El asesinato de Dimar Torres sepulta la confianza con el Ejército en el Catatumbo | ¡PACIFISTA!
El asesinato de Dimar Torres sepulta la confianza con el Ejército en el Catatumbo
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El asesinato de Dimar Torres sepulta la confianza con el Ejército en el Catatumbo

Staff ¡Pacifista! - Abril 29, 2019

Ya son más de 100 los excombatientes de las Farc que han sido asesinados desde que comenzó la implementación del Acuerdo.

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En este momento, el país está viendo una escena que parecía, por decir lo menos, poco probable: el cabo Daniel Eduardo Gómez está a punto de ser imputado por el delito de homicidio a un excombatiente de las Farc. Lo habría hecho, dice la Fiscalía, el pasado 22 de abril. Esta, la que sería una ejecución extrajudicial, se puede convertir en uno de los golpes más contundentes contra el acuerdo de paz firmado con la antigua guerrilla.

Dimar Torres Arévalo era un excombatiente de las Farc, vivía en la vereda Campo Alegre en la región de Catatumbo, Norte de Santander. Antes de ser asesinado se desempeñaba como agricultor y además  participaba activamente en encuentros y reuniones de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN).

Su vida fue arrebatada la noche del 22 de abril por hombres que pertenecen al Ejército Nacional.

Horas antes, 80 campesinos de Campo Alegre habían salido en su búsqueda, ya que él era el único que no se había reportado en la zona, luego de que en el lugar se habían escuchado unos disparos.

Cuando lo lograron ubicar, estaba en un corregimiento donde está ubicado un puesto de control permanente que tiene el Batallón de Operaciones Terrestres N° 11.

A la comunidad, en un principio le habían negado entrar a la zona, pero cuando finalmente pudieron ingresar, revisaron en los diferentes cambuches del Ejército y encontraron un hueco que tenía el tamaño para poner un cuerpo.

El cuerpo de Dimar estaba desnudo y presentaba un disparo en la pierna, otro en la columna y uno en la cabeza, el cual le había destrozado gran parte de su cráneo.

Uno de los primeros en dar declaraciones sobre el caso fue el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien declaró que el asesinato  del excombatiente se había dado, “por un forcejeo” con uno de los cabos. No obstante, luego de que se conociera un vídeo de los campesinos encontrando la fosa, tuvo que aclarar lo que había mencionado.

“Las declaraciones que entregué en los medios de comunicación fue la información que nos informó el coronel” aclaró y agregó que “una vez la Fiscalía esclareció los hechos, nosotros salimos ante la opinión pública para aclarar lo que pasó”. Explicaba el Ministro en la W Radio.

También, este fin de semana en la zona del hecho, el general Diego Luis Villegas, comandante de la Fuerza Vulcano del Ejército, explicó: “Lamento en el alma, y en nombre de los 4 mil hombres que comando, le pido perdón a la comunidad… estamos prestos a colaborar con toda la información que solicite la Fiscalía frente a la muerte de un ex integrante de las Farc. Lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas y por lo tanto el comandante viene a poner la cara”

Las razones de por qué fue asesinado Dimar, aún no se conocen. Pero, el cabo Daniel Gómez, responsable del hecho, está suspendido de su cargo.

Dimar Torres es uno más, en la lista de los más de 100 excombatientes asesinados luego de la firma del Acuerdo de Paz.

Todo esto sucedió en un ambiente enrarecido. Un grupo de organizaciones ya había denunciado actos al parecer irregulares por parte del Ejército: “El pasado 20 de abril, desde el puesto militar del Ejército Nacional, ubicado en la parte alta de la vereda San Luis, en el municipio de San Calixto, dispararon contra los líderes sociales Olger Pérez de la Asociación Campesina del Catatumbo Ascamcat, Nicolás López del Comité de Integración del Catatumbo Cisca y Horacio Ramírez vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Torcoroma”, dice el comunicado que emitieron las organizaciones campesinas.

Duque no escuchó a la población civil 

En agosto de 2018, cuando se posesionó como presidente de la República, Iván Duque hizo una promesa: visitar cuanto antes la región del Catatumbo para demostrar que el Estado tenía interés en “recobrar” la “tranquilidad” para los habitantes. El presidente, en efecto, fue a Catatumbo para anunciar una medida poco novedosa: el despliegue de 5.000 militares en todo el territorio, una estrategia similar a la que empleó Juan Manuel Santos. Con la decisión de Duque, en Catatumbo quedaron 15.000 efectivos para resguardar a la población civil. En teoría.

Aunque esa estrategia podría parecer como una fuerte mediad de seguridad para una zona de menos de 5.000 kilómetros cuadrados, lo cierto es que en los últimos años esa idea no ha funcionado. De acuerdo con diferentes organizaciones sociales que habitan en veredas donde el Ejército es desconocido (pues antes mandaban las FARC) , la llegada de militares genera desconfianza por un pasado tortuoso en el que cualquier persona podría ser catalogada como “colaboradora de la guerrilla”.

La Fuerza Pública ha estado involucrada, además en casos de corrupción. Una fuente de la zona nos lo dijo: “El gran fondo de todo esto es la corrupción. Los miles de kilos de coca que salen de las 28.000 hectáreas que hay en toda esta región; los miles de millones de pesos que mueve el robo de combustible; el contrabando; los laboratorios que producen drogas y funcionan 24 horas al día y 7 días a la semana; los carteles mexicanos… Es imposible que todo esto suceda sin que la Fuerza Pública se dé cuenta”.

La misma fuente nos contó  que los negocios ilegales dependen de la vía Cúcuta – Ocaña, que conecta al Catatumbo con el resto del país. “Esta vía es controlada por los militares, por la Policía, por la guerrilla, por los carteles, por todo el mundo. Para sacar los miles de galones de gasolina de contrabando, a veces se utilizan hasta 30 camiones. Es imposible esto no lo vean las autoridades”.

El estudio Catatumbo, memorias de vida y dignidad, del Centro Nacional de Memoria Histórica, revela cifras importantes para entender porqué una persona con camuflada con fusil no representa seguridad:  entre 1958 y 2018 se perpetraron 104 masacres (las cuales corresponden al 46% de las ocurridas en Norte de Santander). En esta región ocurrieron 1.187 acciones bélicas, 11 ataques a poblaciones, 3.455 asesinatos selectivos y 1.862 desapariciones forzadas. En medio de la violencia apareció la coca como única opción de subsistencia para los campesinos. Han pasado los años, los acuerdos de paz, y este cultivo sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos en la región.

Desde 2005, el Estado centró su mirada en el Catatumbo pero no invirtió en las necesidades sociales, sino que ejecutó un plan de militarización. Primero fue la Brigada XXX, de la segunda división del Ejército, después la Brigada Móvil Número 15, con sede en Ocaña, después de la Brigada número 23, con sede en El Tarra, las que comenzaron a expandirse en el territorio. Se instalaron, además, bases militares en El Tarra, San Calixto y Hacarí.

¿Esta militarización se tradujo en nuevas condiciones de seguridad? Así respondió uno de los habitantes que fue entrevistado en el informe.

Vino una militarización sin precedentes en el Catatumbo, sin precedentes. Que el Ejército llegó a zonas donde nunca había llegado en la historia, donde llevaban 20 años sin ir. Por ejemplo, Honduras [corregimiento de Convención] o La Pedregosa [vereda de Teorama], eso era casi imposible en términos militares imaginarse uno que la fuerza pública iba a llegar. Y al llegar pues ustedes se imaginan la elevación de violación de DD.HH. que eso tuvo (CNMH, grupo focal 2 Ascamcat, Cúcuta, 2017).

Habitar la región, como lo cuentan los habitantes, se convirtió en un riesgo, en un motivo de sospecha a los ojos de militares y policías.

Yo estaba ahí en la finquita, en la parcela, tenía un montón de plátano y póngale cuidado el cuento que voy a contar: estaba ahí y estaban todos los hermanos míos cuando vimos que ¡prum! Puros carros. Nosotros salimos a mirar qué era la bulla, cuando en esas vimos la fuerza pública que iba pasando hasta donde estábamos nosotros. Cuando llegaron de una esquina, un filo: alto, manos arriba, manos arriba. Y yo dije: estoy en mi tierra, estoy trabajando ¿por qué tengo que poner manos arriba? Me decían: manos arriba contra ese árbol. Y yo: ¿cómo voy a poner las manos en ese árbol lleno de espinas? ¿y usted de dónde es? Yo vivo ahí. ¿Qué hace? Estamos empacando plátano, mire el arrume de plátano que tenemos junto acá. Como yo les dije: ¿ustedes no están preparados para la guerra? ¿cómo se van a venir a tratarnos aquí mal, estoy en mi tierra, estoy empacando plátano y ¿manos contra ese árbol? (CNMH, taller dememoria 1, Sardinata, 2016).

Testimonios como el de este campesino demuestran que la militarización trajo consigo un sentimiento de desconfianza que fue creciendo con el paso de los años. Las escuelas rurales y los espacios comunales poco a poco fueron siendo copados por soldados, lo que causó temor. Al final, los niños que vivían cerca de las bases militares dejaron de frecuentar estos espacios, lo mismo sus familias. Así sucedió, por ejemplo, en los barrios Comuneros, Calle Central y Pueblo Nuevo del municipio de El Tarra, donde fue instalada, en el año 2010, la base militar del Batallón de Artillería No. 30. Con las operaciones militares, los bombardeos y la invasión de las casas de los pobladores se fue acentuando otro problema: el desplazamiento.

Uno de los periodos más difíciles en el Catatumbo fue entre 2006 y 2008, cuando salieron a la luz las ejecuciones extrajudiciales. Fue justamente en Ocaña, Norte de Santander, donde el Ejército Nacional presentó como guerrilleros muertos en combate a jóvenes de Soacha. Como lo muestra el siguiente gráfico, fue justamente en ese periodo, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que repuntaron las ejecuciones extrajudiciales.

Las organizaciones campesinas también sufrieron el estigma y la persecución que en ese entonces cometió el Ejército contra la población civil. La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) –la cual está hoy en el blanco de los grupos armados que han saboteado el plan de sustitución de cultivos de uso ilícito– fue perseguida y catalogada como una “estructura de apoyo al terrorismo de las Farc y el ELN”, como lo contaron los voceros de la organización. En 2010, por ejemplo, capturaron a 17 líderes que fueron presentados justamente como colaboradores de la guerrilla.

Era previsible: los militares que envió Duque no serían recibidos como los “héroes de la patria”.