La violencia contra habitantes de calle es alarmante: se han registrado asesinatos, maltrato policial y detenciones arbitrarias.

En nuestro país es común escuchar historias de los olvidados, de los excluídos, de los marginados. Quizás las población que más se ajuste a estos adjetivos desafortunados es la de los habitantes de calle. Al menos 40.000 colombianos llaman a una acera, a una calle, a una esquina “hogar”. Y aunque muchos digan  que no, estas personas son ciudadanos y tienen los mismos derechos de cualquier otro habitante de nuestro país.

La ONG Temblores lleva varios meses investigando este tema. Esta semana la  organización lanzó un informe que describe algunos hallazgos preocupantes: desde la violencia a la que están expuestos los habitantes de calle hasta los líos y las omisiones de parte del Estado para atender este flagelo.

El documento se llama Los nunca nadie, un nombre que según lo explican sus autores, está inspirado en la desatención de los organismos estatales con los derechos de los habitantes de calle. El nombre es una expresión de impotencia al conocer la realidad de “personas que pareciera que nadie extraña: después de ser violentamente asesinadas, estas ciudadanías son registradas estatalmente como N.N., sus identidades son borradas y sus cuerpos se convierten en cifras intercambiables”. Lo que busca Temblores con esta publicación es denunciar las violaciones a los derechos a la vida, a la integridad y a la dignidad de los habitantes de calle. Estos son algunos hallazgos.

Violencia homicida

Las mismas instituciones del Estado no están de acuerdo con el número de habitantes de calle que mueren en nuestro país: Medicina Legal, por un lado, dice que de 2007 a 2017 hubo 3.554 habitantes de calle asesinados. La Policía Nacional y la Fiscalía, del otro lado, hablan de 4.176 en el mismo periodo.

Las distintas cifras, cuya disparidad no tiene una explicación oficial, representan un problema en tanto, para Temblores, no permiten ponderar de manera concreta y veraz la información sobre esta población. Según la organización, esto también se debe a una falta de interés por parte de las instituciones.

En lo que las instituciones coinciden es en que la mayoría de las muertes se registraron en Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá. La mayoría de los asesinatos sucedieron en vías públicas, con armas de fuego y de noche o en la madrugada. Esto, para Temblores, significa que los habitantes de calle fueron asesinados en su propia casa.

Violencia física 

Lo que sucede con los datos sobre habitantes de calle asesinados también pasa con los registros de agresiones físicas contra ellos. Mientras Medicina Legal registró 11.031 lesiones a esta población entre 2007 y 2017, la Policía Nacional y la Fiscalía  reportaron 4.083. Hay una diferencia de 6.948 casos entre ambas instituciones.

Esta realidad es aún más difícil de ponderar, pero según las entrevistas que realizó Temblores para esta investigación, “los malos tratos y el maltrato violento por parte de agentes de la Policía hacia habitantes de calle está normalizado”.

Temblores registró que los habitantes de calle son expulsados constantemente del espacio público, a menudo con maltrato. Si bien muchas de las personas que sufren estos maltratos conocen sus derechos y saben que les están haciendo algo ilegal, prefieren desistir en hacer alguna denuncia por lo que Temblores describe como “temor a la revictimización, falta de confianza en los procesos y en las instituciones, y posibles represalias por parte de los agentes de la fuerza pública”.

“Ciudadanías excluídas” 

Los habitantes de calle, reiteramos, se consideran ciudadanos colombianos con igualdad en derechos a cualquier otra persona. Esto, sin embargo, no se nota en la manera en la que las instituciones estatales dan trato a la situación de los habitantes de calle. Además de que las cifras sobre este tema son diferentes entre distintas instituciones, como se dijo antes, Temblores denunció que solo pudo obtenerlas después de interponer una tutela alegando el derecho a la información. 

Un ejemplo concreto que evidencia el desinterés estatal es el caso de Samuel Alberto Jerez García, un habitante de calle que asesinado dentro de un CAI en Bucaramanga. Su cuerpo fue hallado el 6 de mayo de 2017 con signos de violencia. Pese a que el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de
la Fiscalía hizo el levantamiento del cuerpo, este caso nunca quedó registrado en las bases de datos de la Fiscalía a pesar de que incluso fue registrado por la prensa. Samuel Alberto Jerez García fue tratado como un N.N.

Los policías señalados de cometer el crimen están acusados por la Fiscalía de tortura y asesinato. Sin embargo, la Policía aún no los ha retirado de la institución.

Temblores explica que hay tres denominadores comunes en la violencia contra los habitantes de calle. Uno es el prejuicio y la discriminación de la identidad de los habitantes de calle, el otro es que la violencia se da de manera premeditada y sistemática, y el último habla de motivaciones por premisas de exterminio de un sector de la población que los ve como seres humanos prescindibles.

La historia de Uriel Duque, reciclador 

Mi nombre es Uriel Duque, tengo 59 años, soy reciclador. Trabajo como cachivachero en el centro
de Bogotá. El día 5 de junio de 2018 me encontraba en mi negocio de cachivaches, en el parque Tercer Milenio. Llegaron en moto dos agentes de policía al lugar en el que estaba, me solicitaron una requisa y me obligaron bajarme los pantalones en la vía pública.

Al no encontrar nada, me pidieron la cédula. Sin ninguna explicación, los agentes de policía me informaron que me esposarían y que me conducirían al CAI de Mártires, donde se encontraban 4 agentes más. Luego, los dos agentes llevaron al CAI a un compañero mío. Nos llevaron a un baño del CAI (…) y uno de los agentes me dijo “Yo lo puedo cargar con una libra de marihuana y bichas y a quién le van a creer: ¿a usted, o a mí?”

Otro agente dijo: “métale más marihuana y bichas11 que ahí hay una caja”. Un agente tomo mi chaqueta y confiscó 40.000 pesos; rasgó su tela interior con una navaja y metió la mano por dentro de esta para cargarme con unas papeletas de basuco que tenía en su mano. Todo esto ocurrió delante de los demás agentes que se encontraban en el CAI.

En la tarde nos trasladaron en una patrulla de la policía a la URI de Puente Aranda. Con mi compañero empezamos a protestar (…) En ese momento, uno de los agentes que me detuvo me tiró contra la pared y me apretó más las esposas. Me tiró contra el suelo, se ubicó encima de mí, y me agredió verbalmente. Me pisaron en la cabeza y en la barriga y los agentes repetían: “viejo gonorrea lo vamos a matar”.

Poco después fui dejado en libertad, y desde ese momento no he vuelto a ubicarme en el Parque Tercer Milenio por miedo a las represalias y al la violencia de los agentes de policía.