La prensa es una víctima silenciosa del abuso policial y durante el Gobierno del presidente Iván Duque no ha contado con las garantías suficientes para poder ejercer su rol de testigo.
Por: Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
En el 2020, la violencia en protestas fue más intensa que el año precedente, cuando ya había alcanzado un pico sin precedentes. Se documentaron 41 ataques y 58 víctimas; el 80% de estas se cometieron en tan solo doce días ―entre el 9 y el 21 de septiembre cuando la ciudadanía protestó contra la violencia policial que causó la muerte de Javier Ordóñez―; y en el 75% de los casos está implicada la fuerza pública. En su mayoría, los ataques llegaron como castigo contra los periodistas que grabaron los abusos policiales.
La suficiente evidencia sobre el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza contra la prensa y los manifestantes terminó motivando la expedición del Decreto 003 de 2021 ―Protocolo del uso de la fuerza― ordenado por la Corte Suprema de Justicia, cuya finalidad es poner un freno a la violencia en la contención de las manifestaciones.
La decisión adoptada por la Corte es sumamente importante, no solo porque subraya y desmenuza los problemas estructurales de este tipo de agresiones, sino también porque alentó a que se establecieran espacios participativos con organizaciones civiles para nutrir la construcción de políticas públicas que respondan a las necesidades sociales de manera adecuada, ya que estas contribuyen a abordar las problemáticas de manera integral.
En el transcurso de amplios debates y reuniones que se realizaron durante el último trimestre del 2020, entre representantes del presidente Duque y de la sociedad civil, el gobierno se apegó a cumplir con el mínimo señalado en la sentencia y se resistió a tener un discurso favorable al ejercicio periodístico.
Puntualmente, el ejecutivo se negó a incluir una referencia específica a la protección reforzada a periodistas cuando se presenten focos de violencia en las manifestaciones, es decir, cuando existe mayor riesgo del abuso policial. Adicionalmente, desconocieron el concepto amplio e integral de periodista, conforme a estándares nacionales e internacionales, dejando fuera del ámbito de protección de manera arbitraria a muchos reporteros.
Estas decisiones que se tomaron de manera consciente y deliberada, perjudican el análisis serio de un problema social y evidente que pone en vilo valores democráticos, al mismo tiempo que desatiende la necesidad de contar con una respuesta institucional que atienda, de acuerdo al contexto, las complejidades de las violaciones al derecho a la libertad de prensa.
¿Por qué defender el derecho a la protesta a través de una tutela?
En noviembre de 2019 la violencia policial contra la prensa fue sistemática, desproporcionada, e indiscriminada. 87 periodistas sufrieron algún tipo de agresión. Esto llevó a la FLIP y a varios periodistas a sumarse a otras siete organizaciones civiles, a defensores(as) de derechos humanos y a víctimas de la violencia policial para proponer una tutela que reivindique el derecho a la protesta pacífica.
¿Qué se logró con esa tutela?
El 22 de septiembre del 2020, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia reconoció que la violencia durante las manifestaciones no fue accidental, se debió a patrones de conducta de la fuerza pública como: la disolución arbitraria de la protesta, el uso de armas potencialmente letales, el uso desproporcionado de agentes químicos, la retención arbitraria de personas y los ataques a la prensa.
La Corte le ordenó al Gobierno nacional:
-Expedir un protocolo para el uso de la fuerza que garantice los derechos a la protesta y a la libertad de expresión (Decreto 003 del 5 de enero del 2021 del Ministerio del Interior), y divulgarlo ampliamente.
-Prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos e imponer límites a la Policía y al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
-Prohibir el uso de escopetas calibre 12.
-Ofrecer disculpas a través del Ministerio de Defensa (orden cumplida que dejó insatisfechos a los denunciantes y víctimas. Las declaraciones del ministro fueron genéricas, atemporales e imprecisas).
-Realizar un control estricto del ESMAD.
-Implementar un plan de acompañamiento y asesoría jurídica para las víctimas.
33 agresiones durante protestas
16 agresiones físicas
5 obstrucciones
4 detenciones ilegales
3 amenazas
2 robos y eliminación de material
1 daño a infraestructura
1 caso de violencia sexual
1 caso sin clasificar
