El coronavirus destapa nuevas (y viejas) grietas en Hidroituango | ¡PACIFISTA!
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El coronavirus destapa nuevas (y viejas) grietas en Hidroituango

Santiago Cembrano - Junio 9, 2020

CRÓNICA | En menos de un mes, el proyecto hidroeléctrico pasó de 0 casos (reportado) a tener 241 infectados de coronavirus. Tiene la segunda tasa de contagio más alta en el país después de Leticia.

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Los contagios

Con dos motocarros y un camión, los habitantes de Ituango, Antioquia, bloquearon la carretera en el kilómetro 5, en el sector Bombillo, el domingo 24 de mayo de 2020. Llevaban días haciendo un llamado de alerta mientras los casos de coronavirus de Hidroituango crecían a un ritmo que amenazaba las vidas de toda la región. Con todo y eso, en la represa aún seguían trabajando, gente salía y entraba constantemente. Nada más que eso: el bloqueo era una protesta, un grito de auxilio.

Alrededor del río Cauca, en el norte de Antioquia, ya circulaba el rumor antes de que fuera oficial: había varios contagiados de coronavirus en Hidroituango. Fue confirmado el 12 de mayo. Primero fueron 3 casos; luego, 28; 5 días después ya eran 192. 

“Nuestro proyecto no es ajeno a la emergencia nacional, por ello desde los primeros días de marzo comenzó la aplicación de unos protocolos estrictos que se acogían a la normatividad nacional. Sin embargo, en un recambio de turno, por condiciones en las que en ese momento no teníamos pruebas disponibles, ingresa al virus a nuestro proyecto”, detalló para BluRadio Ana Milena Joya, gerente Social y Ambiental Proyectos Ingeniería de EPM. 

En todo caso, a la fecha de la publicación de este texto eran 241 los casos positivos de coronavirus reportados al interior del proyecto hidroeléctrico, según las pruebas realizadas por la Universidad de Antioquia. Así, la represa se volvió el mayor foco en Antioquia, superando incluso a Medellín. Esos 236 casos, en relación con el total de los 3.700 empleados de la hidroeléctrica, sería equivalente a que, de las casi 2.500.000 de personas que habitan Medellín, 157.000 tuvieran coronavirus; es decir, el 6.3% de la población total. Los 35.120 casos a nivel nacional representan una tasa del 0.071%. Mejor dicho, si Colombia tuviera la misma tasa de Hidroituango, habría 3.128.000 contagiados. Así, como reporta La Silla Vacía, Ituango tiene la segunda tasa de contagio más alta del país después de Leticia, Amazonas.


Desde marzo, EPM había anunciado que iba a implementar medidas para evitar contagios en Hidroituango: era un claro posible foco de contagio por la cantidad de personas que se concentran en los campamentos y la rotación de trabajadores cada una o dos semanas. Luego del reporte del contagio inicial, la empresa aseguró que todos los contagiados fueron trasladados a Medellín, y reiteró su compromiso por reforzar los protocolos para evitar el contagio dentro del proyecto. Además,
según El Tiempo, a Hidroituango habría llegado un grupo de epidemiólogos para hacer un seguimiento más cercano al brote de coronavirus. Desde entonces, los pobladores de alrededor de Hidroituango se han quedado esperando la medida más significativa: que, como lo dicta el decreto 1216 de la Gobernación de Antioquia, Hidroituango cese sus operaciones al menos por quince días al tener más (muchísimos más) de tres contagiados.

El rápido aumento de los casos de contagio en Hidroituango parecería ser una razón lógica y suficiente para que el proyecto se detuviera y así  evitar una catástrofe en toda la región. Sin embargo, Robinson Miranda, director ambiental, social y de sostenibilidad de Hidroituango le dijo a Caracol Radio que “el riesgo de que haya una falla en el proyecto es mucho mayor que el riesgo de contagio, entonces, por esa situación de que todavía no hemos podido estabilizar el proyecto, debemos seguir trabajando, aún con gente con la enferma”. Como reporta La Silla Vacía, el principal argumento de Hidroituango para no cerrar es que está dentro de lo previsto por la excepción 31 del decreto 457 del 22 de marzo, obras civiles y de construcción que por su estado de avance o características presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso o requieran acciones de reforzamiento estructural. Entonces, en resumidas cuentas, el decreto 1216 indica que Hidroituango debería suspender sus operaciones por tener más de tres contagiados. Sin embargo, la excepción 31 del decreto 457 permite que su funcionamiento continúe al haber riesgos de estabilidad técnica o amenaza de colapso.

Una relación erosionada

En abril de 2018, el taponamiento del túnel auxiliar para desviar el río Cauca había producido un riesgo de avalancha del río. En mayo de ese año, cuando se destapó el túnel, ocurrió una avalancha masiva que golpeó con fuerza a Puerto Valdivia y resultó en más de 2.000 familias damnificadas. Municipios como Tarazá, Cáceres, Nechí, Briceño, Ituango y Caucasia también resultaron afectados. Como lo cuenta El Tiempo, dos años después, en Puerto Valdivia hay distintos avisos que responsabilizan a EPM de la avalancha; sobre todo, en Puerto Valdivia critican la desconexión del proceso de EPM frente a las reparaciones que deberían llevar a cabo, una crítica similar a que la región le hace a la empresa hoy, frente a su manejo del coronavirus. Así se ha ido erosionando la confianza entre la empresa y los habitantes de la zona. En todo caso, ante las alertas de los pobladores alrededor del Cauca, EPM habría emitido recientemente mensajes de tranquilidad, sosteniendo que el riesgo ya había sido mitigado. Es más, en enero EPM había explicado que esperaba que la Anla le permitiera retomar las obras más allá de la mitigación de la contingencia, dando a entender que el problema había sido controlado. 

Desde el 12 de mayo,  la organización Ríos Vivos le ha pedido al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que detenga las operaciones en Hidroituango. Ríos Vivos es una articulación de organizaciones afectadas por Hidroituango que ha luchado para proteger el territorio y a la población que vive alrededor del río Cauca y depende de él. Para Isabel Zuleta, líder de Ríos Vivos, el brote de coronavirus era previsible y evitable: la gran concentración de trabajadores y la circulación de turnos anunciaba lo que en efecto pasó. Ríos Vivos había pedido la suspensión de las operaciones de la hidroeléctrica desde antes que se anunciaran los primeros contagiados. Lo han seguido haciendo con urgencia mientras los casos han ido aumentando, pero, reclama Zuleta, no han sido escuchados. Si, en general, era necesario ser precavidos frente al coronavirus, Zuleta resalta que ese cuidado tenía que potenciarse alrededor de Hidroituango, por la precariedad de la infraestructura de salud de la zona.

La comunidad alrededor de Ituango analiza que el proyecto tiene varias grietas que podrían ser fatales para las poblaciones del río aguas abajo. Esto encajaría con la postura actual de EPM, pero, Zuleta responde que el argumento del riesgo contrasta con declaraciones previas de la empresa, en las que aseguraban que el riesgo ya había sido reducido y celebraban los avances en la recuperación del proyecto.  Esto ilustra el problema de comunicación que la comunidad enfrenta para poder entender a fondo el desarrollo del proyecto y sus posibles consecuencias. Por eso, los problemas que han surgido a partir del brote de coronavirus en la hidroeléctrica se suman a una red de desconfianza y comunicación opaca, en la que la comunidad percibe a la empresa y a EPM como enemigos que ponen la ganancia económica por encima de sus vidas. Desde los desalojos que han tenido lugar en la zona en la última década hasta la negativa a detener la construcción de proyecto durante la pandemia, a pesar de la insistencia de la comunidad, así como la inundación y sus consecuencias, aumentan esta tensión. Para entender el coronavirus en Hidroituango, entonces, es necesario también abordar el problema desde un marco más amplio en el tiempo: los problemas venían antes del virus. 

Los dilemas de Hidroituango

El sentimiento general de los ciudadanos de Ituango y alrededores parece ser de miedo. Que la represa, tan cerca a ellos, tenga tantos casos de coronavirus representa una bomba de tiempo, que si les estallara en la cara, colapsaría de inmediato cualquier posibilidad de atención médica en los municipios cercanos. En Toledo hay  diez camas y tres médicos; no hay UCI. En San Andrés de Cuerquia, hay cinco médicos y ocho camas (dos de pediatría) más dos camillas de observación. Hay siete auxiliares de enfermería y un laboratorio básico. No hay UCI ni ventiladores: lo máximo que podrían hacer sería traslados a Medellín con sus tres ambulancias disponibles.

De la certeza de que el coronavirus los desvastaría ante la insuficiencia hospitalaria surgen iniciativas de los habitantes como el bloqueo de la carretera: lo que primero piden es que cese el tránsito de personas y que Hidroituango cumpla los protocolos de seguridad para la pandemia. El bloque cesó hace cuatro o cinco días, y ahí la hidroeléctrica puso un puesto de control de dos personas para tomar la temperatura a quien pasaran por ahí. 

“Nos tiene preocupados que el virus esté en la represa. Exigimos que no entre gente a nuestro territorio; es nuestro, acá hemos vivido toda la vida. Si alguno de nuestros compañeros resulta afectado, le echamos el cargo a la empresa EPM y a la fuerza pública: son los únicos forasteros que entraron a nuestras playas. Vienen a meternos terror, que tenemos que irnos, pero nunca lo hemos pensado. Nos iremos cuando Dios quiera o cuando no seamos capaces de trabajar. Mientras nuestro río esté, estamos con él: ha sido toda la vida nuestro sustento para nuestra familia”, dice Luciriam Hernández, una barequera de 44 años que hace más de 30 trabaja en las playas del río Cauca, oficio que heredó de sus padres junto con su batea.

Como respuesta a las preguntas sobre la coyuntura del coronavirus en Hidroituango, la Gobernación de Antioquia respondió con un video de una declaración de Luis Gonzalo Morales, gerente para la atención del coronavirus en Antioquia. Morales explica que ante el surgimiento de un brote en un lugar confinado como Hidroituango, la mejor opción es cerrar el campamento, y dice que así se hizo desde inicios de mayo. Lo que no tendría sentido, dice, sería suspender las actividades de la obra. “Si yo digo suspendamos la obra, ¿qué hago con los 3.000 trabajadores que están en riesgo de estar contagiados? Los tengo que dejar ahí confinados. No puedo decirles que se vayan porque lo que voy a hacer es regar el virus por todas partes”, plantea Morales.

Al indagar más profundamente sobre las razones para no cerrar la obra durante la pandemia, recibimos la declaración de William Giraldo, vicepresidente encargado del proyecto. Además de acudir al decreto 457, explicó que si el proyecto parara pondría en riesgo a las comunidades río abajo. “Hay obras que no se pueden dejar solas, como el vertedero, las compuertas, la subestación, las descargas, el bombeo de casa de máquinas y algunos túneles que hay que terminar de estabilizar. Si se dejan solos, aumentaría el riesgo de que ocurra una situación anómala que ponga en riesgo a las comunidades aguas abajo”, explica. Además de reiterar el compromiso de cuidado con las personas que tengan coronavirus, explica que “es una situación difícil porque tenemos que proteger la vida y la salud de las personas que estamos aquí laborando y también  que el proyecto no ponga en riesgo a las comunidades aguas abajo. Por esa razón, seguimos luchando y tratando de seguir adelante, cuidando el trabajo, la salud, y que las personas tengan su sustento”. 

Los habitantes insisten en la necesidad de que la obra cese operaciones. No es suficiente aislar a los que tienen coronavirus, pues igual se mantienen distintos espacios en los que puede suceder el contagio. Su pelea contra la represa, además de la defensa del territorio, ahora incluye la defensa contra el virus. La crisis ha reforzado su sentido de unidad: se siente el espíritu del nosotros contra el ellos para ayudarse a no pasar hambre, a que nadie los saque de su hogar, a que la represa no les transmita el coronavirus.  

Hablan los barequeros

A orillas del Cauca, en la playa La Tesalia, el calor aumenta la incomodidad de ponerse tapabocas. Además, no todos los barequeros que pasan sus días buscando oro en el río tienen acceso a ellos. Los que sí tienen, lo usan intermitentemente. Se sienten el calor y la presión por la situación, más aún cuando pasan celadores y funcionarios de EPM, cosa que molesta a los campesinos. Tienen la guardia arriba por la alerta de desalojo que se ha vuelto constante al vivir ahí desde la llegada del proyecto hidroeléctrico: es de lo que hablan, ante lo que se preparan, decididos a no dejarse sacar. Su río y su territorio, dicen, es todo lo que tienen.

“La relación con Hidroituango es difícil para todos. Para ellos, somos un estorbo, pero tienen que entender que el río es nuestro sustento. Ahora con el coronavirus nos sentimos aún más como hermanos: es cuando debemos tener mejores relaciones entre nosotros y cuidarnos entre todos. Es a lo que más miedo le tenemos ahora, incluso más que a la represa. Es muy difícil”, dice Leobidier Chavarría, un barequero de 35 años. Su lucha, dice, es por el derecho a la vida, ante la que el coronavirus, focalizado en la hidroeléctrica, es una amenaza más. Frente a la situación de contagio en la hidroeléctrica, explica Chavarría, “con los pescadores y barequeros de la playa queremos hacer control entre nosotros mismos y no tener mucho contacto con forasteros ni del proyecto ni de otras partes. Queremos estar solos, que nadie venga, para ser precavidos”.

Luciriam Hernández denuncia que EPM y la fuerza pública han llegado recientemente con volantes que indican que deben irse por su uso de maquinaria pesada. Según ella, la maquinaria pesada es la de EPM, con la que han transformado el río, no de su comunidad. “Nosotros solo somos simples campesinos, humildes y trabajadores. Trabajamos en el río Cauca toda la vida. A mí, como barequera y finquera que soy, de hacha y machete, me da rabia que vengan a querer sacarnos con mentiras. Ellos hacen el daño y nos culpan a los campesinos. Acá estamos bien, somos del campo y nos sentimos bien en el río Cauca, toda la vida”, explica.

Para los campesinos, no se puede separar la crisis del coronavirus de la lucha por el territorio y contra el despojo. Por eso el llamado que hacen es integral: a que deje de llegar gente que quiere apropiarse de todo. Eso es lo que ha afectado sus vidas, su aire y el río. Es también lo que ha agudizado la posibilidad de contagio del coronavirus. Ahí está la clave, dice Hernández, para garantizar su supervivencia: “Frente al coronavirus, estamos bien acá en el río. Si no estamos saliendo y nadie entra, esa es nuestra única forma de estar bien. No veo otras formas”. La acción colectiva de Ríos Vivos, así como el mismo río, le dan fuerza a Hernández para resistir.

Principalmente, Hernández busca continuar la lucha de su esposo, Hugo Albeiro George Pérez, que fue baleado y asesinado hace dos años. George Pérez era un líder social y defensor de la tierra que pertenecía a la  Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos (Asvam), vinculada a Ríos Vivos. Hernández, entonces, se divide las labores con sus once hijos: los menores se quedan en la casa cuidándose entre ellos y los mayores van al río con ella a barequear. “Ya me siento un poquito recuperada de la falta de mi esposo. Antes, casi me muero. Ahora estoy en el río con mis amigos y compañeros de lucha. Con Ríos Vivos somos una familia y unidos salimos adelante”, afirma sobre el coronavirus, pero también sobre su existencia, en general.

Desde la playa de Angurro, del municipio de Briceño, junto a la montaña Capital, el barequero Eudes Arturo Villa dice que temen por sus vidas —por la violencia que han sufrido, por las amenazas que han recibido— desde el inicio del proyecto de Hidroituango. El coronavirus se suma a esta situación. “Estamos confundidos con los contagiados de la empresa de EPM. Bregamos a conservarnos de gente que venga de otra parte o trabaje con la empresa. No estamos dando entrada porque nuestras vidas corren riesgo”, explica. Es popular el clamor por restringir la entrada de forasteros a la región.

Esta es una prueba más de resistencia, que se suma a las que ya han sorteado: “Resistimos porque no tenemos nada más por hacer. No le tememos a las amenazas. Nuestra labor como barequeros es honrada. Exigimos respeto. Los de Hidroituango son irresponsables, falta control. Hay mucho movimiento ahí y no le paran bolas a eso”, explica. Mientras todo cambia y se dificulta, dice, siente que está viviendo otra vida. Se mantiene constante su prioridad: su familia. Resiste por ellos y por los demás barequeros con los que se une: “Deberíamos haber estado unidos desde un principio, así no nos habrían dañado. Nos desunieron y vendieron nuestro patrimonio. Hoy les agradezco a todos mis compañeros, estoy contento de estar acá con ellos”.

La comunidad alrededor de Hidroituango ha intentado mantenerse aislada, explican, pero hasta finales de mayo seguía llegando gente a la represa. Algunos de los que viven en las playas del río, como Yamil Higuita, no quieren volver a los pueblos: dicen que ya no es seguro. Como cuando llegaron a las playas desalojados de otras playas los intentaron sacar de ahí, hicieron cuevas para que no tuvieran cómo dañarlas ni sacarlos. “En este momento vivo acá en la cueva. De aquí no me iré. Estamos viviendo del río, es lo que sabemos hacer. Es mejor estar alejado por acá. Acá está la comida, no necesitamos plata. No pensamos movernos de acá. Por eso tenemos un aviso que dice que le tenemos prohibida la entrada a gente de otras zonas”, explica. El mensaje es claro para Hidroituango: “Tiene gente contagiada de coronavirus y está muy cerca a nosotros. Les pedimos que no se acerquen. Las autoridades dicen que estamos estorbando, pero es el territorio en el que hemos estado toda la vida. Ellos se quieren apoderar del río, y el río no es de nadie. El río es del que sepa vivir de él y que lo sepa defender”, afirma.

Hablan los operarios

Los mismos trabajadores de Hidroituango destacan las precauciones que se han tomado al interior de la hidroeléctrica para prevenir el contagio de coronavirus. Durante la pandemia, todos los trabajadores, incluso los que viven cerca, se han quedado en las instalaciones. Les toman la temperatura antes de subirse a los buses que los llevan al trabajo, y hay desinfectante para zapatos en la entrada de las habitaciones, donde también tienen que quitarse la ropa para que la laven. “Donde yo trabajo viene gente de toda la obra, y todos tenemos guantes y tapabocas. El que entra pasa por el lavado de manos y una máquina desinfectante. Los almuerzos los traen, pero los cambian a la coca personal, ya no comemos en el restaurante. Se han tomado muchas medidas”, dice un trabajador, que pide no revelar su identidad, sobre cómo era la situación en mayo. En el alojamiento, cuenta, no se pueden usar las áreas comunes ni estar sin tapabocas fuera de la cama.

Ese mismo trabajador también admite que en los buses de camino al campamento sí están todos juntos, así cada uno se cuide con su alcohol y antibacterial. Y aunque en su puesto de trabajo tiene cómo lavarse las manos constantemente, cree que los trabajadores del túnel no tienen esa misma facilidad. “Ya es un tema de suerte y seguir con autocuidado. Yo ando con mi gel y todo. El virus está acá. Lo maluco es que los primeros casos son cercanos a donde yo trabajo”. También resalta que, cuando está en la báscula recibiendo mercancía, “es maluco porque uno recibe conductores que vienen de Bogotá, Medellín y Manizales. Todos los días viene gente y mercancía de todas partes del país. Todos los días entran dos o tres carros para descargar, y nos toca manipular esas cajas y costales”.

La presión del coronavirus se suma a que varios trabajadores llevan más de un mes en la hidroeléctrica sin poder salir. Hay incertidumbre frente a qué va a pasar o si cerrarán la obra. Por eso ya varios trabajadores han renunciado. “Yo no sé qué hacer. A mí me da miedo irme. Si me dejaran ir, yo qué voy a saber si tengo coronavirus hasta dentro de quince o veinte días. Si uno se va para la casa y le da eso por allá, dígame qué hace uno. No sé qué hacer. Hay que esperar a ver”, admite el trabajador. Un segundo empleado se suma a este sentimiento: “Sí, la vuelta es aburridora. Nosotros en vigilancia tenemos contacto con todo el mundo. No sé. Yo estoy pensando si volver o no volver, güevón”.

Un tercero pronostica que solo va a quedar la gente necesaria para que no haya una catástrofe en la represa, y al resto los van a aislar en hoteles para luego mandarlos a la casa. “Yo sí creo que van a cerrar unos días y solo se van a quedar los que cargan las máquinas para la urgencia.  Hay que esperar el resultado de las pruebas. Acá somos casi 4.000: van a sacar una cantidad, los que llevamos más tiempo encerrados, y nos dejan un mes reposando para mandarnos a la casa con seguridad”.

En general, los trabajadores parecen sentir que las medidas han sido ambiguas: hacen pruebas y aíslan y atienden a los casos positivos, pero no necesariamente aíslan de inmediato a los que estaban cerca a ellos en los días anteriores; implementan medidas de aislamiento dentro de la represa, pero se mantienen varios espacios de interacción peligrosamente cercana; toman medidas de protección y prevención, pero mantienen las obras en Hidroituango. 

Sobre la situación de los trabajadores, Morales, gerente para la atención del coronavirus, curiosamente elige la metáfora de una cárcel para retratarla: “Es lo mismo que una cárcel. No es que porque se detectó el brote deje ir a todos los presos para que rieguen la enfermedad por todo el país. Está cerrado y contenido. Los casos sospechosos se aislaron al interior y se tomaron muestras a la totalidad de la población. Cuando estemos seguros de que ya no hay coronavirus vamos a dejar salir a los trabajadores a su municipio de origen”.

Para Isabel Zuleta, hay dos errores claros frente a cómo Hidroituango ha manejado la situación una vez se detectaron los primeros casos positivos para coronavirus. “Uno: los obreros a los que les tomaban las pruebas seguían trabajando en contacto con los demás, en los mismos espacios, sin saber si estaban contagiados o no. Dos: cuando detectan los primeros brotes, muchos obreros quisieron renunciar, más de 60 lo han hecho, y algunos fueron despedidos. Se fueron sin que les tomaran las pruebas, y solo se las tomaron hasta diez  días después, luego de que estuvieran en contacto con otras personas en sus municipios”, explica la líder. Para ella, en general, los protocolos de Hidroituango no han sido ni rigurosos ni pertinentes, y denuncia que la hidroeléctrica habría presionado a sus empleados a firmar declaraciones juramentadas que eximiría a la empresa de responsabilidad ante la pandemia. “Se están lavando las manos frente al problema que generaron”, sentencia.

Hablan los alcaldes

Antes de que el coronavirus llegue a los pueblos vecinos de Hidroituango ya han llegado la preocupación y el miedo por estar a pocos kilómetros del foco más grande del virus en Antioquia. Desde las alcaldías de San Andrés de Cuerquia y Toledo, por ejemplo, temen que la pandemia los golpee brutalmente ante la débil infraestructura de salud y el personal médico para atender esta situación, a cinco horas de Medellín. Las renuncias en Hidroituango y la falta de claridad frente a quiénes están saliendo y si se les hizo pruebas y sus resultados solo aumentan esta angustia. PACIFISTA! intentó contactar al alcalde de Ituango, Edwin Mauricio Mira Sepúlveda, pero no respondió. Isabel Zuleta, de Ríos Vivos, también ha señalado que la comunicación con él no ha sido posible para articular acciones conjuntas frente al coronavirus.

Ya desde finales de marzo, Wilmar Moreno, alcalde de Briceño, había denunciado la violación de los protocolos médicos y sanitarios al interior de Hidroituango. “Resulta apropiado informarles que esta administración tiene información de fuente no formal que al interior del proyecto se han evidenciado varios casos con los síntomas propios del virus, y que los controles hasta ahora realizados no han restringido, como ha debido hacerse, el tránsito desde la presa y hasta las zonas pobladas de nuestra jurisdicción, de las personas que trabajan en ella y que tienen como domicilio el municipio de Briceño”, manifestó entonces Moreno, según lo reportado por Verdad Abierta

En mayo, cuando Hidroituango ya era el mayor foco de contagio del departamento, cuenta BluRadio que Moreno había pedido a EPM más controles alrededor de la hidroeléctrica que limitaran el tránsito y evitaran mayor contagio. Además, había insistido en la importancia de que quienes salieran de la empresa cumplieran su cuarentena fuera de los municipios para no poner en riesgo a sus comunidades. 

Ana Carolina Carvajal, alcaldesa de San Andrés de Cuerquia, explica que desde el inicio de la pandemia había sido enfática con la hidroeléctrica para que cumplieran con los protocolos de bioseguridad y así evitar contagios. Una vez conocieron los primeros tres casos al interior de Hidroituango, su primera reacción fue de preocupación. Hasta el momento, el municipio no cuenta con ventiladores ni los equipos adecuados para enfrentar un brote local de coronavirus. A lo que apuntan, explica Carvajal, es a poder tratar las urgencias y hacer traslados a Medellín. Cuentan con dos ambulancias, y una tercera que la empresa Celsia les presta para ocasiones especiales.

Los protocolos de bioseguridad para el sector de construcción, según la Cámara de Comercio de Bogotá, incluirían la disponibilidad del lavado de manos con agua y jabón, garantizar la provisión y uso de los elementos de protección, permitir el distanciamiento entre trabajadores (2 metros) e incrementar las medidas de limpieza y desinfección en las áreas de descanso y de consumo de alimentos y bebidas, establecer protocolo de limpieza y desinfección al inicio del turno, generar horarios flexibles para disminuir la interacción social de los trabajadores, tener una menor concentración de empleados en los ambientes laborales, mejorar la circulación del aire y reducir el riesgo por exposición por el uso de transporte. La medida principal, claro, sería detener las obras, pero no es una que EPM considere para Hidroituango. 

El toque de queda (anterior al dictado por el gobierno nacional) y el control del ingreso al municipio son algunas de las medidas que han tomado en San Andrés de Cuerquia para frenar al coronavirus. A las personas que vuelven se les hace seguimiento para verificar que su salud esté bien. El hospital hace seguimientos con el apoyo de la Policía a las personas que retornan al municipio. Se han limpiado y desinfectado distintos espacios públicos, así como los vehículos que entran. Junto con municipios como San José de la Montaña y Toledo han hecho solicitudes de oficio, remitidas al gobierno departamental y al proyecto hidroeléctrico, pidiendo medidas más drásticas y el cumplimiento de los protocolos para contener el virus.

“Se exhorta a la empresa a que no entre ni salga personal del municipio a trabajar en el proyecto, que se acaten protocolos estrictos. Requerimos que las personas que están en el proyecto y son de San Andrés de Cuerquia entren en cuarentena y se hagan todos los exámenes de rigor antes de ingresar al municipio”, dice Carvajal. Resalta que sí han recibido apoyo de la Gobernación, tanto para el hospital como para alimentación de la población más vulnerable. Hace un llamado a acatar los protocolos establecidos por el gobierno nacional, departamental y municipal, y a que la gobernación los apoye con un puesto de control fijo en la carretera para controlar el flujo de personas que entra y sale del municipio.

Astrid Elena Chavarría, alcaldesa de Toledo, dice que, más allá de las falencias y debilidades, EPM ha sido un gran aliado para los municipios, presto a solucionar los problemas que surjan. En todo caso, dice que la presencia del coronavirus ha sido un golpe para el municipio: “La tranquilidad de los habitantes ha desmejorado. Ya no pueden salir y parrandear como antes. A las 6 de la tarde ya el pueblo está vacío. La pandemia ha ocasionado problemas psicológicos, con todo el mundo encerrado”, señala.

El toque de queda, usar tapabocas, lavarse las manos constantemente y el distanciamiento social son las medidas que enuncia Chavarría para proteger al municipio del coronavirus. Si alguien de Toledo cree que presenta síntomas de coronavirus, debe llamar al hospital para determinar si deben atenderlo o no y si es necesario trasladarlo a Medellín. El peligro del coronavirus es que, según la alcaldesa, la capacidad para aislar personas en el hospital es mínima: solo una persona con coronavirus ya podría hacer que colapsara. Por eso su trabajo apunta hacia la prevención.

En ese sentido, le preocupa que en Hidroituango estén renunciando trabajadores que quieren volver a sus casas. Según varias fuentes ya habrían renunciado al menos 63 trabajadores. “Renuncian y se vienen por encima de quien sea. Hay pánico en las comunidades. EPM nos dijo que habían salido por encima de ellos. Estamos en constante comunicación, entonces cuando nos llaman y nos dicen que salió alguien estamos atentos en el centro de salud para tomarle la temperatura y hacerle el seguimiento que corresponda para determinar si venía infectado”. Chavarría aplaude la ayuda de Hidroituango, y entiende que es difícil manejar a todo el personal, así como ella no puede manejar completamente a la población de 6.500 habitantes de Toledo.

Más allá del coronavirus

El 28 de mayo, la Gobernación de Antioquia y EPM anunciaron su compromiso para convertir a Hidroituango en un proyecto “No Covid”.  “No se escatimarán ni en esfuerzos, ni en recursos para cumplir la meta de No Covid al proyecto hidroeléctrico Ituango, para convertirlo en ejemplo para el país y el mundo”, explica el comunicado. Para eso, se  disminuiría al máximo el personal en el proyecto, pero sin despidos, dice el mensaje, y los que salieran deberían pasar por pruebas y aislamiento para evitar llevar el contagio a sus municipios. Además, el comunicado celebraba que se habían hecho pruebas a los 3.710 empleados del proyecto, algo sin precedentes en el país. Trabajadores de Hidroituango confirmaron que, durante el fin de semana del 6 y 7 de junio, más de diez buses salieron hacia Medellín con trabajadores de la represa, reduciendo así la cantidad de personas que se mantiene en las obras. “Nos van a mandar para Medellín nueve días. Un día antes de mandarnos para la casa, nos hacen la prueba y nos dicen cómo salió para que nos vayamos”, explicó un trabajador, que también resaltó la incertidumbre general de los empleados frente a qué va a pasar ahora. 

En general, la pandemia del coronavirus ha sido una crisis  sin precedentes para la mayoría de Colombia. Sin embargo, en Ituango, ha sido parte de un continuum de emergencias frente al que la comunidad tiene que reaccionar constantemente para salvar su vida y asegurar su supervivencia. Este continuum lo rastrean hasta la llegada de Hidroituango. Chavarría, Villa e Higuita coinciden en relatar cómo era su territorio antes de la represa, un paraje agradable donde se podía caminar, con playas vírgenes y un río Cauca –al que llamaban el Mono– fuerte, que les proveía de lo que necesitaban para vivir. Ahora, dicen, todo ha cambiado y la vida ha empeorado; no pueden trabajar, la contaminación los enferma y, además, los quieren sacar de ahí. Para ellos, Hidroituango es la causa de las inundaciones, avalanchas, destrucción de medios de subsistencia, desalojos y despojos y, ahora, si no del coronavirus, sí de sus efectos amplificados, por cómo la hidroeléctrica ha manejado la pandemia.

Hablar con ellos de la amenaza del coronavirus desemboca en hablar de los intentos de desalojo que ha habido recientemente. En marzo, la Resolución N.019 de la Alcaldía de Ituango concedió el amparo policivo adelantado por EPM y dictó el desalojo de “perturbadores a predios de utilidad pública e interés social” en la vereda Pascuita, en el municipio de Ituango. La Resolución, de hecho, nombra directamente a personas como Chavarría y Villa. Habían escuchado que los iban a intentar desalojar a mediados de mayo —corría el rumor de boca en boca entre los barequeros a partir de la resolución que los trataba como perturbadores—, pero no llegó el Esmad. Aún así, siguen alerta —aún en medio de la pandemia, no descartan que haya una nueva iniciativa de desalojo—y dispuestos a luchar.

“Nosotros somos dueños de este territorio. Conocemos el Cauca de toda la vida. Para nosotros, los que están invadiendo son ellos. Ellos no quieren que estemos acá. Pero si Dios quiere, acá seguimos luchando. Esta es nuestra casa y no tenemos para donde ir. Para donde volteemos hay riesgo. Tenemos derecho a la vida y debemos cuidarnos. Además, por el coronavirus, no queremos que venga ninguna persona. Si nos desalojan y nos contagiamos, los responsables son EPM y la fuerza pública”, afirma Chavarría.

Entre su frustración, resalta la información confusa que reciben sobre dónde pueden vivir y trabajar. Higuita recuerda que, en 2018, trabajaban aguas arriba y, luego de la inundación y que salieran a la vía principal, los desalojaron y les dijeron que trabajaran aguas abajo. Ahí han estado, viviendo del oro y del pescado, y ahora los quieren sacar de nuevo, denuncia. “No entiendo qué quiere la empresa, porque en todos lados les estorbamos. Es duro que le digan a uno que no puede estar en el territorio donde siempre ha estado. ¿Uno qué va a hacer? Si Dios quiere todavía nos quedan unos días. Acá es estratégico y llega el pescado, siempre va a haber comida. Si pasa cualquier cosa, Dios sabe por qué”.

Una vez más, destacan como la pandemia los ha unido como familia y pueblo para enfrentar estos desafíos –y ahí también destacan el rol de Ríos Vivos, un movimiento que ha acompañado con firmeza la lucha y resistido con ellos–. Desde esa unidad exigen respeto y explicaciones, dice Villa. “Que el gobierno mire esta región hermosa: la están destruyendo. Merecemos respeto. Que le echen ojo a la comunidad, hermano, nos tienen muy abandonados. ¿Qué quieren contra nosotros? ¿Quién vendió la patria? ¿Por qué no podemos estar acá? Merecemos explicaciones y respeto. Toda mi vida he estado por acá. Toda mi vida he sido barequero, no sé nada más. Si me sacan no sé qué haría con la vida. No me voy a ir. Las especies cambiaron, los peces murieron, cambió de color. Ya no huele al Cauca”.

En este contexto entra un error más de Hidroituango que Zuleta señala: que en su manejo de la crisis de salud pública que representa el coronavirus no tuvieron en cuenta, o eso indican sus acciones, el conflicto armado que vive la zona de Ituango. “Hay grupos al margen de la ley, y con el coronavirus han llegado amenazas y panfletos a Ituango, Valdivia, Tarazá, Cáceres, Sabanalarga… a todo el occidente, norte y bajo Cauca. Son amenazas para los que estén enfermos y no cumplan las órdenes, e Hidroituango no ha tenido en cuenta eso”, manifiesta. Junto con los posibles desalojos por parte del estado, esto aumenta la incertidumbre y el peligro para la comunidad alrededor de Hidroituango, que sigue protestando para defender su vida y su territorio. 

Justo el sábado 6 de junio fueron asesinados en la vereda Quebrada, del municipio de Ituango, William Pérez (conductor de la empresa Coonorte que cubría la ruta hacia la vereda el Cedral),  Camilo Sucerquia (estudiante de 15 años e hijo de una firmante del Acuerdo de paz) y Carlos Barrera. Según el comunicado de Conpaz, una red de comunidades víctimas del conflicto social y armado, estos hechos no son aislados, sino que hacen parte de un recrudecimiento de la guerra por el control territorial entre grupos como el Clan del Golfo y disidencias de las Farc. Por eso el comunicado resalta la urgencia de protección para estas comunidades. El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, tuiteó al respecto: “Situación de seguridad en Santa Lucía, Ituango requiere medidas concretas y urgentes para proteger a la comunidad y quienes siguen comprometidos con su proceso de reincorporación. Condeno asesinato de tres personas, ocurridos el día de ayer, de los cuales dos eran menores de edad”. 

Antes de los hechos del 6 de junio, Ríos Vivos había destacado  en un comunicado de prensa  la obligación del Estado de garantizar la protesta social. Además, el comunicado menciona que “Los líderes y lideresas han denunciado las amenazas que reciben a diario las comunidades por parte de grupos al margen de la ley que controlan las zonas e imponen sus normas en relación con el COVID-19”. El anuncio de EPM de la salida de más de 1.600 obreros del campamento, dice el comunicado, solo aumenta el riesgo: dos familias fueron amenazadas de ser incineradas si sus hijos llegaban de los campamentos de Hidroituango. Además, un trabajador de Hidroituango le comentó a PACIFISTA! que había que escuchado que los grupos armados no estaban dejando entrar a los trabajadores de la represa que buscaban volver a sus casas en Ituango. 

Al final de mayo, con cerca de 250 casos positivos para coronavirus, se mantiene la frustración comunitaria ante la falta de receptividad de EPM e Hidroituango para escuchar y entender sus preocupaciones, así como ante la falta de transparencia respecto al verdadero estado del proyecto de Hidroituango, y si sí representa un riesgo o no. Así, la conclusión de Zuleta recoge lo que ya, de una forma u otra, habían sugerido los barequeros y la comunidad que se organiza alrededor del río Cauca y de (o contra) Hidroituango. Es su explicación de por qué no han parado las obras del todo, de por qué han intentado sacarlos de su territorio, del conflicto que hay entre la hidroeléctrica y la zona de Ituango: “Hidroituango siempre ha tenido un interés: el dinero y generar energía. Esa también fue la causa por la cual aceleraron el proyecto y generaron el desastre y las inundaciones del 2018. No hay consideración por la gente”.

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El 9 de junio, fecha de publicación de este artículo, el alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle denunció en Twitter que un accidente de un bus en Barbosa demostraba que desde hace un mes se había estado llevando a personas positivas para coronavirus a Medellín para internarlos en hoteles; esto, “sin informar, sin autorización y sin respetar protocolos de Bioseguridad de la Secretaría de Salud”. Así lo resumió en otro tweet: “Traer a infectados a la ciudad sin avisar a la Secretaría de Salud de Medellín, violando circulares, sin cumplir protocolos de bioseguridad no sólo es irresponsable sino que pone en riesgo la vida de millones de habitantes”.

Como alcalde de Medellín, Quintero preside la junta directiva de EPM. Por eso resultan notables su aparente indignación y sorpresa ante los hechos, porque él debería saber y autorizar estas acciones. Como le señalaron varias respuestas a sus tweets, esto ya había sido anunciado conjuntamente por Hidroituango y la gobernación de Antioquia en semanas previas, como respuesta a la crisis de la hidroeléctrica. Los tweets de Quintero, entonces, muestran o una desconexión al interior de la gerencia del proyecto o un manejo poco transparente de la información. En todo caso, no son buenas noticias para la crisis de coronavirus en Hidroituango.

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