OPINIÓN | Los casos de ‘falsos positivos’ no son el primer cuestionamiento por violaciones a Derechos Humanos en la carrera de este general retirado.
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Por: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
En la audiencia del pasado jueves, en la que por primera vez un Comandante General del Ejército Nacional comparecía ante la justicia por crímenes de Estado, entre ellos lo llamados ‘falsos positivos’, hubo más de una frustración. A pesar de que en la Fiscalía se encuentran reconocidas más de 100 víctimas, a la audiencia en la que se definía si se iba a suspender o no el proceso en contra del General Mario Montoya Uribe, apenas un puñado fueron citadas. Sí. La audiencia era para conocer si Montoya aún mantenía su voluntad de sometimiento a la Justicia Especial para la Paz (JEP), a raíz de una modificación que hizo el Centro Democrático en los cambios “sustanciales” que pidieron tuviera la recién aprobada ley de procedimiento de este tribunal.
Esta norma aplaza por 18 meses la realización de los derechos de las víctimas de crímenes de Estado, mientras mantiene los beneficios a militares, hasta que les diseñen un nuevo Procedimiento Penal a la medida. Precisamente por eso, por ser discriminatoria y contraria al Acuerdo de Paz, fue que los representantes de las víctimas solicitaron a la JEP que no la aplicara. Sin embargo, los magistrados guardaron silencio sobre el tema. La audiencia duró seis angustiosas horas solo en reconocimiento de partes, entre ellas las víctimas, y no acabó de reconocerlas a todas. ¿Qué tal que comparecieran las más de 2.000 víctimas en casos donde se vincula a Mario Montoya ante la JEP? ¿Cuántos años demoraría su reconocimiento en audiencia?
A esta indeterminación se suma que todos los presentes se quedaron sin saber si el General Montoya mantiene o no su voluntad de someterse a la JEP. Otra decepción fue que las víctimas no pudieron darle a conocer a los medios “la medalla de la verdad”, una pieza que elaboraron como símbolo de lo que esperan de Montoya en la justicia transicional: que diga toda lo que sabe. Iba a ser presentada por Cruz Helena Peña, madre de Juan Diego Martínez Peña, asesinado el 18 de julio de 2008 en San José de Isnos, Huila. No obstante, el símbolo permaneció oculto entre las demoras y los trámites internos y solo algunos medios alternativos a la entrada de la JEP lograron registrar el momento.
La realidad es que para las víctimas esa era la única medalla que debería exhibir el general Montoya. “La que debe ganarse”, dijo Cruz Elena, pues es la única de sus 35 galardones que no está ligada a graves cuestionamientos sobre su carrera militar o a “litros de sangre”, como él mismo se refería cuando informaba sobre los resultados operacionales que exigía. En contraste, con el reclamo de verdad que llevaban las víctimas y que se coreaba con fuerza en la calle, Montoya negó nuevamente su responsabilidad por 2.429 casos de asesinatos “a sangre fría”, como llamó el Relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales Philip Alston en 2009 a los estremecedores casos de “falsos positivos” en Colombia.
Y es que los “falsos positivos” no son el primer cuestionamiento por violaciones a Derechos Humanos en la carrera de Montoya. A finales de la década de los setenta, fue creada una estructura criminal al interior del Batallón de Inteligencia Charry Solano llamada “Triple A”, a la que se atribuyen crímenes contra la izquierda y en la que Montoya ejercía como Jefe de Sección y Jefe de Blanco (1977-1979). Posteriormente, siendo Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur en el Valle de Guamuez –Sur de Putumayo– (1999-2001) se denunciaron numerosas desapariciones forzadas y años después fueron encontrados más de 100 cuerpos en fosas comunes.
Ya en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a su paso por el comando de la IV Brigada con sede en Medellín (2002-2003), se llevaron a cabo las operaciones Orión y Mariscal durante las cuales paramilitares y fuerza pública patrullaron en la Comuna 13 de esa ciudad, dejando a su paso detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos de civiles. En la actualidad la Fiscalía investiga 47 homicidios con 44 víctimas identificadas y 33 sin identificar. Es la hora y las familias de las víctimas aún buscan a sus seres queridos en el sitio denominado La Escombrera.
En este mismo periodo, como comandante de la IV Brigada, a pesar de contar con información previa, Montoya no habría hecho nada para prevenir la masacre de Bojayá, cometida por las Farc el dos de mayo 2002. Por el contrario, los uniformados que lideraba habrían hecho presencia sólo después de los hechos, en compañía de los mismos paramilitares que habían utilizado a los civiles como escudo humano. Luego, Montoya fue comandante de la I División del Ejército (diciembre de 2003 a abril de 2005), lapso en que se denunciaron 158 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, así como la masacre en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, donde fueron asesinadas ocho personas, incluyendo tres menores de edad. Entre abril de 2005 y febrero de 2006 el general retirado fue Jefe del comando Conjunto Caribe, y en su periodo documentaron 541 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. La lista no acaba.
Mientras que la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCEEU, documentó 3.001 víctimas de “falsos positivos” entre el 2006 y 2008 –el tiempo que Montoya Uribe ejerció como Comandante del Ejército– la Fiscalía registró más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales en el país. Todo esto para decir que aunque es temprano para saber si la JEP cumplirá el desafío de llevar justicia a miles de víctimas de las acciones u omisiones de Mario Montoya Uribe en su paso por el Ejército Nacional, la exigencia de verdad es alta y sería indigno que el tribunal tome el camino de la suspensión y no el de la realización de los derechos de las víctimas.
También quedó claro que la JEP debe reformar con urgencia sus procedimientos: en seis horas de diligencia ni se resolvieron los recursos de las víctimas y la defensa, ni se reconocieron a todas las víctimas, ni quedó claro si Montoya diría toda la verdad o si su comparecencia es una simple estrategia para eludir la acción de la Fiscalía. Al final solo nos queda un mensaje para todos los magistrados de la JEP: ¡Qué gran reto el que tienen de demostrarle a las víctimas y a la sociedad que no habrá impunidad!
