Acuerdo en La Habana para sustituir cultivos ilícitos en Briceño, ¿qué dicen los campesinos?
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Acuerdo en La Habana para sustituir cultivos ilícitos en Briceño, ¿qué dicen los campesinos?

Juan David Ortíz Franco - Junio 10, 2016

El 95% de los pobladores rurales de Briceño, en la zona de desminado y sus alrededores, viven de la economía cocalera.

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El acuerdo para la sustitución voluntaria de cultivos en Briceño empezaría a aplicarse el próximo 10 de julio. Foto Samuel Tabares Adarve.

El Gobierno y las Farc llegaron a un acuerdo para iniciar un proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el municipio de Briceño, Norte de Antioquia. De acuerdo con el anuncio, el programa se implementará inicialmente en 10 veredas, entre las cuales está Orejón, el lugar donde a medios de 2015 se inició el proyecto piloto de desminado humanitario, también pactado en La Habana.

Y es que es precisamente en el marco de ese proyecto, el de desminado, que las partes en la mesa de conversaciones acordaron avanzar en la sustitución de cultivos de coca en esa localidad. “Esta aproximación conjunta al territorio, a las comunidades y a sus líderes ha abierto la oportunidad de incorporar al proceso de desminado humanitario la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito”, dice el comunicado.

De acuerdo con datos no oficiales de autoridades nacionales que hacen presencia en la zona, cerca del 95% de los pobladores rurales de Briceño dependen de la economía cocalera. Pero mientras los campesinos ven en la coca un medio de subsistencia, en la cima del negocio, las Farc y Los Urabeños se han enfrascado en una disputa que tiene una de sus explicaciones en los recursos millonarios que dejan los cultivos ilícitos. Muchas de las víctimas recientes de ese enfrentamiento han sido justamente los campesinos cocaleros.

¿Qué contempla el acuerdo?

El comunicado revelado este viernes anuncia que el acuerdo se pondrá en marcha desde el 10 de julio y, además de Orejón, cubrirá las veredas Pueblo Nuevo, La Calera, La América, El Pescado, La Mina, Buena Vista, Altos De Chiri, Roblal y Palmichal. Otras veredas serían incluidas en la medida en que sus comunidades manifiesten interés de sumarse al proceso.

El acuerdo también establece que tanto las Farc como el Gobierno se comprometen a “conformar una instancia de coordinación conjunta que, dependiendo de la Mesa de Conversaciones de La Habana, definirá protocolos y marcos operativos para poner en marcha este esfuerzo”.

Aunque no se precisaron los detalles de ese órgano de coordinación, el comunicado aclara que en el territorio habrá un grupo de acompañamiento a la iniciativa conformado por el Gobierno Nacional, las Farc y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Además, ese grupo tendrá el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Igualmente, el acuerdo aclara que el proceso “contará con la participación activa de voceros de la comunidad” y que tanto los pobladores de la zona como el Gobierno podrán convocar otras organizaciones nacionales e internacionales acompañantes.

“Una vez suscrito el compromiso comunitario con la sustitución y la no resiembra —continúa el comunicado—, con el propósito de desarrollar el territorio y sus comunidades y facilitar el tránsito hacia economías legales de cultivadores, recolectores y amedieros, se pondrá en marcha un plan de atención inmediata y de desarrollo de proyectos productivos”.

Ese plan de atención y los proyectos productivos se desarrollarán, según las partes, con base en lo acordado en el punto cuatro de la agenda de conversaciones de La Habana: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas.

Cerca de 400 familias vivirían de la coca en Orejón y sus alrededores según un diagnóstico inicial de la Cancillería. Foto Samuel Tabares Adarve

¿Qué opina la comunidad?

En varios apartes del comunicado, el Gobierno y las Farc aseguran que la opinión de los pobladores de la zona será tenida en cuenta en el proceso de sustitución voluntaria de cultivos. “Las comunidades participarán en la elaboración y ejecución de estos planes así como en los mecanismos de verificación. Este esfuerzo conjunto se pondrá en marcha sobre la base de la más amplia y directa participación de las comunidades que habitan las veredas”, precisa el texto.

Esa participación es la misma que, de acuerdo con los pobladores de la zona, debe superar el acuerdo suscrito en La Habana para hacerse efectiva en el territorio. “Yo creo que es la manera más acertada. Lo primero es contar con el aval de las comunidades y con garantías de vida para poder continuar en el territorio”, dijo una líder de Orejón al conocer el comunicado.

Esas garantías de las que habla son las mismas que en otras instancias los campesinos de la zona han discutido con instituciones como la Cancillería. “Nosotros estábamos trabajando con la Cancillería, pero era un proceso solo con el Gobierno y, como comunidad, habíamos hecho el acuerdo de dejar quieta la cosa porque nos parecía que las Farc también tenían que estar para darle mayor seriedad. Estábamos esperando si llegaba un pronunciamiento así como el de hoy”, explica uno de esos líderes.

“Querían meter eso de un solo tirón acá. Aceptamos un diagnóstico que presentaron —en un primer ceso contabilizaron cerca de 400 familias cocaleras—, pero luego vinieron con la propuesta de proyectos productivos. Nosotros les respondimos que antes había que definir todo lo de infraestructura y lo de garantías, porque nada nos ganamos con hacer un acuerdo de sustitución voluntaria para que vengan otros grupos y puteen esto acá”, agrega el campesino.

Por eso, el líder dice que es un acierto que el proceso se vaya a desarrollar a partir de ahora con la participación conjunta de la mesa de conversaciones y no solo como una iniciativa unilateral del Gobierno. “Como comunidad habíamos hablado de que esto tenía que estar acompañado por las Farc y validado en La Habana. Ya es un acuerdo y desde allá nos cogieron para ensayar de todo, pero bueno, vamos a darle”, afirma.

Sin embargo, insiste en que la participación de la comunidad debe ser real y en que, antes de hablar de proyectos productivos, se tienen que subsanar las falencias en infraestructura que aíslan a muchas veredas y dificultan el acceso a fuentes de agua y a la tierra para algunos campesinos que no tienen dónde cultivar. Aunque, sobre todo, dice el líder, deben garantizarse las condiciones para que los pobladores de la zona puedan permanecer en sus fincas sin quedar a merced de otras agrupaciones armadas que estarían interesadas en conquistar los espacios que dejarían las Farc luego de su desmovilización.