Sin la implementación de la Ley de Víctimvas y el Acuerdo de Paz, difícilmente se podrá hablar de reparación integral en este caso.
Dos semanas atrás, Brayan y Omar, dos hermanos mellizos de Tierralta, Córdoba, lloraban con rabia por el asesinato de su madre: la líder María del Pilar Hurtado. Brayan, de 12 años, le daba puños al aire para liberar un sentimiento que solo aquellos que han visto y sentido la violencia tan cerca pueden describir. Es un trauma que va más allá de los relatos más crudos que muchos hemos escuchado.
Todo ocurrió a las seis de la mañana, en una calle del pueblo: dos hombres armados se bajaron de una moto, desenfundaron las armas y le dispararon varias veces a la mujer que está con dos de sus cuatros hijos. Ellos lloraron, gritaron, le pegaron a las paredes. Los vecinos se quedaron mirando. Alguien grabó.
Esta familia había sido víctima de desplazamiento forzado en el departamento del Cauca en 2018. Desde hace un año estaban en esa dolorosa lista de 8 millones de víctimas en Colombia, buscando nuevos caminos después de irse obligados de su territorio. En sus últimos meses de vida, Hurtado luchó por un terreno para vivir con sus hijos. El predio en el que vivía era propiedad de Mauricio Otero Avilez, padre del alcalde de Tierralta, Fabio Otero, quien justamente fue suspendido por la Procuraduría este 3 de julio por presuntas irregularidades en el “control del orden público”. Además, dice el comunicado de la Procuraduría, Otero “fue bastante displicente e insensible al asesinato de María del Pilar Hurtado”.
¿Quiénes la mataron? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con su familia? ¿Por qué el Clan del Golfo y los Caparrapos pueden disponer de la vida de las personas de esta manera en el sur de Córdoba? ¿Por qué el gobierno no ha hecho nada si hace tres meses la Defensoría alertó que los civiles estaban en peligro? El asesinato de María del Pilar dejó ruido, miedo e incertidumbre. Ella trabajaba en un aserrío, armando guacales para transportar papayas. Su esposo es reciclador. Sus hijos, dijo brevemente el presidente Iván Duque, serían atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Después del asesinato, el ICBF emitió un comunicado señalando que la custodia quedaba en manos de una hermana de María del Pilar que vive en Puerto Tejada, Cauca.
El 24 de junio, Noticias Uno reveló que el ICBF había divulgado fotos de los hijos de María del Pilar, pese a que el Código de Infancia y Adolescencia lo prohíbe. En una de las fotos aparece la directora del Instituto, Juliana Pubgiluppi, abrazando al menor y mostrándole un libro infantil. Desde entonces no se supo mucho más de los niños, ni del ICBF. El trabajo del gobierno fue cuestionado: ¿El primer acto de reparación fue una propaganda de la directora del ICBF? ¿Dónde está la reparación a la comunidad, a la familia?
En este caso quedó en duda si el gobierno está preparado para atender a los niños víctimas del conflicto. Existen, según la Fundación Plan, por lo menos 2.300.000 menores que han sido afectados por la guerra. No es un tema menor, no se debería reducir la atención a un protocolo y a una foto. Hoy, los cuatro hijos de María del Pilar, los dos mellizos de 12 años, un niño de 5 y otro de 14, están en Puerto Tejada, viviendo con una tía. En la escasa información que ha publicado el ICBF se sabe, por ejemplo, que los niños eran víctimas de trabajo infantil, por eso prometieron darles educación.
El gobierno no puede desconocer la Ley de Víctimas
El proceso de reparación de los hijos de María del Pilar Hurtado no puede limitarse a una cita con psicólogos o a unos bonos escolares. De hecho, como nos explicó Vannia Palomo, psicóloga y especialista en atención a víctimas del conflicto, la Ley 1448 – conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras – contempla cinco medidas de reparación: medidas de satisfacción; como son los actos de memoria histórica, perdón público, monumentos; las medidas de rehabilitación, las cuales consisten en reparar las afectaciones en salud y psicosociales de las víctimas; las de restitución de tierras o de bienes; las garantías de no repetición y las de indemnización administrativa.
“En los casos de los niños aplican las mismas medidas”, nos dijo Palomo. “En el punto de la indemnización, esta se entrega cuando ellos cumplen la mayoría de edad. Antes se les da un encargo fiduciario, es decir, una certificación que señala que cuando cumplan la mayoría de edad tendrán la indemnización administrativa. En este caso en particular de los hijos de María del Pilar, el gobierno debe garantizar una atención urgente, es decir, no puede ser una medida de atención psicosocial temporal”.
Cuando Palomo dice que la atención no debe ser temporal quiere decir que en el transcurso de sus vidas los hijos de María del Pilar pueden necesitar atención. “El Estado ofrece un acompañamiento muy puntual con un número limitado de encuentros psicosociales y con eso se chulea el componente de reparación desde lo psicosocial. Sin embargo, puede ser necesario un acompañamiento a lo largo de sus vidas. El de María del Pilar fue un evento muy violento que no se va a agotar en seis o nueve encuentros psicosociales”.
Cuando se trata de afiliación en salud, las víctimas dependen, como el resto de la población, de las EPS. Es así, por ejemplo, que la EPS Medimás – antes Cafésalud – tiene a su cargo 46.191 víctimas del conflicto armado. Esta entidad, señalada por presuntas irregularidades financieras, difícilmente ha logrado garantizar la atención de cerca de 5 millones de afiliados, de ahí a que, por lo menos en este espacio, el panorama para las víctimas luzca desalentador.
El Ministerio de Salud tiene un Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas –Papsivi–, que busca justamente atender “los daños en la salud física y mental de las víctimas ocasionados por o en relación con el conflicto armado, en los ámbitos individual, familiar y comunitario”. La Unidad de Víctimas también es responsable de brindar atención psicosocial. Sin embargo, una fuente que conoce el tema y ha trabajado con estas entidades nos dijo que “esa atención no es suficiente. Llega un grupo de funcionarios al lugar, hace unos encuentros con la comunidad o con la familia y se van. Cada grupo llena una lista y se va”.
La reparación psicosocial va más allá de estos encuentros. El problema, de hecho, es mucho más complejo: “En estos casos lo anómalo no es el paciente y sus síntomas, sino el contexto en el que vive”, explica Palomo. Usualmente, en la psicología los terapeutas se centran en entender lo que está mal una persona, mientras que en lo psicosocial se ahonda en lo que sucede alrededor, en el contexto. Ese lugar que rodea a los hijos de María del Pilar es el que necesita un tratamiento profundo: “El Estado debe garantizar que ellos van a tener acceso a atención psicosocial de calidad en el momento en el que lo requieran . ¿Te imaginas qué pasaría si tienen otro episodio de violencia? ¿Un desplazamiento, un abuso sexual? Aquí hay que hacer todo lo posible por garantizar la no repetición”, nos dijo.
En ¡Pacifista! intentamos dialogar con el ICBF sobre su ruta de atención. Le solicitamos al área de prensa en cinco ocasiones información o una entrevista y no fue posible obtener respuestas. Lo que sabemos es que los hijos de María del Pilar están en Puerto Tejada, una opción que puede resultar satisfactoria si los niños sienten que es la red de apoyo más adecuada – recordemos que fueron desplazados de ese mismo departamento en 2018 –. ¿Representa la familia de la tía un ambiente seguro, de confianza? Sabemos, por el mismo ICBF, que ella trabaja como madre comunitaria y conoce bien los jardines infantiles, no mucho más.
Lo que pase con ellos hablará mucho sobre el enfoque de víctimas del gobierno Duque. En cierta medida porque los hijos de María del Pilar no solo son víctimas de ese asesinato, sino que no tuvieron acceso a la educación, fueron desplazados y además fueron obligados a trabajar. “El Estado falló desde antes. No fue garante de sus derechos y ahora lamentablemente va a tratar de serlo después de un hecho tan atroz. Ahora, ellos no son los únicos niños, el caso se conoció por el video, pero existen miles que están esperando reparación integral ”, nos explicó Vannia.
Ahora, es importante decir algo que el ICBF no ha dicho: los hijos de María del Pilar son vulnerables en diferentes dimensiones: son afro, están en una edad en la que los adultos pueden disponer de ellos, viven en la pobreza, es decir, reúnen características que los ponen mayores riesgos. El Estado, siguiendo lo que dice la Ley de Víctimas, debe garantizar que ellos estén protegidos en todas las dimensiones. Una tarea que implica, además, trabajar con la comunidad que los rodea, incluida esa misma persona que estaba grabando el video.
No toda reparación es igual, un mensaje al ICBF
Lo que pase con los hijos de María del Pilar Hurtado tiene que ver directamente con la construcción de paz. La justicia transicional busca justamente reparar el entorno y garantizar la verdad. Los casos de ellos no pueden estar aislados de un proceso de paz que el gobierno se comprometió a sacar adelante. ¿Esto que implica? Primero, garantía de restitución de tierras en Córdoba, algo ligado con el punto 1 del Acuerdo de Paz. Segundo: justicia, verdad, reparación y no repetición. Tercero: sustitución de cultivos de uso ilícito para mejorar la calidad de vida de la familia Hurtado. A grandes rasgos, implementar el Acuerdo.
Si la reparación se basa en que una institución, como el ICBF, entregue unos bonos y unas sesiones terapéuticas, la vida de los hijos de María del Pilar difícilmente tendrá cambios sustanciales. De acuerdo con las investigadoras Ángela María Estrada y Diana Rodríguez Charry, cuando los programas para las víctimas se quedan en entramados burocráticos, la reparación puede terminar siendo “descontextualizada en el tiempo, dirigida a necesidades pasadas, y en el espacio, al cursar medidas desconocedoras de las nuevas condiciones. Por ejemplo, afectaciones causadas cuando las víctimas eran menores de edad y que en la actualidad son mujeres adultas en etapa de construcción de su propia familia, a quienes se les sigue valorando como hijas, más que como madres, o el caso en el que se construye un monumento en un pueblo que carece de servicios de salud”.
Estrada y Rodríguez, tras analizar diferentes experiencias de reparación, señalan que es necesario un impacto en las redes locales y familiares. Es decir, no solamente se debe trabajar en la memoria de las víctimas directas sino de las indirectas, que en este caso podría ser la comunidad de Tierralta, principalmente la que ocupaba los predios que la alcaldía no cedió. Ellas recomiendan, por ejemplo, que las instituciones no se centren solo en dialogar con las víctimas sino que lo hagan a profundidad con la comunidad: “Las maneras de conversar que atienden una escucha clara y sencilla, y el reconocimiento del otro, construyen confianza y generan apertura, y con ello, construcción de conocimiento”. Sin embargo, los líderes sociales de Tierralta que conocían a su familia y la comunidad cercana a María del Pilar no han recibido comunicación del Estado para hacer, por ejemplo, una jornada de sensibilización o para hablar del caso. Así nos lo dijo un líder que por seguridad nos pidió mantener su nombre en reserva.
En estos procesos se suele utilizar el término de reconocimiento moral para las víctimas. Se trata, en un primer plano, de incluir a quienes la guerra ha excluido de servicios básicos y una vida libre de restricciones por grupos al margen de la ley. Así, en este caso el ICBF debería responder claramente: ¿cuáles son las carencias de los hijos de María del Pilar? ¿Cómo se van a compensar los derechos negados durante muchos años? Esta respuesta ni siquiera la tiene el gobierno para otras 7 millones de víctimas. Como lo dijo la Defensoría, si el gobierno quiere cumplir con lo pactado en la Ley de Víctimas necesita invertir 129 billones de pesos entre 2018 y 2021, y en el presupuesto nacional el Sistema de Verdad Justicia Reparación y No Repetición recibió entre 20% y 40% de recursos menos que en el año anterior. El reto es importante: en Colombia, según el Registro Único de Víctimas, un total de 2.520.512 niños y niñas fueron desplazados de sus territorios entre 1985 y 2012; 154 fueron asesinados y 342 víctimas de minas antipersonal.
La paz que no ha llegado
Teniendo en cuenta la reparación integral, el gobierno debería garantizar que las familias tengan acceso a la tierra o que al menos puedan salirse de las dinámicas de los grupos armados. Hace apenas seis días fue asesinado en Montelíbano, Córdoba, un beneficiario del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos (Pnis). En el sur de Córdoba, el Clan del Golfo y Los Caparrapos están luchando por los cultivos de uso ilícito y las rutas de coca por el nudo del Paramillo. Aquellos que le apuestan a sustituir la coca representan una amenaza para estos grupos. En los últimos cinco meses, de acuerdo con nuestros registros, han sido asesinados cinco líderes sociales en el Sur de Córdoba.
Este contexto violento tiene que ver con la historia de los hijos de María del Pilar, todos despojados de sus tierras. En el estudio “Implicaciones del sufrimiento en niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado para pensar la memoria y la reparación en clave intergeneracional”, las investigadoras Rosa Arias y Claudia Roa señalan que en los casos de reparación es necesario tener en cuenta el escenario en el que se ubican las víctimas: quiénes son sus familias, sus amigos, las instituciones que los rodean. Si vemos, la máxima autoridad del municipio, el alcalde, aparecía como un potencial despojador de tierras, no como un garante de derechos.
Si Brayan y Omar no obtienen las medidas mínimas que son las que están contempladas en la Ley de Víctimas, los ciclos de la violencia se repetirán. Arias y Roa señalan lo siguiente: “Los niños que crecen en o son expuestos continuamente a dinámicas de violencia, construyen su identidad basados en esos referentes, ‘el lenguaje, los juegos, la forma de relación y de conocer el mundo de los niños, niñas y jóvenes están ligados a los símbolos y expresiones propios de los hechos de violencia que se dan en medio de la guerra’ (Ceballos, 2002, p. 17), de ahí que se valide la utilización de la violencia como medio de resolución de un conflicto por encima de las posibilidades del dialogo”.
Brayan y Omar pueden crecer con un deseo de venganza, con miedo o admiración a los actores de la guerra. Por eso es tan importante saber qué va a hacer el ICBF, cuál es su plan, su hoja de ruta de reparación. Por ahora, la única forma de vida que conocen está ligada con la violencia. Y las leyes, como lo dice el politólogo Antonio Madrid, no son suficientes para cambiar algunos rumbos; es necesario ver más allá: “Hay males que no pueden ser reparados: la persona muerta, el brazo perdido, los malos tratos, el dolor experimentado, la tortura sufrida… Aunque el derecho se propone domesticar el sufrimiento, no se ha de olvidar que mediante esta operación [ la del el derecho] no se puede conseguir reparar lo irreparable”.
