El Ejército le da una mano a los excocaleros con el comercio de sus productos
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El Ejército le da una mano a los excocaleros con el comercio de sus productos

Andrés Bermúdez Liévano - Noviembre 30, 2018

Mientras el gobierno Duque contempla volver a fumigar la coca, el Ejército organiza campañas para ayudar a los campesinos a vender los productos con los que salieron de la coca.

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En momentos en que el Ministro de Defensa Guillermo Botero defiende la posibilidad de volver a fumigar la coca con glifosato, el Ejército que está bajo su mando está metido de lleno en ayudar a cientos de campesinos a vender los productos con los que sustituyeron esa misma planta.

El sábado pasado, el parque principal de Puerto Asís vivió un ambiente festivo. Decenas de organizaciones campesinas de todo el Putumayo llegaron a la ancha y soleada plaza para conversar con decenas de empresarios exportadores y funcionarios de cooperación de lugares tan lejanos como República Checa, India, Francia, Perú, Canadá y Panamá.

En sus puestos había palmitos, chocolate, mermelada de cocona, dulces de arazá, artesanías, sacha inchi, acaí y panela, gran parte de ellos resultado directo de la apuesta de campesinos de decirle adiós a los cultivos de uso ilícito. De hecho, hasta un 90% de las cooperativas tendría asociaciados que alguna vez cultivaron coca, estima uno de los organizadores.

Eso es otra muestra de que, en un escenario de fin del conflicto con las Farc, los soldados están cumpliendo misiones civiles que ayudan a solucionar problemas concretos en las regiones más abandonadas del país. Y en Putumayo es evidente la falta de acceso a mercados, dificultada por la ausencia de bienes y servicios públicos como vías terciarias o electricidad.

El general Yuber Aranguren y el Ejército se dieron cuenta que el principal problema para campesinos ex cocaleros es la falta de acceso a mercados.

De la guerra al mercado

El evento, que tenía el nombre de Primera Rueda Institucional de Emprendedores Comunitarios, era en realidad una feria de negocios en la que la Brigada 27 de Selva del Ejército ayudó a acercar a campesinos a potenciales clientes para sus productos, ya que —como ha contado Proyecto Coca —la ausencia de mercados es uno de los principales obstáculos para que la sustitución de coca sea sostenible en el tiempo.

Para el Ejército, esta nueva tarea forma parte de la estrategia militar trazada después de la firma del Acuerdo de paz y llamada ‘Victoria Plus’, dos de cuyos ejes de trabajo son los más tradicionales de control territorial (para hacer presencia en todas las regiones) y fortalecimiento institucional (para, entre otras, preservar la legitimidad de la Fuerza Pública). Pero añadieron un tercero que anteriormente era poco frecuente en el radar de los militares: aportar en cooperación al desarrollo.

Hasta un 90% de las organizaciones que estaban en la rueda de negocios podrían tener asociados que tuvieron coca en algún momento.

“La idea es pensar qué más puede hacer la institución para, de manera conjunta y coordinada, llevar las instituciones del Estado a la ruralidad y a los territorios más necesitados. Para eso estamos trabajando con los líderes sociales, las juntas de acción comunal y las cooperativas campesinas, para pasar de una desconfianza histórica a lograr soluciones juntos”, explica el general Yuber Aranguren, comandante de la Brigada 27 de Selva.

El primero en intentarlo fue el general César Parra, comandante de la Sexta División del Ejército en Caquetá: su idea rápidamente la emularon en Putumayo y Amazonas, primero con rondas de negocios locales y ahora trayendo a personas de fuera de Colombia. En otra señal de los cambios que vive la Fuerza Pública en el país tras el Acuerdo, fue la Policía la que puso el avión para llevar a las 40 personas desde Bogotá para la rueda de negocios en la que participaron 315 negocios y se cerraron al menos siete acuerdos de compra y 51 alianzas.

El cambio de chip

“Realmente es sorprendente que esto se vea porque el Ejército y toda la ley siempre fueron vistos en un rol de seguridad. Con esto, dan pasos reales de acercarse al pueblo y transmitir confianza. Uno ve que sí son amigos de lo agropecuario”, dice Fray Jorge Cueltan, el líder de la cooperativa de pimenteros del Valle del Guamuez.

Ellos son un ejemplo de cómo la comercialización es el centro de cualquier proyecto exitoso de sustitución, incluso años después de haberse alejado de la coca.

De hecho, como contó Proyecto Coca, la historia de éxito vertiginoso de Asapiv se viene acercando en el último año y medio al desastre total: a pesar de que cultivan una pimienta especial muy apetecida por restaurantes, que es uno de los productos más interesantes de todos los esfuerzos de sustitución en Colombia, perdieron a la mayoría de sus clientes y tienen su bodega llena hasta el techo de pepas de pimienta.

La razón es que los contrabandistas se percataron del sólido nicho en el mercado gourmet que ganó la apetecida pimienta negra del Putumayo y–aprovechando la porosa frontera con el Ecuador a menos de una hora de distancia y la falta de controles por parte de las autoridades– se lo están robando casi íntegro.

“Uno ve que están pensando diferente, que ven al campesino al nivel de la finca como un productor y no desde el aire como alguien al que hay que fumigar. Eso es muy importante porque ese producto [el glifosato] suele caer donde no debe también y puede perjudicarnos a los que ya han hecho el camino lejos de los ilícitos”, dice Carlos Culchac, el representante legal de los cacaoteros del Valle del Guamuez que están asociados con el nombre de Coprocaguamuez.

Ellos no pudieron estar el sábado en la feria del Ejército porque, aunque estaban invitados, se les cruzó con la nueva feria de comercialización del chocolate –llamada ‘Chocoshow’— que se hizo en Corferias, en Bogotá.

“Hay otro valor: las cooperativas que ya están organizadas son las que están generando hoy oportunidades para sustituir. Corpocampo, que exporta palmito a Europa, está comprando casi la mitad del producto a Ecuador porque no hay suficiente oferta. Necesitamos que se siga viendo que sí hay alternativas a la coca”, dice el general Aranguren.

Los números le dan la razón al general encargado de la seguridad en el Putumayo. Este sigue siendo el segundo departamento con más coca en el país (29 mil hectáreas a finales de 2017 según el censo oficial del Gobierno colombiano, que hace Naciones Unidas), pero también es el que muestra mejores resultados en sustitución concertada con comunidades: el informe de octubre de Naciones Unidas mostraba que, hasta esa fecha, se han erradicado voluntariamente 8.686 hectáreas, más del doble que el siguiente.

Esta no es la única muestra del cambio de chip que se está presentando en el Ejército. Margarita Martínez, la prestigiosa documentalista cuya película La negociación fue temporalmente censurada por Cine Colombia tras la presión política del Centro Democrático, hizo Heridas de guerra hace cuatro años mostrando cómo los equipos aéreos de las Fuerzas Militares que antes solían rescatar soldados heridos en medio del conflicto habían cambiado hacia misiones más civiles como brigadas de salud, fortaleciendo sus lazos con las comunidades y llenando vacíos muy sentidos en zonas del país sin acceso a esos servicios públicos esenciales.

Esa confianza naciente de ruedas de negocio como la del Putumayo podría, paradójicamente, verse afectada si el Gobierno Duque termina apostándole a la erradicación forzada como principal estrategia contra la coca, en vez de privilegiar el trabajo con las comunidades cuando hay voluntad y la mano dura cuando no la hay (que es, en el fondo, la fórmula de zanahoria y garrote que propone el Acuerdo de paz firmado por el gobierno anterior).

Al final, los soldados entendieron algo que el Estado a veces olvida: sin comercialización, nada saca a los campesinos de manera definitiva de la coca.