#Divergentes | Fortalecer la confianza creada con el movimiento social a raíz de los acuerdos es tal vez su mayor desafío, más ahora que el asesinato de líderes crece como espuma.
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Es difícil desconocer los avances humanitarios que ha obtenido el país desde que el gobierno y las Farc suscribieron el acuerdo para la terminación del conflicto: la dejación de armas del antiguo grupo guerrillero (8.994 armas entregadas según Naciones Unidas); la reducción en la tasa de homicidios, que en 2017 llegó a ser la más baja en los últimos 42 años y salvó alrededor de 3.000 vidas; así como el éxito del desminado humanitario que permitió una reducción de más del 95 % en el número de afectados en los últimos 10 años.
También hay otros problemas como el reclutamiento de menores, el secuestro, la desaparición forzada y el número de personas desplazadas que han disminuido considerablemente tras los diálogos en La Habana, pero la realidad es que el país todavía tiene una importante deuda en Derechos Humanos que no pinta fácil de subsanar.
Semanas atrás, cuando estaba en campaña, el recién electo presidente Iván Duque se comprometió a incluir en su plan de gobierno un énfasis especial para “respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos en todo el territorio nacional, en particular en las zonas más afectadas por el conflicto y la violencia”. Lo hizo luego de que la ONU prendiera las alarmas sobre los altos niveles de violencia contra líderes sociales desde que se firmó el acuerdo y promoviera el denominado ‘Pacto Social por los Derechos Humanos’, un llamado realizado por la Oficina del Alto Comisionado de esta organización para frenar los progresivos ataques a defensores que ejercen liderazgo.
Pese a esto, en las propuestas de campaña de Duque no hay mención específica al respecto. Solo dos propuestas entre sus 203 iniciativas de gobierno, pero que están relacionadas únicamente con “restaurar el honor y la moral militar”. Para garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos y líderes sociales, por ejemplo, el excandidato propuso “identificar a los culpables de estos crímenes y llevarlos ante la justicia”, aunque sin elevar ninguna propuesta puntual, ni entregar algún detalle de cómo eso podía llevarse a la realidad.
De acuerdo con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, (CCAJAR), corporación dedicada a la defensa de los Derechos Humanos que realizó un informe sobre los desafíos que enfrentará el próximo presidente de Colombia en esta materia, resulta “fundamental” que el Estado manifieste una voluntad política real para garantizar, al menos, la continuación y fortalecimiento de medidas para la protección de defensores y líderes sociales y la implementación del acuerdo de paz con las Farc. Estos son los principales retos.
No más impunidad
A partir de lo expuesto en el documento, la siguiente administración tendría sobre su mesa, primeramente, la tarea de reducir la tasa de impunidad frente a los crímenes más graves. Según registros del colectivo, organizaciones colombianas han denunciado hasta un un 98 % de impunidad en casos de desaparición forzada y 88 % en casos de ejecuciones extrajudiciales.“Es por ello esencial que como primer paso el futuro gobierno provea con recursos humanos, financieros y dé garantías de independencia a la rama judicial”, dice el CCAJAR.
Para Jomary Ortegón, vicepresidenta del colectivo y una de las autoras del informe, esto se debe a la intranquilidad y desconfianza que los recientes escándalos de corrupción en las más altas cortes de Colombia, las intromisiones indebidas de altos funcionarios del gobierno en fallos judiciales, así como los retrasos en la impartición de justicia y la falta de funcionarios le han traído a las víctimas.
Igualmente, Ortegón mostró preocupación por algunas condiciones “ambiguas”, según la Corporación , presentes en el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP) como eje clave en la implementación de los acuerdos. “Nosotros vemos a la JEP como algo muy bueno que se ha venido tergiversando. Hay que tomar medidas específicas para que esta no sea utilizada para generar impunidad en graves violaciones de derechos humanos. Es preocupante que, por ejemplo, solo se pueda juzgar a terceros civiles cuya participación haya sido “activa o determinante” en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad para dejar la comparecencia como algo meramente voluntario”, dijo la vicepresidenta.
Otra de las propuestas para que los crímenes de guerra y de lesa humanidad no queden en la impunidad es que desde el gobierno se puedan impulsar medidas para que se logre investigarlas y sancionarlas efectivamente. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) tiene en sus manos, desde hace 14 años, un examen preliminar abierto sobre muchos de estos crímenes pero ante la ausencia de procedimientos nacionales abiertos en contra de los más altos responsables, ninguno ha logrado prosperar.
Entre estos, casos sobre los llamados “falsos positivos”, desplazamientos forzados y crímenes de violencia sexual sobre los que, si llegado el caso las autoridades nacionales no muestran voluntad y capacidad de investigar, la CPI advierte que podría tener competencia.
Continuar con lo pactado
El segundo gran desafío que llevará a sus espaldas el próximo jefe de Estado es el de velar para que los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repeticiónde las víctimas sean una prioridad en la implementación del Acuerdo de Paz.
Este será, quizás, el punto más álgido del debate si se tiene en cuenta la postura opositora que tanto Duque como su partido han tomado frente a lo pactado en la administración Santos. Primero cuestionaron las conversaciones, en el plebiscito por la paz de 2016 hicieron campaña por el ‘No’, y se han mostrado abiertamente en contra de la actual etapa de implementación. Si solo se revisa el listado y las explicaciones de las propuestas de Duque a la Presidencia, no se menciona ni una sola vez a los acuerdos, tanto que la palabra “paz” solo aparece en dos ocasiones.
A pesar de esto, las organizaciones insisten en que este tema no debe dejar de ser prioridad en estos próximos cuatro años de gobierno. Para lograr la efectividad de estos derechos, advierte el CCAJAR, el acceso a archivos por parte de los órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) debe ser fundamental. “El presidente electo debería considerar la desclasificación de archivos relacionados con entidades que han participado en graves violaciones a los derechos humanos”, dice la corporación.
Cabe recordar que el SIVJRNR está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la JEP y las medidas de reparación integral.
No más líderes sociales asesinados
Como tercer reto Duque tiene el lograr proteger y garantizar la defensa de Derechos Humanos en Colombia. El aumento de los asesinatos en este campo sigue creciendo de forma tan alarmante, que en la actualidad es el país con el mayor número de asesinatos de personas defensoras en el mundo. “Tan solo en 2017 se registraron 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos. Estos últimos incluyen a 84 líderes, 23 miembros de movimientos sociales y políticos y 14 personas muertas durante las protestas sociales”, según cifras de Naciones Unidas.
A los homicidios, además, se suman diferentes agresiones como amenazas, estigmatización y criminalización, que generan una vulnerabilidad entre esta comunidad que ha aumentado dramáticamente desde la desmovilización de esta guerrilla y la firma del acuerdo. Inclusive, en muchas zonas rurales se han venido develando otros actores armados que usan la violencia y que han sido identificado como autores materiales de delitos. En este grupo se encuentran las disidencias de las Farc, las bandas criminales y, en algunos casos, las fuerzas armadas.
Para el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, “es prioritario que la próxima administración garantice que activistas, defensores de Derechos Humanos y otros líderes, especialmente en áreas rurales, estén efectivamente protegidos asegurando, entre otras cosas, una presencia efectiva de las instituciones en todas las áreas del país y un combate eficaz a las estructuras paramilitares, señaladas como los principales autores de las agresiones”. Asimismo resaltan la protesta pacífica como mecanismo de expresión social y de exigibilidad de derechos al que debe garantizarse su ejercicio.
Que la paz no cueste medio ambiente
Por último pero no menos importante, el desafío de reducir el impacto negativo de las empresas en esta materia no debe ser tema olvidado en la agenda del entrante presidente. La preocupación se concentra en los sectores de la agroindustria y de las empresas vinculadas al extractivismo, que tras la firma del acuerdo se han visto sumamente atraídas ante la economía nacional, sobre todo después de que el gobierno modificara, a principios del año pasado, el régimen de la inversión extranjera simplificando requisitos y eliminando plazos.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha documentado casos en los cuales empresas nacionales y extranjeras con apoyo de agentes y funcionarios estatales en Colombia han vulnerado derechos e incluso cometido crímenes frente al derecho internacional.
“Los costos ambientales y humanos de la exploración y explotación petrolera en Colombia ilustran claramente esta situación. Informes de la misma Federación y sus organizaciones revelan el rol de los actores empresariales y estatales en el incremento de las amenazas a personas defensoras del ambiente y el territorio. La actualidad confirma el impacto catastrófico que pueden tener las empresas si no se hace previamente una evaluación de sus impactos y los costos humanos y ambientales que puede tener la implantación de un proyecto empresarial”, se lee en el documento.
Las comunidades afectadas por el mega proyecto Hidroituango, de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), podrían dar cuenta de lo anterior. Llevan al menos una década denunciando las consecuencias que hoy se están viendo: destrucción del medio ambiente, desbordamiento del río Cauca, desplazamiento de la población, pérdida de modos de vida y de sustento de la población aledaña al río, agresiones, amenazas, militarización e incluso asesinatos de miembros del Movimiento Ríos Vivos, la organización que acoge a los afectados por este proyecto.
Recientemente la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que había guardado silencio tras la emergencia, ordenó suspender todas las actividades de construcción y operación del proyecto y seguir con el plan de monitoreo y los trabajos para recuperar el control y evitar una tragedia de mayor impacto.
La directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Ivonne González, sin embargo advierte que en esta etapa de empalme lo que quieren hacerle entender al nuevo gobierno es que la agenda de Colombia en esta materia ya cambió. Más allá de trabajar sobre puntos específicos, el gobierno asegura que el camino es materializar una política mucho más amplia, y en ese sentido el papel que tenga la Fiscalía y la Procuraduría en este próximo cuatrienio resulta vital.
“Es que ya no es una agenda vista desde una oficina en donde la institucionalizad corresponde a un ente o a un ministerio, sino que con la materialización de los acuerdos la visión tuvo otro enfoque. No nos podemos olvidar de, por ejemplo, los derechos de las mujeres que también hacen parte importante de nuestra agenda en temas de feminicidio, muertes de lideresas y violencia de género”, le dijo González a Divergentes.
Ahora, el diálogo con las organizaciones sociales en los últimos años ha surtido un efecto difícil de empañar. La reciente creación de confianza que se generó alrededor del movimiento social y la institucionalidad es clave para cualquier plan a futuro, sobre todo ahora que la situación de asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país pasa por su capítulo más crítico.
Es este, tal vez, el primer tema que Duque debería tener sobre su escritorio presidencial. El miércoles anterior, nuestro contador de homicidios de líderes sociales llegó a 100 desde que se firmó el acuerdo (cada cinco días matan a un líder) y la cifra va subiendo como espuma. El Estado reconoce que la situación se le salió de las manos pero sigue sin evaluar la posibilidad de encontrar sistematicidad en estos casos, mientras el activismo trata de rescatar lo que a cuentagotas se está perdiendo con tanta dilación y lentitud en la implementación de los diálogos: la esperanza de paz.
