La verdad del genocidio de la Unión Patriótica, en manos de la JEP | ¡PACIFISTA!
La verdad del genocidio de la Unión Patriótica, en manos de la JEP
Leer

La verdad del genocidio de la Unión Patriótica, en manos de la JEP

Laura Sierra Musse - Marzo 5, 2019

El caso 006 se suma a otras cinco grandes investigaciones  que ya tiene la JEP.

Compartir

La Unión Patriótica nació en 1985  durante el gobierno de Belisario Betancur, luego de los resultados de los diálogos de  paz entre el gobierno y dos frentes desmovilizados de las guerrillas del Eln y las Farc.  Al poco tiempo de formarse, este partido político sufrió una de las peores violaciones a los derechos humanos, incluyendo homicidios sistemáticos a muchos de sus miembros y el exilio de quienes sobrevivieron a tantas amenazas, (fueron más de 6.000 víctimas, según el CNMH, entre 1984 y 2002). Entre los homicidios más conocidos está el de dos candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo. 

Ante la cantidad de crímenes cometidos por diferentes actores, y para el esclarecimiento de la verdad, la Jurisdicción Especial Para La Paz (JEP) abrió el Caso 006: Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP). Lo hizo después de recibir el informe  No. 3 presentado por la Fiscalía General de la Nación, donde se detallan algunos crímenes que se cometieron en el marco de este genocidio.  Los magistrados de la JEP también tuvieron en cuenta el informe presentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002” y el de la Corporación Reiniciar, “¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”.

“La Sala de Reconocimiento encontró que, a pesar de la existencia de un número significativo de procesos judiciales abiertos por violaciones contra la UP, la justicia ordinaria ha podido avanzar muy poco en la determinación de responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública, agentes del Estado, y terceros civiles”, dijo la JEP en un comunicado. 

De acuerdo con la Fiscalía, existen 863 procesos relacionados con el genocidio de la UP que están en investigación, 53 procesos en juicio, se han proferido 246 sentencias y 67 casos han sido declarados como crímenes de lesa humanidad. “Los datos de judicialización evidencian avances significativos, aunque aún insuficientes sobre este fenomeno criminal (…) 479 procesos no han superado la etapa de investigación previa”, señala la Fiscalía General. 

Según el comunicado que emitió la JEP, existen dos cifras distintas respecto a las víctimas de la UP, por una parte la Fiscalía presentó 1.620 víctimas, y la cifra que identificó la Corporación Reiniciar y la del Centro Nacional de Memoria Histórica, es de más de 6.000 víctimas entre 1984 al 2002. Ambos datos se tendrán en cuenta para la investigación.

“La Sala de Reconocimiento consideró que el caso de la UP cumple con todos los criterios de priorización. De acuerdo con los tres informes recibidos por la JEP, los miembros de la Unión Patriótica (UP) fueron víctimas de violencia sistemática y padecieron conductas que atentaron contra su derecho a la vida, libertad, seguridad e integridad física, sexual y psicológica”, indicó la JEP. Por otro lado, la JEP informó que 16 miembros de la fuerza pública se han acogido a la JEP expresamente por hechos relacionados con victimizaciones sufridas por miembros de la UP.

Vale la pena señalar que el Estado colombiano por medio de la Unidad para la Reparación de las Víctimas reconoce a la UP como sujeto colectivo de reparación.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, “la violencia contra los miembros de la UP se presentó en 367 municipios, de los cuales 40 concentran el 63,4 por ciento de las víctimas, además los municipios que presentan un nivel más alto de victimización fueron, Apartadó, Turbo, Chigorodó, Carepa, Granada, Mutatá en Uraba… entre otros”

El caso 006 se suma a otras cinco grandes investigaciones que ya tiene la JEP, como el de la grave situación de derechos humanos padecida por las poblaciones del Cauca, Antioquia, Choco y de Nariño, a su vez el de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado y la retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP.