El primer día del Paro Nacional, la Sijín capturó a 14 personas en Bogotá, Cali e Ibagué. La Fiscalía los acusa de estar involucrados en desmanes en medio de las protestas de este y años anteriores, pero como reveló PACIFISTA!, la investigación deja más dudas que certezas. Esta vez hablamos con dos jóvenes investigados.
Hace más de siete años, Jaime encontró en el graffiti una forma de denunciar la gravedad de la informalidad laboral o la profunda desigualdad socioeconómica; realidades que lo tocan a él y a su familia en Fontibón, donde viven en el suroccidente de Bogotá. Tiene 22 años, estudia Artes Plásticas y Visuales en la Universidad Distrital.
Jaime ya no puede hacer arte en las paredes con tranquilidad. Sobre él y otras 13 personas pesa una dudosa investigación de la Fiscalía General de la Nación, como lo documentó PACIFISTA! hace unas semanas, por los delitos de terrorismo y concierto para delinquir.
Hoy le cuesta conciliar el sueño y a su familia también. Aunque no hay pruebas contundentes y claras que lo vinculen con los hechos por los que lo investiga la Fiscalía, la zozobra de tener encima esa entidad del Estado puede ser insoportable.
Todo empezó el 28 de abril, primer día del Paro Nacional que cumple más de un mes, cuando fue capturado por agentes de la Sijín en Cali. Llevaba varios días allí pues viajó desde Bogotá con un grupo para hacer pintadas en solidaridad con los estudiantes de la Universidad del Valle. Cinco días antes, los alumnos vieron cómo varios agentes del Esmad ingresaron al campus, mientras un grupo exigía garantías académicas en medio de la pandemia.
“Mediante el arte, quería oponerme a esa vulneración de la autonomía en la universidad”, fue lo que Jaime le dijo a PACIFISTA!. Pero la versión de la Fiscalía sostiene que él y otras personas viajaron hasta esa ciudad para cometer vandalismo en las protestas de ese día. Solo por viajar con pintura.
Alrededor de las siete y media de la mañana de ese #28A, Jaime estaba saliendo del hotel donde se estaba hospedando y lo primero que vio fue una camioneta, que resultó ser de la Sijín, y a varios hombres. Se acercaron a él sin identificación; pensó que lo iban a robar.
“Les pedí que se identificaran. Uno le dijo a otro que trajera una chaqueta de la Sijín, pero eso seguía siendo raro, entonces les pedí que se volvieran a identificar. Ahí sí mostraron documentos y todo. Me dijeron que estaba siendo capturado y me requisaron”, relató.
Jaime tenía varias maletas con latas, pinturas, pinceles y carteles, pues salía a otra jornada de pintada en la Univalle. En medio de la requisa, narró, uno de los agentes le dijo a otro: “No, eso no es lo que estamos buscando”, después de ver lo que el joven tenía en los morrales. “A mí eso me pareció muy raro, porque ¿no que ya tenían una investigación hecha? ¿O están viendo qué encuentran para ahí sí empezar a investigar?”, se preguntó.
Al final solo le incautaron su celular, tal como quedó registrado en los informes de la Policía Judicial sobre esta y las otras 13 capturas que se hicieron ese día, y que PACIFISTA! revisó hace unas semanas. En los documentos también hay constancia de que a otros jóvenes y a un hombre de 71 años les incautaron, como material de prueba, una agenda con los logos de Bogotá Humana y pañoletas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Uno de ellos fue Steven, quien también estaba en Cali el día que fue detenido por agentes de la Sijín. Él y Jaime son dos de los cuatro jóvenes que fueron capturados ese 28 de abril en esta ciudad; las demás capturas y allanamientos se hicieron en Bogotá y una en Ibagué.
Steven vive en el barrio Madelena, al sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. Está estudiando producción multimedia en el Sena y a la par trabaja. Conoce a Jaime y a otro de los jóvenes que capturaron en Cali ese mismo día, porque durante varios años se dedicaron a organizar colectas para entregar mercados y comida a personas que podrían estar atravesando alguna necesidad. Por falta de tiempo, comentó, se alejó varios meses de ellos y de lo que él llama trabajo social.
Entonces se fue para Cali junto a Jaime, “de metido, a ayudarle a este güevón a hacer las pintas”, le comentó a PACIFISTA!. Lo último que esperaba de ese viaje era volver a Bogotá con una orden de captura -que, como la de las demás personas detenidas ese 28 de abril, fue declarada ilegal- y la cruda noticia de que estaba siendo investigado por terrorismo y concierto para delinquir.
A él también lo capturaron y le incautaron su celular, así como, según quedó escrito en el informe de la Policía Judicial, “una pañoleta color verde y rojo con logo y símbolos de la asociación de cabildos (sic) craic”.
Criminalizar la protesta social: la política del gobierno de turno
“¡No! Vea esto”, fue lo que de acuerdo con Steven dijo uno de los oficiales al momento de requisarlo y encontrar la pañoleta del CRIC. “Si uno se fija, en las actas de incautación no dice CRIC sino CRAIC”, detalló el joven. Para él, ese error y la reacción de los agentes al ver la pañoleta evidencia que no tienen mucha idea del trabajo y naturaleza de esa agrupación de pueblos indígenas, pero sí hacen juicios de valor peligrosos y apresurados al respecto.
Para Jaime no es una casualidad que las capturas se hayan hecho justo el 28 de abril, cuando inició el estallido social que hoy llena las calles de Colombia. Sobre todo, porque las órdenes de captura se emitieron el 19 de marzo de este año y la investigación, de acuerdo con los documentos que PACIFISTA! obtuvo, se abrió por hechos ocurridos en septiembre del 2019.
“Si las capturas estaban desde hace tanto, ¿por qué hasta el 28? Es evidente que hay una persecución contra manifestantes y las protestas. Quieren meterle miedo a la gente que protesta y perseguir a quienes estamos interesados en manifestarnos”, argumentó. Llamó la atención sobre cómo la mayoría de personas que fueron capturadas en Cali, según vio el día que fue retenido, son estudiantes jóvenes de universidades públicas.
Como él, Steven también tiene muchos reparos sobre la fecha y motivos de las capturas. “¿Qué tiene de malo que alguien exprese su inconformidad hacia alguna cosa que no le gusta?”, se preguntó. Agregó que, a su juicio, este es un claro proceso mediático y político, cuyo único objetivo es mostrar resultados. “Lo que están diciendo es: si usted sale a marchar, vea lo que le va a pasar. Si usted sale a marchar, se va para la cárcel”, dijo.
En medio de las dudas y los vacíos de la investigación, lo poco que Jaime y Steven saben es que se les culpa de una explosión en la Universidad Pedagógica el 25 de septiembre de 2019. También, de atacar a la fuerza pública y los CAI de la Policía Nacional en Bosa y el barrio Villa Luz en Bogotá, el 9 y 10 de septiembre del 2020.
A su vez, se lee en uno de los formatos de la orden de allanamiento y captura, con fecha de 27 de abril de este año, que las personas capturadas hacen parte del “movimiento JAIME BATEMAN CAYON, grupo radical LOS ESCUDOS AZULES, movimiento M-JBC, GRUPO JUVENIL VIOLENTO MR-21, MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 21 DE NOVIEMBRE, MOVIMIENTO ÁLVARO FAYAD DELGADO J-M-19”.
“¿Qué dicen sobre estas acusaciones?”, fue una de las preguntas que les hizo PACIFISTA! en nuestra conversación. Para Jaime, no tienen ningún sentido. “Nos están culpando de una explosión en la Pedagógica, pero yo ese día ni sabía lo que era protestar. Luego que lo del CAI en Villa Luz. Ese día yo sí estuve ahí, pero no quemándolo. Y en plena pandemia, lo que hice fue organizarme con otra gente para ayudar con mercados, y eso, a quienes estaban necesitando esos días”.
Steven se ha dedicado a recopilar las pruebas que tiene para demostrar que es inocente. Por su trabajo y otras obligaciones, dijo, no solo no tenía tiempo para haber cometido los delitos por los que se le investiga, sino que no estaba en ninguno de los lugares donde ocurrieron los hechos que la Fiscalía ha especificado. Es optimista en que podrá probar que él no es responsable de estos cargos.
Si bien Steven, Jaime y otro joven que fue capturado en Cali ya se conocían, ninguno sabe quiénes son y nunca han tenido relación con las otras 11 personas que fueron detenidas, la mayoría en Bogotá y una más en Ibagué. Aún así, uno de los delitos que la Fiscalía quiere imputar es concierto para delinquir, en el que es necesario, según la ley, que “varias personas se concierten con el fin de cometer delitos”.
Una tranquilidad amarga
La madrugada del viernes 30 de abril, el Juzgado 33 Penal de Garantías declaró que la captura de Jaime, Steven y las otras 12 personas era ilegal. La jueza argumentó que no había pruebas suficientes para soportar las expediciones de las órdenes de captura y allanamiento.
Steven calificó este momento como una “tranquilidad amarga” porque una vez fueron liberados, la incertidumbre sobre lo que va a pasar empezó a crecer. Su miedo se hizo mayor luego de que, según contó, salió de la estación de Policía en Cali. Allí, varios oficiales les tomaron un video y dijeron: “lo que pase de puertas para afuera no es culpa del gobierno ni de la Policía”.
Por su parte, Jaime ha denunciado que hay una persecución en su contra desde el día en el que obtuvo su libertad y viajó desde Cali hasta Bogotá. Mencionó que en el trayecto al aeropuerto se vio obligado a coger un taxi, después de que un hombre insistió en llevarlo a él y a otra persona con la que estaba. “Lo primero que el conductor hizo cuando nos subimos al carro fue tomarnos una foto. Dijo que para mostrarle a su jefe que ya tenía pasajeros”, mencionó. Cuando se bajaron en el aeropuerto, contó, también les tomaron fotos.
En Fontibón, en su barrio, la situación es similar. “El otro día salí con mi primo a fumar, entonces en la calle había una camioneta de vidrios polarizados (que no estaría ahí regularmente). Cuando nos entramos, se fue”. Le ha manifestado al Fiscal sus inquietudes, pero él dice que no es nada más que paranoia.
Tras un mes de movilizaciones, las capturas por hechos que la Fiscalía calificó como ‘vandalismo’ van en aumento. Por el momento, 203 personas han sido imputadas por delitos como “violencia contra servidor público, daño en bien ajeno, obstrucción a vía pública que afecta el orden público, terrorismo, hurto, asonada, lesiones personales, perturbación en servicio de transporte colectivo u oficial; fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; y fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos”, según el más reciente informe publicado. También por homicidio. 59 de ellas tienen medida de aseguramiento.
Mientras tanto, las 14 personas que fueron capturadas ese 28 de abril siguen a la espera de la audiencia en la que la Fiscalía deberá justificar por qué considera necesario que se les imponga medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Jaime y Steven insisten en que hacer trabajo social en los barrios y universidades no tiene nada de malo. Incluso, #ElArteNoEsUnDelito es el lema con el que varias personas han apoyado a Jaime en redes sociales, pues dicen, manifestarse de esta forma no debería convertir en objetivo del Estado, y del gobierno de turno, a ninguna persona.
A Laura pueden encontrarla acá.
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