Por cuenta de la reciente expulsión de ese exjefe paramilitar del proceso de Justicia y Paz, las víctimas del Bloque Norte de las AUC aseguran que muchas verdades quedaron sepultadas.
La exparamilitar Neyla Alfredina Soto Ruiz, alias ‘Doña Sonia’, mano derecha de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ del Bloque Norte de las Auc, fue dejada en libertad por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Santa Marta. COLPRENSA-ARCHIVO
Se fue de Justicia y Paz sin pedir perdón, con la verdad a cuestas, en un silencio que no quiso romper. Con la excusa de que no podía perjudicarse a sí mismo en los tribunales estadounidenses, donde está a punto de ser condenado por narcotráfico, el excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Rodrigo Tovar Pupo, decidió no colaborar con las autoridades colombianas.
Fue poco lo que le contó a la justicia durante los últimos nueve años. En algunos documentos la Fiscalía sostuvo que Tovar asumió su responsabilidad por 99 delitos, y en otros dijo que lo había hecho por 538. En ambos casos, cifras muy alejadas de los más de cinco mil hechos que las víctimas del Bloque Norte han puesto en conocimiento del ente investigador.
La reiterada negativa de ese exparamilitar a colaborar con el proceso de Justicia y Paz colmó la paciencia de la Fiscalía, que en 2014 le pidió al Tribunal de Barranquilla que lo excluyera del proceso. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que acaba de confirmar la exclusión tras comprobar que Tovar, alias Jorge 40, se negó a contribuir con el esclarecimiento de miles de crímenes.
Esa decisión terminó de cerrarle el paso a la posibilidad de que Tovar contara lo que sabía. Su salida de Justicia y Paz significa que, en adelante, ese exparamilitar no tendrá la obligación de declarar y que la Fiscalía deberá llevar los casos en su contra, uno a uno, ante la justicia ordinaria. Todo un desgaste para las autoridades y una incertidumbre para las víctimas, cuyos defensores se opusieron, casi en su totalidad, a que Tovar fuera excluido.
Para el abogado Arturo Mojica, director de la Corporación Opción Jurídica, que representa a algunas de las víctimas de Jorge 40, “esta decisión atenta contra la verdad que piden las diferentes poblaciones de la región Caribe. Es evidente que se van a dejar de conocer aspectos como la paraeconomía, la ubicación de las personas que están desaparecidas, los detalles de pactos entre paramilitares y políticos regionales, como los de Chibolo, Pivijay, y San Ángel; y los alcances de la relación entre Jorge 40 y personajes como el coronel Plubio Hernán Mejía”, condenado en 2013 por nexos con los ‘paras’.
Además de esos cuestionamientos, en el aire quedaron muchas otras preguntas, cuya respuesta habría significado un bálsamo para las víctimas. Marina*, por ejemplo, quería saber por qué Jorge 40 escogió a la vereda La Pola, del municipio de Chibolo, como uno de sus centros de operaciones en el Magdalena; por qué eligió ese lugar para “guardar a sus secuestrados, al ganado que se robaba y a los muertos que traía de distintos puntos de la región”, y en qué zonas de esa vereda están enterrados algunos de los desaparecidos que buscan las familias del Caribe.
En 1997, en plenas vacaciones, Jorge 40 llegó a una de las fincas de la familia de Marina, ubicada en esa vereda de Chibolo. Iba con un destacamento paramilitar y se llevó al padre de ella a la Casa del Balcón, una edificación que más tarde se convertiría en emblema del poderío de ese exjefe ‘para’. Allí lo mantuvo secuestrado, hasta que el también excomandante paramilitar Salvatore Mancuso decidió interrogarlo. Se supo, entonces, que un combatiente raso lo había acusado falsamente de pertenecer a la guerrilla, en venganza por un problema personal.
Cuenta Marina que Mancuso impidió que mataran a su padre y que, ese día, “mucha gente de otras fincas fue llevada hasta ese lugar. Desde el balcón de esa casa, Jorge 40 les dijo que tenían ocho días para desocupar las tierras, porque él las necesitaba para librar la guerra. Los paramilitares quemaron las casas y se quedaron con el ganado, e hicieron de La Pola una especie de república independiente”. Y aunque las unidades de Víctimas y de Restitución de Tierras han intervenido la vereda, Marina siente que la versión de Jorge 40 es indispensable para continuar cerrando ese doloroso capítulo.
A César Caballero Sierra, hoy candidato a la Asamblea del Magdalena, también le habría gustado que Tovar le contestara algunas preguntas. Por qué, por ejemplo, despojó a sus hermanos de la finca Si Dios Quiere, de más de 300 hectáreas, ubicada en el municipio de Pivijay (Magdalena). O por qué le quitó otra finca a su madre, en el municipio Sabanas de San Ángel, y se quedó con el ganado y los caballos que allí pastaban. Quizá, más importante aún, por qué lo hostigó hasta el punto de hacerlo renunciar a su cargo de secretario de Salud de Santa Marta y de obligarlo a buscar asilo en Estados Unidos, en 2001. Y cuál fue la razón para cerrarle el paso a su aspiración a la Cámara de Representantes para el periodo 2002-2006.
Por eso, dice Caballero, “Jorge 40 se fue de Justicia y Paz con todas las verdades. Esperamos que algún día escriba un libro o haga unos relatos, en los que cuente los secretos políticos y empresariales del Magdalena, porque absolutamente todos los conoce él. La verdad es que el señor Rodrigo Tovar permeó el poder político y administrativo del departamento, y tiene mucho que contarle al país para que puedan darse la paz, la justicia y la reconciliación”.
Además de las que se quedaron con preguntas sin responder, están las pocas víctimas a las que Jorge 40 les dio información, pero que también están inconformes. Es el caso de Ana Charrys, cuyo padre, Rafael, fue asesinado por paramilitares en 2005. Ella recuerda que su papá “tenía una ferretería en Sabana Grande (Atlántico). En 2004, se presentaron hombres de las autodefensas y lo extorsionaron; le dijeron que si no les daba $500 mil mensuales, se atuviera a las consecuencias. Como él se negó y puso la denuncia en el Gaula, lo amenazaron y lo hicieron ir del país. En 2005 regresó, y ese mismo año lo asesinaron”.
Una muerte anunciada, asegura ella, porque hasta el entonces presidente Álvaro Uribe sabía que a Rafael lo querían matar: “un día, el presidente estuvo en Barranquilla, reunido con la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco). Mi papá estaba afiliado a esa entidad y aprovechó para entregarle una carta, en la que le contaba acerca de las extorsiones y las amenazas de las que había sido víctima por parte de las autodefensas. Sin embargo, nadie hizo nada”.
Y aunque Jorge 40 reconoció el homicidio, Ana dice que le “hubiera gustado que él nos pidiera disculpas públicas, así como lo hizo Édgar Fierro”, el excomandante del frente José Pablo Díaz, del Bloque Norte. Una posibilidad que, por cuenta de la exclusión de Tovar de Justicia y Paz, parece estar sepultada.
Similar situación experimentan las miles de víctimas de los 13 frentes que integraron el bloque, cuya comandancia asumió Jorge 40 entre 2004 y 2006, y que hizo presencia en los departamentos de Magdalena, Cesar, Guajira, Atlántico y Norte de Santander. Según la Fiscalía, Tovar dejó de responder las 1.976 preguntas que elaboraron las víctimas y “no habló de temas como ejecuciones extrajudiciales, homicidios de sindicalistas y profesores, parapolítica, redes de apoyo y fuentes de financiación”. Todo eso se quedó sin saber el país, pese a las reiteradas solicitudes que hizo la Fiscalía para que Tovar declarara desde la cárcel de Virgina (Estados Unidos), donde se encuentra recluido.
En un correo electrónico enviado a los magistrados del Tribunal de Barranquilla, los abogados de Jorge 40 en ese país dijeron, a comienzos de este año, que una vez su cliente hubiera recibido sentencia por narcotráfico “estaríamos encantados de discutir la posibilidad” de cooperar con la justicia colombiana. Una responsabilidad que él mismo había asumido desde 2006, dos años antes de que el gobierno de Uribe decidiera extraditarlo junto a otros 13 narcotraficantes y excomandantes paramilitares.
*Nombre cambiado por petición de la fuente
