Un acuerdo entre la ciudadanía y sus representantes consiguió que se prohibiera la minería en 12 municipios del suroeste de Antioquia.

Recientemente quedó claro que las comunidades aún tienen una vía para defender sus territorios de los proyectos extractivos. Se trata de los Acuerdos Municipales, un recurso jurídico que, a pesar de que la Corte Constitucional le sacara el cuerpo a las consultas populares, todavía permite que los municipios reglamenten o prohíban proyectos extractivos como la minería. Así lo lograron 12 pueblos antioqueños en los últimos días.

Gracias a este mecanismo, que debe ser presentado por alcaldes, concejales o Juntas de Administración Local (JAL), el municipio de Urrao consiguió prohibir la minería en su jurisdicción. Lo mismo pasó con otros 11 municipios, que ya tienen un respaldo legal para no permitir estos proyectos.

La empresa minera AngloGold Ashanti —la tercera más grande del mundo—, había llegado al suroeste antioqueño con un proyecto ambicioso. La multinacional exploró por 14 años un territorio entre los pueblos de Támesis y Jericó, buscando un proyecto de explotación. Lo encontró, y se hizo con el título de 7.600 hectáreas de un yacimiento de oro, plata, cobre, molibdeno y otros minerales. El yacimiento queda en la base de una montaña. 

La ciudadanía reaccionó y se opuso, pues este proyecto comprometería el bienestar ambiental, social y económico de la región: según Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, los metales están en una zona donde nacen aguas que abastecen acueductos de este y otros municipios.  

Mientras AngloGold preparaba una solicitud para que le dieran una licencia de explotación, las comunidades de los 12 municipios presionaron a sus políticos para que escribieran y formularan los Acuerdos Municipales. Estos reivindican la competencia de los municipios sobre sus territorios, y les dan la potestad de establecer si se autorizan los proyectos extractivos sin necesidad de una Consulta Popular.

Los Acuerdos fueron presentados por los concejales como el resultado de una campaña ciudadana por la defensa territorial. Los habitantes se movilizaron, exigieron, y después de un proceso de casi un año consiguieron que se prohibiera la minería.

Los municipios que están “protegidos” son Támesis, Jericó, Urrao, Betulia, Concordia, Salgar, Jardín, Tarso, Pueblorrico, Fredonia, Valparaíso y Titiribí.

¿Cómo fue la lucha de los municipios? 

Los antioqueños de la zona que se vería afectada vieron que podrían avecinarse graves problemas. Le hicieron presión a los alcaldes y representantes locales y obtuvieron apoyo. Vieron en la formulación de Acuerdos Municipales una posibilidad para invalidar las actividades mineras propuestas.

El proceso de explotación se iba a hacer con túneles para remover 617 millones de toneladas de rocas de la montaña mencionada. Los residuos contaminantes de esta actividad se calculan en 250 millones de metros cúbicos que podrían haber acabado en el río Cauca. El riesgo latente era que la contaminación afectara las fuentes hídricas de toda esta zona del departamento, y a su vez a su industria cafetera y frutera. 

Todo esto, además, se haría a cambio de la exportación de metales en bruto, sin un beneficio industrial importante para las comunidades. Y por una compensación económica “irrisoria”, según Jaramillo.

Al final de 2017, luego de muchas manifestaciones, la presión ciudadana funcionó y municipios antioqueños presentaron Acuerdos Municipales nuevos. Sin embargo, el siguiente obstáculo lo presentó el Tribunal Administrativo de Antioquia, que desconoció los documentos. Con esto casi quedaba vía libre para que Minera Quebradona (empresa colombiana de AngloGold) estuviera más cerca del proyecto de explotación, con sus consecuencias.  

En Titiribí y Concordia, municipios en riesgo, se iniciaron trámites para hacer consultas populares. La Registraduría, sin embargo, se negó a pagarlas.A pesar de que existía un gran sentimiento ciudadano en contra del proyecto de extracción, la Corte Constitucional estableció hace unas semanas que, al ser el subsuelo propiedad del Estado, el uso o explotación de sus recursos también dependen de él.

El único camino que quedaba para los municipios antioqueños, entonces, era rescatar los Acuerdos Municipales. Estos ya habían sido aprobados en los dos debates correspondientes en cada Concejo local.

Los concejales de Jericó, Urrao y Támesis presentaron al Consejo de Estado tutelas para revivir los Acuerdos. El Consejo las revisó y falló a favor de la de Urrao. Los Acuerdos volvieron a tener vigencia, y la minería metálica se prohibió.

De acuerdo con Anthony Rondón, del Comité Ambiental del Tolima e ingeniero agroindustrial, a pesar del choque de trenes entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, este último organismo tiene más competencia sobre los entes territoriales, por lo que, al menos por ahora, los Acuerdos estarán blindados. 

Para que esto funcionara tuvo que haber consenso. En casi todos estos casos de Antioquia, los ediles aprobaron por unanimidad los Acuerdos. También los alcaldes los sancionaron de inmediato. El texto del Consejo de Estado aplica para los Acuerdos Municipales que prohíban la minería en cualquier pueblo colombiano. Para esto, entonces, es necesaria la formulación de los Acuerdos en cada municipio interesado.

Movilización ciudadana: muy importante

El ingeniero Anthony Rodríguez acompañó la consulta popular de Cajamarca y fue testigo de cuando ganó el ‘No’ y se prohibió la minería allí. Opina que la movilización ciudadana para estas causas es importante, porque más allá de un tema medioambiental, es un asunto territorial y político. “Es el vínculo entre la ciudadanía y su territorio. No solo en el aspecto físico, sino en el cultural, político, económico y social. Este vínculo hace que las personas miren hacia las montañas, o hacia el agua. Que no es solo abrir la llave y que salga. Es la consciencia del respeto que se debe tener hacia la dimensión natural como un sujeto de derechos.

Sin embargo, Rodríguez considera la voluntad de decidir sobre los proyectos extractivos no debe ser solo responsabilidad del activismo hacia el medio ambiente sino que debe ser parte de un plan integral. Se debe articular el trabajo de la ciudadanía con la política para que haya cambios o efectos concretos. Así pasó en el caso de Antioquia. “El ‘arma’ que podemos tener es la articulación, la unidad, las agendas comunes. Eso, más allá de una Consulta Popular o de herramientas jurídicas, puede ser de más utilidad”, dice.

Rodríguez es consciente de que en muchas agendas políticas están los intereses de grandes empresas. Lo llama “Estado corporativista”, por “una captura de corporaciones que orientan las agendas legislativas y políticas del país”, y que a su vez tienen un rol fundamental al ser financiadoras y generar un motor económico. Con esto ostentan poder y capacidad de presión a los gobiernos de turno. Es ahí donde, según él, la ciudadanía y los movimientos sociales deben unir sus agendas. Exigir y valerse de las herramientas que proporciona la Ley.