.
Entre enero y octubre de este año, fueron asesinadas 19 defensoras, según la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo, lo que significa un aumento del 18 por ciento en relación con el 2019, cuando se registraron 16 homicidios.
Los atentados también van en aumento. Mientras que el año pasado denunciaron cinco en contra de lideresas, faltando más de un mes para que termine el 2020 van 12 atentados. En el informe se registra, además, que entre enero y agosto de este año se registraron 280 amenazas, una retención arbitraria, un caso de delito sexual y 16 de lesiones personales. Esto, sin tener en cuenta el subregistro generado por la falta de denuncia y de seguimiento a los casos reportados.
El confinamiento y la pandemia han sido factores que los grupos armados han aprovechado para agredir a las lideresas. Las han estigmatizado y declarado objetivo militar al considerarlas portadoras del virus. Se convirtieron en objetivo militar de grupos al margen de la ley, por considerarse portadoras del virus y, por tanto, un factor de riesgo para la comunidad.
Por ejemplo, en la última semana de octubre fueron atacadas tres lideresas. El 29 de octubre atentaron contra la lideresa Wayuu Irama Móvil en Riohacha; la defensora de derechos humanos y víctima del conflicto Yirley Velasco tuvo que abandonar El Salado en Bolívar debido a las amenazas que le hicieron las Autodefensas Gaitanistas. En Nuquí, Chocó, la ambientalista Juana Perea fue asesinada.
Por otro lado, bajo la excusa de las restricciones de movilidad impuestas por el Gobierno, la fuerza pública también ejerció violencia en contra de las lideresas, Además, quienes participaron e hicieron veeduría a la entrega de ayudas humanitarias en distintas regiones fueron amenazadas.
Además de los problemas de seguridad y la mayor exposición al contagio, otros factores que han dificultado el ejercicio del liderazgo de las mujeres, durante la pandemia, están relacionados con el hogar. La sobrecarga en las labores de cuidado y los trabajos no remunerados las han afectado. También, se han visto en la obligación de buscar nuevas fuentes de ingresos para poder suplir las necesidades de sus familias.
Esperen en PACIFISTA! todo el análisis de este informe en los próximos días.
