Un informe del Centro de Memoria Histórica arroja luces sobre el tema.
- De acuerdo con el CNMH, Colombia contaba en 2011 con 427 mil hectáreas de palma aceitera. Foto: Flickr- Hans Van Der Wal
Teniendo en cuenta los cuestionamientos que académicos, periodistas y campesinos les han hecho a los empresarios de la palma aceitera —algunos de los cuales han sido confirmados por la justicia— el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) se dio a la tarea de analizar la relación entre ese monocultivo y el despojo de tierras. El análisis fue incluido en uno de los más recientes y voluminosos informes de la entidad, titulado “Tierras y conflictos rurales”.
De acuerdo con la investigación, en al menos cinco departamentos del país existe una “relación directa entre desplazamiento, abandono y cultivo de palma de aceite”. Según el Centro, en María La Baja y El Peñón (Bolívar), Zona Bananera y Ciénaga (Magdalena), el Bajo Atrato chocoano, cinco municipios de Cesar y la ronda del río Mira, en Nariño, tierras que antes les pertenecían a campesinos y comunidades negras fueron sembradas con palma y enfrentan procesos de restitución.
En Nariño, por ejemplo, el Gobierno promovió a través del Plan Colombia y sus programas de sustitución de cultivos de uso ilícito la siembra de palma sobre territorios colectivos de comunidades negras. Y aunque los terrenos ya fueron devueltos, el abandono de las plantaciones por cuenta de epidemias obliga a invertir grandes recursos para que la tierra vuelva a ser productiva.
En Magdalena, dice el CNMH, “bandas criminales” compraron masiva y forzadamente tierras de campesinos desde 2003, donde más tarde se sembró palma aceitera. En ese caso, de acuerdo con la entidad, también se presentó “desplazamiento económico” por la sustitución del cultivo del banano por el de palma, toda vez que el primero generaba más empleos en la región.
Pero el caso del que se tiene más certeza ocurrió en el Chocó, donde una alianza criminal entre empresarios y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desplazó a las comunidades negras del Bajo Atrato, se apropió ilegalmente de sus tierras y sembró grandes extensiones de palma. En 2014, un juzgado de Medellín condenó a 16 palmicultores que hicieron parte de ese proyecto criminal, también vinculado al Urabá antioqueño, en el municipio de Mutatá.
Sin embargo, el CNMH asegura que hacen falta más investigaciones locales para llegar a conclusiones globales sobre la relación entre palma y abandono forzado de tierras en Colombia. Para ello, propone estudiar 22 municipios de Bolívar, Meta, Cesar, Nariño, Magdalena y Norte de Santander, donde coinciden un incremento de los cultivos de palma con registros significativos de abandono forzado. El Centro dice que los procesos de restitución en esos municipios deben adelantarse con lupa “por los posibles conflictos de uso (del suelo) y las oportunidades que los campesinos van a encontrar en un territorio que ha tenido fuertes transformaciones” por la presencia de los sembradíos de palma.
Esa falta de investigaciones hace que, para el CNMH, “la relación entre presencia de cultivos de palma y conflicto no puede ser generalizada”. Además, porque, según la entidad, el crecimiento de esos sembrados “no es exclusivo de departamentos con alto nivel de conflicto armado”.
En al menos cinco departamentos existe una relación directa entre desplazamiento, abandono y cultivo de palma de aceite.
El incremento obedece a que, desde 2008, la palma ha sido impulsada decididamente por los gobiernos nacionales como parte de la política de biocombustibles. Si ese año había más de 237 mil hectáreas, en 2011 se contaban 427 mil: un crecimiento del 80%, que le permitió al país pasar de ser importador a ser el quinto productor mundial de aceite de palma.
Además de la posible, y a veces probada, relación entre la palma y el despojo, el CNMH llama la atención sobre otros conflictos asociados a ese cultivo. Por ejemplo, que se caracteriza por una alta concentración de la tierra, al punto de que “el 80% de las unidades productivas representan el 4,7% del área de cultivo total”, mientras “el 1,5% de las unidades productivas mayores participan con el 41,2%”.
La entidad también cuestiona el impacto benéfico del biodisel de aceite de palma sobre el medio ambiente. Al menos 75 años se necesitarían para que un cultivo de palma que reemplazó un bosque natural compense la pérdida de ese ecosistema con las emisiones evitadas por el reemplazo de combustibles fósiles.
Según el Centro, en Colombia sólo “hay ahorros de gases efecto invernadero si el cultivo (de palma) reemplaza suelo cuyo origen era matorrales o bosque húmedo y había pasado a actividades agrícolas o pecuarias”. No obstante, cuando la palma reemplaza selva tropical, “las emisiones de gases efecto invernadero son mayores que si se usara diesel fósil”.
Otros impactos negativos de la siembra extensiva de palma, según las percepciones de los campesinos incluidas en el informe, estarían asociados a la transformación de humedales, la imposición de restricciones a las comunidades para el acceso a fuentes de agua y el “desplazamiento de prácticas agrícolas y pesqueras”. De ahí que, para el CNMH, “si bien no se puede hablar de un despojo de la tierra asociado a todos los cultivos de palma, sí se puede afirmar que los cambios en el territorio motivados por este cultivo han dado lugar al despojo de otro tipo de bienes” colectivos, como el medio ambiente.
Por esas y otras razones, el Centro asegura que reconocer y prevenir esos riesgos, así como continuar ahondando en los conflictos por la tierra y el uso de los recursos, son “retos definitivos que deben revisarse y sobre los cuales debe generarse consenso de cara a una sociedad en posconflicto”.
