Puede que Roy Barreras logre salvar la JEP, pero las reformas rurales pueden quedarse suspendidas, en el mejor de los casos, seis meses más.
Se vienen horas agitadas en el Congreso. El jueves 30 de noviembre se termina el plazo para que los congresistas aprueben nueve reformas legales que necesita la paz. El ‘Fast-track’, un periodo especial creado para tramitar de manera ágil las reformas contempladas en La Habana, dejará de existir el viernes. Esto quiere decir que todos los proyectos que queden por fuera tendrán que ser tramitados por la vía ordinaria y que la implementación de la paz se puede retrasar unos meses más.
La Jursidicción Especial para la Paz (JEP), de la que tanto se ha hablado, es uno de los proyectos que están incluidos en el ‘Fast-track’ y que tienen, como máximo, dos días para ser aprobados. Lo mismo sucede con las 16 circunscripciones especiales de paz, proyecto que garantiza la participación política de las víctimas que habitan en las 16 regiones más golpeadas por el conflicto armado.
Hay temas que no han tenido tanta trascendencia mediática pero que son de vital importancia para implementar los el acuerdo de paz de La Habana: la creación del Sistema de Innovación Agropecuaria, la construcción de un observatorio de transparencia para fortalecer las veedurías ciudadanas, el tratamiento diferencial para las personas que cometan delitos relacionados con los cultivos de uso ilícito, la reforma al sistema de alertas tempranas y la reforma política.
Si bien es cierto que el gobierno ha logrado sacar provecho del ‘Fast-track’ con la creación de entidades claves como la Comisión de la Verdad y la Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas durante el conflicto, los puntos más importantes del acuerdo se están quedando rezagados.
Si la JEP no se aprueba, por ejemplo, los ex guerrilleros de las Farc no podrán participar en política tan fácilmente porque se retrasarían los procesos de amnistías. También quedaría en entredicho la participación de las víctimas en el congreso y las reformas rurales que se acordaron con las Farc.
El gobierno se está jugando sus últimas cartas en la aprobación de la JEP, pues sin justicia transicional, como lo han dicho los altos mandos de las Farc, se podría caer el acuerdo de paz. El senador Roy Barreras está haciendo todo lo posible para que la JEP y las circunscripciones se salven. En segundo lugar, el gobierno busca que se apruebe la reforma política para incluir modificaciones en las elecciones de 2018. Sin embargo, ni siquiera las Farc están avalando esta reforma por las múltiples modificaciones que sufrió en el congreso.
Sector rural, el principal afectado
Así las cosas, lo más probable es que temas urgentes como el catastro multipropósito se queden por fuera del ´Fast-track’ y tengan que ser aprobados por la vía ordinaria. El sistema de catastro multipropósito es solo una de las herramientas contempladas en la reforma agraria. ¿La motivación? Reorganizar el territorio y comenzar un proceso de titulación en el sector rural, donde, como lo hemos contado, existen brechas enormes entre jornaleros y los poseedores de tierras. Directamente relacionado con este punto está el proyecto de adjudicación de baldíos en las zonas de reserva forestal en siete regiones del país.
Según el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, con este proyecto se podrían “generar cerca de dos millones de hectáreas que están en zona de frontera agrícola y que nos permitirían cerrar esa frontera para garantizar acceso a la tierra, pero también impulsar actividades productivas en manejo forestal sostenible, en producción de los bosques, en generación de parcelas agroforestales y silvopastoriles”.
Ángela Penagos, directora del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp), explicó que sería problemático que se cayeran las reformas agrarias de contempladas en el ‘Fast- track´, pues “buena parte del cumplimiento del acuerdo y de la construcción de paz depende de contar con una institucionalidad en la ruralidad”.
En relación a la necesidad de crear un Sistema de Innovación Agropecuaria Penagos dice que “la asistencia técnica en los municipios rurales es obsoleta, y está delegada a entidades territoriales que no cumplen con los requisitos, como las alcaldías”. Es por esta razón que los pobladores tienen un acceso limitado a nuevas tecnologías que, en teoría, el gobierno supliría cumpliendo el acuerdo de paz. Este escenario sería posible si los congresistas salvan la reforma rural integral en las próximas 48 horas.
