El hombre que paga la condena de un guerrillero muerto

Un campesino de Ituango, Antioquia, lleva casi 11 años preso acusado de ser alias “el Becerro”, comandante del frente 57 de las Farc y responsable de la masacre de Bojayá. El guerrillero que llevaba su nombre murió en un combate el pasado mes de marzo.

“Mi papá es trigueño, ya está ‘semi calvito’, pero tenía el pelo liso; mide por ahí 1,70; era robusto, pero ya está flaquito; nunca ha tenido barba, sí le sale, pero siempre está afeitado”.

“José David Suárez, también conocido como Gilberto Torres Muñetón (a. El Becerro – Alfredo – Zorro), cabecilla principal del frente 57 de las Farc. 1,78 mts de estatura, tez trigueña, contextura gruesa, de 55 años aproximadamente, cabello lizo (SIC) color negro con canas, cejas unidas espesas, ojos negros, boca grande, con barba cerrada siempre”.

La primera descripción la hicieron Alexander y Marcela Torres sentados en una cafetería que Marcela administra en una esquina de Moravia, un barrio popular de Medellín. La segunda hace parte de un informe de inteligencia militar del Batallón de Infantería No. 12 B.G. Alfonso Manosalva.

Los Torres hablan de su padre, un hombre de 51 años que está preso hace  11 acusado de ser el otro, de quien habla inteligencia militar, la persona que comandó al grupo de guerrilleros que, en medio de un combate con los paramilitares, cometió la masacre de Bojayá en mayo de 2002.

El primer Torres Muñetón, el que nunca ha tenido barba, sigue en la cárcel. El segundo, el jefe guerrillero, murió el 8 de marzo pasado en un operativo del Ejército contra las Farc.

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Alexander Torres cumplió 19 años el día en que una camioneta cargada con hombres de las fuerzas especiales de la Policía llegó hasta su casa en Castilla, un barrio de calles empinadas en el noroccidente de Medellín.

Su hermana menor, Marcela, tenía 14 años y estaba afuera junto a una vecina. Se preguntaron, en broma, a quién estarían buscando. El carro se detuvo frente a ellas y un hombre uniformado se acercó a la puerta.

Era la tarde del 8 de diciembre de 2004. El comandante de ese grupo del Cuerpo Especial Antiterrorista (Ceat) de la Policía entró a la casa y preguntó por su padre, Gilberto Torrres Muñetón. “Al policía le decían ‘el diablo’. Me señaló a mí y a mi hermana  y dijo que también teníamos que acompañarlos”, recuerda Alexander.

“El diablo” es un mito en las comunas de Medellín. Lleva cerca de 35 años en la Policía, fue comandante del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y tiene el “récord” de denuncias e investigaciones disciplinarias por agresiones y violaciones de derechos humanos en la ciudad. Hoy, siendo sargento mayor, es subcomandante de estación en el municipio de Barbosa, norte del Valle de Aburrá.

“Casi que no te cogemos”, dijo “el diablo” cuando tuvo frente a frente a la persona que buscaba. Ordenó llevárselo detenido junto a Alexander y Marcela. Cumplía la orden de un fiscal que aseguraba que Torres Muñetón era alias “el Becerro”, comandante del frente 57 de las Farc, el hombre que tenía bajo su mando a los guerrilleros que, el 2 de mayo de 2002, se enfrentaron con el bloque Elmer Cárdenas de las AUC en Bojayá, Chocó.

Ese día un cilindro bomba lanzado al caserío por la guerrilla, desde el otro lado del río Atrato, atravesó el techo de la iglesia. 300 personas se refugiaban allí de las balas y las explosiones que interrumpieron la noche. El ataque de las Farc dejó 117 muertos.

Ese 2 de mayo de 2002

“Cuando el hijo mío tenía edad de estudio me los llevé para Medellín y yo me quedé en El Aro. Cuando pasó lo de Bojayá yo estaba con ellos en una tienda de la señora mía allá en Castilla. Vimos eso en las noticias y claro, a uno se le ponen los ojos llorosos”.

Gilberto Torres Muñetón cuenta su propia historia desde la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita, en Boyacá. Las llamadas se cortan y la conversación termina pronto porque él mismo dice que se hace tarde, que no lo dejan hablar más.

Lleva tres años en esa cárcel, pero está preso hace más de 10. En 2006 fue condenado por los delitos de homicidio en persona protegida, lesiones personales, rebelión, utilización de métodos y medios de guerra ilícitos, terrorismo, destrucción de lugares de culto y destrucción de bienes e instalaciones de carácter sanitario. Debe pagar una sentencia de 37 años y seis meses de prisión.

Para el momento de la masacre vivía entre Ituango y Medellín. Pasaba algunos días en su finca de El Aro, el lugar donde creció, y regresaba a visitar a su esposa y a sus hijos en Castilla. Alexander, hoy con 29 años y vigilante en un colegio de Medellín, también recuerda ese día: “Mi papá y yo estábamos viendo televisión y dijeron en las noticias que una bomba había caído en un iglesia en un pueblito del Chocó. Me acuerdo que le dije a una negrita que era vecina que se le habían tomado el pueblo, y ella apenas se reía”.

La broma se convirtió en tragedia. Por la masacre de Bojayá, alias “el Becerro” se convirtió en uno de los mayores objetivos de las Fuerzas Militares, fue incluido en los carteles de los más buscados y por su cabeza el Gobierno llegó a ofrecer más de 1.000 millones de pesos de recompensa.

No era la primera vez que esa familia escuchaba hablar de “el Becerro”. El nombre de Gilberto empezó a ser asociado con el guerrillero en 1997. Ese año, con base en información de inteligencia de la Cuarta Brigada del Ejército, se ordenó un allanamiento y Torres fue capturado en una vivienda de la capital de Antioquia. Le encontraron varias municiones de escopeta y películas sobre el Ché Guevara, las utilizaron como prueba y lo acusaron de rebelión.

Aunque fue condenado en primera instancia, el Tribunal Superior Superior de Medellín revocó la sentencia y lo absolvió al encontrar contradicciones en el informe de inteligencia. No dio credibilidad a un video que fue presentado como la única prueba de que el jefe guerrillero y Gilberto Torres eran la misma persona. En esa oportunidad estuvo 25 meses detenido.

No quiso demandar. “Se fue corriendo el tiempo y yo no sabía cómo se ponía una demanda, me decían que uno quedaba muy caliente con el Estado y que me hacía matar. Yo creo que si hubiera hecho eso no estaría aquí encerrado”, dice Torres.

Regresó a El Aro y se concentró en su finca y en su padre enfermo. Había pasado poco tiempo desde que un grupo de paramilitares que seguía órdenes de Carlos Castaño y estaba comandado por Carlos Mauricio García, alias “Doble Cero”, entró al pueblo y masacró a 15 campesinos acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla.

Ocurrió entre el 22 y el 25 de octubre de 1997. Por ese caso fueron condenados varios paramilitares y también el Estado. Pero ese es solo uno de los hechos de guerra que ha enfrentado la gente de El Aro, un pueblo que, como casi todo Ituango y sus municipios cercanos, ejemplifica bien el horror de la disputa entre guerrilla, paramilitares y agentes del Estado por el control de una zona y que hoy sigue siendo escenario de conflicto pese a estar en la zona de influencia de un ambicioso proyecto hidroeléctrico.

El argumento de Gilberto Torres para defenderse de las acusaciones que lo mantienen preso no consiste en decir que no sabe qué son las Farc ni negar que en muchos momentos de su vida ha tenido contacto con guerrilleros: “Uno allá va por el camino, se los encuentra y sigue normal. Le piden un favor a uno y toca decir que sí. El campesino tiene que ser muy serio y le toca acatar las órdenes”.

El guerrillero que “dieron de baja” dos veces

Guillermo León Giraldo es un abogado al que le gustan los caballos. Conoció a Gilberto Torres Muñetón en la Feria de Ganado de Medellín, se hicieron amigos y hoy es quien libra en los tribunales lo que él mismo llama “una batalla contra el Estado de Derecho”.

En su oficina guarda un archivo con todo el expediente del proceso que empezó en un juzgado de Quibdó y que ahora se encuentra en la Corte Suprema de Justicia. Ese tribunal negó en diciembre de 2014 una acción de revisión que Giraldo interpuso adjuntando varias pruebas nuevas que no han sido tenidas en cuenta en el proceso.

Entre ellas se encuentran varios documentos y los testimonios de una mujer que tuvo una hija con el verdadero “Becerro”, de dos guerrilleros presos que hicieron parte del frente 57, de Elda Nellys Mosquera, alias “Karina”, y de un exdetective del DAS, hoy miembro de la Policía, quien tuvo a su cargo una investigación contra el frente 57 de las Farc e identificó a su comandante, alias “el Becerro”, como José David Suárez.

Entre las pruebas también se encontraban informes de inteligencia militar y del propio Ministerio de Defensa que daban cuenta de que “el Becerro” siguió siendo, hasta hace muy poco, guerrillero activo, estaba libre y era un objetivo de la Fuerza Pública.

Incluso, en octubre 2010, el Ministerio de Defensa anunció que “el Becerro”, a quien para entonces todavía se le atribuía el nombre de pila de Gilberto Torres Muñetón, había muerto en la denominada operación Darién. Horas más tarde, las autoridades echaron reversa y aseguraron que el jefe del frente 57 seguía prófugo.

“La Operación Darién continúa en acción contra la zona campamentaria del frente 57 de las Farc y tras los cabecillas alias ‘Becerro’ y alias ‘Silver`. Hemos encontrado cinco cuerpos, uno de los cuales fue identificado plenamente como Jorge Posada, alias ‘Ignacio’, responsable de la masacre en Bojayá (Chocó)”, dijo el entonces ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, en una declaración pública.

Entonces, si el guerrillero estaba libre y se seguía moviendo por las selvas del chocó, ¿por qué el verdadero dueño del nombre seguía en una cárcel y condenado por una de las peores masacres de la historia de Colombia?

La explicación de Gilberto para que su nombre se le acuñara al guerrillero y apareciera en los registros de inteligencia militar se remonta casi tres décadas atrás. Durante nueve años trabajó en una mina de asbesto en el municipio de Campamento, en el Norte de Antioquia. Para finales de los años 80 “el Becerro” asumió la comandancia del frente 36 de las Farc, con influencia en ese municipio.

“En ese pueblo había una gente del ELN y después llegaron las Farc. Un día llegó ‘el Becerro’ e hizo una reunión con los trabajadores de la empresa, nos dijo que él era el nuevo comandante. Nos llamó a los del sindicato, muy decente el señor, anotó los nombres en una lista y nos dijo que él era el que iba a mandar allá”.

Sin embargo, eso no explica por qué, si las propias Fuerzas Militares reconocían que “el Becerro” seguía siendo uno de sus objetivos y se organizaban grandes operativos militares en su contra, Torres Muñetón permanecía preso.

Sus hijos, Alexander y Marcela, son técnicos en investigación judicial, no les quedan grandes los conceptos jurídicos, diferencian bien a un fiscal de un juez y conocen los pormenores del proceso de su padre. Por eso no encuentran una explicación diferente a que, detrás de los señalamientos que lo llevaron a la cárcel, hay intereses de muy alto nivel.

“Es que tiene que haber alguien muy poderoso que en su momento quiso dar resultados”, dice Alexánder. Junto a su hermana, recuerda que desde el principio ellos mismos fueron víctimas de lo que su padre, desde la cárcel, califica sin que le tiemble la voz, como un “falso positivo más”.

Y es que cuando la Policía los detuvo en 2004, permanecieron varias horas en el comando del Ceat. Los separaron y a Marcela, quien era menor de edad, la acusaron de haberla visto patrullando uniformada junto a su padre. Les dijeron que debían colaborar para no involucrarlos.

“Me tomaron fotos y me dijeron que tenía que declarar que mi papá era guerrillero. Nos intimidaron mucho y el fiscal en algún momento dijo que, fuera o no fuera, alguna persona tenía que pagar por esa masacre”, recuerda Marcela.

Pero las consecuencias no pararon ahí. Ambos fueron rechazados por la Policía, institución a la que querían ingresar.  Alexander no fue admitido ni si quiera para prestar su servicio militar obligatorio. Marcela, por su parte, siguió todos los trámites, pero la rechazaron en el último paso.

“Yo ya había hecho todo y en el Consejo de Admisiones lo primero que me preguntaron era qué hacía mi papá. Yo lo estaba negando, dije que no tenía contacto con él hacía muchos años. Pero luego se me acercó un sargento y me dijo que sabía todo lo de mi papá, que no era posible que yo pasara”, cuenta Marcela.

Sin poder hacer lo que quería, buscó trabajo en lo que pudo y consiguió un puesto como vendedora en una relojería del centro de Medellín, pero se le volvió a aparecer “el diablo”. “Ese negocio quedaba al frente del comando de la Policía y un día llegó “el diablo”, que parece que era amigo del dueño y me vio ahí. Me reconoció y le dijo que qué hacía con una guerrillera. Ese mismo día me echaron del trabajo”.

Ambos dicen que no creen que algún recurso que se interponga ante la justicia colombiana pueda devolverle la libertad a su padre, dicen que llevan años de trámites y que se ha movido todo lo que está a su alcance. Por eso esperan que su caso avance en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde ya reposa una queja por la situación de Torres Muñetón.

Por su parte, el abogado Giraldo prepara una tutela contra la Corte Suprema de Justicia, porque insiste en que no se pueden desconocer los elementos nuevos que aportarían a encontrar la verdad en el proceso. Uno de ellos saltó a los titulares de prensa el 9 de marzo pasado: “El Becerro” murió por segunda vez.

El comandante de las Fuerzas Militares lo confirmó un día después: “El general Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, resaltó la exitosa operación conjunta entre el Ejército y la Policía Nacional, en la que murió en combate José David Suárez, alias ‘Becerro’, principal cabecilla del frente 57 de las Farc y uno de los principales narcotraficantes del noroccidente del país”, anunció el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Esta vez “el Becerro” sí murió a manos de su enemigo y, para mayor seguridad, lo confirma un registro civil de defunción que reposa en los archivos de la Notaría 21 de Medellín y que demuestra que José David Suárez, nacido el 21 de marzo de 1961 en el municipio de Icononzo, Tolima, murió el 8 de marzo de 2015 en el municipio de Bojayá. Así las cosas, Gilberto Torres Muñetón, nacido el 14 de abril de 1957, en Ituango, Antioquia, paga la condena de un guerrillero muerto.

“José David Suárez era un tipo que negociaba con armas, con secuestrados, un narcoguerrillero que operaba en los límites de Panamá y Colombia, y tenía bajo sus jurisdicción más de 300 hombres. Quien hoy está condenado no conoce el departamento del Chocó, ni el río Atrato ni Bojayá”, dice el abogado Giraldo.

Eso mismo ya había sido reconocido por la Fiscalía 22 Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En el marco de una investigación por un secuestro, y después de analizar las pruebas, ese despacho emitió una decisión en agosto de 2014 en la que afirma que “el Becerro” no es Torres Muñetón.

“La persona que fue indagada el pasado 27 de marzo de 2014 en Cómbita, quien se identificó como Gilberto Torres Muñetón, no es el mismo alias ‘Becerro’ que operaba en el Chocó”, dice el documento de la Fiscalía 22 que, por tanto, se abstuvo de relacionar a Torres con ese caso. Sin embargo, agrega, “no se resuelve sobre su libertad, toda vez que el sindicado no se encuentra a disposición del presente proceso”.

En una decisión más reciente, del pasado 14 de mayo, la misma Fiscalía precluyó la investigación contra Torres Muñetón y, de paso, contra José David Suárez “por existir prueba de que el por vincular a la fecha está muerto”.

Es por eso que el abogado del caso, el propio Gilberto Torres y sus hijos se preguntan por qué se contradicen diferentes funcionarios dentro de la misma Fiscalía General de la Nación. La respuesta puede estar en la decisión que tomó en diciembre pasado la Corte Suprema de Justicia al negar la acción de revisión que presentó la defensa.

Para ese tribunal, si bien es cierto que pudo existir una confusión al asociar el nombre de Torres Muñeton con alias “el Becerro”, hay testimonios y reconocimientos fotográficos que ubican en Bojayá y señalan como participe de la masacre al hombre que hoy permanece preso.

“Con todas estas pruebas cambian los factores de tiempo modo y lugar por los que fue condenado. Eso es lo grave, le causaron responsabilidad penal en circunstancias muy diferentes a las que hay ahora. Ahora resulta que no era el jefe, pero sí era guerrillero raso y sí estuvo en Bojayá”, dice el abogado Giraldo.

Gilberto Torres Muñetón sigue encerrado y, con el paso del tiempo, su discurso se ha vuelto más radical. “Él siempre ha tenido ideas de izquierda, pero ya de lo que tenemos miedo es de que mi papá ahora sí se vuelva guerrillero”, dice Alexander entre risas.

Pero su tono cambia cuando explica que su familia quiere que su mensaje llegue hasta La Habana: “Yo quiero hacerle un llamado a las Farc. Lo que yo les pido a los guerrilleros que están en Cuba es que por favor se pronuncien. Parecen aliados con el Gobierno en este caso”.

Desde Cómbita, su papá complementa la idea: “La paz en este país se consigue de muchas maneras, no solamente en La Habana. Yo por eso le pido a Juan Manuel Santos y al fiscal General que se fijen en los falsos positivos que están en las cárceles”.

Los hermanos Torres, los mismos que años atrás soñaban con ser policías, dicen que ya no creen en las instituciones que alguna vez quisieron defender. Esperan, ya con algo de desgano, que se resuelva la tutela que su abogado radicará en unos días en otro de los muchos despachos judiciales que el caso ha recorrido durante más de una década. Sus esperanzas, mejor, las reservan para los tribunales internacionales.

Gilberto sí se emociona con la idea de que la justicia en Colombia pueda darle la razón. Cada tanto llama a su familia y dice que está seguro de que quedará libre en unos días. Pero la cuenta no se detiene y esos días se vuelven años. El hombre trigueño, de más o menos 1,70, el que siempre se afeita, espera que la muerte del verdugo de Bojayá le devuelva a él la vida, pero fuera de una celda.