Esta es la primera victoria de los movimientos de mujeres ante la actual Corte Constitucional Foto: Mesa para la Vida y la Salud de las Mujeres.
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Esta es la primera victoria de los movimientos de mujeres ante la actual Corte Constitucional

Silvia Margarita Méndez - Octubre 18, 2018

#Divergentes | En una votación que terminó en 6 votos contra 3, la sala plena del alto tribunal decidió no limitar a 24 las semanas en las que una mujer puede acceder a una Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE).

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En Colombia no existe un límite de tiempo para la solicitud de una Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE). Así está estipulado desde hace 12 años cuando, en una histórica sentencia, la Corte Constitucional despenalizó el aborto bajo tres causales: cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer; por malformación del feto que haga inviable su vida, es decir, que se diagnostique incompatibilidad con la vida extrauterina, o cuando el embarazo es resultado de una violación, inseminación artificial, transferencia de óvulo no consentida o incesto.

A partir de ese momento se reconoció el derecho de la mujer a decidir si continúa o no con un embarazo, pero adicionalmente —y eso ha sido ratificado por la misma Corte — se estipuló que el aborto no era más un delito sino un derecho fundamental. En ese sentido, sería difícil negar que no han existido avances en lo normativo. 

Sin embargo, en la práctica y garantía del derecho aún es recurrente que por año miles de mujeres enfrenten diferentes tipos de barreras para acceder a una IVE. La más común es la violación al marco legal que ya existe, pues organizaciones de mujeres como La Mesa para la Vida y Salud de las Mujeres han denunciado que dentro de las mismas EPS e IPS se brinda información errada, se sigue desconociendo el derecho a la intimidad y confidencialidad y además no se hace un diagnóstico oportuno.

Las mujeres también se enfrentan con médicos que exigen requisitos adicionales, autorizaciones de padres de familia, órdenes judiciales, fallas en la prestación de servicios de salud, violencia o malos tratos, conceptos de juntas médicas para no poder ejercer el derecho, negación de autorizaciones médicas y exámenes inoportunos con el fin de dilatar el proceso. Otra interpretación restrictiva es el uso indebido de la objeción de conciencia, pues se ha dicho que solo las personas individuales pueden ejercer este derecho en Colombia así que las clínicas, EPS o IPS no pueden alegar “objeciones” para no practicar el aborto. 

Fotos: Mesa para la Vida y la Salud de las Mujeres.

¿Por qué se revivió el debate?

El hecho de que no haya una regulación en cuanto al límite de semanas que tiene una mujer para acceder a una IVE en Colombia viene desde la misma sentencia que despenalizó el aborto en 2006, pues en su decisión la Corte le ordenó al Congreso, si así lo consideraba, establecerlos. 

No obstante, el Congreso nunca los constituyó,  por lo que actualmente no debería representar ningún problema el hecho de que una mujer quiera o deba interrumpir de manera voluntaria un embarazo en cualquiera de sus etapas mientras esté dentro de las tres causales ya mencionadas, pero en la práctica en muchas situaciones querer abortar parece más una utopía que un derecho fundamental. O si no que lo diga la mujer de 33 años que a principios de este año instauró la tutela por la que la Corte Constitucional decidió revivir el debate del límite de semanas en las que se puede acceder a una IVE.

A esta mujer, a quien se le reserva su identidad por cuestiones de protección e intimidad, cuatro hospitales le negaron su derecho a abortar pese a presentar un embarazo de 26 semanas con malformación congénita que representaba un peligro para su salud y la del feto. Especialistas advirtieron que el bebé podía nacer con trastorno psicomotor, endocrino, óptico y olfatorio, o incluso que podía nacer ciego. Quienes se negaron a practicar este aborto, solicitado por los mismos médicos que la atendieron, fueron la Fundación Santa Fe, el Hospital San José y el Hospital de La Victoria, todos afiliados a la EPS Compensar en Bogotá. Como la entonces embarazada es una mujer de bajos recursos, por obvias razones no podía acceder al procedimiento sino únicamente a través de la EPS, que la tuvo aproximadamente mes y medio dando vueltas sin que nadie atendiera su demanda.  

De acuerdo con Ana María Méndez, vocera de La Mesa para la Vida y Salud de las Mujeres, ante las barreras que se estaban presentando la mujer entró en un cuadro de depresión y, sin más remedio, decidió poner una tutela para que se protegieran sus derechos fundamentales a la salud, la vida diga y la seguridad social. Al final, por orden de un juez, a la mujer le conceden el derecho a abortar y solo hasta ese momento Compensar accede a realizar el procedimiento.

“Compensar, de manera sistemática y casi que política, por lo general niega todo tipo de IVE. Esto viene de primera mano y de nuestra propia experiencia con las mujeres a las que orientamos. Es casi que política institucional negar este derecho. Lo más curioso es que esta EPS está ranqueada como una de las mejores en el país pero en otro tipo de servicios, pues para el aborto crean rutas que no se ajustan a los protocolos de salud y que al final hacen que la mujer desista de su decisión”, denunció la vocera de la mesa.

Este caso llegó al despacho de la magistrada de la Corte Constitucional Cristina Pardo Schlesinger, exsecretaria jurídica de presidencia en el gobierno de Juan Manuel Santos. Mientras estuvo en ese cargo, Pardo se negó a conceptuar (alegando objeción de conciencia) en un proyecto de ley que le permitía a las mujeres víctimas de violencia sexual acceder a anticonceptivos de emergencia y a la interrupción del embarazo de manera oportuna. Además, con anterioridad había hecho varias declaraciones en contra del aborto y en un salvamento de voto incluso manifestó que se debía limitar este derecho.

Así las cosas, la llegada de esta tutela a las manos de Pardo se convirtió en la oportunidad perfecta para desempolvar el debate y de hecho así se hizo. Luego de estudiar la tutela de esta mujer, a quien ya le habían concedido el derecho a abortar, la magistrada presentó un proyecto de fallo de tutela que pretendía limitar a 24 las semanas en las que cualquier mujer puede interrumpir su embarazo.  

El expediente que tuvo en vilo la suerte de la IVE en Colombia fue filtrado a medios de comunicación, en donde alertaron sobre unos correos que envió la magistrada a sus colegas con la ponencia del proyecto de fallo de tutela y una serie de advertencias para “mantener la reserva de la información” que varios consideraron sospechosa. El documento no solo le hacía un llamado de atención a la jueza 36 penal municipal de Bogotá que le otorgó la tutela a la mujer advirtiéndole que no protegió la vida del feto, sino que además pretendía ordenar al Ministerio de Salud que ajustara la normativa “necesaria para implementar los protocolos para la realización de la IVE en embarazos con edad gestacional de 24 o más semanas de gestación”.

“La Constitución Política de Colombia reconoce la protección a la vida humana como una obligación del Estado desde el momento de la concepción hasta la muerte…durante la gestación, la protección de la vida del nasciturus es gradual e incremental y está ligada al desarrollo del feto, de forma que la protección de la vida del nasciturus es entendida como un valor constitucional que logra su mayor protección a partir de la semana 24 de gestación, cuando el feto logra su viabilidad autónoma”, se puede leer en la ponencia de Pardo. Era tan precisa la propuesta de esta magistrada, que literalmente decía que si el embarazo alcanzaba la semana 24, independientemente de las causales se debía realizar un parto inducido y, posterior al nacimiento, brindar los cuidados médicos o paliativos que requiera el recién nacido como un paciente autónomo.

Las reacciones

En una votación de 6 contra 3, la Corte Constitucional mantuvo las reglas de la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia y ratificó la línea jurisprudencial sentada desde 2006: aborto en tres causales y sin límite de edad gestacional. Sobre el caso en concreto, los magistrados ordenaron eliminar todas las barreras que existen para acceder a una IVE, en el país señalando que es “inadmisible” que pese a la claridad de los lineamientos, las mujeres tengan que acudir a tutelas para proteger sus derechos.

El punto es que si bien la Corte falló en derecho, el solo hecho de que la discusión hubiese cogido fuerza generó en muchas organizaciones sociales que trabajan a favor de las mujeres como el Centro de Derechos Reproductivos, la Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres, Profamilia, Católicas por el Derecho a Decidir Colombia, Women’s Link Worldwide, Dejusticia y la campaña Aborto Legal Colombia, una preocupación intensa por las posibles presiones que este nuevo gobierno de derecha pueda generar en estas entidades de gran talante. Esto en razón de la carta que la semana pasada le envió a la magistrada Pardo el senador Álvaro Uribe Vélez en representación del partido Centro Democrático, manifestándole su apoyo en la ponencia que la funcionaria pretendía sacar adelante.

“Nosotras creíamos que lo iban a limitar no solo por la postura de la magistrada Pardo ni en general por las posturas ideológicas que tienen los magistrados de la Sala Plena, sino por el apoyo que recibió la magistrada del Centro Democrático. Creemos que si bien esta vez ganaron las voces que piden eliminar barreras, tiene gran influencia el apoyo del partido del gobierno. Además, toda la discusión también se dio en el marco de la campaña mundial “40 días por la vida”, en la cual  religiosos que se paran en frente de las clínicas o centros en los que se realizan abortos —legales o clandestinos—para intentar persuadir a las mujeres que van por información o a un procedimiento”, comentó Lina Morales, de la campaña Aborto Legal Colombia.

Así mismo, a las organizaciones les inquietaba que no existiera garantía de imparcialidad pues, como se mencionó anteriormente, sobre la posición de la magistrada Pardo frente al aborto ya se conocía bastante. “Ella tenía que haber estado impedida desde un principio para liderar este debate”, agregó Ana María, de la Mesa por la Vida y Salud de las Mujeres.

De acuerdo con cifras de Profamilia, en 2017 se practicaron más de 10.000 abortos de forma legal en el país y en los tres últimos años más de 40.000.  Esto, con la limitación que quería sacar adelante la Corte, representaba para los defensores de derechos mayores barreras para interrumpir el embarazo de manera voluntaria y, en consecuencia, hubiera llevado a muchas mujeres a buscar otras opciones sumamente peligrosas. Y es que las estadísticas lo demuestran: según “Oriéntame”, en los países en donde el aborto es legal, la probabilidad de muerte no alcanza a llegar a una mujer por cada 100.000 abortos pero, en los países donde es ilegal, esa cifra se eleva a 70 mujeres por cada 100.000 interrupciones.

“Muchas siguen abortando de manera clandestina o casera porque por más de que se reconozca este derecho lo que uno ve es que el rechazo social, el estigma y la falta de información hacen que esto suceda con recurrencia. Les han dicho que si quieren acceder a una IVE deben presentar denuncias penales, o pasar por un psiquiatra, y por eso también hay un montón de clínicas que se ofrecen a realizarlo en condiciones que no tienen ni idea. Ahí es cuando las pacientes se les mueren, o adquieren infecciones graves”, explica Lina Morales.

En Colombia, en promedio las EPS demoran entre 9 a 11 semanas para aprobar el procedimiento de una IVE. En contraste, es común que las mujeres se enteren que están embarazadas en promedio entre los dos o cuatro meses de gestación. Entre métodos anticonceptivos, estrés y discontinuidad en la menstruación, son muchas las que se enteran tarde de su estado de embarazo. Esto quiere decir que si una mujer se entera a los tres meses que está embarazada, puede llegar a la semana 24 sin que  pueda  acceder a un aborto.

“Sin embargo, reconocemos que las IVE en estados avanzados también pueden ser muy peligrosas pero las consecuencias en mujeres que están en zonas rurales o niñas que sufren violaciones cuando son muy pequeñas y por su misma condición se dan cuenta tarde, nos lleva a entender las dimensiones del debate que se generó. También hay malformaciones que se detectan después de las 24 semanas, por lo que lo que quería hacer la magistrada Pardo, en nuestra consideración, era algo que cambiaba el panorama de los derechos de las mujeres de forma drástica”, señaló Ana María Méndez.

Además, la Mesa asegura que pese a que en el país hay despenalización parcial del aborto según causales tres, todavía es un sistema restrictivo porque siguen existiendo aproximadamente 5.000 mujeres que no les han permitido abortar así cumplan con alguna de las tres causales.

¿Qué dicen los provida?

Las organizaciones sociales no fueron las únicas preocupadas por la polémica. En la otra orilla, en representación de las personas provida, la profesora investigadora en derecho internacional de la Universidad de la Sabana, Juana Acosta, también expresó sus argumentos.

Junto con varias mujeres académicas y profesionales, Acosta redactó una carta a la Corte Constitucional. Para esta investigadora, lo importante de la discusión que sucedió es que nunca ha pasado que la Corte diga que no hay límites y eso era una posibilidad. Es decir, así como pudo decidir limitar las semanas, pudo decidir que estos no existían y ahí sí, dice ella, “el cambio hubiera sido increíble”.

“La postura de no poner ningún límite temporal a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), es contraria a las obligaciones internacionales del Estado, a la Constitución Política de Colombia y a la Ley, y además transgrede principios mínimos éticos y de humanidad. Primero, tanto el derecho internacional como el derecho nacional protegen al no nacido como sujeto de derechos, y esto no puede ser ignorado en el ejercicio de cualquier ponderación constitucional. Segundo, Colombia sería un caso completamente aislado al no establecer ningún límite temporal a la IVE, semejante solamente a los ordenamientos de China, Vietnam y Corea del norte y tercero, después de la semana 24 de embarazo, tal y como ha sido documentado por la Organzación Mundial de la Salud, el no nacido puede vivir por fuera del vientre materno”, se lee en la carta firmada por abogadas, economistas y administradoras.

Frente al argumento de la viabilidad del feto, Acosta le da la razón a la magistrada Pardo en el sentido en el que asegura que hoy en día, con la tecnología que hay disponible, las incidencias éticas y científicas son claras en que después de la semana 24 lo que debería pasar es que el bebé viva. “Luego se mira si se da en adopción”, dijo. 

Esta profesora también aseguró que siente que algunos de los argumentos que presentan los pro aborto plantean hipotéticos pero no hablan sobre casos reales ni cifras aterrizadas. “Me parece importante que se reciba documentación real. Yo no he encontrado, académicamente, casos en los que sean las mujeres de bajos recursos quienes más se afecten con una posible limitación de semanas para acceder a una IVE. Tampoco tengo conocimiento para decir que las malformaciones se diagnostiquen antes o después de este tiempo, y la discusión sobre el contenido de las causales también pienso que tiene que darse”.

Además, para esta académica, pese a que este tipo de posturas no intentan criminalizar a la mujer, el punto es que no se han sabido separar las discusiones. “Yo sé que el debate ha estado alrededor de las causales, pero si uno lo que está es hablando de una mujer que no quiere ser madre, eso ya se sale de las causales. Lo que ocurre si tú incluyes esto dentro de salud mental, lo que haces en la práctica es desnaturalizar la sentencia de 2006. Es decir que la Corte estableció unos requisitos de mentiritas y que lo que quería era despenalizar por completo el aborto. No todas quieren ser madres pero eso no significa que este argumento entra en la causal de salud mental”, concluyó la investigadora. 

Las mujeres se movilizan

Luego de la decisión de la Corte de mantener las reglas del aborto en el país, decenas de mujeres estarán movilizándose hoy para celebrar lo que ellas consideran un “triunfo” frente a otra forma de violencia contra la mujer. Quien está detrás de esta movilización es la campaña Aborto Legal Colombia, que desde hace una semana está manifestándose con el hashtag #CorteNoLimiteElAborto en redes sociales.

En el marco del debate que finalizó ayer, este grupo de jóvenes convocó a una movilización que arrancará desde la Universidad Nacional en la Plaza Che a la 1 p.m y que tiene como punto de llegada la Plaza Simón Bolívar. Allí, las mujeres vestirán de verde, cantarán y harán escuchar su voz para demostrar que los movimientos en favor de los derechos de las mujeres, y su autonomía, están más vivos que nunca.

Foto: Diana Rey Melo