Human Rights Watch asegura que el modelo de justicia pactado en La Habana obstaculizará el juzgamiento de militares.
Este lunes, justo cuando Caracol Radio informó que la Fiscalía le imputará cargos al general (r) Mario Montoya—excomandante del Ejército— y al general Henry William Torres, por varios casos de “falsos positivos”, la ONG Human Rights Watch (HRW) lanzó duras críticas sobre la manera como esos crímenes serán procesados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que pactaron el Gobierno y las Farc en La Habana.
La organización, que ha cuestionado el modelo de justicia transicional al que llegaron las partes en Cuba, elaboró un documento en el que advirtió que la Jurisdicción “podría ser empleada para otorgarle una inmunidad amplia a agentes del Estado” que asesinaron civiles para presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Según HRW, esos casos podrían llegar a tres mil y habrían sido cometidos por distintas brigadas del Ejército entre 2002 y 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe.
En el texto, titulado “Análisis sobre la investigación de falsos positivos bajo las disposiciones de la Jurisdicción Especial para la Paz”, HRW asegura que si las pesquisas que adelanta la Fiscalía por “falsos positivos” son transferidas a la JEP, el grueso de los casos quedará en la impunidad.
La advertencia se basa en la revisión de un documento que presentó el Gobierno en diciembre de 2015, pocos días después de que se firmara el acuerdo sobre víctimas y justicia. En él, los ministros de Defensa, Luis Carlos Villegas, y de Justicia, Yesid Reyes, explicaron cómo serán juzgados los integrantes de la Fuerza Pública que cometieron delitos durante y con ocasión del conflicto.
(Vea también: Así serán juzgados los militares en la Jurisdicción Especial para la Paz)
Estos son los argumentos de HRW:
La responsabilidad de los mandos medios y los soldados regulares
Según anunció el Gobierno en diciembre pasado, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP podrá suspender las penas y renunciar a la persecución de los agentes del Estado que no hayan tenido la mayor responsabilidad en delitos graves cometidos durante la guerra, siempre y cuando hayan cumplido las condiciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Para HRW, eso significa que la JEP no juzgará a los mandos medios y a los soldados regulares responsables de “falsos positivos”, al no tener aquellos la mayor responsabilidad en esos delitos. Para la organización, “estas disposiciones violan estándares internacionales de derechos humanos” y atentan contra “las investigaciones que se llevan a cabo en la actualidad en contra de miles de miembros del ejército colombiano”.
La responsabilidad de los altos mandos
Pese a que la JEP garantiza el juzgamiento de los máximos responsables, HRW dice que ese sistema limita la investigación de militares de alto rango bajo la figura de la responsabilidad por cadena de mando. Es decir, que impide que altos oficiales respondan ante la justicia por los crímenes que hayan cometido sus subalternos.
Ello obedece, según HRW, a que la Jurisdicción sólo podrá establecer esas responsabilidades cuando los comandantes de las unidades militares hayan tenido conocimiento de los delitos antes, durante y después de su ejecución. Esa disposición, dice la ONG, viola el derecho internacional, que contempla el juzgamiento de altos oficiales cuando se presume que, en razón de su cargo, debían “haber sabido o tenían razones para saber” que sus hombres estaban violando la ley.
Otra crítica tiene que ver con el hecho de que la JEP entienda la responsabilidad de los superiores según el “control efectivo” que hayan tenido en la ejecución de los crímenes. HRW dice que, según los estándares internacionales, ese control debe entenderse como el dominio sobre las tropas que delinquieron y no sobre los hechos delictivos.
Lo cierto es que las limitaciones que contempla la Jurisdicción contrarían la metodología de investigación que ha venido aplicando la Fiscalía durante los últimos años, y con base en la cual se indaga la responsabilidad de al menos 16 generales del Ejército en casos de “falsos positivos”, entre ellos la del general (r) Mario Montoya y la del general Henry William Torres.
Las sanciones
El diciembre de 2015, el Gobierno anunció que las sanciones que les serán impuestas a los militares que comparezcan ante la JEP serán iguales en tiempo a las que recibirán las Farc y que todos los detalles sobre ese tema se darían a conocer antes de la firma del acuerdo final.
Por ahora, se sabe que una de esas sanciones será la pena de dos a cinco años para quienes asuman su responsabilidad, reparen a las víctimas y no hayan tenido una “participación determinante en las conductas más graves y representativas”. Para HRW, esa determinación “podría beneficiar a los altos mandos del Ejército responsables de falsos positivos”, toda vez que podrían “fácilmente argumentar” que su participación en los hechos no fue determinante.
¿Libertad para los condenados?
Según HRW, la justicia colombiana ha condenado a 610 militares por “falsos positivos”, la mayoría de ellos a penas de más de 40 años de prisión. Para la organización, el hecho de que el Tribunal de la JEP pueda reemplazar esas sanciones por aquellas que prevé el acuerdo sobre justicia “permitiría que decenas de perpetradores de falsos positivos sean liberados”, lo cual conduciría a la impunidad.
Al respecto, el Gobierno ha dicho que esas y otras medidas buscan otorgarle a la Fuerza Pública los mismos beneficios jurídicos que recibirán los demás actores que participaron en el conflicto y que la JEP partirá de la premisa de que las actuaciones de los agentes del Estado son legales.
