Divergentes hace un resumen de la lucha de los indígenas colombianos: sus victorias, sus crisis y las organizaciones que por décadas han exigido la garantía de sus derechos.
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Por: Lou Guérin
La lucha de los indígenas en Colombia tiene varios siglos de existencia y sus albores como movimiento se dieron antes de la Guerra de los Mil Días y del Movimiento Quintinada, que lideró Manuel Quintín Lame a comienzos del siglo XX. Pero solo hasta los años setenta, cuando se profundizó la lucha contra la reforma agraria y la ley laboral, se dio una verdadera movilización indígena en el país.
Hoy, buena parte de las denuncias del movimiento indígena señalan lo que ellos mismos llaman “abandono estatal”, la discriminación y el desinterés del poder político sobre sus asuntos. Si bien la Constitución de 1991 reconoce explícitamente los derechos de las comunidades indígenas, su situación es compleja, y su vulnerabilidad todavía muy alta. Según un informe de Indepaz, Cinep, Iepri y CCJ, en 2017 hubo un aumento en el número de asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. De acuerdo al documento, la mayoría de las víctimas son líderes indígenas. Solo en 2016 se registran catorce de ellos asesinados en Cauca.
La lucha de la causa indígena en Colombia se resume en dos frentes. Uno tiene que ver con el esfuerzo por reivindicar los derechos de igualdad como ciudadanos: el acceso a la salud, a la educación y a la justicia. El otro se refleja en el reclamo por otros derechos exclusivos, como el derecho a territorios ancestrales y a tener autonomía política y administrativa.
Las dificultades que las comunidades enfrentar para dar esta lucha por ser reconocidos como un actor fundamental de la sociedad colombiana abundan. Pero hoy sus representantes viven en una realidad con algunos rasgos favorables: el movimiento indígena goza de una presencia robusta en organizaciones capaces de incidir en la construcción de políticas a nivel nacional y local.
Victorias y derrotas
La lucha indígena arrancó con el primer paso de Alonso de Ojeda, navegante de la corona española ex tripulante del primer viaje de Cristóbal Colón, cuando llegó silbando una canción de conquista en la costa colombiana: en menos de un siglo, los colonizadores españoles eliminaron a un tercio de la población indígena en América Latina. Después de los saqueos, las violaciones y las agresiones, siguieron siglos de esclavitud, matizados en ciertos momentos por luces de esperanza.
Las primeras movilizaciones indígenas organizadas se dieron en Colombia en los años setenta, cuando el Consejo Regional Indígena del Cauca se opuso a los terratenientes y a las reformas agrarias cada vez más generosas con las clases sociales más pudientes. Como consecuencia, el gobierno de Turbay Ayala expidió en 1979 el Estatuto Indígena, una norma que reformuló la la ley 89 de 1890, la única medida jurídica que reconocía los territorios indígenas y que declaraba la necesidad de una personería jurídica para administrar los cabildos.
La respuesta a la medida del presidente Turbay por parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), una de las organizaciones más fuertes del movimiento indígena, se tradujo en la Marcha de Gobernadores del 14 y 26 de noviembre de 1980, una movilización que sumó la causa indígena a otros sectores de la sociedad civil, como los campesinos y los afrodescendientes. Dos años después, en el resguardo de Guambia, en Cauca, se dio el primer encuentro con el presidente Belisario Betancur, que simbolizó el reconocimiento de las autoridades indígenas por el Estado.
En 1989, después de una revisión del Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), nació el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, aprobado en Colombia por la ley 21 de 1991. El Convenio es un instrumento internacional clave para los derechos de los pueblos indígenas, pues define el derecho a la diferencia y a la no integración, es decir el rechazo a políticas públicas asimilacionistas. Al Convenio se agregó en 2007 la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, un documento que impulsa el derecho de propiedad indígena con énfasis en la búsqueda de su propio desarrollo.
Indiferencia total
A pesar de los avances, Colombia se mantuvo generalmente en la indiferencia hacia las comunidades indígenas. Indiferencia que se mantiene hasta hoy, y que es la misma que a principios de siglo había llevado a varios pueblos a una grave situación de abandono y vulnerabilidad. En este contexto, en 2009, la Corte Constitucional le ordenó al Estado mediante el auto 004 proteger al pueblo Nukak Makú, en peligro de extinción. El pronunciamiento de la Corte asegura que esa y otras comunidades indígenas han sido víctimas del conflicto armado y de “gravísimas violaciones” a sus derechos individuales y colectivos.
Cinco años después, el gobierno de Juan Manuel Santos estableció a través del decreto 1953 de 2014 un régimen especial para que las autoridades indígenas administren sus propios territorios, logrando así la ‘autonomía territorial’. No obstante, que el Estado Colombiano diera un paso adelante parecía no garantizar el progreso en la garantía de derechos. Prueba de eso fue que durante las negociaciones de paz con las Farc, el Capítulo Étnico —que reconoce las particularidades de pueblos indígenas y afro como víctimas del conflicto y sujetos de especial reparación— solo fuera contemplado después de largas movilizaciones por parte de esas comunidades.
Un rol clave también ha tenido el trabajo de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (Onic) y del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa), creado en la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Territorios. Por insistencia de Iván Márquez, jefe negociador de la guerrilla en La Habana, la Onic y la Conpa se reunieron con el Gobierno para redactar un capítulo étnico. Paralelamente, la Coordinación Nacional de Pueblos, Organizaciones y Líderes Indígenas emitió junto al Movimiento Marcha Patriótica un comunicado que resaltaba la necesidad de un enfoque territorial y étnico. Las dimensiones de este avance son enormes, si se considera que las mismas Farc que ahora respaldaban dos acciones del movimiento indígena pocos años atrás cometían crímenes atroces contra esa población, tales como la masacre de los awá en Nariño.
Pero las trabas que ha vivido la implementación del acuerdo de paz han frenado los avances y la protección que prometía el documento firmado en La Habana. En 2017, varios sectores indígenas se levantaron en manifestaciones para exigirle al Gobierno cumplir lo pactado. En el caso indígena, la protesta se dio con la ‘Minga por la vida, el territorio y la paz’, una movilización que reunió a miles de indígenas y campesinos en Cauca que reclamaron durante una semana que el Gobierno Nacional respondiera por varios acuerdos negociados —aparte de lo pactado con las Farc— y que hasta ahora habían sido incumplidos.
Un largo pliego de peticiones
Entre las denuncias de la Minga de 2017 se encontraban los reclamos por los ataques frecuentes de la fuerza pública, sobre todo en los municipios de Villa Rica, Caloto, Toribío, Corinto, Miranda, El Tambo, Argelia y Guapi. También apalaban al Estado por el aumento de los asesinatos a indígenas, los más de treinta años de derechos no garantizados sobre el acceso y el respeto a sus tierras y el hecho de que 60 por ciento de pueblos estén en en riesgo de desaparecer.
Además, hay temas recurrentes que se destacan en las peticiones de las organizaciones indígenas: el aumento de recursos para el programa que legaliza y fomenta el desarrollo de las tierras por comunidades indígenas; la protección para los desplazados y para las comunidades que recuperan sus tierras a través del Ministerio del Interior; la participación de la Comisión Nacional Ambiental Indígena en el diseño de políticas ambientales.
Después de una semana de movilización, la Minga Nacional logró acuerdos con el Gobierno “para avanzar en el cumplimiento de acuerdos y garantías a los derechos colectivos de los Pueblos, de acuerdo a lo solicitado en el Pliego de exigencias”. Sin embargo, la Minga decidió mantenerse en Asamblea permanente ante lo que parece ser la memoria a corto plazo del Estado.
En 2008, otra Minga había surgido reclamando la ratificación de la Declaración sobre Pueblos Indígenas de la ONU y el fin de la agresión física, territorial y legislativa sobre sus comunidades. Irónicamente, esa minga llegó a la prensa por el asesinato de Edwin Lagarda, esposo de la líder indígena caucana Aída Quilcué, cuya muerte se confirmó dos años después como una acción de diez militares. Cuatro años antes, en 2004, se había dado la primera Gran Minga Indígena por la vida, una respuesta a la implementación de la política de Seguridad Democrática del entonces presidente Álvaro Uribe.
Según el Cinep, solo entre 1975 y 2007 se registraron 357 movilizaciones de comunidades indígenas por la tierra. Muchas de esas movilizaciones, entre mingas y marchas, llegaron para reclamar lo pactado e incumplido tras protestas y mingas anteriores.
Minería y explotación
La protesta indígena también se moviliza alrededor de megaproyectos de infraestructura que, según ellos, afectan la vida y el territorio de las comunidades. En 2006 inició el Proyecto Puerto Brisa en La Guajira, un puerto creado para exportar carbón que puso en peligro dos ecosistemas vecinos a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada: territorios en ocasiones considerados sagrados, que involucraban a los Kogui, Wiwa, Arahuaco y Kankuama.
El proyecto tuvo éxito y el Gobierno decidió promulgar la ley 1152 de 2007, llamada también Estatuto de Desarrollo Rural, que dictaba normas sobre el manejo de las tierras y que se aprobó sin una consulta previa con las comunidades indígenas y afrodescendientes. Aunque el Estatuto era oficialmente un impulso al desarrollo del sector rural, la Corte Constitucional la declaró inexequible y le recordó al Gobierno el derecho fundamental a la consulta previa en asuntos que afectan directamente a indígenas y afrodescendientes.
Esta política llevó a que algunos pueblos respondieran con estrategias de movilización política y legal. Así nació en 2015 el proyecto Cordón ambiental y tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta, una estrategia para conservar y proteger los recursos naturales de la llamada Línea Negra, un territorio demarcado y ocupado por comunidades indígenas de la Sierra Nevada y que desde 1973 es reconocida como área de territorio ancestral. Un territorio en el que se debe hacer consulta previa.
Protagonistas y desafíos
Detrás de todas las luchas de los indígenas se encuentran organizaciones de vieja data que han impulsado e incluso innovado la movilización. Esto, desde que arrancó el presente siglo, volcó la lucha indígena sobre el espacio del derecho y el sistema interamericano.
Una de ellas es la Onic, que reúne 104 pueblos indígenas y anexos regionales. Esta organización se ha distinguido por ser una red unificadora desde 1982, cuando reunió representantes del noventa por ciento de los pueblos colombianos en su Primer Congreso Indígena Nacional. Desde entonces, la Onic ha trabajado de la mano con otras organizaciones no indígenas como la Asociación Nacional de Usuarios Indígenas (Anuc), con la que comparte luchas y problemáticas similares en torno a la tierra y al conflicto armado.
Por otro lado, el Cric es la primera organización que impulsó las luchas territoriales, una causa inspirada por el movimiento Quintín Lame y las luchas de Juan Tama y la Gaitana. Más organizaciones que vale la pena destacar son la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) y la Confederación Indígena Tayrona (CIT).
A nivel jurídico se han logrado avances en la protección de los derechos de las comunidades indígenas, incluyendo el acuerdo de paz con las Farc. Pero esto muchas veces pareciera no tener un impacto real.
En un comunicado de la Onic de octubre de 2017, varias organizaciones indígenas denunciaron un total de 4.508 violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario solo entre el primero de noviembre de 2016 y el 31 de julio de 2017. Todo eso en tiempos de paz. Además, según el documento, de lo reglamentado en materia de tierras en el decreto 4633 de 2011 —que dicta medidas para la implementación de la Ley de Víctimas—, solo se ha logrado la restitución de unas pocas propiedades y solo gracias a cinco sentencias de la Corte Constitucional. Y hay más incumplimientos: según el comunicado, el Gobierno ha excluido a los pueblos indígenas de los diálogos relacionados con temas ambientales, un hecho grave si se tiene en cuenta que 57,3 por ciento de los recursos están en territorios afro e indígenas.
Ante esto, los indígenas han empezado a formarse en derecho y leyes para buscar soluciones jurídicas en instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así lo asegura el Secretario de Alta Instancia Étnica y de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo de la Habana de la Onic, Armando Valbuena Gouriyuu. Sin embargo, este tipo de procesos suelen demandar un alto nivel de dedicación ante un proceso que puede ser largo y no tener garantías. Un ejemplo de eso es el caso ‘Escué Zapata vs. Colombia’ estudiado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Zapata es un líder indígena asesinado a manos de las fuerzas del Ejército Colombiano. El caso, que empezó en 1988, se cerró hasta 2007 sin mayor conclusión. Después de 19 años de proceso, la participación directa del Ejército en la muerte de Germán Escué Zapata no pudo ser aclarada.
Contra la violencia
Las peleas jurídicas son un frente clave para las comunidades indígenas, pero hay otro mucho más urgente: la violencia contra sus integrantes, incluso en escenarios de protesta cívica. Aunque las manifestaciones oficiales de los indígenas suelen ser pacíficas, demasiadas movilizaciones han terminado en episodios de violencia con la fuerza pública. Recientemente, durante la Minga por la Vida de noviembre de 2017, 17 policías fueron retenidos por la Guardia Indígena en Risaralda y liberados el día siguiente. El Gobierno condenó el acto y lo calificó de “completamente repudiable”. A la vez, el propio Gobierno, en su rol de jefe de mando de Policía y Ejército, ha sido responsable de numerosos episodios violentos.
En 2008, la Federación Internacional de Derechos Humanos condenó la represión violenta de las movilizaciones indígenas por parte de la fuerza pública. Hoy, la Procuraduría investiga al Esmad por presuntas acciones violentas durante la Minga de Cali y Buenaventura del pasado 30 de octubre en que la Onic reportó “19 personas heridas de gravedad, 2 compañeros capturados y 2 compañeros desaparecidos”.
La lucha, entonces, sigue. Una lucha milenaria que no cesa, pese a algunas conquistas importantes de derechos.
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