OPINiÓN | La verdad es el coco de aquellos que se han beneficiado del conflicto en Colombia y han visto pocas consecuencias de sus actos. Con dos proyectos de ley, el partido de Uribe busca una cosa: el silencio.
Esta es la tercera de tres entregas del especial ‘El frente de batalla legislativo’, en el que @BajaAlcurnia aborda el nuevo paquete de propuestas legislativas del Centro Democrático que buscan la modificación de la JEP y de la Ley de Víctimas. Puede leer la primera entrega acá. Y la segunda aquí.
Por: El Vago de los Hilos (@BajaAlcurnia)
Hace unos veinte días, muchos medios de comunicación abordaron la estrategia que armó la dirección del ejército para diseñar una “narrativa institucional” que permitiera, de manera estandarizada, como maquinitas, entregar una versión unificada del papel de la fuerza pública dentro del conflicto armado interno. Medios como El Espectador señalaron que el documento del General Nicacio Martínez decía, entre otras cosas, que “El Ejército Nacional debe construir y reconstruir su verdad sobre los orígenes, causas, desarrollo e impacto del conflicto armado, para que le sea posible definir los referentes identitarios en relación con su accionar”. La frase, de entrada, debería generar todas las resistencias posibles, puesto que el trabajo del ejército, en relación con la construcción de la memoria histórica del conflicto, debería limitarse a la entrega de información y a la cooperación de la institución para las cosas en que sea requerida.
Nada de esto es gratuito, ni aislado. La estrategia del General Martínez es la mitad de la tenaza, pues aquí se busca es entorpecer algo que ya empezó, como el trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, frente a lo que preparó el Centro Democrático en los proyectos de ley que vamos a analizar a continuación. Estos proyectos lo que buscan es evitar que los militares se sometan a la JEP. Así, atajando y previniendo, buscan como sea conseguir el silencio que les permita dormir tranquilos.
1. Proyecto de Ley 014 de 2019.
Este lo redactó y presentó el mismísimo Álvaro Uribe y lo que pretende es que las fuerzas militares, de manera exclusiva, puedan acceder al beneficio de la libertad condicional cuando cumplan ciertas condiciones: i) cuando sea por delitos cometidos antes del primero de diciembre de 2016, ii) cuando hayan cumplido tres quintas partes de la condena o –ojo a esto- cinco años de condena efectiva privados de la libertad y iii) que hayan demostrado buena conducta.
Pese a que en la exposición del proyecto Uribe menciona una y otra y otra vez al Acuerdo Final, al plebiscito y al Acto Legislativo 01 de 2017 que creó a la JEP, lo cierto es que su propuesta nada tiene que ver con estos temas. La razón es que estos beneficios para los militares YA EXISTEN en esta jurisdicción y los determinó la Ley 1820 de 2016, conocida como la Ley de Amnistía, en donde entregan también la libertad condicional a los militares, siempre y cuando se acojan a la JEP.
Esto nos lleva a preguntarnos, obvio: ¿por qué el uribismo quiere regular algo que ya está regulado en la JEP, algo que ya existe?
Hagamos un alto en el camino para entender la motivación: si hablamos de libertad condicional, hablamos de que ya hubo una condena, o sea, la persona en cuestión ya fue declarada culpable. De estos casos, una gran mayoría ya ha pagado cinco o más años de pena, que es uno de los requisitos del proyecto de Ley para acceder a este beneficio, por lo que la propuesta de Uribe les permitiría SALIR LIBRES SIN NECESIDAD DE QUE SE SOMETAN A LA JEP.
En principio, la JEP da beneficios como estos, pero a cambio de cosas, como por ejemplo su aporte a la verdad para las víctimas. Álvaro Uribe con su propuesta permite que estos militares salgan sin necesidad de aportar absolutamente nada. Básicamente, le da beneficios de justicia transicional a sujetos que no se sometieron a ella. Y si no se someten a la JEP, pues no sapean a nadie, ¿no?
2. Proyecto de Ley 015 de 2019.
Pero bueno, lo anterior tiene que ver con gente ya condenada, pero ¿y si todavía no están condenados? La respuesta la tienen María Fernanda Cabal y Álvaro Hernán Prada –congresista famoso por estar salpicado en los supuestos sobornos a testigos por el cual también investigan a Álvaro Uribe– que presentaron una propuesta que busca, principalmente, revocar una medida de aseguramiento para las siguientes personas: i) para el compareciente –o sea, alguien que ya está vinculado a la JEP o que está en proceso de ser aceptado– o ii) para quien manifieste su deseo de acogerse a esta jurisdicción.
Volvemos casi a lo mismo del otro proyecto: demasiada justificación relacionada a los acuerdos de paz, a la creación de la JEP y a los “insuficientes beneficios” para los militares, pero que en poco se relacionan con el articulado de la propuesta, vean:
¿Cuál es la necesidad de crear ese elemento tan etéreo y vago como el de “quien manifieste su deseo de acogerse a la JEP”? Si ya dijimos que el compareciente es aquel que o ya está sometido a la JEP o está esperando ser aceptado por esta, concluimos por pura lógica que estos que solo lo desean pues ni están sometidos ni han iniciado proceso de sometimiento. En pocas palabras, de nuevo, se trata de entregar un beneficio para la gente que todavía no tiene nada que ver con la JEP. Entonces ¿a cambio de qué este regalo?
La verdad es el verdadero coco de aquellos que se han beneficiado del conflicto en Colombia y que hasta ahora han visto pocas consecuencias de sus actos. Como vimos en las dos primeras entregas de este especial, el Centro Democrático ha destinado gran parte de sus esfuerzos en el Congreso a beneficiar militares y debilitar a las víctimas, y cometemos un grave error si asumimos cada proyecto de ley, cada iniciativa, cada discurso y cada tweet como una cosa desligada de la otra: lo cierto es que todos los caminos nos llevan a Roma, de la misma manera en que toda la narrativa que maneja actualmente el partido de Uribe busca una cosa por encima de todas las demás: el silencio.
