El gobierno, Álvaro Uribe y su partido utilizan las palabras “terrorista”, “ELN, “disidencias”, entre otras, para referirse a las personas que protestan contra el gobierno. Usan la libertad de expresión para que nadie más pueda expresarse.
Por: Emmanuel Vargas Penagos*
Una de las razones por las que existe la libertad de expresión es porque sirve para controlar a los poderosos y equilibrar la balanza. Al final del día, mientras el gobierno hace las leyes, controla a quienes legalmente usan las armas, y deciden qué hacer con el presupuesto del país, la gente solo tiene su voz. Los poderosos también tienen un megáfono para hablarle a la ciudadanía, pero lo están usando para tapar a quienes piensan diferente. Con o sin intención, nos condenan a muerte. Legitiman y banalizan la palabra “militarizar” y “uso de la fuerza” contra un segmento de la población.
Las autoridades tienen un derecho y un deber de pronunciarse sobre asuntos de interés público como el paro nacional y sus causas. Eso no significa que ellos tengan la libertad de expresarse para acabar con los derechos de los demás ni para atentar contra la democracia. Y Uribe, aunque no es funcionario, es una figura pública con mucho poder político y, tristemente, muchas personas pueden ver sus palabras como una guía de quién es el enemigo a eliminar.
Uribe y el gobierno que actúa bajo su supervisión parecen, una vez más, dispuestos a imitar al Hugo Chávez que tanto usan como excusa para sembrar miedo. Chávez se refería a los periodistas de medios contrarios a su gobierno como “jinetes del Apocalipsis”, “fascistas”, “golpistas”, que tienen “una campaña de terrorismo” y que atentaban “contra el gobierno”, “contra el pueblo”. Esas palabras fueron vistas como alientos para atacar a periodistas y fueron claves para consolidar el deterioro de la democracia en Venezuela. Por estas palabras y por los hechos violentos que desencadenaron, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dijo que el gobierno tenía un deber de ser más cuidadoso con sus pronunciamientos porque pueden incrementar el riesgo de las personas.
Esa era la idea de la sentencia de la Corte Suprema que el gobierno de Duque está incumpliendo en este momento. Esa decisión de septiembre de 2020 le ordenó al gobierno que diera una instrucción de que todos los funcionarios a nivel nacional tuvieran una actitud neutral frente a las protestas. Pero la verdad es que no es nada raro que las autoridades incumplan. Solo están siguiendo el ejemplo de Uribe.
El ex presidente siempre ha manejado el mismo estilo de decir que sus opositores son criminales. En el 2004, la Corte Constitucional se pronunció en una tutela presentada por varias organizaciones de derechos humanos a raíz de pronunciamientos clásicos de Uribe: “Son voceros del terrorismo”, “no tienen vergüenza ni limitaciones”, “sus publicaciones se fundamentan en rumores y calumnias”, “han producido el desplome social de la Nación”, “profetas del desastre”. La Corte dijo que el Estado debe ser más cuidadoso en sus pronunciamientos que las personas particulares. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también le llamó la atención a Uribe en el 2009 por decir en una rueda de prensa que Holman Morris se escudaba “en su condición de periodista para ser permisivo cómplice del terrorismo”.
Pero Uribe será el mismo siempre, seguirá actuando con banalidad e impunidad. Funcionarios como Diego Molano seguirán su ejemplo. Duque posiblemente seguirá hablándole al vacío desde su estudio de televisión hasta el 7 de agosto de 2022 sin decir una sola palabra de rechazo a las estigmatizaciones que sueltan los que lo rodean. El riesgo para las personas se mantendrá y muy seguramente crecerá.
El ejemplo más vivo del peligro que causa un funcionario bocón lo vimos con el caso de Lucas Villa en Pereira, víctima de un atentado en el marco de las protestas. En esa ciudad, su alcalde invitó a “los miembros de la seguridad privada para hacer un frente común junto a la Policía y al Ejército para recuperar el orden en la seguridad ciudadana”. Así el alcalde haya querido mitigar sus palabras después del ataque a Villa, hay que ser bastante ingenuo o permisivo, por no decir más, para decir que no habrá gente que verá eso como una invitación a atacar a las personas durante las protestas, o a tomar acciones paramilitares.
La libertad de expresión de una persona como Álvaro Uribe, como Diego Molano o como Carlos Maya no es la misma que la de un ciudadano del común. Ellos son personas con poderes políticos, legales y simbólicos: son los jefes y líderes de cientos o miles de personas. Sus palabras pesan y pueden verse como una instigación, instrucción, autorización o apoyo para la comisión de delitos en contra de sus críticos. Contrario a esto, las autoridades tienen la obligación de crear un ambiente favorable para que la gente se exprese libremente, así lo dijo la Corte IDH en el caso de Venezuela. Pero el gobierno y su partido siguen felices imitando al chavismo. También, a su modo, imitan a otros gobiernos que se disfrazan de democráticos e instauran una democracia iliberal, como en Hungría y Polonia. Para eso no basta con cooptar el poder público, sino también asfixiar a quienes piensan diferente.
Esto, al final, es hacerle trampa a la democracia. Se trata de aprovecharse de las ventajas que da la libertad de expresión para acabar con ese derecho cuando lo ejercen otras personas. Es abusar del hecho de que tienen acceso directo a los medios de comunicación y que tienen un grupo considerable de seguidores. Es hacer ruido para tapar la voz de otras personas.
A Emanuel lo puedes leer acá: @EmmanuelVP
