OPINIÓN | El proyecto de ley de María Fernanda Cabal busca transformar un proceso creado para ser corto y rápido favor de las víctimas de despojo, en uno que tome años en ser resuelto.
Esta es la segunda de tres entregas del especial ‘El frente de batalla legislativo’, en el que @BajaAlcurnia aborda el nuevo paquete de propuestas legislativas del Centro Democrático que buscan la modificación de la JEP y de la Ley de Víctimas. Puede leer la primera entrega acá.
Por: El Vago de los Hilos (@BajaAlcurnia)
Uno de los mayores problemas que nos ha traído el conflicto armado en Colombia es que millones de personas fueron desplazadas y muchas de ellas se vieron forzadas a abandonar sus tierras o a venderlas a precio de huevo, bajo amenaza o intimidación. El negocio era sencillo y redondo: mandas a tus paraquitos o a tus guerrilleritos a una población X. Matas algunos pobres diablos e intimidas al resto. La gente huye aterrorizada y abandona la tierra que les ha pertenecido por generaciones. Haces algunas piruetas jurídicas, gracias a amiguitos notarios, abogados y registradores. Testaferros se apropian “legalmente” de todo. Luego venden BARATÍSIMO a unas personas conocidas como “TERCEROS DE BUENA FE” que, en teoría, no supieron absolutamente nada de nada, ni que su nueva casa campestre estaba manchada de sangre.
Este brevísimo resumen hay que hacerlo porque para entender lo que voy a explicar es necesaria una fuerte dosis de contexto. Porque el Proyecto de Ley 020 de 2019, cuya autora es doña María Fernanda Cabal Molina, esposa de José Félix Lafaurie, Presidente de FEDEGAN –gente de bien-; busca precisamente que estos terceros de buena fe se queden con lo que a las víctimas del conflicto les fue arrebatado a sangre y plomo.
Lo que estos paracos, guerrilleros, testaferros y terceros de buena fe no esperaban era que en el 2011 se promulgara, bajo la administración Santos, la Ley 1448, conocida como Ley de Víctimas. Esta Ley, incluyó dentro de su haber el flagelo del DESPOJO Y LA VENTA FORZADA, reconocida como una violación de derechos humanos e introdujo un procedimiento novedoso de justicia transicional: la jurisdicción de restitución de tierras.
Así las cosas, mediante este rápido proceso, se buscaba que las víctimas recuperaran prontamente lo que perdieron por el conflicto, como una medida de reparación. Pero nadie dijo que el camino sería fácil: prácticamente desde que se implementó la norma se organizaron grupos, algunos legales y otros ilegales, que buscan a toda costa evitar perder lo adquirido. FEDEGAN, el poderoso gremio que agrupa principalmente ganaderos, es uno de estos grupos legales que ha buscado torpedear el proceso, entre otras cosas, porque muchos ganaderos terminaron adquiriendo bienes despojados.
Termino el contexto con lo siguiente: tanto el Gobierno de Santos, como el Congreso notaron que una guerra jurídica entre los poderosos terceros de buena fe y las víctimas iba a ser pelea de tigre con burro amarrado. No había forma de que estas partes se enfrentaran en igualdad: muchas, demasiadas víctimas no tienen ni para el pasaje que los lleve a la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas, que es donde empieza el proceso; por lo que decidió implementar una inversión de la carga probatoria: la buena fe exenta de culpa. Esta vaina, en pocas palabras, es que el acusado de ocupar o poseer un predio despojado debe probar que lo consiguió asegurándose por todos los medios de que el predio era legal. Jodida la cosa, por supuesto, para los que se terminaron aprovechando de las desgracias de los desplazados.
Ahora sí, a lo nuestro:
El proyecto, –que dejo aquí para que lo consulten directamente: Proyecto de Ley 020 de 2019– busca torpedear la restitución a dos bandas, pillen:
El parágrafo del artículo 20 del proyecto trae una perla que, en la práctica, significaría la imposibilidad de obligar al tercero de buena fe a probar la buena fe exenta de culpa. Textualmente dice que “en ningún caso podrá exigírsele al actual ocupante, tenedor, poseedor, propietario del predio solicitado en restitución requisitos no consagrados en la ley al momento de la compra o negocio jurídico de adquisición del predio.”, lo que no es más que quitarle todos los dientes al juez porque en ese momento histórico de furor por comprar tierras despojadas A NADIE SE LE PEDÍA MÁS DE LO QUE SE PIDE NORMALMENTE.
Como el juez no puede pedirle entonces al tercero que pruebe que hizo TODO EL TRABAJO DE ASEGURARSE QUE EL BIEN ESTABA LIMPIO DE SANGRE, pues pasará que va a bastar con que el tercero diga: “yo no sabía”, para que tenga que entrar la víctima, con sus limitadísimos recursos a probar que es mentira, que sí sabía y que aún sin saber, la tierra le pertenece y merece que se la devuelvan.
Un trabajo titánico, imposible en la práctica y que lleva sí o sí a la impunidad de este flagelo. David versus Goliat.
Por si lo anterior falla, lo cual es muy probable porque la Corte Constitucional no permitiría nunca que tremendo orangután le pasará bajo su nariz, Mafe Cabal armó un plan B: dilatar y dilatar y dilatar, o en otras palabras, hacerse los desentendidos, que no es con ellos la cosa, poner trabas a todo y estirar los procesos.
Varios artículos de la iniciativa del Centro Democrático buscan transformar un proceso, que en principio se creó para ser corto, rápido y sin trabas, en un proceso agrario cualquiera, de esos que toman años, incluso décadas, en ser resueltos.
Para empezar, busca que los terceros de buena fe deban ser notificados de cualquier cosa como en cualquier proceso civil, y puedan formular alegaciones y contradecir pruebas. Estas herramientas, en manos de abogados que no ven relación entre la ética y el derecho, terminarían torpedeando la principal virtud del proceso: su velocidad. Todo lo anterior, supuestamente, buscando garantizar el debido proceso. Aquí debo hacer un alto en el camino para señalar lo que es obvio: toda justicia transicional, por ser pasajera, permite que algunas normas no se apliquen de la manera en que tradicionalmente lo hacen, buscando así cumplir con el propósito para la que nació. Es privilegiar unas cosas sobre todas. Entonces es PRECISAMENTE LA FLEXIBILIZACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES LO QUE DA VIDA AL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, sin que esto signifique una vulneración al debido proceso.
Y para terminar, Doña María Fernanda, queriendo ser popular, propone una segunda instancia –le faltó proponerla retroactiva– para que al proceso se le sumen nuevos varios años mientras otro Tribunal termina con ese costosísimo litigio de una vez por todas.
Para todo lo que han vivido las víctimas, el solo hecho de proponer un esperpento de estos es revictimizarlas. Tanto que han sufrido y tan poco que han sido reparadas para que el Centro Democrático salga con estas.
Me parece a mí, y esta sí es una opinión personalísima, que buscan con el proyecto cualquiera de las siguientes cosas: o que no tengan con qué luchar las víctimas y abandonen el proceso, conciliando cualquier migaja a cambio; o que se mueran, porque pocas víctimas tienen vida y salud para aguantarse un par de décadas rogando por lo que es suyo en un Tribunal.
