‘El paro armado del ELN no fue contra el Gobierno, sino contra los civiles’

En el campo, la seguidilla de acciones militares desplegada por esa guerrilla afectó el comercio, el transporte y el acceso a la educación.

Esta semana, en medio del tenso ambiente que se vive en los círculos políticos por la aparente parálisis de los diálogos exploratorios entre el Gobierno y el ELN, esa guerrilla decidió hacer efectiva la amenaza de paro armado que había realizado el pasado 12 de febrero. El objetivo de esa acción, según el ELN, era conmemorar los 50 años de la caída en combate del cura guerrillero Camilo Torres y llamar la atención sobre las supuestas “condiciones de hambre, miseria, despojo, muerte y sufrimiento” en que viven “millones de colombianos”.

Tal como anunció en esa oportunidad, desde el 14 de febrero y hasta las 0:00 de este miércoles, el ELN arreció su ofensiva militar en distintos lugares del país. Las consecuencias más graves fueron las muertes del patrullero Fredy González, en Ocaña (Norte de Santander), y de los auxiliares bachilleres de la Policía Edison Montoya y Jhon Oquendo, en Bocas de Santinga (Nariño). Las autoridades reportaron que durante ambos ataques resultaron heridos tres civiles.

Además de acabar con la vida de esos uniformados, el Eln instaló y activó cargas explosivas sobre las vías, realizó retenes, ejecutó hostigamientos y atentados contra la Fuerza Pública, y dejó tras su paso vallas, grafitis, afiches y volantes, en los departamentos de Cauca, Nariño, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Cesar y Chocó.

Entre tanto, el Ejército, que recibió órdenes del presidente Santos de “continuar golpeando a esta organización ilegal con toda la contundencia”, aseguró que impidió el 95% de las acciones militares de la guerrilla y reportó doce capturas de presuntos insurgentes. Asimismo, incautó armas, municiones, y material de intendencia, transporte, comunicaciones y propaganda. Los soldados también desmantelaron un laboratorio de procesamiento de pasta base que el frente José María Becerra controlaba en el Cauca.

Sin embargo, más allá de desafiar a la Fuerza Pública, la decisión del ELN de escalar el conflicto —considerada por muchos analistas como “un error político”— trajo serias consecuencias para los pobladores de las áreas de influencia de esa organización. Una de las más significativas se presentó el domingo, cuando guerrilleros volaron una torre de energía en el Cesar y dejaron sin luz a los municipios de Aguachica, Gamarra y Morales.

En el Chocó, después de que el ELN quemara un bus en la vía Medellín-Quibdó, “los terminales terrestres quedaron desiertos”. Así lo asegura Claudia Palacios, coordinadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres en ese departamento, quien dice que también se presentó desabastecimiento porque los camioneros se abstuvieron de transitar por la vía. Debido a esa situación, “los supermercados y las ‘legumbrerías’ hicieron de la carestía su agosto y aumentaron los precios de la canasta familiar”.

Por miedo a posibles atentados, los habitantes de Quibdó también decidieron resguardarse en sus casas “a partir de las 8 de la noche” y el comercio cerró sus puertas más temprano de lo habitual. En otros municipios del Chocó, como Alto Baudó, algunos niños no asistieron a las escuelas. La navegación por los ríos, que suele ser la única opción de transporte para muchas comunidades, también fue suspendida.

En el departamento de Arauca, donde ha operado históricamente el frente Domingo Laín, la amenaza de paro obligó a la Secretaría de Educación a cancelar las clases en todas las instituciones. Según Ólder Cáceres, vocero de la Alianza por la Paz y el Desarrollo de Arauca, en los municipios de Fortul, Saravena, Arauquita y Tame, el transporte “se paralizó totalmente, no sólo porque la gente temía que la obligaran a atravesar los vehículos sobre las vías, sino para evitar represalias por parte del ELN”. Los comerciantes también cesaron actividades y en algunas zonas la movilidad se redujo al uso de bicicletas.

Ya el 8 de febrero, una semana antes del paro, el frente de guerra Oriental había atacado con 20 kilos de explosivos la sede de la Brigada 18 del Ejército, ubicada en la capital de Arauca. Ese mismo día, los guerrilleros dinamitaron en Saravena un tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, que durante el paro sufrió otro atentado en Arauquita. Para Cáceres, “los más afectados por estas acciones somos todos los araucanos: la industria petrolera, los trabajadores, el magisterio y, sobre todo, los sectores productivos y el gremio transportista. Aquí todos perdemos, y la gente se pregunta si estamos en tiempos de paz o en tiempos de guerra”.

La otra zona donde el ELN concentra su accionar es Norte de Santander, donde hace presencia en 22 de 40 municipios. Allí, según un dirigente campesino, estuvo “semiparalizado el transporte en las zonas urbanas y completamente paralizado en las zonas rurales. Además, se presentaron algunos enfrentamientos con el Ejército en corregimientos y cabeceras municipales”.

Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, una de las organizaciones defensoras de derechos humanos más importantes del Catatumbo, opina que “la vieja estrategia de declaratoria del paro armado del Eln es una contradicción”. Dice que sigue sin entender “cómo afecta a la Fuerza Pública y a las multinacionales que, por ejemplo, no pueda salir el único bus que cubre la ruta Ocaña-Hacarí. El paro se siente es en el sector rural, y ahí, según lo vemos nosotros, no tiene ningún impacto hacia el Estado y hacia los grupos económicos, sino hacia la población civil y los pequeños comerciantes”.

Como en otros departamentos, las restricciones al transporte en Norte de Santander afectaron los negocios en corregimientos y veredas, a la par que “los pequeños intercambios que se dan en la región, sobre todo de tipo agrícola”.

En la práctica, los ciudadanos comunes y corrientes fueron los que salieron peor librados durante el paro. Varios de los líderes sociales consultados por este portal aseguraron que el afán del ELN por mostrarle los dientes al Gobierno acabó momentáneamente la tranquilidad que se respiraba en las regiones por cuenta del cese unilateral al fuego que decretaron las Farc en junio de 2015. Una primera muestra de la desestabilización que puede generar el ELN en algunas de las zonas donde se implementarán con mayor celeridad los acuerdos de La Habana, por lo que sus pobladores dicen que no habrá paz hasta tanto no se negocie con esa guerrilla.

En opinión de Cañizares, el paro demostró que “el único que no ha leído el sentir de la gente es el ELN. En general, las personas sienten un rechazo por este tipo de acciones, porque afectan mayoritariamente a la ciudadanía”. Dice, además, que “la gente no entiende cómo el ELN decreta un paro en el que afecta a la población civil, al mismo tiempo que le dice al Gobierno que la prioridad en su negociación debe ser el diálogo con la sociedad”.

Por ahora, la seguidilla de acciones militares parece haber profundizado el aparente distanciamiento que existe entre el Gobierno y el ELN, que adelantan diálogos exploratorios desde 2014. Durante las últimas semanas, un cruce de declaraciones contradictorias entre las partes y la dilatación de la instalación formal de la mesa han dado pie para todo tipo de especulaciones, que van desde desacuerdos de última hora sobre la agenda, hasta dificultades en las comunicaciones y en la concreción de asuntos operativos, pasando por supuestas conveniencias políticas de ambos bandos para postergar la fase pública.