En tres décadas, la militarización del Catatumbo solo ha traído más violencia Catatumbo. Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica
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En tres décadas, la militarización del Catatumbo solo ha traído más violencia

Santiago Valenzuela A - Noviembre 15, 2018

El Centro Nacional de Memoria Histórica lanza este jueves su más reciente investigación “Catatumbo, memorias de vida y dignidad".

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Catatumbo está en el radar del conflicto armado desde la colonia. Esta región, ubicada en Norte de Santander, fronteriza con Venezuela, ha tenido que sufrir la violencia de los principales actores de la guerra: paramilitares, guerrillas y Ejército. Este territorio, rico en petróleo y agricultura, también ha sido codiciado por multinacionales. Los acuerdos de paz con las autodefensas y la guerrilla de las Farc no han apaciguado el conflicto en esta región. Los armados han cambiado de nombre: ahora la guerra es con el EPL, el ELN y los Rastrojos. Y de fondo: 28.244 hectáreas de coca y un abandono estatal histórico.

El Centro Nacional de Memoria Histórica, en una exhaustiva investigación, recopiló las memorias de una guerra en el Catatumbo que se ha ido transformando en la historia. En el informe “Catatumbo, memorias de vida y dignidad” se pueden encontrar algunos efectos del conflicto armado que han pasado desapercibidos para las instituciones. Un ejemplo es el exterminio de la comunidad indígena Barí por el avance de las petroleras y la posterior colonización. También están presentes las causas de un conflicto que estalló a finales de los años setenta con la expansión de las guerrillas ELN, EPL y Farc.

Una de las etapas más difíciles en esta región fue la de 1999 y 2006, cuando llegaron las estructuras paramilitares a través de los bloques Catatumbo y Frente Resistencia. Ninguna guerra anterior había causado tanto daño: solo en siete años fueron desplazadas 99.074 personas (el 59% de los desplazamientos en la región en tres décadas). Se registraron, dice el Centro Nacional de Memoria, 832 asesinatos selectivos y 599 muertes en masacres: 403 causadas por paramilitares y 142 por las guerrillas.

En el documento, el Centro de Memoria revela otras cifras relevantes: se perpetraron 104 masacres entre 1958 y 2018 (las cuales corresponden al 46% de las ocurridas en Norte de Santander). En esta región ocurrieron 1.187 acciones bélicas, 11 ataques a poblaciones, 3.455 asesinatos selectivos y 1.862 desapariciones forzadas. En medio de la violencia apareció la coca como única opción de subsistencia para los campesinos. Han pasado los años, los acuerdos de paz, y este cultivo sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos en la región.

La respuesta estatal frente a esta realidad–  tanto de Juan Manuel Santos como de Iván Duque –se ha enfocado en militarizar el Catatumbo. Hace apenas un mes, en octubre, Duque anunció un despliegue de 5.600 uniformados en la región. No obstante, como lo demuestra este informe en uno de sus capítulos, el  aumento de pie de fuerza no se ha traducido en tranquilidad para los habitantes, sino que ha acentuado otros conflictos. “En la región hubo una militarización sin precedentes, que ha producido, entre otras graves vulneraciones, ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública”, dice el Centro Nacional de Memoria en el informe. Este es tan solo uno de los efectos. La militarización tampoco ha sido útil para proteger a los líderes sociales (en nuestro reporte sobre líderes sociales asesinados, hemos registrado cinco casos, en el transcurso de 2018, en la región de Catatumbo).

¿Por qué la militarización no es el camino?

Aunque el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica abarca la historia del conflicto armado en el Catatumbo desde la colonización, en este artículo profundizamos en las condiciones de los últimos años, exploradas a profundidad por los investigadores. Después de la desmovilización de los grupos paramilitares (2004-2006), el conflicto armado continuó en el Catatumbo. Solo cambiaron los nombres de los grupos armados. Aunque formalmente los bloques Catatumbo y Norte se desmovilizaron, los armados que controlaban las rentas ilegales del narcotráfico y la extorsión siguieron allí, particularmente en los municipios de Tibú y Ocaña. Por otro lado, las guerrillas del ELN y el EPL siguieron operando, modificaron sus formas de actuar y asumieron el control sobre la vida de los habitantes en la región.

Mientras los grupos armados se reacomodaban y los paramilitares se ‘desmovilizaban’, las empresas agroindustriales se asentaron en el bajo Catatumbo, donde se expandió el monocultivo de palma aceitera, la exploración de carbón y la explotación de petróleo. Estos terrenos, como lo demuestra el informe, fueron despejados por los grupos paramilitares en años anteriores. Esta situación generó algo inesperado: la creación de nuevas organizaciones sociales que comenzaron a trabajar por las víctimas, por los campesinos y por los habitantes de Catatumbo en general, olvidados por el Estado.

Desde 2005, el Estado centró su mirada en el Catatumbo pero no invirtió en las necesidades sociales, sino que ejecutó un plan de militarización. Primero fue la Brigada XXX, de la segunda división del Ejército, después la Brigada Móvil Número 15, con sede en Ocaña, después de la Brigada número 23, con sede en el Tarra, las que comenzaron a expandirse en el territorio. Se instalaron, además, bases militares en El Tarra, San Calixto y Hacarí.

¿Y esta militarización se tradujo en nuevas condiciones de seguridad? Esta fue la respuesta de uno de los habitantes:

Vino una militarización sin precedentes en el Catatumbo, sin precedentes. Que el Ejército llegó a zonas donde nunca había llegado en la historia, donde llevaban 20 años sin ir. Por ejemplo, Honduras [corregimiento de Convención] o La Pedregosa [vereda de Teorama], eso era casi imposible en términos militares imaginarse uno que la fuerza pública iba a llegar. Y al llegar pues ustedes se imaginan la elevación de violación de DD.HH. que eso tuvo (CNMH, grupo focal 2 Ascamcat, Cúcuta, 2017).

Habitar la región, como lo cuentan los habitantes, se convirtió en un riesgo, en un motivo de sospecha a los ojos de militares y policías, quienes sostuvieron en muchas ocasiones que los pobladores sostenían relaciones de convivencia con la guerrilla, ocultando a sus integrantes e incluso vinculándolos con narcotraficantes.

Yo estaba ahí en la finquita, en la parcela, tenía un montón de plátano y póngale cuidado el cuento que voy a contar: estaba ahí y estaban todos los hermanos míos cuando vimos que ¡prum! Puros carros. Nosotros salimos a mirar qué era la bulla, cuando en esas vimos la fuerza pública que iba pasando hasta donde estábamos nosotros. Cuando llegaron de una esquina, un filo: alto, manos arriba, manos arriba. Y yo dije: estoy en mi tierra, estoy trabajando ¿por qué tengo que poner manos arriba? Me decían: manos arriba contra ese árbol. Y yo: ¿cómo voy a poner las manos en ese árbol lleno de espinas? ¿y usted de dónde es? Yo vivo ahí. ¿Qué hace? Estamos empacando plátano, mire el arrume de plátano que tenemos junto acá. Como yo les dije: ¿ustedes no están preparados para la guerra? ¿cómo se van a venir a tratarnos aquí mal, estoy en mi tierra, estoy empacando plátano y ¿manos contra ese árbol? (CNMH, taller dememoria 1, Sardinata, 2016).

Testimonios como el de este campesino demuestran que la militarización trajo consigo un sentimiento de desconfianza que fue creciendo con el paso de los años. Las escuelas rurales y los espacios comunales poco a poco fueron siendo copados por soldados, lo que causó temor. Al final, los niños que vivían cerca de las bases militares dejaron de frecuentar estos espacios, lo mismo sus familias. Así sucedió, por ejemplo, en los barrios Comuneros, Calle Central y Pueblo Nuevo del municipio de El Tarra, donde fue instalada, en el año 2010, la base militar del Batallón de Artillería No. 30. Con las operaciones militares, los bombardeos y la invasión de las casas de los pobladores se fue acentuando otro problema: el desplazamiento.

Uno de los periodos más difíciles en el Catatumbo fue entre 2006 y 2008, cuando salieron a la luz las ejecuciones extrajudiciales. Fue justamente en Ocaña, Norte de Santander, donde el Ejército Nacional presentó como guerrilleros muertos en combate a jóvenes de Soacha. Como lo muestra el siguiente gráfico, fue justamente en ese periodo, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que repuntaron las ejecuciones extrajudiciales.

Las organizaciones campesinas también sufrieron el estigma y la persecución que en ese entonces cometió el Ejército contra la población civil. La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) –la cual está hoy en el blanco de los grupos armados que han saboteado el plan de sustitución de cultivos de uso ilícito– fue perseguida y catalogada como una “estructura de apoyo al terrorismo de las Farc y el ELN”, como lo contaron los voceros de la organización. En 2010, por ejemplo, capturaron a 17 líderes que fueron presentados justamente como colaboradores de la guerrilla.

Los habitantes de municipios en conflicto comenzaron a negar su lugar de origen o se desplazaron. Como cuenta uno de los campesinos entrevistados: “Entonces [el policía] dijo: aquí todos son guerrilleros, hasta las piedras. Y yo le dije: me hace el favor, la guerrilla está en el monte ¿Usted ve aquí la gente con los fusiles? Aquí las piedras quiere decir niños. Y respondió: no, lo que pasa es que aquí todos le colaboran a la guerrilla (CNMH, taller de mujeres, Ocaña, 2016)”. Los riesgos también aumentaron para los jóvenes de origen rural, pues en muchas ocasiones tuvieron que trabajar como raspachines y con esta información le bastaba al Ejército para catalogarlos como guerrilleros o narcotraficantes.

La tensión creció en los años siguientes. Las guerrillas de las Farc y el ELN se reacomodaron militarmente y aumentaron sus ataques contra el Ejército, lo que terminó afectando a la población civil. Como se puede ver en el siguiente gráfico, la militarización causó una respuesta bélica por los grupos armados, los cuales siguieron controlando las zonas de influencia de cultivos de coca.

“La gente está habitando allí en el día, en la noche desocupan eso y se van porque hay amenazas todavía continuas de que va a haber hostigamientos y que muy pronto eso lo van a acabar. El decir de los grupos subversivos es que la Policía, junto con todo eso donde ellos viven, tienen que acabarlo porque lo acaban”, dijo una de las personas entrevistadas.

La población civil también fue la víctima de los ataques de las Farc y del ELN contra la infraestructura petrolera, pues causó graves daños ambientales, como la contaminación de las fuentes hídricas. En 2013, uno de los años más críticos, se presentaron 61 atentados de este tipo. Esta fue la respuesta de un habitante de La Gabarra cuando le preguntaron sobre estos episodios: “A los mismos guerrilleros yo les decía: (…) bueno, ustedes se bañan, toman de esa agua y ¿por qué hacen eso?: No, para hacerle daño al Estado… Les dije: ustedes no están haciéndole daño al Estado, el Estado sube la gasolina todos los días”.

Después del Acuerdo de Paz

Aunque la reincorporación de excombatientes de las Farc significó un desescalamiento del conflicto, también se abrió la puerta para que otras guerrillas en el Catatumbo comenzaran a disputarse las zonas que antes dominaban las Farc. Las guerrillas del EPL y el ELN pasaron a ser las protagonistas del conflicto en esta región. A pesar de que el Ministerio de Defensa desarrolló una estrategia para combatir militarmente al EPL, al cual define como un Grupo Armado Organizado (GAO), y dentro de sus logros está la operación militar que devino en la muerte de Víctor Ramón Navarro Serrano, alias Megateo, jefe financiero de esa guerrilla, lo cierto es que para los habitantes esta muerte no significó un cambio, pues el EPL siguió extendiéndose en zonas que eran controladas por las Farc, como queda demostrado en el siguiente gráfico.

 

 

A la presencia de las dos guerrillas mencionadas se suman la de grupos que nacieron después del proceso de paz con los paramilitares, como Los Rastrojos y Los Urabeños. Para 2016, dice el Centro de Memoria Histórica, “los Urabeños se habían impuesto sobre los demás grupos y tenían presencia considerable en la mayoría de los municipios del departamento, en particular en los principales centros poblados”.

Durante el último año, el enfrentamiento armado entre EPL, ELN, disidencias de las Farc y grupos como Los Rastrojos ha marcado la agenda del Catatumbo. Como lo reveló recientemente el Cinep, tan solo en el primer semestre de 2018 ocurrieron 91 hechos en los que resultó afectada la población civil. El EPL, con 38 actos, el ELN con 37, y las disidencias de las Farc y otros grupos con 76, fueron los principales responsables de estas afectaciones. Con el nuevo plan de militarización que ya comenzó a ejecutar el gobierno de Iván Duque, será difícil que cambie esta realidad. El pasado lo demuestra.