‘Los paramilitares torturaron personas de 31 formas distintas’

El Tribunal Superior de Bogotá determinó que los 'paras' utilizaron la tortura como estrategia de guerra y para ejercer control social.

Para conseguir información, “castigar” u obtener confesiones, paramilitares de varias estructuras —hoy desmovilizadas— torturaron de 31 maneras distintas en 15 departamentos de Colombia. La cifra da cuenta de uno de los capítulos más cruentos de la guerra, que acaba de ser abordado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá en su sentencia contra tres exintegrantes del frente Héctor Julio Peinado Becerra de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Según el Tribunal, en ninguna otra facción paramilitar se cometieron tantas torturas como en ese frente, que operó en el sur del Cesar. Así, de los 65 casos estudiados en el fallo, 16 incluyeron crímenes de ese tipo, y en próximas audiencias se conocerán otros 461 hechos, de los cuales el 15% contienen torturas.

Teniendo en cuenta las dimensiones de ese crimen atroz, el Tribunal estudió su ocurrencia en diferentes regiones del país y elaboró uno de los primeros documentos judiciales que reconstruye la verdad sobre la tortura, cuya ponencia estuvo a cargo del magistrado Eduardo Castellanos.

El fallo determinó que paramilitares de Norte de Santander, Tolima, Cesar y Magdalena utilizaron técnicas de asfixia y ahogamiento para obtener información de personas señaladas como militantes o colaboradores de las guerrillas. Entre esas técnicas se encuentran la de amarrar bolsas con detergente en la cabeza de las víctimas; “enrollarles” toallas mojadas con sal para ganado hasta “propiciarles asfixia, vómito y quemazón en las fosas nasales”; colgarlas de árboles con sogas atadas al cuello y sumergirlas en baldes de agua con sal.

Según el documento, los ‘paras’ también trasladaron a las víctimas a zonas despobladas y las golpearon brutalmente para “castigarlas” o extraerles información. Por ejemplo, en Sabanalarga (Atlántico) y Valdivia (Antioquia) golpearon a supuestos ladrones de ganado, casas y establecimientos comerciales hasta tumbarles los dientes, mientras que en Caldas le fracturaron las piernas a un futbolista y luego lo asesinaron en venganza por negarse a jugar en el equipo de uno de los financiadores de las Autodefensas.

Además, como “castigo” por, según ellos, militar, apoyar o relacionarse con las Farc y el ELN, los paramilitares mutilaron personas en Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Meta y Vichada. En el Urabá antioqueño, hombres del bloque Bananero lo hicieron con militantes de la Unión Patriótica y en el Norte de Antioquia el bloque Mineros mutiló los pezones de una mujer considerada “inmoral”.

En Meta y Vichada, los ‘paras’ también raparon y desprendieron fragmentos del cuero cabelludo de niñas y adolescentes como “castigo” por “ponerse faldas cortas, desobedecer a los padres, ‘incitar’ a hombres casados a ser infieles y estar hasta altas horas de la noche en la calle”. El Tribunal también concluyó que en Santander, Cundinamarca, Nariño, Atlántico, Cesar y Arauca los paramilitares usaron motosierras para desmembrar vivas a sus víctimas.

Igualmente, patrulleros del bloque Catatumbo les propinaron descargas eléctricas a supuestos guerrilleros para obligarlos a “confesar, delatar o aportar información confidencial”. Similar situación ocurrió en Cundinamarca, donde usaron esa forma de tortura para que las víctimas delataran “la ubicación de campamentos, zonas de operación, movimientos de tropas y centros de avituallamiento (alimentación)”.

En otros hechos, particularmente los relacionados con presuntos ladrones de ganado, las Autodefensas quemaron las manos y los genitales de las víctimas con fuego, agua hirviendo y ácidos.

También se presentaron casos en los que se combinaron distintas modalidades de tortura, como el de un supuesto enfermero del bloque Oriental de las Farc que fue secuestrado por paramilitares en el Meta, encerrado en un cuarto sin luz y sometido a procedimientos quirúrgicos de práctica por parte de los patrulleros que estaban “aprendiendo primeros auxilios”.

Pero las Autodefensas no sólo utilizaron la tortura para ganar ventaja en la guerra contrainsurgente o para ejercer control social. El Tribunal determinó que también la emplearon para castigar a los combatientes que incumplieron el régimen disciplinario en zonas comandadas por hombres de extracción campesina y con fuerte arraigo territorial, como Ramón Isaza, Luis Eduardo Cifuentes y Baldomero Linares.

En el caso de Isaza, el Tribunal asegura que compró 50 hectáreas entre Antioquia y Boyacá y las rodeó de agua para crear una especie de “isla”, en la que confinó a los combatientes indisciplinados. Una vez en ese lugar, los hombres fueron torturados psicológicamente con trabajos forzados, aislamientos, picaduras de insectos y entierros. Linares y Cifuentes, por su parte, usaron el confinamiento en habitaciones oscuras y la privación del sueño para castigar a sus subalternos.

Con esos hechos en mano, el Tribunal concluyó que en Colombia las Autodefensas usaron la tortura “a gran escala”, a diferencia de otros países en conflicto, donde los servidores públicos fueron los únicos perpetradores de esos delitos. Asimismo, aseguró que un número importante de los episodios ocurrieron en carreteras, fincas u orillas de ríos, por lo que buena parte de las víctimas fueron asesinadas y desaparecidas después de las torturas.

El fallo también llamó la atención sobre el hecho de que en algunos casos de mutilaciones los paramilitares dejaran los cuerpos de las víctimas en sitios públicos, acompañados de letreros en los que se adjudicaban la autoría o le anunciaban a la comunidad las razones por las cuales cometieron el crimen. Por eso, le sugirió a la Fiscalía que imputara el delito de terrorismo, teniendo en cuenta que con esas exhibiciones se buscaba “atemorizar a la población para moldear sus comportamientos a las pretensiones del grupo armado”.

Los magistrados también dejaron claro que la práctica de esas modalidades de tortura no fueron hechos asilados cometidos por combatientes “sádicos” o “sanguinarios”, sino que fueron funcionales a los “planes de guerra” de los paramilitares. La estrategia no siempre fue efectiva y en ocasiones sólo condujo a información falsa o al silencio, particularmente cuando las víctimas realmente pertenecían a alguna de las guerrillas.

Las Farc, dice la sentencia, desde 1982 estableció el secreto, la compartimentación y la desconfianza como principios inviolables de contrainteligencia para prevenir que a través de torturas o infiltraciones se pudieran extraer datos sensibles.

De ahí que, según el Tribunal, “los torturadores no tienen manera de comprobar si la información que les entrega la víctima en medio de los interrogatorios es veraz, y si esta estrategia de guerra puede ser útil en contextos donde el ‘enemigo’ maneja códigos secretos y compartimentados para operar”. Es decir, que no siempre la comisión de esos delitos fue “útil” en el desarrollo del conflicto.

Es de esta manera como Justicia y Paz empezó a abrir el camino para comprender dónde, cuándo, cómo y por qué los grupos paramilitares usaron la tortura como estrategia bélica, una grave violación a los derechos humanos que ha sido poco documentada y que deja graves secuelas en los sobrevivientes.

Este domingo, en conmemoración del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la Comisión Colombiana contra la Tortura declaró que “en nuestro país ese delito se presenta como forma de discriminación, persecución política, sometimiento de la población carcelaria, represión de la protesta y mecanismo de control social”. Por eso, le pidió al Gobierno mejorar la atención de las víctimas y ratificar los compromisos internacionales en la materia.