La defensa del excomandante anunció que estudiará la sentencia y seguramente interpondrá un recurso de reposición y de apelación. La audiencia continuará el próximo viernes, 3 de mayo.
En un documento de 90 páginas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó una de las decisiones más trascendentales en su corta historia: solicitar la orden de captura de Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias El Paisa, por incumplir con sus obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz. Como comandante de la columna móvil Téofilo Forero durante 20 años, e integrante del Estado Mayor de las Farc, Velásquez tenía la responsabilidad de esclarecer su participación en el conflicto y darle la cara a las víctimas. Después de permanecer ocho meses en la clandestinidad, y sin acudir a la JEP, el antiguo comandante pierde algunos beneficios jurídicos.
Después de seis horas de debate, la Sala de Reconocimiento decidió optar por sancionar a “El Paisa” por negarse a comparecer ante la JEP por lo menos en tres ocasiones. En palabras de la magistrada Catalina Díaz, “en la justicia se le ha condenado por múltiples crímenes graves y representativos, por ende el incumplimiento es especialmente grave en los casos de quienes tenían un rol importante en los crímenes y un mayor potencial de esclarecimiento”.
La Sala escuchó los argumentos presentados por el abogado de ‘el Paisa’, William Acosta, quien señaló que, ante la ausencia de una Ley Estatutaria, la Jurisdicción no podría sancionar a Velásquez. También argumentó, como lo hizo en el pasado, que la situación de seguridad del excomandante era preocupante (recordemos que Velásquez abandonó el ETCR de Miravalle, Caquetá, por unos sobrevuelos de aeronaves no tripuladas).
No obstante, la magistrada Díaz señaló que Velásquez tenía otras alternativas en caso de que sintiera que su vida corría peligro: como trasladarse a otra ciudad o pedir más medidas de protección. Sin embargo, su decisión fue ir a la clandestinidad y dejar de comparecer ante la JEP, cerrándole la puerta de la verdad a las víctimas. Ahora, ‘El Paisa’ no ha sido expulsado de la JEP. Todavía tiene chance de rendir cuentas privado de la libertad (casa por cárcel). Y no fue expulsado porque no se encontraron pruebas que demostraran que el excomandante haya reincidido en delitos o que se haya rearmado. De lo contrario, quizás, su caso podría haber pasado directamente a la justicia ordinaria.
El futuro de El Paisa en la implementación del Acuerdo es más incierta que nunca. Ahora no recibirá renta para la reincorporación y tampoco tendrá derecho a penas alternativas: es decir, 5 u 8 años de privación de la libertad. En la sentencia, la JEP declaró que Velásquez incumplió con obligaciones que estaban previstas en el Acuerdo de Paz y por eso le revocó la libertad condicional y le ordenó a la Policía capturarlo y llevarlo a la Sala de Reconocimiento. La defensa del excomandante anunció que estudiará la sentencia y seguramente interpondrá un recurso de reposición y de apelación. La audiencia continuará el próximo viernes, 3 de mayo.
Esta decisión sin duda generará polémica y es un campanazo para el partido Farc, que esperaba que ‘El Paisa’ no fuera sancionado. De hecho, el principal temor para Farc es que la JEP se pronuncie en favor de la extradición de Jesús Santrich. Iván Márquez y Romaña, dos excomandantes de peso que también están en la clandestinidad, podrían dar un paso defintivo al costado, decidiendo no acogerse al Acuerdo de Paz. La pregunta, entonces, será si los más de 13.000 excombatientes de las Farc creerán en las garantías jurídicas de la JEP, pues la versión que ha posicionado Velásquez es que no existen garantías de reincorporación, señalando, por ejemplo, que han sido asesinados 99 excombatientes de las Farc (cifra avalada por la ONU). Y puede ser más incierto el futuro si tenemos en cuenta que el Senado está discutiendo las seis objeciones que el presidente Iván Duque interpuso para cambiarle puntos claves a la Jurisdicción.
La JEP reconoció que Velásquez, antes de huir a la clandestinidad, fue un ejemplo en el proceso de reincorporación, pues lideró proyectos productivos en Miravalle y ayudó a sacar adelante uno de los ejemplos emblemáticos de la reincorporación: el hidrotornillo. El objetivo de este proyecto consiste en generar energía tanto para el ETCR de Miravalle como el Caquetá: cuando hay un caudal de agua fuerte en el río, el hidrotornillo puede llegar a producir hasta 220.000 voltios de electricidad de manera constante, con lo que 50 casas tendrían energía
La voz de la Procuraduría tuvo peso
Desde las ocho de la mañana, los magistrados de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dieron inicio a la primera audiencia pública para determinar las sanciones que recibirá Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias el Paisa, por incumplir a las citaciones. La expectativa era máxima, no solo por su historia en la guerrilla, comandando la columna móvil Teófilo Forero, sino por orquestar atentados que dejaron huellas imborrables en el conflicto, como el secuestro y asesinato de 11 diputados de Valle del Cauca en 2002 y la bomba en el club El Nogal de Bogotá, en el que murieron 36 personas y más de 200 resultaron heridas.
En agosto de 2018, ‘El Paisa’ abandonó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Caquetá. Con Iván Márquez, antiguo comandante de las Farc y jefe negociador en La Habana, envió algunos mensajes desde la clandestinidad, justificándose en una supuesta ausencia de garantías en el proceso de reincorporación a la vida civil. En uno de sus comunicados, Velásquez dijo solo aceptaría regresar al proceso si Jesús Santrich, procesado por narcotráfico, era liberado.
Velásquez no compareció a la audiencia de sometimiento a la JEP y, a comienzos de febrero de este año, tras múltiples dilaciones, un equipo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP viajó a Caquetá para obtener información sobre el exguerrillero, esto con el fin de recolectar pruebas para verificar si ‘El Paisa’ sí podía someterse al sistema de justicia transicional. La Unidad debía recabar 22 pruebas antes de determinar si él sí estaba dispuesto a contar la verdad ante la Jurisdicción. El 18 de marzo, fecha en la que el excomandante debía presentarse a la JEP para responder por los casos de secuestro, el proceso tuvo otro revés: Velásquez no apareció, como tampoco lo hizo en la audiencia de hoy.
Una de las primeras personas en participar en la audiencia fue Mónica Cifuentes, delegada de la Procuraduría Nacional. Su concepto fue claro: ‘El Paisa’, por el proceso jurídico, no debe ser expulsado de la JEP pero sí deben quitársele ciertos beneficios, como la libertad condicional, la renta básica de 745 mil pesos al mes y la amnistía por delitos políticos y de rebelión. Por ahora, dijo la delegada, no existen pruebas que demuestren que ‘El Paisa’ está en las disidencias de las Farc, como se ha registrado en algunos medios de comunicación. Por esa razón no podría ser expulsado de la JEP.
En un comienzo, la defensa jurídica de Velásquez pidió que no se expulsara ni se sancionara al excomandante, pues no existe una Ley Estatutaria vigente en la JEP que les permite a los magistrados tomar decisiones de fondo. Recordemos, al respecto, que la Ley no fue sancionada por el presidente Iván Duque, quien consideró que debían corregirse seis puntos de dicha ley por “inconveniencia”. Si la JEP continúa su curso, este caso podría marcar un referente para otros excomandantes de las Farc que no le respondan a las víctimas. Ese es, como dice el Acuerdo de Paz, uno de los compromisos mínimos para que exista reparación, reconciliación.
