El contrabando está arruinando este caso exitoso de sustitución de coca

El contrabando está arruinando este caso exitoso de sustitución de coca

Andrés Bermúdez Liévano - Septiembre 27, 2018

#ProyectoCOCA | Aprovechando la porosa frontera con Ecuador y la falta de controles, hay personas que se están robando los mercados que ya había conquistado la pimienta negra.

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La Hormiga, Putumayo

Al cruzar el umbral de la austera bodega de Asapiv, se ven costales blancos arrumados uno encima del otro, bordeando toda la pared y casi llegando al techo.

Esos sacos apilados, sin mucha salida al mercado, son la foto de un agudo problema: la historia de éxito vertiginoso de esta cooperativa de campesinos del Valle del Guamuez que cambiaron la coca por una pimienta especial muy apetecida por restaurantes –y uno de los productos más interesantes de todos los esfuerzos de sustitución de cultivos de uso ilícito en Colombia– se viene acercando en el último año y medio al desastre total.

¿Su cruz? El contrabando. Los contrabandistas se percataron del sólido nicho en el mercado gourmet que ganó la apetecida pimienta negra del Putumayo y que –aprovechando la porosa frontera con el Ecuador a menos de una hora de distancia y la falta de controles por parte de las autoridades– se lo están robando casi íntegro.

Justo mientras el presidente Iván Duque decía en su primera intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas que “la legalidad significa también la derrota de la corrupción”, un caso emblemático de sustitución podría terminar fracasando una década después de haber logrado dejar atrás la coca y haber entrado a la ilegalidad. Todo por la incapacidad del Estado colombiano de hacerle frente a los negocios ilegales en las fronteras.

De la coca a la pimienta

“Aquí no podemos decir mentiras: todos fuimos cocaleros”, dice Fray Jorge Cueltan, un campesino e indígena pasto que estuvo entre el primer grupo que se le midió a sembrar 700 palos de pimienta, que ayudó a fundar la cooperativa y que es hoy su representante legal.

Como en tantas regiones del país, muchos campesinos del Valle del Guamuez llegaron a la coca por la falta de oportunidades económicas y se fueron arrepintiendo por la violencia que con frecuencia venía de la mano.

“La primera mata que yo sembré fue de coca. Nos mantuvimos a punta de coca, pero también nos dejó mucho sabor amargo. Quisimos cambiar lo ilícito por lo legal. No queríamos que nuestros hijos siguieran ese mismo camino”, dice Pedro Culchac, un campesino de 50 años que también abandonó la coca por la pimienta.

“Si hablamos en el tiempo de la bonanza, desde el 90 hasta el 2000, todo era coca. Ahí llegó mucha delincuencia, muchos paras y nos fuimos abriendo de esa vaina”, lo complementa Fray Jorge. Él mismo tuvo ocho hectáreas de coca hace dos décadas en su finca, en la vereda de San Andrés.

En 2007, 36 campesinos de distintas veredas de La Hormiga se animaron a sembrar la pimienta, muchos de ellos con ayuda del programa Familia Guardabosques del segundo gobierno Uribe.

Fundaron la Asociación Agropimentera del Valle del Guamuez, más conocida localmente como Asapiv. Al comienzo, hacia 2009, el precio aún era bajo: unos 3.000 pesos el kilo. Pero el voz a voz de la pimienta se fue regando y restaurantes como la cadena Wok empezaron a comprarles. Al ver su éxito, otros campesinos se fueron sumando.

Muchas veredas alrededor de La Hormiga se comenzaron a llenar de estas frondosas enredaderas de las que cuelgan decenas de racimos de diminutas pepas negras y rosadas. Esos frutos, que cosechan a mano, se secan después en invernaderos cilíndricos de los que salen nubes de vapor hirviendo, como un sauna, cada vez que alguien levanta la puerta de plástico.

El resultado de ese proceso son los dos tipos de excelsa pimienta que producen: la negra –y más cotizada por la alta cocina- que sale cuando se cosechan los frutos verdes y la blanca -que se paga aún mejor, pero tiene mucho menos demanda- que sale de los frutos rojos y más maduros.

El trabajo duro de ese grupo de pimenteros rindió frutos: en 2016, la pimienta negra llegó a su precio más alto, de 22.000 pesos por kilo. Abrieron el punto de acopio en La Hormiga, para distribuirla con mayor facilidad. Luego lanzaron una línea de condimentos: unos sobres de pimienta mezclada con limón, con jengibre y con cúrcuma que han tenido muy buena recepción pero que aún no han logrado comercializar en tiendas por las dificultades para sacar el registro del Invima que les permitiría hacerlo.

Al mismo tiempo desarrollaron una política ambiental, para que los tutores que sostienen sus enredaderas no sean de madera talada sino árboles vivos y nativos, como el acedero, el cachimbo o el matarratón.

Lo hicieron incluso a pesar de que los cultivos de pimienta de muchos de ellos, incluido Fray Jorge, fueron fumigados con glifosato en 2014, pese a que no tenían coca en ese momento.

Por todo esto, en 2016 se ganaron el premio EmprenderPaz, que reconoce los aportes del sector privado a la paz. Su historia de éxito parecía imparable.

Hace dos años, sin embargo, las cosas empezaron a cambiar sin que ellos entendieran bien. A mediados de 2016, se empezaron a dar cuenta de que el precio de la pimienta estaba bajando, al tiempo que algunos de sus clientes en Bogotá les decían que estaba llegando otra pimienta “de su mismo pueblo” y que les estaban vendiendo más barato. “Si le sirve, le sigo comprando pero al mismo precio (que a ellos)”, les decían esos compradores.

“Desde octubre hasta enero empezó a bajar como una escalera: a 10.000, a 9.000, a 8.000, a 7.000, a 6.000”, cuenta Fray Jorge. Hoy está en 5.500 el kilo, el precio más bajo desde que empezaron a comercializarla.

Pronto se dieron cuenta qué estaba sucediendo: a través de la porosa y poco vigilada frontera con Ecuador, en San Miguel estaba entrando pimienta más barata y de menor calidad, que comerciantes inescrupulosos luego vendían por 8.000 o 9.000 pesos el kilo. Es decir, menos de la mitad de lo que ellos recibían por su pimienta orgánica.

“A simple vista no se nota la diferencia, pero si le hace en análisis bromatológico se ve todo eso”, dice Pedro.

Esa competencia desleal hizo que perdieran una parte gruesa de su mercado. Aunque las cadenas de restaurantes Crepes & Waffles y Wok siguen siendo sus clientes estrella, comprándoles unos 300 kilos mensuales de la pimienta orgánica de mayor categoría, ellos producen unas 10 toneladas al mes sumando la orgánica y la corriente. Y precisamente quienes más les compraban, en términos de cantidad, eran las empresas transformadoras de especias y condimentos que ahora los estaban abandonando por una pimienta de menor categoría e ilegal.

El problema para los 91 pimenteros socios de Asapiv es que nadie les da soluciones por un flagelo que le corresponde controlar al Estado, al mismo que les ayudó a sustituir la coca y a comenzar un innovador negocio agrícola.

La frontera que es tierra de nadie

Desde hace años se sabe que por fronteras como las de Ipiales, Cúcuta y Paraguachón entran de contrabando cargamentos de botellas de whisky Old Parr o cartones de cigarrillos Ibiza, la célebre marca del hasta hace poco presidente paraguayo Horacio Cartes.

En cambio, poca atención recibe el hecho de que también están entrando toneladas de productos de la canasta familiar como leche en polvo, huevos o arroz, sin cumplir con los más estrictos estándares fitosanitarios de Colombia –y arruinando a miles de productores nacionales– sin que la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) haya podido controlarlo.

“Aquí hemos tenido reunión con la Polícia, el Ejército, el ICA, la DIAN, y la verdad que estamos en una frontera tan amplia que para pararlos habría que poner policía o militares cada 100 metros”, dice Fray Jorge.

Quizás la mayor ironía, sienten los pimenteros, es que la Polfa haya viajado desde Cali para esas reuniones, porque no tiene presencia permanente en un departamento fronterizo y tan azotado por el contrabando como Putumayo. “Nosotros creemos que deberían estar acá”, añaden.

El resultado de esa incertidumbre es una bodega llena de pimienta desde el piso hasta el techo. “No tenemos los clientes suficientes para venderla”, dice Pedro, añadiendo que les ha tocado recibir la pimienta en consignación porque no tienen como pagarle a los productores y no –como solían hacerlo- apenas se las llevaban a la sede de Asapiv.

“Antes de haber contrabando estábamos bien. Era traiga y venda. Traía mi bulto y en la tarde me iba con mi remesa. El contrabando se parrandeó eso”, dice Luz Aida Guerrero, la vicepresidenta de la cooperativa y una de las muchas mujeres pimenteras –que representan el 40% de los socios– en Asapiv.

Han tocado en todas las puertas para llamar la atención del Gobierno hacia el drama que están viviendo, pero con pocos resultados. El exministro de Agricultura, Aurelio Iragorri vino al coliseo La Libertad de La Hormiga y les prometió que conseguiría compradores, pero dejó el puesto y sus promesas se quedaron sin cumplir. También le han pedido a la Gobernación del Putumayo que les ayude a hacer el puente con el Gobierno para encontrar clientes.

“Usted ya sabe: las promesas nunca faltan, pero el cumplimiento sí nunca se concreta. Es puro cuento nada más”, dice Culchac, quien también tiene cacao sembrado porque –en sus palabras. “las pequeñas fincas sabemos que tenemos que diversificar”.

Entre tanto, siguen buscando soluciones. Han venido hablando con el ICA, la entidad del Gobierno que se encarga de los controles sanitarios, para certificarse y poder exportar la pimienta como han hecho sus compañeros productores de palmito en El Placer, otra vereda del Valle del Guamuez cuya historia contó Proyecto Coca.

Les ilusiona saber que tres empresas de Canadá e Italia los buscaron y que, tras enviarles muestras, están esperando los resultados de las pruebas de laboratorio que les hagan esos posibles compradores.

Pero necesitan soluciones con urgencia porque, además de que a la coca solo se le gana con compradores, la pimienta solamente aguanta siete meses sin humedad y han tenido hasta 4.600 kilos –o 92 costales– en la bodega a la espera de un cliente.

El caso de Asapiv demuestra cómo incluso una historia de éxito entre los procesos lentos, graduales y frágiles de sustitución de coca se puede desmoronar por cuestiones ajenas a ellos.

De la respuesta del Gobierno a un drama de seguridad y legalidad como el que están viviendo los pimenteros dependerá en gran medida que la realidad pueda cambiar en Putumayo, donde historias de éxito en sustitución de coca –como los paneleros de Loro Dos y los palmeros de El Placer– conviven con un panorama desolador.

Al final de cuentas, con 25 mil hectáreas sembradas, Putumayo era el segundo departamento con mayor número de cultivos de uso ilícito en el país a finales de 2016, según el censo de cultivos de coca que hace todos los años Naciones Unidas. Y Valle del Guamuez –donde están los campesinos de Asapiv– aparecía de quinto en el top 10 de municipios con 4.886 hectáreas, junto con sus vecinos Puerto Asís, San Miguel y Orito. (Los números de 2017 no se pueden conocer porque –como contó Proyecto Coca– el Gobierno Duque y UNODC decidieron lanzar la cifra de cultivos de coca, pero no el informe detallado que la sustenta y que han hecho público desde hace más de 15 años).

Los pimenteros de Valle del Guamuez han demostrado que la solución está en que los campesinos y el Estado trabajen mano a mano con las comunidades en reemplazar la coca por otras alternativas económicas. “El cambio de mentalidad tiene que hacerlo no solo el campesino, sino todas las instituciones, porque se necesita un apoyo sostenido en el tiempo”, dice Fray Jorge.

Por eso, aunque siguen orgullosos de su producto, su negocio corre el riesgo de desaparecer. “Gracias a la pimienta es que tenemos trabajo y salimos adelante. Aunque mire no más todo lo que hay acá: antes todo lo que se producía, se vendía”, dice Luz Aida.

“Si eso hacen con millonadas y con los recursos públicos, y terminan con casa por cárcel, ¿por qué no podrían hacérselo a unos campesinos como nosotros?”, dice cabizbajo Pedro Culchac.

En todo caso, planean seguir luchando: sus próximos objetivos son poner en marcha el centro de acopio y de transformación de pimienta que les donó USAID y sacar el registro Invima para poder vender sus mezclas de especias.

“A nosotros, menos mal, lo que nos sobra es la persistencia”, dice Fray Jorge.

Este artículo forma parte de nuestro Proyecto Coca II – Misión Rural. Para ver todos los contenidos haga clic acá.