El gobierno quiere digitalizar su represión y ha soltado a sus ciberpatrulleros para vigilarnos en redes sociales.
Por: Emmanuel Vargas Penagos*
El “ciberpatrullaje” del gobierno parece inspirado en la “Policía del Pensamiento” del libro 1984 de George Orwell. O bueno, para no ir a la ficción, a la represión que sucede en sitios como Turquía, Pakistán, Filipinas, Venezuela y una larga lista de países que uno ilusamente pensaría que no debería ser la inspiración de un gobierno frente a la libertad de expresión.
Como lo denunció la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) recientemente, el gobierno está implementando una serie de estrategias de vigilancia y persecución en línea que busca censurar contenidos en redes sociales, muchas veces relacionados con el paro o que son críticos sobre la fuerza pública.
Así, la Policía Nacional anda de lo más tranquila scrolleando por las redes sociales y marcando contenidos como “noticias falsas”, “ciberterrorismo” o “terrorismo digital”. El primer gran problema con esto es que la Policía no tiene la función de juzgar la verdad. Piensen en la vida en las calles: Aunque pasen cosas tan ridículas como que multen a alguien por vender empanadas, nadie ve a un Policía en la calle verificando lo que es cierto o falso. No es su función. El segundo problema es que, como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el uso de conceptos tan ambiguos como “noticias falsas” puede llevar a la censura sobre expresiones legítimas, como la crítica a la Policía o las denuncias de violaciones de derechos humanos.
Y un problema enorme es que el uso tan ligero de términos como “terrorismo” puede llevar a generalizaciones y estigmatizaciones sobre la protesta legítima o sobre el periodismo que cubre temas incómodos para el gobierno. La CIDH ha dicho que, por el riesgo que acarrea, la criminalización de expresiones relativas al terrorismo debe limitarse a casos que sean “un llamado directo a la participación en el terrorismo que sea directamente responsable de un aumento en la probabilidad de que ocurra un acto terrorista, o a la participación misma en actos terroristas”.
Una muestra del riesgo de censura es el caso de los periodistas kurdos en Turquía, que suelen ser enviados a prisión por cubrir noticias relacionadas con la población kurda, históricamente sujeta a persecuciones y abusos por parte del gobierno. Un ejemplo es el de un periodista procesado por hacer “propaganda de una organización terrorista” por publicar una foto de un evento público en la que aparecía una bandera del separatista Partido de los Trabajadores Kurdo. Y otro ejemplo muy diciente es el del corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en Turquía, procesado por el mismo crimen y por “incitación al delito” por participar en una campaña en solidaridad con un medio kurdo que tuvo que ser cerrado por las acusaciones del gobierno.
Claro, como siempre, no es necesario irse tan lejos y es muy fácil mirar a Venezuela, tal y como el gobierno parece hacerlo para buscar inspiración a la hora de censurar. Un informe de la ONG Espacio Público, cuenta que decenas de persona procesadas en ese país por “opiniones sobre temas políticos, predicciones astrológicas, difusión de información pública, opiniones sobre la crisis nacional en sus diferentes tópicos o casos de corrupción” en redes sociales.
Tristemente, hacer el salto entre Colombia y una situación tan represiva como las de Turquía o Venezuela no es difícil. Es mucho menos difícil después de ver a la Policía no virtual, a la de carne y hueso, andar por las calles de Cali junto a personas de civil que le disparan a la población. No hay que hacer un esfuerzo mental muy grande para pensar que un Estado que ve tan sencilla la represión y la violencia en las calles va a ver la censura virtual como un paso necesario.
Bueno, realmente no hay que ir muy lejos. Solo hay que ir un poco al pasado, como suele pasar con la Colombia de Duque. Como conté en una columna anterior, Álvaro Uribe Vélez recibió advertencias por parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Corte Constitucional por estigmatizar a la gente cuando era presidente. No es difícil hacer el salto desde Uribe diciéndole terrorista a Holman Morris por hacer cubrimiento de una liberación de secuestrados de las FARC a un gobierno que va señalando tranquilamente a la gente como “ciberterrorista”.
Todo esto es parte de una amplia estrategia de gestión de imagen de este gobierno. Duque se ha dedicado a gastar y gastar plata en parecer, más que en ser. Aunque eso de por sí ya es un problema, los métodos lo agravan más. El presidente no se limita a ser un publirreportaje andante, con programas de televisión y entrevistas falsas. Las entidades de su gobierno (y con eso se podría decir que él lo hace) hacen perfilamiento de sus “enemigos”, presionan a la prensa, estigmatizan a sus críticos y buscan controlar lo que se dice sobre ellos en redes sociales. Son todos los rostros de la Policía de la Verdad.
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