El senador va a ser investigado por supuesta omisión cuando fue gobernador de Antioquia (1995-1997).
Chiquita Brands es una de las 439 empresas que desde 1971 participaron en el conflicto armado colombiano. Con la participación nos referimos a crímenes de guerra, construcción de salas de detención, tortura o exterminio, narcotráfico, explotación, financiamiento de grupos armados y asesinatos. Todo esto tiene que ver con violaciones graves a Derechos Humanos.
La compañía bananera estadounidense que operó en el Urabá antioqueño es investigada por los asesinatos de al menos 4.335 personas (incluidos miembros de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano), la desaparición de 1.306, el desplazamiento de 1.675 y la persecución contra sindicalistas. Todo esto ocurrió entre 1995 y 2004, con ayuda de grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Toda esta información fue aportada por la Fiscalía General.
Mientras los directivos de Chiquita querían proteger sus rutas de comercio, darle seguridad a sus trabajadores y convertirse en la empresa más lucrativa en el negocio del banano, las autodefensas buscaron en esta empresa una forma de ganar dinero para sostener su organización y expandir el control en nuevos territorios. Por cada caja de banano exportada, Chiquita pagaba tres centavos de dólar a las AUC.
Por esta razón, la Fiscalía llamó a juicio a 13 exdirectivos de Chiquita como “posibles autores responsables” de concierto para delinquir agravado. Entre los acusados hay representantes legales, miembros de la administración y presidentes de la compañía, entre colombianos y extranjeros.
Aunque Chiquita ya compareció ante la justicia de Estados Unidos y pagó una multa por 25 millones de dólares, la investigación que se está llevando a cabo tiene que ver con los pagos que se hicieron en Colombia entre Chiquita y las autodefensas, pagos de por lo menos 1,7 millones de dólares que los mismos Salvatore Mancuso y Carlos Castaño (exjefes de las AUC), admitieron haber recibido.
De acuerdo con las autoridades, los dineros se los entregaba Chiquita a los paramilitares o por medio de un intermediario: las Convivir de Antioquia Papagayo y Puntepiedra.
¿Complicidad de Uribe y de otros exgobernadores?
Las Convivir fueron organizaciones de vigilancia y seguridad que se crearon para que la ciudadanía tuviera derecho a defenderse ante “la amenaza guerrillera”. Las autorizó el gobierno de César Gaviria y funcionaron durante el de Ernesto Samper (1994-1998). Los integrantes de las Convivir tenían derecho a portar armas y equipo de comunicación del Ejército.
Álvaro Uribe, como gobernador de Antioquia, fue uno de los políticos que más defendió las Convivir en su momento. Y aunque estas fueron organizaciones autorizadas y que funcionaron dentro de un marco legal, están relacionadas con violaciones a derechos humanos y tuvieron nexos con paramilitares, como se dio en el caso Chiquita. Por esta razón, la Fiscalía llamó a investigar a exalcaldes, exsuperintentes de vigilancia y exgobernadores de Antioquia que estuvieron en estos cargos entre 1997 y 2004. Es aquí cuando aparece el nombre de Álvaro Uribe Vélez, y los de los exgobernadores Alberto Builes Ortega y Aníbal Gaviria Correa.
De acuerdo con la Fiscalía, estos exgobernantes van a ser investigados por posible omisión al no hacerle seguimiento o control a las Convivir en su momento. La Fiscalía investiga las licencias que los gobernadores de la época les otorgaron a las Convivir para su funcionamiento o las personerías jurídicas que les dieron, cuando éstas, como se demostraría más adelante, no cumplían con los requisitos legales. Como ya mencionamos, las Convivir tuvieron relación directa con grupos paramilitares, y dos de ellas habrían sido intermediaria de pagos entre Chiquita Brands y las AUC en Antioquia.
Por ahora no se han conocido pruebas que involucren a Álvaro Uribe ni a los otros políticos mencionados con este caso, pero lo cierto es que existe una conexión entre el expresidente y Chiquita. Un cable revelado por National Security Archive —organización que se dedica a publicar documentos de inteligencia estadounidense—da cuenta de que la multinacional bananera financió a Uribe en 1994 para su campaña a la Gobernación a través de la Compañía Frutera de Sevilla, filial de Chiquita en Colombia:
El otro documento que podría vincular a Álvaro Uribe con este caso pertenece a un expediente judicial de Estados Unidos. En él, de acuerdo con el relato de un testigo, se habla de una presunta reunión que existió entre Reinaldo Escobar de la Hoz (abogado de Chiquita y uno de los 13 acusados por la Fiscalía) y Álvaro Uribe. En esta reunión, en la que también habrían participado varios comerciantes bananeros, se le habrían expresado a Uribe varias preocupaciones por las violaciones contra los derechos humanos por parte de las Convivir. También, según la investigación, en este encuentro se podrían haber discutido los pagos de Chiquita a las Convivir:
No se sabe si el pago de Chiquita está relacionado de alguna manera con las Convivir, o si esta reunión fue real, pero Uribe ya se pronunció para defenderse del llamamiento que le hace la Fiscalía. En un comunicado publicado en su página oficial, el senador reconoce que apoyó a las Convivir por ser un “factor de eficacia y transparencia en materia de seguridad”, y aseguró que como gobernador canceló la personería jurídica de cuatro Convivir, y que vigilarlas no estaba a cargo de él como gobernador sino de la Superintendencia de Vigilancia del Gobierno Nacional.
También, en su cuenta de Twitter, Uribe escribió varios trinos en los que desestimó su posible participación en este caso. Escribió que le tendrían que probar “la infamia según la cual yo le habría dicho a bananeros o a alguien que le pagaran a los paramilitares”, y que realizar 90 denuncias, consejos de seguridad, y haber mantenido comunicación con militares y con las cortes desde la gobernación son hechos que demuestran que de su parte no hubo omisión.
Le solicitó formalmente al senador Álvaro Uribe Vélez entregar las pruebas sobre las que basa su acusación pública que me acusa de haber asesinado magistrados.
SI no las tiene le solicitó formalmente corregir su información pública. pic.twitter.com/u2qsqkTVMu
— Gustavo Petro (@petrogustavo) 4 de septiembre de 2018
El nombre de Uribe aparece en por lo menos 186 investigaciones judiciales, pero hasta ahora no ha sido condenado por ninguna de ellas. Para el caso Chiquita, la Fiscalía tendrá la última palabra.
