La Comisión Colombiana de Juristas denuncia que se están haciendo excavaciones sobre terrenos en los que hay restos de víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. La JEP había impuesto medidas cautelares para que el alcalde de ese pueblo del Cesar proteja los cuerpos.
En julio de 2020, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y otras organizaciones de derechos humanos alertaron sobre unas excavaciones que se estaban adelantando en terrenos del cementerio alterno del municipio de El Copey, en el Cesar, para enterrar allí a muertos por el Covid-19. Pero resulta que en ese sitio, según la CCJ, se encuentran los restos de al menos 100 víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales (los ‘Falsos positivos’).
⚠️DENUNCIA PÚBLICA En el cementerio de El Copey, Cesar, están haciendo excavaciones para enterrar a las personas que mueren por Covid-19 sobre un terreno en el que hay restos humanos, incluyendo víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales “falsos positivos”. pic.twitter.com/MHy0ZtO7xH
— Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- (@Coljuristas) July 30, 2020
Tras esa denuncia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió medidas cautelares para proteger los restos de las víctimas: le ordenó al alcalde de El Copey, Francisco Manuel Meza, suspender las excavaciones y adoptar protocolos especiales para ese campo santo. Además, la JEP le solicitó en octubre del año pasado información sobre el estado del terreno.
Sin embargo, la CCJ denunció esta semana que de nuevo se están haciendo excavaciones en el cementerio. “Está cercado con una lona, lo que ha impedido hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo allí. Pobladores de la región han manifestado que las intervenciones en el lugar son diarias y que se ha ingresado material de construcción”, dice la organización.
También hay preocupación por la posición de Meza frente a las excavaciones en el cementerio y las medidas cautelares de la JEP. De acuerdo con la CCJ, el alcalde ha dicho que está en desacuerdo con las órdenes de la jurisdicción y en medios de comunicación ha comentado que no las acatará. Sumado a eso, la construcción de un nuevo campo santo es una de las grandes propuestas con las que Meza llegó a la Alcaldía de El Copey. Por eso la insistencia de adelantar trabajos en el cementerio alterno.
“Tal es la situación que en maniobras cuestionables la Alcaldía hizo el desenglobe del predio (es decir, la división en dos o más partes) para dar paso a actividades relativas a la construcción de las bóvedas”, señala la Comisión.
Desde la CCJ le solicitan a la JEP que decrete el desataco por parte del alcalde Meza y su administración “dado la existencia de evidencia que pone de manifiesto el actuar doloso de las instituciones públicas del municipio, poniendo en riesgo los restos de las víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales que allí reposan”.
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Las víctimas enterradas en El Copey
Hace 13 años, un 16 de enero de 2008, los cuerpos de Óscar Alexander Morales Tejada, Octavio David Bilbao y Germán Leal Pérez aparecieron en una carretera de El Copey. Habían sido reportados como desaparecidos. Estos tres jóvenes, que no eran de la región, fueron asesinados por miembros del Batallón de Artillería Nº 2 La Popa del Ejército y presentados como bajas en combate. “En el acta de levantamiento de los cadáveres que realizó el CTI al día siguiente quedó inscrito como ‘homicidios por arma de fuego en presunto enfrentamiento con el Ejército’”, explica la CCJ. La organización lleva el caso de Morales.
Morales, que tenía por entonces 26 años, había viajado en diciembre de 2007 desde Bogotá hacia Ureña, en Venezuela, para trabajar vendiendo ropa. Bilbao y Leal, ambos de Cúcuta, salieron a inicios de enero de 2008 con rumbo Valledupar por una oferta de empleo.
Los cadáveres de los tres jóvenes fueron enterrados en 2008 en el cementerio alterno de El Copey, que en realidad es un lote designado por la Alcaldía que funciona como campo santo. Las investigaciones de los casos arrojó que en ese terreno están inhumados varios cuerpos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, delitos cometidos por miembros del Batallón de Artillería Nº 2 La Popa.
“El 7 de marzo de 2019 se entregó un informe a la JEP en donde se recauda información de 23 ejecuciones extrajudiciales perpetrados por el batallón. Allí se deja constancia de patrones y modus operandi, pero también información de otros casos”, asegura la CCJ. Previo a la entrega de ese documento, durante 2017 y 2018 la Fiscalía ordenó exhumaciones en el terreno. En noviembre de 2019, tras ese proceso, se hicieron los exámenes de genética a unos restos humanos recuperados que podrían corresponder a los tres jóvenes. El resultado salió negativo, pero sus familias se encuentran a la espera de seguir con los trabajos de exhumación del resto de los cuerpos.
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