Asesinato de Remedia Aizama: cinco alertas tempranas que nadie quiso escuchar | ¡PACIFISTA!
Asesinato de Remedia Aizama: cinco alertas tempranas que nadie quiso escuchar Foto cortesía: Defensoría del Pueblo, Regional de Chocó
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Asesinato de Remedia Aizama: cinco alertas tempranas que nadie quiso escuchar

Staff ¡Pacifista! - Mayo 3, 2019

Las comunidades del Chocó están entre el fuego cruzado del ELN y las AGC.

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El pasado 1 de mayo, en San José del Palmar, municipio del Chocó, fue asesinada con arma de fuego Remedia Aizama, una mujer indígena de 26 años. En el ataque fue herida también una niña de 12 años, que al igual que Aizama pertenece a la comunidad indígena Embera Dóvida. Aún no se ha esclarecido el motivo del atentado; se sabe que Aizama era la encargada de los alimentos en un jardín infantil del resguardo y que el ataque fue perpetrado por hombres encapuchados. El asesinato fue denunciado por Gustavo Bolívar en su cuenta de Twitter.

En varios medios de comunicación señalaron que el crimen se debía a una  “diferencia de familia”, a pesar de que los hechos y las constantes denuncias de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) demuestran que no se trató de violencia común.

La situación que viven los indígenas en este resguardo, y en todo el Chocó, es crítica, como se evidencia en las constantes denuncias que ha hecho la organización.

Según la ONIC y varios líderes indígenas del Chocó, la comunidad indígena en el departamento está viviendo una crisis humanitaria a causa del enfrentamiento que viven las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por la disputa del territorio, la cual tiene como núcleo la producción de cultivos de uso ilícito. Los municipios de Bahía Solano, Bojayá, Carmen del Darién, Riosucio, Juradó y San José del Palmar son los territorios están viviendo en carne propia el enfrentamiento entre estos dos grupos armados.

En Riosucio, por ejemplo, el pasado 12 de abril la comunidad denunció el asesinato de uno de sus líderes más destacados, Aquileo Mecheche, quien era presidente del Cabildo Mayor Indígena del Bajo Atrato CAMIZBA.

Y desde el 23 de abril, la ONIC denunció cómo las comunidades indígenas del municipio de Juradó han sido utilizadas como “escudo humano” dentro de sus territorios.

“La comunidad indígena de Cedral está completamente sitiada con la presencia de un grupo paramilitar que se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC. Desde el día 23 de abril de 2019, las AGC llegaron después de haber estado en las comunidades indígenas de Buena vista, Dos Bocas y Pichindé, para quedarse en este territorio y comunidad. De la que se dice, es una zona estratégica de paso y corredores para narcotraficantes y grupos armados ilegales”, dijo en un comunicado la ONIC.

La ONIC agrega: “El miércoles 24 de abril de 2019, a las 6:55 pm se presentó un enfrentamiento en esta comunidad de Cedral entre el grupo paramilitar y la guerrilla del ELN. Con el enfrentamiento entre estos dos grupos, la comunidad de Cedral está aterrorizada y completamente inerme, junto con población de la comunidad indígena de Bongo, que se desplazó a Cedral desde el 16 de abril del presente año, debido a la presencia del grupo de la guerrilla ELN en su territorio. La población total de las dos comunidades Cedral y Bongo, asentadas en Cedral es alrededor de 400 personas”.

El incremento de población desplazada ha aumentado. Según la Defensoría del Pueblo, ya son más de 995 indígenas desplazados en Juradó de las comunidades de Bongo, Pichindé, Eyasake, Cedral, Victoria y Punto Caimito.  Y tres comunidades  están en situación de confinamiento. Este grupo de personas se ha trasladado a la zona  de Dos Bocas.

Este desplazamiento ha sido interno, lo que ha significado que las comunidades desplazadas se dirijan a otras comunidades más grandes y crezca el desabastecimiento.

Por su parte, la Armada de Colombia, mediante un comunicado  del 29 de abril, informó que se mantendrán las operaciones ofensivas dentro del municipio de Juradó: “Se mantiene un análisis permanente de la información de inteligencia y está reforzando el pie de fuerza para contrarrestar el accionar de los Grupos Armados Organizados en la zona y proteger a las comunidades indígenas (…) para cerrar las rutas del narcotráfico que son disputadas por los Grupos Armados Organizados ELN y el “Clan del Golfo”.

Estos municipios, ubicados en la Subregión de la Costa Pacífica, han sido utilizados como un corredor estratégico del narcotráfico, pues conecta fácilmente con Panamá.

Desde 2018 la Defensoría lo había advertido

La Defensoría del Pueblo ha registrado desde hace por lo menos un año la crisis de esta región. “Hemos alertado  desde 2018 la crisis humanitaria que vive Chocó, pero la respuesta ha sido insuficiente o nula. Han sido cinco alertas tempranas que han predicho la situación que se está viviendo en la actualidad, como el desplazamiento en Juradó. Hasta ahora se está atendiendo lo que se advirtió. Pero, aunque la presencia de la Fuerza pública sí ha estado, la estrategia no ha funcionado para garantizar la seguridad de la población” explicaba Luis Murillo. “La institucionalidad  no ha sido la más efectiva. Por ejemplo hay líderes que hemos evacuado de sus territorios”, agregó  el secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia.

Esta es la denuncia que hace hoy la ONIC desde Chocó.

La situación en el Chocó es crítica también por las altas cifras de reclusión de menores que tienen los grupos armados. En el último año, según la organización Acuerdo Humanitario Ya de Chocó, se han presentado 292 casos de reclutamiento de menores y por lo menos 13 desplazamientos masivos que han afectado a 1.880 personas. En las zonas en disputa existen por lo menos 2.611 cultivos de coca, según los registros de la ONU. La mayoría de familias confinadas se encuentran en Bojayá y Nuquí, donde hay por lo menos 10.000 familias sin poder salir de sus casas por enfrentamientos y minas antipersonales. Además de esto, más del 50% de la población del Chocó vive en situación de pobreza extrema.

El asesinato de Remedia Aizama, como puede verse, no fue un hecho aislado. Tanto la Defensoría del Pueblo como la ONIC habían alertado en múltiples ocasiones la situación de alto riesgo en la que se encuentran los indígenas de la región. La comunidad y las organizaciones piden que el gobierno se manifieste al respecto, pues el panorama es sombrío para los otros habitantes de la región: los que han sido desplazados y los que siguen ahí. Son necesarias garantías para que estos actos viles no se repitan, pues hasta ahora los llamados de ayuda de las comunidades han llegado a oídos sordos en el gobierno.