Un documento, firmado por la Subdirectora de Atención en Salud de esa entidad, da cuenta de graves fallas en el suministro de alimentos a la población carcelaria. Falta de higiene, porciones de comida menores a las estipuladas y empresas señaladas de incumplir sus obligaciones, pero que siguen siendo contratadas, hacen parte de las inconsistencias.
El pasado 23 de marzo, los internos del Patio 4 de cárcel La Picota (Bogotá) le devolvieron a la guardia una caneca llena de alimentos en mal estado, todavía no eran las 5 de la tarde. Su siguiente comida fue a las 9 am del día siguiente, el desayuno: un huevo cocinado, un pan y siete onzas de café sin azúcar. Ese es apenas un vistazo de las condiciones alimenticias que padecen las personas privadas de la libertad en Colombia.
PACIFISTA! conoció un revelador informe del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que demuestra varias inconsistencias en la provisión de alimentos en las cárceles del país, durante enero de 2021. El documento, fechado el 24 de febrero, fue firmado por Martha Isabel Gómez Mahecha, Subdirectora de Atención en Salud de esa entidad.
El informe, que se hizo con base en actas donde los internos registran el estado en el que recibieron los alimentos, en visitas del Inpec a las penitenciarias y en reportes de las secretarías de salud municipales, da cuenta de que, por ejemplo, “el 80% de los establecimientos reportan problemas con la calidad de la materia prima usada para la preparación de los alimentos”. Además, la entidad calificó a 21 establecimientos como de alto riesgo por los incumplimientos de contratistas que manejan la alimentación.
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CUESTIONABLES RENOVACIONES A CONTRATISTAS
Los operadores en esos 21 establecimientos son: la Unión Temporal Eficiente (Cúcuta, Norte de Santander); Unión Temporal Alimentos Saludables (Florencia, Caquetá; La Picota, Bogotá; La Mesa, Cundinamarca); Unión Temporal Duflo Uspec 2020 (Puerto Triunfo, Antioquia); Jhon Jairo García (Itsmina, Chocó); Servicios y Suministros CJVN SAS (San Andrés; Santa Marta, Magdalena); DNP Servicios SAS (Valledupar, Cesar; Tierralta, Córdoba); Unión Temporal Green Food (Popayán, Cauca); Proalimentos Liber (Tunja, Cómbita y Sogamoso, Boyacá; Buga, Valle del Cauca, y Manizales, Caldas) y la Organización Nueva Aurora (Andes, La Ceja, Yarumal y Pedregal, en Antioquia).
La entidad denunció que las últimas dos empresas, Proalimentos Liber y Organización Nueva Aurora presentan altas tasas de incumplimiento. Esta última, por ejemplo, es señalada de incumplir en el 90% de los establecimientos carcelarios donde tiene contratos.
La representante legal de esa empresa es Luz Stella Chaverra Bedoya. Ella y su esposo, John Jairo García Pinzón, fueron denunciados en 2018 por el concejal de Medellín, por el Partido Liberal, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. Según él, la pareja fue responsable de la intoxicación de 1.423 personas en la cárcel Pedregal de Medellín. Nueva Aurora, de acuerdo a un listado que le envió la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) a PACIFISTA!, opera en 48 establecimientos de reclusión.
Proalimentos Liber SAS es una empresa señalada por el Inpec de incumplir en el 60% de establecimientos en donde tiene contratos. La firma ha tenido inconvenientes con la justicia. Por ejemplo, el 21 de octubre de 2019, el juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales sentenció que: “se está suministrando a las reclusas de la cárcel el Buen Pastor, así como a los menores que se encuentran conviviendo con sus progenitoras, alimentos en deplorables condiciones sanitarias”. Sin embargo, la empresa sigue proveyendo los alimentos en ese penal.
Proalimentos Liber S.A.S es presidida por Jairo Humberto Becerra Rojas. Según un documento del Ministerio de Industria y Comercio, esa empresa fue adjudicataria de más de $ 137.000 millones entre 2007 y 2016, en Bogotá. La Superintendencia de Industria y Comercio investiga a si esa corporación hizo parte de un cartel en 2018 para obtener contratos del Programa de Refrigerios Escolares de la Secretaría Distrital de Educación, por eso fueron imputados Jairo Humberto y Beatriz Becerra Rojas, representante legal suplente de la misma empresa, a quien se le señala de presuntamente intentar reunirse con concejales de la capital para manipular adiciones en contratos.
Jairo Andrés Becerra, gerente de Proalimentos Liber, defendió a la empresa: “eso es una investigación preliminar, donde no han fallado absolutamente nada en contra de nosotros y es un proceso donde no estamos solo nosotros, sino que hay 19 contratistas más”.
A lo anterior se suma la revelación de El Tiempo, el año pasado, en la que empleados de Proalimentos Liber intentaron entrar a la cárcel de máxima seguridad de Combita (Boyacá) 52 celulares, 68 cargadores, 52 manos libres, 54 cables USB y 5 baterías. Un hecho similar, con la misma corporación, se dio en El Buen Pastor.
“Eso fue un hecho aislado de unos empleados, que incluso estaban en vacaciones y otros empleados que no trabajaban con nosotros, eran contratistas externos. No se pudo probar que era responsabilidad de la empresa”, replicó Jairo Andrés Becerra.
En todo caso, el Inpec advirtió sus inconformidades con ambos contratistas: “Organización Nueva Aurora y Proalimentos Liber son los operadores que durante los años 2019 y 2020 más incumplen con sus obligaciones contractuales y pese a eso la Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios) sigue asignando establecimientos”, denuncia el informe.
COMIDA: POCA, MALA Y SUCIA
El informe del Inpec se centró en 41 centros penitenciarios y carcelarios. Los hallazgos revelan la mala calidad de la comida que llega a las mesas de las personas privadas de la libertad y el incumplimiento de los operadores a los documentos técnicos de la Bolsa Mercantil de Colombia, entidad que hace los contratos con las empresas. La Uspec, por su parte, tiene la obligación de vigilar a los contratistas.
La peor situación de los establecimientos carcelarios de la regional central la viven los internos de La Picota, en Bogotá. “No se cumple con las características organolépticas de los alimentos suministrados”, se lee en el documento, es decir, la comida no es agradable a los sentidos. A eso se suma que los gramajes son menores a los establecidos.
El documento señala que el operador no garantiza la limpieza de los vasos y las cucharas a los internos, no tiene un chef (como lo estipula la norma), las personas que trabajan en la cocina tienen jornadas más largas que las legales y los alimentos no cumplen con las temperaturas de cocción y refrigeración, entre otros incuplimientos. El proveedor de la alimentación en La Picota es la Unión Temporal Alimentos Saludables, conformada por la empresa Jesmar Hurtado y Compañía S. en C. (con registro en Caquetá) y por la Fundación Ecológica y Social La Esperanza (con registro en Huila).
Desde agosto de 2020, la Secretaría de Salud de Bogotá dio un concepto desfavorable al suministro de alimentos en La Picota. “En visita reciente se constató que aún no han terminado ese proceso, por lo cual no se ha podido levantar la medida”, le dijo a este medio la oficina de prensa de esa entidad.
Por lo anterior, ocho delegados de derechos humanos de diferentes patios de La Picota hicieron un derecho de petición dirigido a Andrés Díaz Hernández, director general de la Uspec. “Solicitamos cese la violación de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en la Picota por parte de la entidad que usted representa”, puntualizaron.
Otro penal donde el riesgo de incumplimiento es alto es el de La Mesa (Cundinamarca), a cargo de la misma Unión Temporal. El Inpec señaló al operador de no cumplir los gramajes, no entregar soportes de seguimiento a privadas de la libertad lactantes o con patologías que requieren una dieta especial, no dar fruta con el desayuno y no contratar una nutricionista, obligaciones previstas por los documentos que rigen la alimentación para los internos.
La Unión Temporal también es señalada de incumplimientos en la cárcel de Florencia. La comida no cumple con las condiciones organolépticas (no es agradable a los sentidos), no se suministran las cantidades estipuladas, no dan postre con el almuerzo y tampoco muestran registros de los pagos de las Aseguradoras de Riesgos Laborales a los privados de la libertad que hacen labores de cocina.
PACIFISTA! contactó a José Honorio Ríos Sierra, quien figura como representante legal de la Fundación Ecológica y Social La Esperanza, pero aseguró que ya no tenía nada que ver con esa entidad. También llamamos al celular de Nelson Hurtado, representante legal de Jesmar Hurtado y Compañía, pero estaba apagado. Enviamos un correo pidiendo una entrevista, pero hasta el cierre del artículo no obtuvimos respuesta.
LAS CÁRCELES DE BOYACÁ
El Inpec señala al operador de la cárcel de Sogamoso, Proalimentos Liber, de no suministrar el gramaje estipulado ni cumplir con los requisitos establecidos en el Documento de Condiciones Especiales y el Manual de Dietas Terapéuticas, los cuales rigen las condiciones de la alimentación de las personas privadas de la libertad. También, de incumplir las condiciones de higiene básicas. “El comitente vendedor no garantiza la limpieza y desinfección de todas las áreas del servicio de alimentación”, agrega.
La entidad asegura que no se les suministra menaje a los internos. Además, las personas que trabajan en la cocina (tanto externos como privados de la libertad) lo harían en jornadas más extensas de las que permite la ley, sin equipos de seguridad suficientes y sin elementos de bioseguridad para reducir el riesgo de contagio de Covid-19.
Hernán Astudillo, gerente de la línea de catering de Proalimentos Liber, defendió la labor de la empresa. Primero, dijo que en Sogamoso tienen una nutricionista contratada para diseñar y hacer seguimiento a las dietas que se les proporcionan a los reclusos. También aseguró que cumplen con el gramaje estipulado: “los internos se quejan de gramajes porque les parece poquito, pero es que no podemos hablar de poquito o de bastante, tenemos que hablar de la minuta patrón que está en la ficha de condiciones especiales, donde dice que son 80 gr de arroz y eso es lo que nosotros damos”, ejemplificó.
Sobre el menaje dijo que entregaron todo el que está estipulado en el contrato, pero que “muchas veces en las protestas, como eso es de plástico, los internos lo utilizan como medio de combustión para hacer hogueras”.
Acerca de los implementos de seguridad, Astudillo envió un acta que da cuenta de la entrega de guantes de malla y de carnaza, caretas, cofias y otros objetos, fechada el 19 de enero de 2021. Y sobre de la falta de medidas de bioseguridad enfatizó que: “la prueba más fehaciente de que nosotros no tenemos problemas de Covid es que en ninguna de las cárceles que está Proalimentos Liber, ninguno de nuestros empleados ha tenido Covid, a excepción de una nutricionista de Buga que se retiró cuando la diagnosticaron y lo contrajo en la calle, un fin de semana que estaba descansando”.
Por último, sobre la extensión de las jornadas de los empleados de la empresa respondió: “este servicio que empieza a las 3 de la mañana y prácticamente a las 2:30 de la tarde ya están desocupados. Nosotros lo que ponemos es a un grupo pequeño a hacer el desayuno de tres a seis y ahí ya entra el grueso de personal y termina el turno hasta las tres o cuatro que finaliza la entrega de alimentos”. Argumentó que los fines de semana hay muy pocas personas trabajando: “nosotros cumplimos con las 48 horas, antes nos quedan debiendo horas porque los fines de semana no van sino cuando corresponde”.
En Tunja el riesgo de incumplimientos también es alto y se refleja en los señalamientos de no suministrar las cantidades de comida estipuladas, falta de dotación de seguridad para los trabajadores de la cocina y la no contratación de una nutricionista. En ese penal el Inpec le pidió a la Uspec mejorar las condiciones de salubridad debido a que las cocinas no cumplen con los requisitos de una infraestructura adecuada para la manipulación y preparación de comida.
Astudillo dijo que el Inpec “está muy equivocado”. Explicó que el contrato no especifica una nutricionista de tiempo completo, por el número de internos de la cárcel, sino una revisión semanal. Le pedimos documentos que acreditaran esas visitas, pero al cierre de esta nota no nos los había enviado.
También en Boyacá, en Combita, el Inpec denunció incumplimientos. El operador no habría cumplido con los horarios de entrega de las comidas, no soporta que esté entregando dietas terapéuticas a los internos que la requieren, las condiciones de higiene, limpieza y desinfección de las materias primas son deficientes y había vehículos de transporte de alimentos sin SOAT ni revisión tecnomecánica.
Astudillo replicó que tienen contratados dos nutricionistas que revisan la dieta. Por otro lado, reconoció que un vehículo de la empresa no tenía revisión tecnicomécanica, pero lo justificó diciendo que era una medida de seguridad de Proalimentos Liber para que no sacaran el carro del complejo penitenciario. Contradijo a esa institución diciendo que el vehículo sí tenía Soat. También aceptó las malas condiciones de higiene y salubridad: “sí hay mucha deficiencia en eso, pero no es por aseo, es porque la estructura está vuelta nada, los pisos rotos, las paredes rotas. Eso le corresponde al Inpec”. Y señaló que ellos entregan la comida en el momento que los guardias del Inpec dan la instrucción.
Liber también tiene un riesgo de incumplimiento alto en las cárceles de Buga (Valle del Cauca) y Manizales (Caldas). Astudillo le envió a PACIFISTA! los paz y salvos de enero de las cárceles mencionadas en este artículo. A pesar de los cuestionamientos del propio Inpec, la empresa tiene contratos de alimentación en 17 establecimientos penitenciarios y carcelarios.
¿QUIÉN RESPONDE?
A los incumplimientos de parte de los contratistas, se suma que el Inpec le solicitó al Uspec, los operadores y los centros penitenciarios, mejorar o mantener (en algunos casos) las condiciones de higiene y salubridad de las cocinas de 25 lugares de reclusión. Hay establecimientos sin los enchapes completos, los techos no son los adecuados, están ubicados cerca a malezas con animales, no hay lavamanos ni unidades sanitarias suficientes, hay empozamientos de agua, entre otros problemas.
Astudillo criticó al área de Salud del Inpec diciendo que “constantemente están haciendo ese tipo de informes que son amañados, que no obedecen a la verdad”. También reclamó: “el documento queda mal hecho es porque el Inpec no tiene presupuesto para realizar visitas, entonces ellos todo lo hacen a través de línea telefónica, no observan los ranchos como están”.
“Lo que dice el informe es totalmente cierto”, le dijo a PACIFISTA! una fuente del Inpec con la condición de no ser citada porque no tiene autorización para hablar. Enviamos un cuestionario a la Uspec, que tiene la obligación de vigilar a los contratistas, pero aún no fue contestado.
El silencio reina en la Uspec mientras los contratistas señalan al Inpec de faltar a la verdad. Entre tanto, miles de personas privadas de la libertad comen de una ‘olla’ que no huele bien.
Si tiene más información sobre este tema puede contactarnos escribiendo a: nicolas.sanchez@pacifista.co
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