Por Patricia Polania Niño.
“Las mujeres son las grandes olvidadas de la historia.
Los libros son la mejor forma de rendirles homenaje”.
—Elena Poniatowska.
Las periodistas no tenemos otra opción que en cada uno de nuestros contenidos recordarle al mundo que las mujeres somos la mitad de la población y que seguimos siendo tratadas por los gobiernos como ciudadanas de segunda categoría. A menos de quince días de las elecciones, analizando algunos programas de gobierno, concluimos que hay candidaturas que insisten en la idea de manejar la transversalización del enfoque de género sólo cuando se habla de mujeres, o de incluirnos en los grupos poblaciones sin reconocer que somos el cincuenta por ciento (50%) de las personas que habitan este país.
Analizar los programas de gobierno de las candidaturas a la Presidencia no es solamente contrarrestar las distintas propuesta que existen, es también tener claro que detrás de cada campaña hay equipos dispuestos a plantear soluciones, o que de manera consciente desean mantener el mismo modelo económico y social que durante años solo le ha robado la vida a mujeres, niñas y adolescentes.
Este análisis va sobre los programadas de las candidaturas a la presidencia de Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández, y nos enfocamos en cinco temas específicos: aborto, paridad, violencias de género, Sistema Nacional de Cuidado y la creación del Ministerio de la Mujer.
- Aborto
“No voy a parar hasta que mi hija mujer tenga
los mismos derechos que mi hijo menor”.
—Luciana Peker, periodista.
El Gobierno entrante tendrá la obligación de garantizar el cumplimiento de la Sentencia C055-2022. Esta victoria es producto de la lucha de las mujeres y personas con capacidad de gestar, fruto de las movilizaciones en las calles y en estrados judiciales que despenalizó el aborto hasta la semana veinticuatro.
¿Qué proponen los candidatos?
Gustavo Petro: se mencionan dos cosas importantes, la primera: cumplimiento de la sentencia C055-2022; la segunda: creación de un Plan nacional de prevención integral del embarazo adolescente, acompañado del acceso efectivo y diferencial a métodos anticonceptivos. Ahora bien, propuestas positivas, sí, pero no hay una ruta clara, no se habla de las barreras actuales y no hay claridad sobre si existirá una política pública de educación sexual integral en las instituciones.
Federico Gutiérrez: se raja. No hay ninguna alusión al tema de aborto, ni al cumplimiento de la sentencia. En materia de derechos sexuales y reproductivos tiene como propuesta fortalecer acciones para la prevención del embarazo infantil y adolescente. El hecho de no tener ninguna alusión a derecho al aborto demuestra que no está comprometido con el derecho a decidir. Su posición no es una sorpresa teniendo en cuenta su filiación política, aún así, le recordamos que la sentencia tiene efecto inmediato y su tarea, si fuese Presidente de Colombia, es acatarla.
Sergio Fajardo: Reglamentación integral a la práctica del aborto con un enfoque preventivo, involucrará campañas educativas al respecto para que la decisión de abortar no tenga ningún estigma social. Es un programa más detallado en temas de derechos sexuales y reproductivos. Y es el único programa con un diagnóstico sobre la situación de las mujeres en Colombia como hoja de ruta para proponer soluciones.
Rodolfo Hernández: Apoya las causales que están aprobadas; es decir, no está en contra de la sentencia C055-2022. Sin embargo, en su programa, en el apartado de género y mujeres, no hay una sola letra.
¿Qué dicen quienes saben del tema?
Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos y activista del Movimiento Causa Justa: lo primero que debería hacer un gobierno comprometido con los derechos de las mujeres es pronunciarse públicamente y positivamente sobre la sentencia, explicar que esta crea un nuevo marco legal que debe cumplirse. Además, acatar la sentencia pasa por la creación de una política integral con el Ministerio de Salud y el de Educación para capacitar a los funcionarios de estas instituciones sobre este nuevo marco legal y que estas capacitaciones lleguen a los distintos territorios del país. El compromiso del Ministerio de salud en materia de salud sexual y reproductiva pasa por regular el acceso al aborto y, entre esto, lo más importante es verificar que no exista barrera alguna hasta la semana 24 para acceder a él. Por ejemplo, no se debe entregar ningún certificado, ni tampoco ninguna denuncia penal. Esta política integral debería incluir el acceso a los anticonceptivos, formación en educación sexual integral y acceso a la información. Por último, el ejecutivo debería comprometerse, junto con la Fiscalía, a cerrar los más de 5000 procesos penales que existen de mujeres judicializadas por abortar; continúan abiertos pero, como consecuencia de la sentencia, deberían cerrarse por atipicidad.
Viviana Bohórquez Monsalve, coordinadora de Jacarandas y abogada feminista: el próximo Gobierno debería realizar una reglamentación para las EPS e IPS sobre sus responsabilidades en la prestación del servicio cuando alguien solicite una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), para esto, debe garantizar la atención sin barrera hacia las mujeres, como son: la petición de realización de exámenes psicológicos o las solicitudes administrativa que retrazan los procedimientos. Es fundamental que se vea un cambio de paradigma en donde las mujeres y personas gestantes sean el centro. Como Bohórquez menciona lo que hizo el Gobierno de Alberto Fernandez en Argentina, en donde crearon centros especializados para la atención en aborto, los cuales deben aplicar las recomendaciones de la OMS.
Uno de los puntos más importantes y donde debería existir un compromiso real por parte del ejecutivo, según la experiencia de Jacarandas, es en la difusión de información y en la creación de líneas de atención en donde las mujeres conozcan y aprendan sobre sus derechos y las rutas para hacerlos efectivos. La falta de información en zonas rurales y en mujeres jóvenes es también una causa para que las mujeres no tengamos herramientas suficientes para vivir una vida plena con derechos.
“El fallo es el reconocimiento del derecho pero implementar ese derecho significa poner disponibles los servicios, poner disponible el aborto con medicamentos, decir en todas partes que hace parte de un derecho. No simplemente nombrarlo y estar de acuerdo porque al final es un servicio de salud que tiene que pasar esas barreras que hemos tenido durante muchos años, que es como acceder de forma efectiva, pronta y segura a los servicios de salud”, indica Bohorquez.
- Paridad.
La participación política de las mujeres es un tema que escuchamos en los debates y en entrevistas a los candidatos a la Presidencia de Colombia pero ¿cuál es el panorama actual y a qué se comprometen realmente en sus planes de gobierno? Vamos a resolver algunas inquietudes que tenemos las mujeres feministas.
Lo primero que debemos mencionar es que ya existe la Ley de cuotas —Ley 581 de 2000— en la cual el Estado reglamentó la participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público. Y estipula que mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo nivel decisorio deben ser desempeñados por mujeres; esto con el fin de incentivar que las mujeres lleguen a órganos de decisión e ir eliminando las brechas existentes.
Según cifras de la Corporación Sisma Mujer, la participación de mujeres en las elecciones al congreso ha tenido cambios en los últimos periodos. Para el periodo 2022 – 2026, “las mujeres aspirantes al Congreso representaron el 39.93% del total de las aspirantes, 5.39% más que en las elecciones de 2018 – 2022 y 7,53% más que en las elecciones de 2014 -2018”. Lo que indica esta cifra es que si bien la conformación de las listas de los partidos están cumpliendo en su mayoría el requisito del 30%, aún no se acercan a la paridad. Pareciese que esta fuese una obligación más para los partidos, pero que no existe una voluntad real de incentivar la participación de las mujeres.
Al actual Gobierno en cabeza de Iván Duque, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le anuló el nombramiento de Diego Molano como Ministro de Defensa gracias a la demanda interpuesta por Dejusticia, Sisma Mujer, Humanas y La Red Nacional de mujeres, por incumplir la Ley de cuotas. Esta es una alerta y recordatorio para el próximo Gobierno, el cual seguirá teniendo como reto incentivar y hacer efectiva la participación política de las mujeres en los distintos cargos y también un compromiso real por parte de los partidos de incentivar que las mujeres tengan todas las garantías para hacer política. Esto acompañado de reformas que permitan a las mujeres ejercer sus derechos políticas sin que se vean coartadas por el tiempo destinado a las labores domésticas y de cuidado en la doble jornada.
¿Qué proponen los candidatos?
Gustavo Petro: Afirma que en su gobierno las mujeres ocuparán al menos el cincuenta por ciento (50%) de todos los cargos públicos en todos los niveles y las ramas del poder que permitan potenciar la toma de decisiones en favor del cambio.
Federico Gutiérrez: en todo su programa de gobierno habla de la necesidad de ayudar a las mujeres con diferentes programas sociales y de emprendimientos, sin embargo no menciona la doble jornada de trabajo de las mujeres por las labores de cuidado, ni reconoce la necesidad de incentivar políticas que permitan llegar a la paridad en los cargos de gobierno. Su programa es explícito en plantear que dará mayor jerarquía, capacidad e influencia a la institucionalidad estatal en materia de género y diversidad, pero no plantea ni cómo ni tampoco se compromete más allá de lo que ya está en la ley. Su propuesta sobre paridad es muy escueta, no tiene compromiso con garantizar la paridad en su gobierno y se queda en campañas institucionales de reconocimiento del trabajo de las mujeres en la política y el sector público para favorecer la transformación de imaginarios y referentes para otras mujeres. Es decir, no le interesa la paridad.
Sergio Fajardo: se compromete a fomentar mayor presencia y liderazgo de las mujeres y sus organizaciones en todos los órganos del Estado. Plantea que durante los cuatro años de su posible gobierno habrá cien por ciento (100%) de paridad. Esto en efecto es positivo, además deja una meta clara sobre el “Espacio de Gestoras de Igualdad” en la cual participan con aportes, inquietudes, propuestas y rendición de cuentas las responsables del tema de mujeres y género de todo el ejecutivo. Esta iniciativa de las gestoras de Igualdad va ligada a la propuesta del Sistema Nacional de Cuidados que estaría a cargo del Ministerio de la Mujer, el cual también tiene como propósito transversalizar el enfoque de género en todas las políticas públicas.
Rodolfo Hernández: propone atacar la desigualdad de género con una política de empleo en la que por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los cargos de todo orden dentro de la administración pública sea asignado a mujeres con igualdad salarial. Según su programa, al menos el cincuenta por ciento (50%) del gabinete sería ocupado por mujeres, con prioridad de la población joven, las madres cabezas de hogar y las personas con discapacidad.
¿Qué dicen quienes saben del tema?
Karol Solís Menco, politóloga, magíster en Ciencia Política y activista de la organización Dos Latinas: “las barreras en la participación política de las mujeres son como una telaraña compleja porque tiene que ver con muchos aspectos. Por mencionar algunos: estereotipos de género y violencia política. La falta de compromiso de los partidos, solo el 40% de las listas estuvieron conformadas por mujeres y la representación se acercará ahora al 30%. Otro elemento importante para la eliminación de las barreras existentes es la financiación de las campañas. Transparencia por Colombia reseñó que por cada millón de ingresos de campaña de una mujer, un hombre recibe casi el doble además que entre 2016 y 2020 sólo el 2.4% de recursos estatales entregados a partidos y movimientos se encaminaron a la participación de la mujer cuando por ley es del 15%”.
Plantea también una oportunidad para el Gobierno entrante, la necesidad de promover una investigación y evaluación integral sobre el estado de la paridad en Colombia: “Nos daría luces sobre vacíos que se puedan llenar a partir de leyes, o si la parte legal resulta que nos parece suficiente, luego el desarrollo de políticas públicas y programas que apunten a promover el empoderamiento femenino y la participación en política, en especial desde la interseccionalidad; es decir, reconociendo la diversidad de las mujeres y las distintas barreras que enfrentan dependiendo de elementos como etnia, raza, clase, etc”. También comparte la necesidad de otorgar financiación estatal a las diferentes entidades para tener acceso a mejor información discriminada por género para entender las brechas entre mujeres y hombres en términos de acceso a recursos como la tierra, vivienda y trabajo y así lograr crear estrategias diferenciadas para cerrar dichas brechas.
Menciona, además, algunas oportunidades que tiene el próximo Gobierno para cumplirle a las mujeres: “podría asegurar, por ejemplo, paridad, mínimo 50/50 en todos los cargos de libre nombramiento y remoción como los ministerios; es decir, adoptar cuotas, incluso cuando no son impuestas por la ley, es un verdadero compromiso y avance”.
- Prevención y atención de las violencias de género.
“En esta fase económica de concentración de la riqueza tan extrema, tan rápida y en pocas manos, hablo de una época de ‘dueñidad’, ya no de desigualdad.El patriarcado como ideología y estructura de relación es el lenguaje perfecto para la estructura de la ‘dueñidad’ sobre el planeta y la vida de las personas, por eso es que el patriarcado está siendo tan cuidado”.
—Rita Segato.
Al hablar de las violencias de género se habla de la necesidad de tener un análisis interseccional que entienda los diferentes tipos de opresión que existen en el país. Existen muchos retos y debates académicos en las facultades de periodismo y salas de redacción, pero es indiscutible que tenemos una gran diferencia sobre las violencias de género este año en comparación a hace cuatro años. Por este avance que hemos evidenciado en la opinión pública, es necesario que el compromiso de los planes de gobierno sea mucho más explícito en materia de prevención, atención y reparación para todas las personas que son víctimas de violencias.
Según el Boletín Nº 29 de Sisma Mujer, durante el año 2021 la violencia intrafamiliar ejercida por parejas o exparejas en contra de mujeres en Colombia aumentó en 11,89% con respecto al año 2020. Por cada hombre violentado por su pareja o expareja, cerca de 7 mujeres son víctimas de este tipo de violencia. En 2021, la violencia sexual contra las mujeres en Colombia aumentó en un 21,11% con respecto a 2020. Al menos una mujer fue víctima de violencia sexual cada 28 minutos.
En 2021 se registraron 210 feminicidios, lo que significó un aumento del 12,3% con respecto al año anterior. En el 8,1% de los casos, las víctimas de feminicidio eran menores de edad y en más de la mitad de los casos, las víctimas eran menores de 30 años. Bajo este panorama de aumento de violencias basadas en género, hablar de los programas de gobierno y sus propuestas, es hablar de cómo vamos a salvar la vida de mujeres y niñas en los próximos cuatro años.
¿Qué proponen los candidatos?
Gustavo Petro: propone un plan de acción integral contra el feminicidio, la creación de un sistema nacional de alertas tempranas e instancias especializadas en la capacitación a funcionarios del Estado.
Federico Gutiérrez: propone fortalecer la prevención de las violencias basadas en género a partir de la educación en igualdad de género, buen trato y no violencia desde la niñez y adolescencia, además de educación sexual integral. Pero es claro cómo involucraría el tema en una política integral. Plantea que mejorará los canales de atención a las mujeres víctimas de violencia, simplificará la ruta de atención con una única puerta de entrada a la justicia que facilite el acompañamiento y la atención integral. Propone hacer campañas comunicativas para la prevención del acoso y la explotación sexual, así como el control de las violencias digitales e Impulsara el fortalecimiento de la legislación en materia de corresponsabilidad empresarial, protocolos de prevención, detección y atención del acoso sexual y su judicialización.
Sergio Fajardo: no tiene en detalle un único fragmento en su programa sobre el tema de prevención y atención de violencias, su apuesta en este tema está distribuido en diferentes componentes. En el eje de justicia es dónde se encuentran más propuestas en torno a las necesidades de atención a violencias basadas en género: fortalecimiento al acceso a la justicia, especialmente en los territorios con un enfoque de género; establecer modelos de justicia que se ajusten a las particularidades del territorio, las necesidades de las mujeres y poblaciones diversas en sintonía con lo establecido en el Plan Decenal de Justicia y las experiencias con los Sistemas Locales de Justicia; estandarizar protocolos y procesos de acuerdo con la radiografía de las necesidades jurídicas del territorio y de la población, poniendo especial atención a las violencias contra las niñas, jóvenes y mujeres; fortalecer las Comisarías de Familia con enfoque en derechos de las mujeres, en conjunto con el Ministerio de las Mujeres y la destinación de recursos de la Nación para financiarlas; y la expansión y el alcance de Unidades Móviles de Justicia, Unidades Móviles para Víctimas y divulgación de rutas de atención, también en áreas rurales, las cuales deberán resultar de ayuda para las mujeres con necesidades jurídicas, especialmente aquellas que han sido víctimas de violencia.
Rodolfo Hernández: creación de una política pública de prevención de la violencia contra la mujer que combata la impunidad en el maltrato intrafamiliar, y articular la gestión de las entidades que tengan a su cargo la responsabilidad de la atención integral de las mujeres víctimas de violencia. Capacitar a los funcionarios para atención especial en la aplicación de la ruta de atención a la mujer, y ampliar la cobertura y sostenibilidad de los Centros de Acogida para las mujeres víctimas de violencia.
¿Qué dicen quienes saben del tema?
Beatríz Quintero, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres: las propuestas de los candidatos deberían incluir tres medidas imprescindibles para eliminar las barreras que tienen las mujeres al denunciar a sus agresores: primero, entender los contextos de las mujeres, en ese sentido crear canales de denuncia que atiendan a las condiciones materiales de las mismas, no todas pueden acceder a un celular o acercarse a los centros de denuncia; segundo, sensibilizar a funcionarias y funcionarios que atienden las denuncias para prevenir y evitar la revictimización; tercero, reevaluar las cargas que impone el sistema penal a las mujeres que denuncian, pues son ellas en quienes recae la carga de la prueba de los hechos de violencia, lo que puede ser revictimizante.
Andrea Avella, coordinadora de la Fundación Dignidad Abolicionista: “El verdadero compromiso del próximo Gobierno, si quisiera garantizar la vida de las mujeres es la educación y formación en Derechos Humanos a todos los y las funcionarios que estén involucrados en atención a la mujer. Esto es lo primero que debe hacer el próximo presidente”.
Apunte Pacifista: El análisis de la prevención y atención de violencias también pasa por entender que no son suficientes las campañas institucionales que se plantean en todos los programas, sino que se requieren políticas públicas, articulación con diversas entidades y presupuesto para ejecutarlas. Existen grandes retos en materia de formación institucional y de construcción de confianza en las entidades del Estado por parte de las mujeres.
- ¿Ministerio de las mujeres?
La creación de un Ministerio de la Mujer fue una de las propuestas más interesante de analizar y consultar con mujeres de diversas organizaciones, pero no todos los candidatos contemplan la creación de dicha entidad.
¿Qué proponen los candidatos?
Gustavo Petro: proponen ministerio solo que con énfasis distinto, sería el Ministerio de la Igualdad. No detalla todas sus funciones pero deja explícito que se crearía con el fin de articular todas las políticas para el empoderamiento integral de las mujeres, las diversidades de género y orientación sexual, generacionales, étnicas y regionales en Colombia. También plantea que se deben otorgar recursos para asegurar la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales entre hombres y mujeres en todas sus diversidades, entre los grupos étnicos —campesinado, pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y rrom—y el conjunto de la nación, y entre las generaciones (infancia, jóvenes, adultos, adultos mayores); para la erradicación de todas las violencias contra las mujeres, la población LGBTIQ+, infancia, juventud y los adultos mayores; y para la transversalización de las políticas de igualdad con enfoque interseccional en todo el accionar estatal.
Federico Gutiérrez: no lo menciona, simplemente se compromete a la implementación de esquemas de reconocimiento del trabajo de las mujeres en la política y el sector público que favorezcan la transformación de imaginarios y referentes para otras mujeres. Su propuesta no tiene un compromiso real con las mujeres y sobre todo con la transversalización del enfoque de género en sus políticas públicas.
Rodolfo Hernández: no plantea la creación del Ministerio de la Mujer, expone la importancia de la participación política de las mujeres en su eventual Gobierno pero no un órgano rector en política pública que transversalice el enfoque de género en el país en articulación con otros Ministerios.
Sergio Fajardo: crearía el Ministerio de las Mujeres, tiene un documento explicando toda la misionalidad, las diferentes instancias, sus funciones principales y la relación con las otras entidades del Gobierno. La propuesta es positiva y aborda los distintos enfoques interseccionales. Expone explícitamente que esta nueva entidad será dotada con capacidad política, financiera, administrativa, técnica y de seguimiento para institucionalizar y legitimar la igualdad con las mujeres.
¿Qué dicen quienes saben del tema?
Beatríz Quintero, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres: “El Ministerio debería estar enfocado en las mujeres y sus problemáticas, si bien es imprescindible que se creen instancias que representen a todos los grupos que confirman la sociedad, el hecho de incluir más sectores sociales en el Ministerio de las mujeres podría desdibujar el objetivo de atender las problemáticas específicas de las mujeres. Además de esto, meter en un solo saco, mujeres, infancias, adultos mayores y personas con discapacidad podría reforzar la idea que las mujeres somos sujetos tutelares incapaces de tomar decisiones y dependientes de la protección y de los criterios de terceros”.
Karol Solís Menco, politóloga, magíster en Ciencia Política y activista de la organización Dos Latinas: “Un Ministerio de la Mujer tiene necesariamente que reconocer la diversidad de las mujeres, y eso, desde el punto de vista de la interseccionalidad pasa por los grupos: adultas mayores, infancia, discapacidad. Ahora bien, los derechos de las mujeres son derechos humanos y en ese sentido veo viable que en determinados programas, dependiendo de cómo se estructure, se pueda pensar en que la aplicación llegue a otros grupos históricamente discriminados o desfavorecidos”. Para la polítologa, un Ministerio de la Mujer representa “la oportunidad que tenemos como sociedad de poder reconocer las brechas históricas de género y el largo camino que aún nos falta para cerrarlas, no solo desde la institucionalidad formal, sino desde las transformaciones informales, si se quiere, culturales, un Ministerio de la Mujer no es solo idea viable sino deseable, porque reconoce que hay dinámicas y problemáticas que atraviesan desproporcionalmente a las mujeres y que el Estado tiene la obligación de trabajar por erradicarlas para cumplir su función de garantía de derechos fundamentales e igual acceso a oportunidades para todos sus ciudadanos y ciudadanos sin discriminación por razones de género”.
Apunte Pacifista: Es fundamental también tener en cuenta que no solamente necesitamos programas buenos, es necesario que la voluntad política de quienes aspiran a la presidencia pase por elegir en sus equipos de trabajo mujeres feministas, con diferentes visiones, para garantizar que sean un hecho las propuestas y dotar de presupuesto todas las iniciativas descritas.
- Sistema Nacional de Cuidados.
“Eso que llaman amor es trabajo no pago”. —Silvia Federici.
Los roles de cuidado no son facultades innatas por el hecho de ser mujeres, no es una vocación, ha sido una imposición patriarcal de la cual se ha beneficiado un sistema económico para desentenderse del rol del Estado en la redistribución de todas las labores que componen el cuidado. Volcar al ámbito privado la vida diaria de las personas ha sido una victoria de estos Gobiernos, porque lograron despolitizar la vida cotidiana de las familias colombianas. Según la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “entre septiembre de 2020 y agosto de 2021, a nivel nacional, las mujeres dedicaron en promedio 7 horas y 46 minutos al día en actividades de trabajo no remunerado y los hombres 3 horas y 6 minutos”. Así mismo, muestra la encuesta que el total nacional, para el periodo que va de septiembre de 2020 a agosto de 2021, “los hombres registraron una participación de 53,3% en actividades de trabajo remunerado y las mujeres, de 29,9%. En el caso del trabajo no remunerado, la participación de los hombres fue de 63,4% y la de las mujeres de 90,4%”.
¿Qué proponen los candidatos?
Gustavo Petro: propone un Sistema Nacional de Cuidado que reconozca, recompense, reduzca y redistribuya el trabajo de cuidado feminizado, a través de instrumentos de política pública que integren esfuerzos del Estado, el sector privado y la comunidad, en articulación con la economía popular. Este partirá de los territorios, las experiencias públicas y comunitarias ya adelantadas y las vivencias diversas de las mujeres. Estará orientado por los siguientes principios: uno, reconocer y recompensar: valoración social y económica, ingreso básico, empleo garantizado y derecho a la pensión; el tiempo de trabajo que las mujeres —mayoritariamente— dedican al cuidado de otros será incluido en las cuentas nacionales para medir el aporte que realizan a la economía colombiana y serán integradas al sistema pensional las cuidadoras para garantizar su derecho. Dos, la reducción del tiempo que la sociedad colombiana —principalmente las mujeres en los hogares— dedica a la provisión de los cuidados para la pervivencia. El Estado, el sector privado y las comunidades proveerán servicios eficientes y de la más alta calidad en la atención de la población durante todas las etapas de la vida. Tres, la redistribución; disminuirá sustancialmente las ocho horas diarias que la mujer dedica al trabajo de cuidados no remunerado, que serían compensadas por otros actores del sistema, frente a las tres que dedican los hombres. Así se evitarían las dobles jornadas de trabajo dentro y fuera del hogar y las mujeres tendrían más tiempo y energía vital disponible para su desarrollo autónomo.
Federico Gutiérrez: crear un gran Sistema de Cuidado de las niñas y los niños, personas con discapacidad y adultos mayores que lo requieran en los hogares, fortaleciendo y ampliando los modelos y buenas prácticas de Buen Comienzo y de Cero a Siempre, y promoviendo la formación y vinculación de cuidadores y cuidadores. Todo mal con esta propuesta, de entrada no reconoce la responsabilidad del Estado de ser garante en la doble jornada de las mujeres por las labores del cuidado, su propuesta consiste en ampliar la oferta institucional de los programas ya existentes. Eso, en definitiva, no se puede denominar un sistema de cuidado. Aunque habla de la vinculación de las personas cuidadoras, no las pone en el centro como debería ser. Tampoco explica la necesidad que se tiene de reconocer la doble jornada en la sociedad, entender que todo eso que llaman amor en la sociedad colombiana es trabajo no remunerado, como lo ha explicado Silvia Federicci.
Rodolfo Hernández: su propuesta es definir e implementar estrategias en torno al trabajo doméstico y cuidados no remunerados que le permita espacios laborales a la mujer; es decir, ¿más trabajo sin reconocimiento, nada de distribución o cómo se reemplaza las labores de las mujeres cuidadoras por esos espacios laborales? No es clara su propuesta y no tiene nada respecto a la economía del cuidado en su programa.
Sergio Fajardo: propone la creación de un sistema que permita reconocer los trabajos de cuidado no remunerados que se realizan al interior de las familias, redistribuirlos para que no sean una responsabilidad que recae solo en las mujeres o la familia y reducir su carga para contribuir a cerrar las brechas de acceso a oportunidades educativas, laborales y políticas entre hombres y mujeres. Lo anterior implica un trabajo coordinado entre el gobierno nacional, las entidades territoriales, el sector privado y las comunidades, con el objetivo de desarrollar un sistema integral de cuidados que acompañe, a través de diferentes servicios, a personas en situación de dependencia, a sus cuidadoras y a sus redes de apoyo. Explica los cuatro elementos claves a definir de acuerdo con las lecciones aprendidas de otros países: 1. Población beneficiaria (cobertura universal, priorización por grupos de edades, por nivel de dependencia). 2. Oferta de servicios (cuáles servicios y cómo se entregarán). 3. Calidad de los servicios (criterios de control, medición, y evaluación). 4. Modo de financiación (rentas generales, mecanismos de primas, cuotas o copagos). Finalmente, todo lo anterior acompañado de un cambio cultural en donde la corresponsabilidad de los hombres sea incentivada.
¿Qué dicen quienes saben del tema?
Beatríz Quintero, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres: “El principal reto en materia de economía del cuidado para el Gobierno entrante, es la estructuración de una política pública sobre el cuidado que dé cuenta de la problemática real que enfrentan las mujeres. Además de esto, es necesario que se entienda cuales son los efectos de los trabajos de cuidado sobre la participación efectiva de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y que esto se ligue con la necesidad de la participación política y ciudadana. Se deben, además, garantizar oportunidades económicas para que las mujeres tengan condiciones de vida dignas y no las obliguen a centrar su vida y sus actividades solo en las labores del cuidado”.
Apunte Pacifista: Ampliar la oferta de programas existentes y sociales, sin poner en el centro del Sistema de cuidado, el reconocimiento, la reducción y la redistribución de las labores del cuidado y, en efecto, a quienes las realizan (cuidadores y cuidadoras), no es apostar por dar plenas garantías a las mujeres para desarrollarse, ni por eliminar las brechas existentes. Por otro lado, en cuanto a las propuestas más completas (Petro y Fajardo), ambas nombran al sector privado; no está mal, pero no debe ser la puerta de entrada para la privatización de un sistema del que se espera sea el Estado el actor central responsable. Es necesaria la veeduría respecto al papel del sector privado en algún posible sistema de cuidado.
