OPINIÓN | Dejusticia, Sisma Mujer, la Corporación Humanas y la Red Nacional de Mujeres demandaron al presidente Iván Duque por violar la Ley de cuotas, al no garantizar un mínimo de 30% de mujeres a cargo de ministerios y de departamentos administrativos. Esta situación evidencia que 20 años después de su expedición, todavía no se cumple esta ley.
Por: Diana Esther Guzmán*
Esta semana escuché varias reacciones críticas frente a las demandas que presentamos Dejusticia, Sisma Mujer, Humanas y la Red Nacional de Mujeres para que el Gobierno Nacional cumpla con la ley y asegure que al menos un 30% de los ministros y directores de departamento sean mujeres. Algunas críticas señalan que dichos cargos deberían ser ocupados por las personas más capaces, independientemente de su género, otras que las mujeres pueden llegar a estos cargos por mérito propio, por lo cual la cuota sería condescendiente, y otras que, ante los graves problemas de este país, el cumplimiento de la cuota no debería ser una prioridad.
Aunque importantes, estas críticas desconocen que las cuotas, además de ser aliadas de la causa de las mujeres, pueden contribuir a profundizar la democracia y defender el estado de derecho.
Las dos primeras críticas parten de un presupuesto común: el mérito determina quiénes llegan a los altos cargos del Estado. Honestamente, yo también quisiera creerlo. Lastimosamente, la evidencia sugiere lo contrario. Más aún, como nos recuerda Michael Sandel en su obra La tiranía del mérito, le hemos creído tanto al ideal de la meritocracia, que se nos ha olvidado que lo que entendemos por mérito está en el fondo asociado a la desigualdad y los privilegios que ésta crea, no a nuestras capacidades o habilidades. Al privilegio de clase, que suele enfatizar Sandel, hay que sumarle el del género.
En pleno siglo XXI seguimos viviendo las consecuencias de un sistema en el que lo masculino ha sido históricamente privilegiado. Este sistema patriarcal es clave para entender por qué sigue siendo más difícil para las mujeres llegar a los altos cargos del Estado. A pesar de constituir el 51% de la población del país y tener niveles educativos iguales e incluso superiores a los hombres, pues el 55% de las graduadas de educación superior son mujeres, en la actualidad solo constituimos el 19.7% del congreso, el 26% de las magistradas de altas cortes, el 27,7% en la jefatura de los ministerios y el 16% de las direcciones de departamento administrativo, para dar solo algunos ejemplos.
Estos porcentajes no son coyunturales. Por el contrario, muestran una exclusión histórica. No son los porcentajes más bajos de participación femenina en este tipo de cargos en los últimos 50 años y tienden a estar dentro de los más altos.
¿Por qué habiendo tantas mujeres con formación, capacidad y habilidad es todavía tan difícil que lleguemos a conformar al menos el 30%? Porque enfrentamos barreras que no enfrentan los hombres para acceder a cargos decisorios, como los estereotipos sobre las capacidades femeninas y la doble carga derivada de la mala distribución de labores de cuidado. Es el género y no su mérito lo que explica estas barreras.
Por eso, el mensaje de la cuota contenida en la Ley 581 de 2000 no es que las mujeres no podamos llegar por nosotras mismas a estos cargos, sino que no tendríamos por qué hacerlo soportando cargas extraordinarias. Coincido con quienes critican la cuota por condescendiente en que me encantaría vivir en una sociedad en la que este tipo de medidas afirmativas no fueran necesarias para lograr igualdad real. También creo que el Estado podría y debería adoptar otras medidas a favor de la igualdad. Pero, por ahora, ese no es el caso.
La cuota sería (y será) irrelevante cuando las mujeres logremos participar en igualdad de condiciones de manera sostenida y sin barreras desproporcionadas con respecto a los hombres. Mientras tanto, la cuota es el mecanismo con el que cuenta nuestra sociedad para avanzar en la igualdad de las mujeres.
Finalmente, frente a la tercera crítica, el incumplimiento de la cuota no es un problema menor. Además de incumplir con sus propias metas en materia de participación paritaria, el gobierno de Iván Duque está lanzando un mensaje muy negativo: respetar la ley no es una prioridad para su gobierno. Justificar este incumplimiento no solamente afectaría uno de los pilares del estado de derecho, que es el cumplimiento efectivo de la ley, sino que afectaría la legitimidad del gobierno como un todo. Además, al no garantizar que al menos un 30% de los altos cargos del estado estén ocupados por mujeres, el gobierno está profundizando uno de los grandes déficits de nuestra democracia: la exclusión del 50% de la población.
Necesitamos más mujeres en cargos decisorios, a ver si algún día logramos eliminar las cargas desproporcionadas que nos han alejado de la dirección del Estado, desmontar los privilegios de género y tener una democracia más robusta.
*Diana es subdirectora de Dejusticia, abogada con doctorado en derecho y maestría en investigación socio jurídica de la Universidad de Stanford. Desde Dejusticia ha desarrollado varias investigaciones sobre derechos de las mujeres y derechos de las víctimas. También se desempeña como profesora asociada en la Universidad Nacional.
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