Según la entidad, las actuales estructuras del crimen organizado no tienen fines contrainsurgentes.
- Para la Fiscalía, los nuevos grupos del crimen organizado responden a motivaciones diferentes a las que tuvo el paramilitarismo. Foto: Mario Zamudio.
“Muchas de las estructuras del crimen organizado están conformadas por exparamilitares. Esa relación existe, lo que pasa es que tenemos absoluta claridad de que en Colombia el fenómeno del paramilitarismo no existe”.
Con esas palabras, el fiscal encargado, Jorge Perdomo, explicó la manera como la Fiscalía entiende la naturaleza de las organizaciones armadas ilegales que ocuparon los espacios de los paramilitares en buena parte del país y que el Gobierno optó por llamar “bandas criminales”.
Perdomo aseguró que si bien el negocio del narcotráfico es un común denominador entre el paramilitarismo y las organizaciones criminales de la actualidad, el propósito de ambas es distinto, porque “la propuesta criminal de los paramilitares tuvo origen en una lucha contrainsurgente financiada por comerciantes y empresarios en diferentes zonas del país”.
La tesis del fiscal acompañó el anuncio sobre la entrega de un paquete de 34 propuestas dirigidas al Gobierno para combatir el crimen organizado en un eventual escenario de posconflicto. Las medidas tienen seis propósitos, entre los cuales se destacan el de fortalecer las capacidades de persecución de bienes y el de “flexibilizar los márgenes legales de negociación e imposición de medidas alternativas”. Este último plantea la posibilidad de que el Estado negocie con ese tipo de organizaciones y les abra la puerta para firmar acuerdos colectivos de sometimiento a la justicia.
La propuesta es de vieja data, pues en 2015 la Fiscalía le presentó un proyecto de ley al Congreso para definir los parámetros para el sometimiento de organizaciones criminales que estén dispuestas a colaborar con la justicia. La norma que se encuentra en trámite crea la figura de un fiscal negociador autorizado para entablar contactos con los delincuentes o sus representantes y pactar los términos de su entrega. A cambio, los integrantes de esas estructuras recibirían beneficios jurídicos y económicos.
Uno de ellos sería la posibilidad de que quienes cooperen y se acojan a sentencia anticipada en procesos de extinción de dominio puedan conservar hasta el 3% de sus fortunas.
De acuerdo con la Fiscalía, solo en lo corrido de 2016 se les han incautado bienes avaluados en $500 mil millones a Los Urabeños. Eso significa que, si se implementa esa medida y Los Urabeños se acogen al beneficio, sus integrantes podrían conservar una fortuna que ronda los $15.000 millones. Eso, teniendo en cuenta solo aquellos bienes que las autoridades han incautado en los últimos seis meses.
La disputa por los dominios de las Farc
- Según la Defensoría del Pueblo, Los Urabeños hacen presencia en 22 departamentos del país. Foto: Cortesía
Según la Fiscalía, en los últimos cuatro años se han efectuado más de 11 mil imputaciones por delitos del crimen organizado. Sin embargo, el fiscal (e) reconoció que el accionar de esas organizaciones se mantiene: “A pesar de que hemos impactado de forma grande a los carteles y hemos capturado muchos cabecillas, seguimos dándonos cuenta de que los mercados y los flujos ilegales se mantienen. Es decir que, a pesar de estas capturas, a pesar de estas judicializaciones, el fenómeno de la organización criminal como tal sigue existiendo”.
Agregó que la existencia de mercados ilícitos como el de la droga facilitan el relevo en las agrupaciones que controlan esos negocios. Por ello, aseguró que en la etapa posterior a un acuerdo para la terminación del conflicto con las Farc será necesario enfrentar a esas organizaciones “de cara a las necesidades del posconflicto y a las nuevas formas de criminalidad”.
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Entre esas necesidades está el riesgo de que algunos de esos grupos se interesen por copar territorios que en hoy están bajo el dominio de las Farc. En esos casos, según Perdomo, habría disputas que requieren fortalecer las capacidades del Estado.
“Puede ser una disputa pacífica en la medida en que los grupos delincuenciales se pongan de acuerdo para seguir delinquiendo y explotar el negocio ilícito en esa zona. O puede ser algo más preocupante como disputas violentas que aumenten los delitos”, dijo el fiscal.
La Guajira, el Catatumbo, los Llanos Orientales, el Bajo Cauca antioqueño y buena parte del Pacífico son las cinco regiones que, para la Fiscalía, deben ser priorizadas de cara al desarme de la guerrilla y a la llegada de nuevos actores ilegales.
Sin embargo, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, solo Los Urabeños hacen presencia en 22 departamentos del país. De ahí que será en buena parte de Colombia donde el Estado deberá asumir el reto de garantizar la seguridad de los excombatientes de las Farc y de las comunidades, frenando la expansión de un fenómeno que, por ahora, parece no haber tocado techo.
