Hablamos con los defensores del “No a la restitución de tierras” en la marcha del uribismo
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Hablamos con los defensores del “No a la restitución de tierras” en la marcha del uribismo

Juan David Ortíz Franco - Abril 4, 2016

Asistentes a las marchas del 2 de abril vistieron camisetas con consignas contra la restitución. ¿Quiénes son?

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El proceso de restitución de tierras fue el principal tema en la agenda de la marcha del 2 de abril en San Alberto, Cesar. Foto Aníbal Guerra.

 

La Plaza de Bolívar quedó impecable. Sin paredes rayadas, sin basura más allá de sus justas proporciones, sin que el gas lacrimógeno, de uso tan frecuente en las marchas de la capital, se filtrara a las oficinas y a los locales vecinos. Daniel Mejía, secretario de Seguridad de Bogotá, publicó un par de fotos y dijo que la marcha del uribismo, el pasado 2 de abril, demuestra que se puede “protestar sin vandalizar la ciudad”.

Pese al fantasma de la supuesta presión de Los Urabeños para que las comunidades de algunas regiones participaran en la marcha, a los neonazis que vestían camuflado y a unas cuantas escaramuzas con quienes salieron a protestar contra la protesta, el balance del Distrito, de los promotores y hasta de la Policía —al presentar su consolidado nacional—, es que la movilización fue “pacífica”.

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En efecto no hubo enfrentamientos y los acorazados del ESMAD no fueron protagonistas, pero entre las miles de camisetas de la Selección Colombia que uniformaron a buena parte de los asistentes a las marchas en todo el país, aparecieron otras, mucho más austeras, con una consigna por lo menos polémica: “No a la restitución de tierras”.

Ocurrió en el municipio de San Alberto, en el sur del Cesar. La foto que más ha circulado muestra a dos hombres de espalda que miran hacia una tarima. Sus camisetas, igual que las de otras cuantas personas que se concentran en el sitio expresan así, sin más contexto, su oposición al proceso que pretende devolver a sus propietarios legítimos las tierras despojadas en el marco del conflicto. “Y dicen que la marcha uribista de ayer fue ‘pacífica’”, escribió alguien en Twitter.

Y dicen que la marcha uribista de ayer fue “pacífica”. pic.twitter.com/mqdcwy0OUc

— Jaime Andrés (@JAIM3_ANDR3S) 3 de abril de 2016

 

¿No a la restitución de tierras?

Detrás de la consigna y de las camisetas está un colectivo denominado Asocolvirt (Asociación Colombiana de Víctimas de Restitución de Tierras). Se trata de una organización que, de acuerdo con Julio González, su representante, reúne a cerca de 1.600 personas que dicen ser compradores de buena fe y estar perdiendo sus propiedades por cuenta de los vacíos de la ley 1448 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras).

“Nosotros no somos enemigos de la restitución, lo que pasa es que esta gente compró sus tierras de buena fe con el único capital que tenía, y hoy en día el Gobierno los está despojando. No somos ningunos bandidos ni tenemos antecedente alguno de haber participado en un despojo”, asegura González.

La asociación, según su vocero, nació a raíz de la problemática que se ha generado en el Magdalena Medio  —una región conformada por municipios de Antioquia, Cesar, Santander y Bolívar que ha hecho amagues para convertirse en departamento— donde, según Asocolvirt, la ley de Restitución de Tierras está victimizando a campesinos que nada tuvieron que ver con el conflicto armado.

“Nosotros no podemos negar que en Colombia hubo despojo —explica González— eso pasó en una gran tormenta de violencia que perjudicó a muchos ciudadanos, lo que pasa es que han aparecido muchos avivatos  que se aprovecharon de una ley con muchos vacíos jurídicos”.

Y es que su teoría sobre lo que ocurre en esa región, donde han actuado guerrillas y paramilitares, apunta a que muchos de los que hoy son reclamantes de tierras vendieron sus predios voluntariamente y sin presiones violentas. Otros, dice González, favorecían a la insurgencia y salieron de la zona tan pronto entraron las autodefensas. Por eso, asegura, “los victimarios del ayer se hacen las víctimas hoy”.

Es así como afirma que el Estado, con la implementación de la ley 1448, es “más despiadado que guerrilleros y paramilitares” y que la organización que lidera ya ha documentado más de 100 fallos de restitución que, según él, no han hecho otra cosa que “robarle la tierra al campesino”.

Por eso el representante de la asociación, quien fue concejal del Partido Conservador y en las últimas elecciones aspiró a la Alcaldía de San Alberto por el Centro Democrático, se puso la camiseta del “No a la restitución de tierras”, igual que otros miembros de Asocolvirt, y salió a la marcha contra el gobierno Santos.

“Nadie marchó en contra de la paz, porque Dios quiera que la paz llegue, pero que llegue sin impunidad, sin poner los derechos de uno por encima de otro, Nosotros queremos una paz con justicia social. ¿Dónde están las propiedades que tienen las Farc, dónde están las que tenían las Autodefensas?”, dice el vocero de la asociación.

“¿Si las guerrillas duraron tanto en el monte, nosotros por qué no vamos a aguantar?”

Pese a una afinidad personal que no esconde con el expresidente Álvaro Uribe y con el Centro Democrático, Julio González asegura que la problemática de la restitución de tierras en el Magdalena Medio no es un asunto partidista. “Tenemos unos puntos de desacuerdo con la ley, pero vuelvo y le insisto en que aquí nadie marchó en contra de la paz, sino por la necesidad de todo un pueblo. Nosotros no somos de Uribe ni de Santos, aunque si somos cercanos a Uribe es porque nos ha dado espacio”.

Pero Aníbal Guerra, el autor de las fotos en la marcha de San Alberto y representante legal de la Asociación Campesina del Magdalena Medio —una organización que él mismo dice fue creada recientemente por agricultores, palmicultores, ganaderos y comerciantes—, va más allá. Explica que también promovió la consigna de “No a la restitución de tierras” en la marcha del Centro Democrático para canalizar en ella la protesta, pero no porque se considere uribista. Es más, dice que lo admira, pero que son varios los puntos que lo distancian del expresidente.

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“Ni nos pagaron ni nos ordenaron ni nos dijeron que había que salir a marchar con Uribe. Empezando porque yo en lo personal no estoy con Uribe. Yo lo considero una persona valiosa, pero no comparto muchas de sus políticas. Por ejemplo, él es partidario del monopolio absoluto de las armas por parte del Estado y esa es una idea que también tiene el actual Gobierno, una política de desarmar primero a la gente buena para que quede a merced de los delincuentes. Eso nos parece una cosa tremendamente complicada”, dice Guerra.

Y esa idea de las armas “en manos de la gente buena”, es precisamente lo que, a juzgar por las palabras de ambos líderes, puede convertir al Magdalena Medio en un polvorín. Es que no se trata simplemente de camisetas, marchas y consignas, pues González y Guerra aseguran en que en esa región ya han empezado las “invasiones” por parte de reclamantes de tierras y la tensiones que eso conlleva.

Hay comunidades enteras diciendo que si hay que volear plomo, volean plomo, que si tienen que alzarse en armas contra el Estado lo van a hacer.

“Lo que está sucediendo es el caldo de cultivo para la guerra más miedosa que se pueda formar. Nosotros hemos dicho que somos partidarios y promotores de que las víctimas del conflicto sean reparadas por parte del Estado y de todos los actores armados, pero está llegando una estampida de gente que viene de otras regiones, que ni siquiera se sabe quiénes son y hay comunidades enteras diciendo que si hay que volear plomo, volean plomo, que si tienen que alzarse en armas contra el Estado lo van a hacer. Es que son campesinos, no terratenientes. Es gente buena, pero es gente brava también”, dice Guerra.

Y ese panorama, como ya ha sucedido en Urabá, puede desatar nuevos conflictos. En el caso de esa subregión de Antioquia, lo que ha ocurrido desde la promulgación de la ley de Restitución de Tierras en 2011, es que muchos reclamantes han ocupado propiedades ante la demora en los procesos judiciales que deben dirimir la disputa por los predios. La respuesta, en algunos casos, ha sido el desalojo por parte de las autoridades, pero en otros, la aparición de los llamados “ejércitos anti restitución” que amenazan, intimidan y destruyen los ranchos de aquellos a quienes los dueños de la tierra consideran invasores. De acuerdo con la ONG Forjando Futuros, hasta enero pasado habían sido asesinados 73 reclamantes de tierras en todo el país.

Y guardando las proporciones, un escenario así es el que podría desatarse en el Magdalena Medio pues, según Julio González, los asociados a la organización que lidera están dispuestos a defender como sea necesario las tierras de las que dicen ser propietarios legítimos: “No vamos a entregarle un metro de tierra más al Gobierno si no nos prueba que somos unos bandidos. Nadie quiere ir a pelear, el problema es cuando sus derechos son vulnerados. ¿Si las guerrillas duraron tanto en el monte nosotros por qué no vamos a aguantar si nos toca que ir?”.