¿Por qué nos importa la crisis financiera de la CIDH? Casos que involucran a Colombia | ¡PACIFISTA!
¿Por qué nos importa la crisis financiera de la CIDH? Casos que involucran a Colombia
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¿Por qué nos importa la crisis financiera de la CIDH? Casos que involucran a Colombia

María Flórez - Junio 15, 2016

Ante ese organismo, las víctimas han denunciado al Estado por numerosas violaciones a los derechos humanos.

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Sin plata. Así está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo internacional que vigila y promueve el respeto por los derechos humanos en América. Este año, la CIDH recibió un millón de dólares menos en contribuciones voluntarias de países americanos y europeos, por lo que está al borde de perder el 40% de su personal y ya se vio obligada a cancelar los periodos de sesiones de julio y octubre.

La parálisis de las actividades, según la Comisión, obedece a que los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no le han asignado suficiente dinero para funcionar y la han dejado a merced de las donaciones.

Para operar en 2016, la OEA le entregó a la CIDH poco menos de 5 millones de dólares. Los otros tres millones que completan el presupuesto total son donaciones de Argentina, Estados Unidos, Perú, Uruguay, Dinamarca, España y Suecia, que resultan insuficientes para mantener en pie a la Comisión. Colombia, por su parte, no le ha donado un sólo peso durante 2016.

Con estas cifras, la CIDH busca demostrar que, de entre todos los sistemas internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, es el que menos dinero recibe para funcionar. Gráfico: CIDH

Poco más de tres semanas después de que la Comisión hiciera público su grave estado financiero, tan sólo Chile y Antigua y Barbuda han entregado recursos. Argentina, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Panamá y Uruguay han hecho ofrecimientos que aún no se han concretado, por lo que la CIDH continúa pidiéndole a la OEA que redoble los esfuerzos para superar la crisis.

En el caso de Colombia, la Comisión ha sido fundamental para las víctimas. Es allí donde decenas de ellas han acudido para pedir protección y para denunciar al Estado por la comisión de presuntas violaciones de derechos humanos. En la última década, la CIDH estudió 72 casos colombianos, publicó tres informes de fondo, otorgó 71 medidas cautelares, envió 12 casos a la Corte Interamericana y sirvió de mediadora en siete casos de solución amistosa entre el Estado y las víctimas.

Tan sólo en el último periodo de sesiones en el que analizó casos concretos, que se llevó a cabo en abril, la CIDH celebró cuatro audiencias públicas sobre Colombia y llevó a cabo nueve reuniones de trabajo para buscar soluciones amistosas y hacerle seguimiento al cumplimiento de acuerdos y recomendaciones.

Estos son algunos de los casos que se trataron en ese periodo y que seguirían estancados de no ser por el trabajo de la Comisión:

Búsqueda de desaparecidos en La Escombrera

En abril, la CIDH escuchó a algunas de las víctimas de la Comuna 13 de Medellín, particularmente a las que luchan por la continuidad de las excavaciones en el botadero de escombros conocido como “La Escombrera”, que ha sido calificado como la fosa común urbana más grande del mundo.

La Escombrera. Foto: Archivo

En esa oportunidad, las víctimas le dijeron a la Comisión que las labores de búsqueda no han dado resultados y que están paralizadas desde diciembre de 2015. Así mismo, le plantearon la necesidad de tomar medidas urgentes para ubicar, identificar y entregar dignamente los restos de sus familiares, además de diseñar un plan integral de búsqueda con su participación y a cargo de equipos independientes.

Por eso, la CIDH le dijo al Estado que debía “asegurar un mecanismo adecuado de búsqueda que respete los estándares internacionales para la protección de las víctimas de desaparición forzada” y le pidió  “redoblar los esfuerzos para esclarecer lo ocurrido a las víctimas y determinar su paradero”.

Presunta persecución contra Jahel Quiroga

Jahel Quiroga sobrevivió al exterminio de la Unión Patriótica (UP) en Barrancabermeja (Santander) y en 1992 fundó la Corporación Reiniciar, una organización defensora de derechos humanos que lucha contra la impunidad de los casos de la UP. Su oenegé tiene estatus consultivo ante la OEA y ella misma hace parte del Consejo de Dirección de la Organización Mundial contra la Tortura.

En 2008, Quiroga acudió a la CIDH para denunciar al Estado por supuestas “agresiones, hostigamientos y amenazas” en su contra y porque, según ella, los organismos de inteligencia buscaban relacionarla con las Farc para deslegitimar su trabajo. La persecución incluiría seguimientos e interceptación ilegal de comunicaciones.

Jahel Quiroga es la directora de la Corporación Reiniciar. Foto: Reiniciar

Este año, la CIDH celebró una audiencia de fondo sobre el caso, en la que Quiroga alegó que existe un “patrón de persecución sistemática” en su contra y aseguró que se ha obstaculizado su labor como defensora de derechos humanos.

El Estado, por su parte, le dijo a la Comisión que no existe “un patrón de agresiones y presentó información sobre las medidas que ha adoptado a favor de la Corporación Reiniciar y de los miembros de la Unión Patriótica”. Asimismo, declaró que existían “ciertos obstáculos” para identificar a los responsables de las amenazas.

Masacre de Trujillo y asesinato de Ómar Zúñiga

Entre abril y junio de este año, y gracias a las gestiones de la CIDH, el Gobierno pidió perdón públicamente por la participación de sus agentes en dos crímenes: la masacre de Trujillo, que dejó 245 víctimas, y el asesinato del campesino Ómar Zúñiga, muerto en 1992 en el departamento de Bolívar.

En ambos casos, el Estado y las víctimas firmaron soluciones amistosas a instancias de la Comisión, por lo que el primero se comprometió a agilizar las investigaciones, entregar dignamente los restos de las víctimas y poner en marcha medidas de reparación integral y reconstrucción de la memoria.

De seguir funcionando con normalidad, la CIDH deberá hacerle seguimiento al cumplimiento de esas y otras medidas. Durante el último año, la Comisión ha realizado audiencias sobre temas colombianos como la discriminación contra la población afrodescendiente, la situación de las víctimas de violencia sexual y los defensores de la restitución de tierras, las reformas a la justicia penal militar y el balance de la ley de Justicia y Paz.