La respuesta del gobierno frente al descontento del público no puede ser aumentar la represión y acabar con la democracia.
Por: Emmanuel Vargas Penagos
En otro de sus acostumbrados saltos al pasado, el gobierno anunció que definiría unilateralmente lo que considera una protesta pacífica. Al hacer esto, el gobierno se está saltando las instituciones democráticas para acercarse mucho más a los estilos de un Estado autoritario.
Uno de los mayores retos del gobierno en este momento y uno de los puntos más controversiales de las manifestaciones es el de los bloqueos. Para responder a este asunto, el gobierno quiere decir por decreto que las protestas que constituyan bloqueos no son pacíficas.
No es un tecnicismo: el gobierno no puede definir el alcance de los derechos fundamentales. De lo contrario, cualquier gobernante podría decir cosas como en qué casos tengo derecho a vivir o cuál es una crítica válida al presidente.
Después de siglos de discusiones filosóficas, de revoluciones y, literalmente, de sangre, las sociedades modernas y no autoritarias han definido que lo mejor es no tener un rey absoluto y que lo mejor es que exista una separación de poderes. También han definido que asuntos como el alcance de los derechos tiene que pasar por el debate más amplio posible en instituciones como los congresos o parlamentos, por imperfectos que sean. Por esto, por ejemplo, es que la Corte Constitucional dijo que las regulaciones del derecho a la protesta no solo deben pasar por el Congreso, sino que tienen que cumplir con uno de los procesos más estrictos que existe: el de ley Estatutaria. Este es un mecanismo que, como regula derechos fundamentales, es más exigente en la cantidad de votos que se requieren a favor y, además, obliga a un examen previo por parte de la Corte Constitucional.
El gobierno se está saltando eso con el fin de resolver unas manifestaciones que se le salieron de las manos. En lugar de responder con altura y apertura, está atentando contra las instituciones que prometió proteger.
En enero de 2021, el gobierno se vio en la obligación de emitir un decreto para garantizar la protesta pacífica. Esto sucedió por una sentencia de septiembre de 2020 en la que la Corte Suprema resolvió una tutela de varias personas que buscaban que se protegiera el derecho a la protesta después de los desmanes que ocurrieron en las manifestaciones de 2019.
El descontento de esas manifestaciones de 2019 estuvo en pausa y regresó en 2021. Entre un momento y otro, el gobierno no resolvió los problemas que causaron las protestas y tampoco parece que se hubiera alistado para responder de una forma digna de un Estado democrático.
Por este camino, además, el gobierno busca legitimar la visión de que la protesta solo es válida cuando es cómoda y tranquila. Hacer eso es contrario a lo que han dicho entidades como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: la protesta, casi que por definición, puede (por no decir que debe) causar perturbaciones a la vida cotidiana. Es por esas mismas razones que la Corte Constitucional ha dicho que el bloqueo de vías solo es ilegítimo cuando se hace por medios ilícitos, como el uso de armas.
En Colombia, la Corte Constitucional ha recogido la idea de que la protesta es “el primer derecho: [es] el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos”. Una protesta que solo puede hacerse al margen, que es cómoda y solo es notada por los presentes es completamente inocua. Protestar es una forma de libertad de expresión, que es en últimas el derecho que nos permite formar un proyecto de vida y exigir las garantías para que este pueda darse. Además, la libertad de expresión no implica solo el derecho a hablar, sino a tener posibilidades de que el mensaje sea escuchado. Restringir esto puede ser cómodo y deseable para algunas personas, pero es completamente contrario a la democracia.
Las garantías de los derechos humanos sí permiten que el gobierno use la fuerza como respuesta en algunos casos de protestas que se tornan violentas, pero esta es la excepción, no la regla. Esto es algo que solo puede suceder como último recurso y de la forma más medida posible. Así, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha referido a varios casos en los que algunos Estados respondieron de forma desmedida para controlar una protesta y ha dicho, entre otras cosas, que la respuesta del Estado no puede ser tan excesiva que termine creando miedo o intimidación para que las personas se abstengan de manifestarse en el futuro.
Con su propuesta, el gobierno quiere darle la vuelta a los estándares internacionales: quieren decir que si existe un bloqueo, pacífico o no, se considerará que la protesta es violenta. Esto, en la práctica, significaría que el gobierno se estaría autorizando a sí mismo para responder con violencia ante cualquier protesta con cara de bloqueo. De ser así, se validaría la postura de algunas personas de que solo se puede protestar por el andén y en fila india.
¿Le servirá esto al gobierno para resolver las causas de las protestas? Es obvio que no. Son pataletas autoritarias.
A Emmanuel lo pueden leer acá.
