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¿Ya no son “guerrilleros” los capturados por atentados en Bogotá?
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¿Ya no son “guerrilleros” los capturados por atentados en Bogotá?

María Flórez - Julio 16, 2015

Sólo a tres de las trece personas detenidas la semana pasada, señaladas como milicianas del Eln, se les imputó cargos por rebelión y terrorismo. Ahora se sabe que las demás sólo serán procesadas por unos disturbios en la Universidad Nacional.

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Por María Flórez

Después de una semana de audiencias, parece ser que para la Fiscalía sólo son guerrilleros tres de los 13 capturados en Bogotá, señalados públicamente de militar en el Eln y detenidos tras los atentados del 2 de julio contra la entidad financiera Porvenir. Y decimos que parece porque sólo a ese reducido número les imputó cargos por rebelión y terrorismo.

A los demás los señaló de cometer los delitos de porte, tráfico y fabricación de armas, y violencia contra servidor público, por su presunta participación en unos disturbios que tuvieron lugar en la Universidad Nacional el 20 de mayo de este año. Es decir, se trata de una situación contraria a la planteada inicialmente por la misma entidad, por la Policía y por el presidente Juan Manuel Santos, quienes el pasado 8 de julio dijeron que los capturados eran  integrantes del Eln.

Ahora que no se los señala expresamente de guerrilleros, se sabe que sus familiares tenían razón cuando plantearon objeciones sobre la manera como se estaba publicitando el caso. “Los medios de comunicación y los funcionarios públicos han emitido juicios de valor contra los procesados, sin que se les respete la presunción de inocencia”, había dicho uno de los abogados.

Ni guerrilleros, ni responsables de las bombas contra Porvenir, 10 de los 13 serán juzgados por un disturbio que dejó nueve policías heridos.  La percepción que tiene otro de los defensores es que “lo que buscan con este proceso es mostrar poder frente a las organizaciones insurgentes, respecto de la capacidad de judicialización que tiene el Estado contra los movimientos sociales que han apoyado el proceso de paz”. Y agrega que “lo están logrando, porque mucha gente tiene miedo de lo que pueda venir”.

Ahora, la polémica gira en torno a por qué, y si verdaderamente, estos líderes sociales y estudiantiles y defensores de derechos humanos se concertaron para lanzar los cientos de explosivos que podrían haber causado una tragedia en la Nacional.

“Protesta social” o “terrorismo”, lo cierto es que las autoridades tienen ampliamente documentada la manera como se planeó y ejecutó esa operación, que terminó en fuertes disturbios y cuya autoría reconoció la organización estudiantil clandestina Llamarada-Mentes Libertarias, un ala de la Unión Camilista Revolucionaria, vinculada al parecer con el Eln.

Durante los últimos cuatro días de audiencia, en los que la Fiscalía destapó sus cartas, se conocieron los detalles de la investigación. A continuación, el paso a paso de las pesquisas y el rol de cada uno de los detenidos en los hechos por los cuales serán juzgados.

El inicio de la investigación

El pasado viernes 10 de julio, en una sala de audiencias del complejo judicial de Paloquemao, empezaron a conocerse los primeros detalles de la investigación. Foto: Carlos Bernate

Las pesquisas que tienen contra las cuerdas a los 13 detenidos arrancaron a mediados de 2014. El centro de las indagaciones fue un celular que se encontró el 29 de julio de ese año en el puente Guadua, del barrio Cortijo, y con el que iba a ser activado un artefacto explosivo que estaba acompañado de una bandera del Eln.

Aunque no fue activado con éxito, otros artefactos sí hicieron explosión en la calle 26 con carrera 30, la avenida Boyacá con 80, la autopista sur con 74, la autopista norte con 167 y la calle 17 sur con 5. En todos se encontraron elementos que aludían al Eln, como banderas y pasquines. Aunque sólo el de la autopista norte dejó heridos ―un policía―, los eventos generaron miedo, ruido y daños a la infraestructura.

La pista que permitiría encontrar a los responsables era el celular del puente Guadua, un Nokia negro modelo 106.3, que para efectos explicativos llamaremos “uno”. Un perito de la Dijín le extrajo dos contactos y mensajes de texto. Luego se pidió un informe detallado sobre los movimientos del teléfono a la empresa a la que pertenecía la SIM Card.

Aquí viene una exposición sobre las llamadas que hicieron y recibieron al menos una veintena de números telefónicos, pero que es necesaria para entender la manera como la Fiscalía relacionó a las personas que hoy están detenidas:

En primer lugar, se supo que otro número, que llamaremos “dos”, intentó comunicarse insistentemente ese 29 de julio con el celular “uno”. Un día antes, “uno” recibió la llamada de un teléfono que denominaremos “tres”. Los investigadores pidieron información de “dos” y de “tres”, y encontraron que este último se había comunicado el 28 de julio, un día antes de los atentados, con cinco teléfonos más. Descubrieron que esos cinco números habían detonado igual número de explosivos en la seguidilla de atentados del 29 de julio. El “tres” se convirtió en un objetivo central de la investigación.

Así, continuaron analizando la actividad de ese teléfono y pudieron establecer que se había comunicado con otros nueve números. En abril de este año se determinó que entre ese grupo se encontraban los teléfonos de Heiler Lamprea, David Camilo Rodríguez, hoy conocido como “El Profe”; y Yerson Yacumal, estudiante de la Universidad Nacional e integrante del Congreso de los Pueblos. Ordenaron interceptarlos y continuaron identificando nuevos números. Determinaron que un celular que usaba Rodríguez había estado cerca del CAI de Lourdes el 20 de junio de 2014, cuando explotaron 500 gramos de pentolita que dejaron dos policías heridos. Un atentado que fue reconocido por el frente de Guerra Oriental del Eln. En el Facebook de Rodríguez también se encontró otro número telefónico, que tenía contacto con tres de los celulares que activaron los explosivos del 29 de julio. Todos, según la Fiscal, eran de su propiedad.

Las interceptaciones

A través de escuchas telefónicas, la Fiscalía estableció vínculos entre las 13 personas capturadas. Foto: Cortesía ‘Semana’

La Fiscalía también reprodujo las decenas de audios que se obtuvieron durante las interceptaciones telefónicas. Se oyó a Rodríguez hablar con Lamprea, y a este último con Gutiérrez, Yacumal; Daniel Eduardo Hernández, estudiante de Filosofía de la Universidad Pedagógica; Andrés Felipe Rodríguez Parra, asistente de investigación de la fundación Paz y Reconciliación, y Luis Daniel Jiménez Calderón, ingeniero agrónomo. También se escuchó hablar a éste último con Lisset y Jhon Acosta Bogotá. Yacumal, a su turno, se comunicaba con Sergio Segura, periodista de Colombia Informa e integrante del Congreso de los Pueblos.

La mayoría de las llamadas interceptadas se referían a reuniones y al transporte o la compra de distintos elementos. En una de ellas, supuestamente, Lamprea le refirió a Rodríguez los resultados de una serie de actos vandálicos que tuvieron lugar durante la marcha del Día Internacional del Trabajo de 2014. Las demás corresponden a coordinaciones entre el 14 y el 15 de mayo de este año, que se hicieron con el fin de llevar a cabo una reunión en una casa del barrio El Tunal, que más tarde se supo era donde vivía Hernández.

Ese encuentro habría servido para preparar el tropel que tuvo lugar en la Universidad Nacional el 20 de mayo. Como prueba de ello, la Fiscalía expuso conversaciones en las que, por ejemplo, se escuchó a Jiménez y a los hermanos Acosta concertar la compra de 750 gramos de azufre, que más tarde serían llevados hasta El Tunal.

Además de ello, se dijo que Hernández y Lamprea acordaron adquirir cinta roja, que se usó como parte de los uniformes de los encapuchados que participaron del tropel. Rodríguez se encargó de los radios de comunicaciones, mientras que Gutiérrez y una persona identificada como “Diego” fungieron como explosivistas. La voz de Víctor Ariza, estudiante de geografía, apareció durante una conversación en la que se acordó comprar 200 botellas que, presuntamente, fueron usadas para elaborar bombas incendiarias.

Ese 10 de julio, la Fiscalía reprodujo uno de los audios más comprometedores. Se trataba, aparentemente, de una conversación entre Lamprea y su novia, quien no fue vinculada al caso. En medio de una discusión, ella dijo exaltada: “¡no quiero seguir en lo mismo, que usted esté por allá haciendo sus papas bombas!”.

Más tarde apareció, por fin, el nombre de Paola Salgado, que ha sido defendida por distintas personalidades a través de redes sociales. Varios audios del 19 de mayo, un día antes de los disturbios, dan cuenta de una reunión entre ella, Hernández, Lamprea y Yacumal, en una panadería llamada la Isabela. No se precisó qué tipo de decisiones se tomaron en ese lugar, pero se mostraron fotografías que los ubican allí y que se obtuvieron mediante labores de seguimiento.

En las interceptaciones también aparece, supuestamente, la voz de Stefany Lorena Romo, politóloga y contratista de la Secretaría de Educación del distrito. El día de los disturbios, Romo habló con Lamprea sobre unas cajas y después le contó que los vigilantes de la universidad se las habían llevado, haciendo imposible recuperarlas. Según la Fiscalía, las cajas contenían 800 papas bomba que encontraron los celadores de la institución y que más tarde le fueron entregadas a personal antiexplosivos de la policía.

Los seguimientos

En desarrollo de labores de vigilancia, los investigadores recopilaron material para probar que los hoy detenidos planearon los disturbios del 20 de mayo, en los que nueve agentes del Esmad resultaron heridos. Foto: Carlos Bernate

En mayo de este año, luego de escuchar algunas conversaciones, los investigadores empezaron a seguir a Hernández, a Yacumal y a Lamprea. Los seguimientos arrojaron nuevos detalles de lo que habría sido la coordinación para el tropel en la Nacional. Se exhibieron fotografías en las que se veía a dos hombres trasladar unas cajas desde El Tunal hasta otra vivienda del barrio Teusaquillo, que supuestamente era donde vivía Segura. También se presentaron fotos de Rodríguez comprando pasamontañas, láminas de madera, tapa oídos, cuerdas y bolsas de basura, que aparentemente fueron usados durante los enfrentamientos.

Paola Salgado, por su parte, fue fotografiada al lado de un camión en el que se transportarían otros objetos y que el día de las protestas fue retenido por la policía. También se dijo que fue ella quien entró a la sede de la Nacional cientos de papas bomba cuyo peso total era superior a seis kilos. La Fiscalía fue enfática en el daño que podrían haber causado esos artefactos: lesiones auditivas, quemaduras de hasta tercer grado, daños oculares, y la muerte.

Los allanamientos

A los 13 procesados les fueron incautaron distintos elementos el día de su captura. Además de aparatos electrónicos, la policía se llevó libros, documentos y objetos alusivos a las Farc, el Eln y distintas organizaciones sociales. Foto: Cortesía ‘Semana’

El 8 de julio, las autoridades no solamente capturaron a esas 13 personas. También se llevaron distintos objetos que encontraron en sus viviendas para tratar de probar que, en efecto, se trataba de milicianos del Eln.  Además de portátiles, celulares, discos duros,  memorias, cámaras fotográficas y de video, walkie-talkies, casetes, tablets y radios, la policía se llevó estos y otros objetos:

  • Un botón contra la detención arbitraria y la persecución judicial
  • Un afiche de la Cumbre Agraria
  • Material de la organización Identidad Estudiantil
  • Un cartel “alusivo a la vida y la dignidad universitaria”
  • Una bandera y carteles del Congreso de los Pueblos
  • Un libro sobre balística, tiros y explosivos
  • El libro Las Farc: La guerrilla campesina, 1949-2010, escrito por Mario Aguilera Peña y más tarde reeditado y ampliado por el Centro Nacional de Memoria Histórica
  • Una copia de la carta de despedida que le escribió el Che Guevara a Fidel Castro
  • Una revista sobre los 50 años del Eln
  • Dos sobres con escritos del frente urbano Óscar Fernando Serrano Rueda del Eln
  • Veintitrés sticker alusivos a los 50 años del Eln
  • Tres banderas del Eln
  • Dieciocho folletos con propaganda del Eln
  • Revistas de la Unión Camilista Revolucionaria
  • Cartillas del bloque Oriental de las Farc
  • Diez pañoletas de Llamarada-Mentes Libertarias
  • Tres boinas
  • Ropa de camuflado
  • Un overol negro
  • Una bolsa plástica negra que contenía “una sustancia gris”
  • Un proyectil

Las imputaciones

Diez de los trece capturados sólo serán procesados por los delitos de porte, tráfico y fabricación de armas, y violencia contra servidor público. A diferencia de lo que había informado al inicio del proceso, la Fiscalía no les imputó cargos por su presunta pertenencia al Eln. Foto: Carlos Bernate

El lunes 13 de julio inició la imputación de cargos. El primero que pasó al tablero fue David Rodríguez Hernández, alias “El Profe”. En este punto la fiscal leyó un documento elaborado por Llamarada-Mentes Libertarias. Se trataba de un informe sobre los enfrentamientos del 20 de mayo, cuyo objetivo era protestar por el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Allí se mencionaba, además, que la fuerza de la lucha estudiantil debía equipararse a los esfuerzos de otros sectores sociales, tales como el indígena y el campesino, que para la época realizaban protestas en el Cauca y en el Meta.

Con base en ese documento, y en el resto de evidencias, la fiscal opinó: “se dirá que sólo se trata de estudiantes agrupados defendiendo sus derechos. Pero no. Hay que entrar en la historia del padre Camilo Torres, sociólogo, cofundador precisamente de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. El padre Camilo Torres se unió al Eln en octubre de 1965, con la intención de articular las ideas de la Teología de la Liberación con la lucha revolucionaria. Y fue tan inspirador su pensamiento, que a partir del 8 de junio de 1987 (el Eln) comienza a llamarse Unión Camilista- Eln”. Y agrego que “aquí se están escudando en fachadas. Las pruebas dan para hacer esa inferencia razonable de ubicar al señor David Rodríguez Hernández como un rebelde”.

Por los hechos del 29 de julio del 2014, el 1° de mayo de 2015, el CAI de Lourdes y los disturbios de la Nacional, la Fiscalía le imputó a Rodríguez los delitos de rebelión, terrorismo y violencia contra servidor público. Los mismos que le adjudicó a Lamprea y a Yacumal, a quienes relacionó con esos eventos, excluyendo el de Lourdes.

Respecto de los otros casos, que sólo están relacionados con el tropel, los abogados opinan que “ganarlos es una oportunidad para demostrar que los procesos judiciales con los que se busca acallar la protesta social no tienen fundamento jurídico”. Por ahora, las diligencias continuarán adelantándose en el complejo judicial de Paloquemao. El ambiente parece caldearse con el paso de los días, y ya habido enfrentamientos verbales entre los familiares y la prensa, y entre aquellos y la policía. Los defensores también han denunciado persecuciones y estigmatizaciones, mientras la fiscal del caso alega que no busca criminalizar la protesta, sino perseguir al terrorismo.