La captura de cuatro integrantes de Marcha Patriótica volvió a levantar ampolla en los movimientos sociales y políticos de izquierda. La Fiscalía los señala de militar en las Farc y les imputó cargos por la retención de 24 policías durante el Paro Agrario de 2013.
Por María Flórez
Entre agosto y septiembre de 2013, el país vivió serias tensiones por cuenta del Paro Nacional Agrario, con el que distintos sectores campesinos exigieron medidas urgentes para recuperar el agro. Durante ese periodo, y a través de redes sociales, circularon decenas de videos en los que la Policía, y especialmente el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), se enfrentó con estudiantes y campesinos en zonas rurales y urbanas.
En ese contexto, y con el argumento de que los oficiales estaban “infiltrados en las manifestaciones”, el 5 de septiembre de ese año campesinos del Meta retuvieron a 24 uniformados. Entonces, el director de la institución, general Rodolfo Palomino, señaló que los policías se encontraban garantizando la seguridad y que se adelantarían las indagaciones correspondientes. Finalmente, los líderes de las protestas, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y la ONU, consiguieron que los 24 policías fueran liberados.
En la mediación se involucraron los dirigentes políticos y campesinos Esmer Montilla, José Samuel Rojas, Juan Ramiro Atehortua e Íngrid Pinilla. Dos años después, por su participación en esas gestiones y para sorpresa de las organizaciones a las que pertenecen, la Fiscalía acaba de imputarles el delito de secuestro simple. Asimismo, con fundamento en otras pruebas, los señaló de pertenecer al frente 7 de la Farc y les imputó cargos por rebelión. Rojas, además, será procesado por reclutamiento ilícito de menores y desplazamiento forzado.
El caso trascendió este jueves, cuando Marcha Patriótica informó sobre las primeras capturas. De inmediato, esa organización política, a la que pertenecen los detenidos, denunció que se trataba de un nuevo “falso positivo judicial”. Las aprehensiones acrecentaron la tensión dentro de las organizaciones defensoras de derechos humanos, no gubernamentales y estudiantiles, los colectivos de abogados y los movimientos políticos de izquierda, que también han rechazado la manera como se ha llevado a cabo el proceso judicial contra 13 personas detenidas el pasado 8 de julio en Bogotá.
Lo cierto es que, tras esas dos capturas masivas, en algunos círculos sociales y políticos ha calado la percepción de que el Estado la emprendió contra los movimientos sociales. Para la Fiscalía, por el contrario, las evidencias son suficientes para procesar a esas personas por sus vínculos con las guerrillas.
Las capturas
En la madrugada del jueves, en Villavicencio, la Policía y la Armada capturaron a José Samuel Rojas y a Esmer Montilla. Según la Fiscalía, estas personas harían parte de la red de apoyo de las Farc en el suroriente del país. Así, Rojas “sería defensor y activista de derechos humanos en el departamento del Guaviare, donde habría participado en reuniones personales con el comandante del frente 7 de las Farc, alias ‘Gentil Duarte’, encargándose del abastecimiento alimentario del mismo, evacuación de heridos en caso de bombardeos o combates, movilización de explosivos y de suministrar información a los subversivos sobre la ubicación de la Fuerza Pública, en el sector de Puerto Cachicamo”.
Un duro señalamiento, al que se sumó el hecho de que “se tiene conocimiento de su participación en actividades de reclutamiento ilícito de personas para engrosar las filas de la organización terrorista, al igual que desplazamiento forzado de varias personas en la vereda Angoleta. También, presuntamente, habría participado en el secuestro de uniformados de la policía durante el paro agrario en 2013”. Nada más delicado, teniendo en cuenta que Rojas es reconocido por su labor en la defensa de los derechos humanos. Hoy, preside la corporación Nuevo Amanecer, Vida y Esperanza, “desde donde trabaja con población desplazada en barrios marginados”, y es integrante de la Fundación por la Defensa de los DDHH y el DIH del Oriente y Centro de Colombia (DHOC).
Respecto a Montilla, la Fiscalía estableció que “tras sus reuniones recurrentes con el comandante del frente 7 de las Farc, sería uno de los encargados de movilizar masas con el nombre de Marchas Patrióticas, patrocinadas por las Farc, a las cuales asistían civiles forzados por el mismo. El capturado también habría participado en el secuestro de uniformados de la Policía durante el paro agrario”. Una acusación delicada para Marcha Patriótica y para DHOC, organización de la que Montilla es presidente y desde la cual ―según su abogado― “ha denunciado falsos positivos, desapariciones forzadas y militarización en los departamentos de Meta y Guaviare”.
Más tarde ese jueves, investigadores del CTI y soldados del Batallón Fluvial 32 del Ejército capturaron en San José del Guaviare a Juan Ramiro Atehortua Gutiérrez, señalado de ser “integrante del grupo ilegal de las Farc”. Atehortua es periodista y precandidato a la asamblea departamental del Guaviare, por lo que su vinculación al proceso judicial llama la atención sobre los actores que se disputan las elecciones en ese departamento. Al respecto, la Misión de Observación Electoral (MOE) ya ha alertado sobre la posible injerencia de la guerrilla en la contienda electoral de octubre en vastas zonas del suroriente del país, incluyendo buena parte del Guaviare.
La última detenida es Íngrid Pinilla, a quien hombres del CTI y de la Brigada de Infantería N° 5 de la Armada capturaron por su presunta militancia en las Farc. Pinilla es integrante de DHOC y vicepresidenta de la Asociación de Campesinos Trabajadores del Guayabero, además de miembro de la Junta Patriótica departamental del Guaviare. Según la Fiscalía, ella y el resto de los capturados han sido objeto de seguimientos durante los últimos tres años, por cuenta de una investigación que “se inició con base en denuncias hechas por víctimas y testigos, que aportarían pruebas que determinarán la participación de estas personas como integrantes de redes de apoyo del frente 7 de las Farc, en la consecución de varios delitos contra la población de la región donde delinquen”.
Fuentes cercanas al proceso aseguran que la vinculación de esos líderes con la guerrilla se basa en el testimonio de seis supuestos desmovilizados de las Farc, que los señalan de “ser defensores de derechos humanos que reciben orientación de la organización”. Asimismo, los presuntos exguerrilleros declararon que esas personas convocan marchas por directriz expresa de las Farc y que están encargadas de señalar a los campesinos que no asistan a ellas, con el objetivo de tomar represalias en su contra. En el caso de Rojas, uno de los testigos lo acusó de reclutarlo forzadamente cuando era un niño de 10 años y de desplazarlo a él y a su familia, como retaliación por abandonar las filas de las Farc.
En cuanto a los cargos por secuestro simple, son consecuencia de las denuncias que interpusieron tres de los 24 policías retenidos en 2013. Para las autoridades, esas cuatro personas cometieron graves delitos, por lo que una juez de Villavicencio los envió a la cárcel de esa ciudad.
¿Persecución política?
Según Camilo Fagua, abogado de tres de los capturados, los cargos que la Fiscalía les imputó a sus defendidos no tienen sustento probatorio. Asegura que los testimonios de los supuestos desmovilizados “no contienen información precisa sobre día, hora y lugar donde sucedieron las reuniones entre los comandantes de las Farc y los líderes detenidos”, por lo que no son suficientes para probar la responsabilidad de los procesados. En concepto del jurista, el caso hace parte de una persecución sistemática contra la Cumbre Agraria, una confederación de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y populares, que surgió tras el Paro Nacional Agrario de 2013 y a la que pertenecen Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos.
Para Diana Nocua, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica, “no es casualidad que esta presión política contra las organizaciones sociales (las capturas) se dé en el marco del pronunciamiento del presidente Santos sobre ponerle límites de tiempo al proceso de paz. En últimas, lo que se quiere es generar mecanismos de presión por múltiples vías para tratar de llegar rápidamente a un acuerdo y frenar las voces de la gente que plantea que la paz no se genera solamente a través de un proceso entre la insurgencia y el Estado, sino a través de cambios estructurales en el país”.
Insiste, además, en que las capturas “son parte de la persecución que se viene presentando contra Marcha desde que se constituyó, en razón a que siempre se la ha querido vincular con las Farc. Contamos con 94 personas asesinadas y más de 314 privadas de la libertad, de las cuales al menos 150 están en la cárcel”. Para esa organización, también existe la preocupación por el impacto que el proceso judicial pueda generar sobre la contienda electoral de octubre, para la que ya ha postulado sus propios candidatos con el posible aval de partidos como el Verde, la Unión Patriótica y el Polo Democrático.
Por ahora, la Fiscalía continuará adelantando las investigaciones. Será en los estrados judiciales donde se determine si esos dirigentes campesinos delinquieron, lo que a la larga definirá si en efecto se orquestó una persecución con tintes políticos o no.
