En medio de las conmemoraciones de la Semana por los Desaparecidos, PACIFISTA presenta la historia de dos jóvenes víctimas que, desde orillas diferentes, trabajan para que no olvidemos a sus familiares.
Por: Esteban Montaño
Aunque ambos nacieron en Colombia, Juan Francisco Lanao y Marcela Granados vienen de dos mundos diferentes. El primero es bogotano, hijo de un próspero empresario del sector de las flores y de una reconocida abogada penalista. La segunda es de Chámeza, un pueblo periférico del Caquetá, y es hija de una humilde pareja de campesinos. En estas condiciones, era perfectamente posible que pasaran sus vidas sin tener contacto el uno con la otra.
Sin embargo, a Juan Francisco y a Marcela los une la tragedia de tener a alguno de sus padres desaparecidos. Y también que, a partir de ese hecho, tuvieron que darle un vuelco a sus vidas y dedicarse a trabajar por la reconstrucción de la memoria sobre uno de los peores crímenes que han ocurrido en Colombia durante el conflicto armado.
Según la Unidad de Víctimas, más de 45 mil personas han desaparecido forzadamente en los últimos 30 años. Entre ese inmenso número de víctimas, que si estuvieran todas juntas alcanzarían a llenar el estadio El Campín de Bogotá, están Gloria Isabel Anzola y José Roselino Granados, la madre y el padre de Juan Francisco y de Marcela.
Gloria Isabel desapareció el 6 de noviembre durante la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. Ese día, como todos los días, ella llevó su carro al estacionamiento de ese edificio y desde entonces no se volvió a saber nada más de ella. “Mi madre no trabajaba allí, sino que tomaba prestado el parqueadero de una tía de ella que era magistrada. El 8 de noviembre mi padre logró conseguir un permiso para ingresar a los escombros del Palacio a buscarla. Con ayuda de una familiar que era odontóloga y que conocía la caja dental de mi madre revisaron todos los cadáveres y no lograron identificarla. Quién sabe para dónde se la llevaron”, se pregunta Juan Francisco, que tenía solo 18 meses de edad en ese momento.
Un tiempo después, al padre de Juan Francisco le salió un negocio en Ecuador y lo aceptó con la intención de darle vuelta a la página. Allá permanecieron quince años durante los cuales Juan Francisco prefirió no enterarse demasiado de lo que había ocurrido con su madre. “Cuando me preguntaban por qué tenía una madrastra, yo simplemente decía que Colombia era violentísima y que había ocurrido un atentado terrorista en el Palacio de Justicia justo cuando mi mamá estaba parqueando su carro. Nada más”.
Esta decisión se mantuvo cuando regresó a Colombia en 2002 e ingresó a estudiar negocios internacionales en la Universidad de la Sabana. Cuando se graduó, invirtió dinero en bares en el norte de Bogotá, montó varios sitios de internet en el sur y hasta se convirtió en uno de los principales distribuidores de queratina para las peluquerías de la ciudad. Juan Francisco había optado por continuar su vida sin detenerse a pensar en la historia de su madre, según él, como una estrategia para protegerse del dolor.
Marcela también intentó un mecanismo parecido en el caso de su padre. En octubre de 2002, los paramilitares llegaron a Chámeza a disputarle a las Farc un territorio que esta guerrilla dominó por más de una década. Desde ese momento comenzaron las desapariciones y los asesinatos selectivos. Un hermano de Marcela, que era soldado del Ejército, le pidió a ella y a sus padres que salieran de inmediato porque la guerra iba para largo.
“Yo tenía quince años, me tocó dejar el colegio botado y salir huyendo hacia Bogotá donde unos familiares. Pero mi papá, que ya era un señor de 60 años, no se quiso venir porque decía que no le debía nada a nadie y que por nada del mundo iba a dejar su tierra tirada luego de haberle dedicado toda su vida a levantarla”, recuerda Marcela. En marzo del 2003, los paramilitares llegaron a la finca de don José y lo obligaron a irse con ellos.
Según el testimonio de un vecino que fue retenido con él y que fue liberado sin mayores razones, don José fue torturado y posteriormente asesinado en un lugar cercano a Tauramena. “El vecino nos contó que, antes de que lo soltaran, vio que dos paramilitares pasaron con una pica y una pala hacia el lugar donde tenían a mi padre. ¿Qué más se puede imaginar uno con eso?”, pregunta Marcela.
Cuando ella se enteró de lo que le había ocurrido a su padre, estaba trabajando como empleada del servicio en una casa de Bogotá. “Para mí fue muy tenaz porque él era mi motor de vida. De todas formas me tocó seguir adelante”, dice Marcela. Entonces se dedicó a trabajar y a terminar su bachillerato los fines de semana. Después de graduarse, logró conseguir trabajo como mesera y cajera en distintos restaurantes de la ciudad. “Yo me encerré en el trabajo porque realmente no quería saber la verdad de lo que había pasado. Solo quería quedarme con el recuerdo de la última vez que vi a mi papá con vida”.
La transformación
Hoy Juan Francisco y Marcela son dos jóvenes activistas por la memoria de los desaparecidos en Colombia. Él dirige un proyecto llamado Human Rights Memory, que busca sensibilizar a la sociedad sobre lo que ha ocurrido con estas personas a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Ella trabaja en la fundación Familiares Colombia brindándoles acompañamiento sicológico y jurídico a las personas que han sido afectadas por este delito.
Ambos llegaron a este punto por un camino largo y fortuito. Marcela, por ejemplo, se empezó a acercar al caso de su padre desde 2010, cuando la fundación contactó a su mamá para invitarla a que presentara las denuncias correspondientes ante las autoridades judiciales. “Como mi mamá no sabe leer y además está muy anciana para soportar esos trotes, me tocó apersonarme de la situación”, cuenta Marcela.
Luego confiesa que al principio lo vio como una obligación y hacía los trámites sin muchas ganas. “Pero un día le conté a una compañera del trabajo y me contestó que no podía creer que eso hubiera pasado en Colombia. Pero lo peor fue cuando me dijo que hasta ese momento ella había estado convencida de que los paramilitares eran buenas personas que se dedicaban a ayudar a los campesinos. Ahí me di cuenta de que tenía que hacer algo para que la gente supiera los horrores que habían cometido en muchas partes del país”.
Juan Francisco, por su parte, cambió su actitud un día de 2009 en que un amigo de la universidad lo cuestionó por no haberse hecho cargo del caso de su mamá. Esa persona le dijo que su padre le podía ayudar a interponer una demanda contra el Estado por la desaparición de doña Gloria y así lograr una indemnización administrativa. Juan Francisco aceptó y de esa forma se empezó a enterar de los pormenores de lo que había ocurrido en el Palacio de Justicia.
Luego se fue acercando a los demás familiares de los desaparecidos y comenzó a colaborar en los actos de conmemoración que se realizan cada año. “Hasta ahí mi participación era muy circunstancial. Pero un día estaba observando la placa que se instaló en el edificio de la Alcaldía en honor a las víctimas del Palacio y vi que llegaron unos extranjeros a leerla. A mí me pareció que ellos no entendieron nada de lo que había ocurrido, y entonces pensé que era necesario inventar una manera para transmitir ese mensaje de una manera más efectiva”, cuenta.
Así nació la plataforma Human Rights Memory, en la que por medio de códigos inteligentes y de juegos interactivos se intenta acercar al público joven al conocimiento de la memoria histórica del conflicto. El proyecto, que se encuentra en este enlace, ha sido presentado en varios escenarios y cuenta con el apoyo de varias instituciones nacionales.
Juan Francisco y Marcela se encontraron durante la conmemoración de la Semana Internacional por los Desaparecidos que se está celebrando en Bogotá. Aunque vienen de mundos distintos y tienen perspectivas diferentes, ambos coinciden en que es necesario que el país reconozca a todas las víctimas de la violencia para que el discurso de la paz no sea una moda pasajera sino una verdadera posibilidad de construir un futuro diferente para todos los colombianos.
